En Venezuela, la prensa habla del sobreprecio del arroz entrerriano con destino a ese país y hay sospechas de corrupción
El arroz entrerriano que salió de puertos de la provincia, con una gran promoción mediática, constituye materia de noticia en Venezuela, su destino, pero no del mejor modo en que quisieran las autoridades del gobierno provincial. En Argentina, la primera noticia fue del diario Clarín, donde se habló de un sobreprecio y una presunta operación fraudulenta de la que habrían participado empresarios arroceros una ignota firma santafesina, Biart SA, según la publicación porteña.El jueves 9 de mayo de 2013, Urribarri llegó a Buenos Aires, durante la visita al país del presidente venezolano Nicolás Maduro, y participó de un acto en Casa de Gobierno en el que se anunció la venta de 80 mil toneladas de arroz a ese país caribeño.
“El precio que le paga Venezuela a los productores arroceros es un precio que les permite tener rentabilidad. Gracias al trabajo del ministro de Planificación, Julio De Vido y al embajador argentino en Venezuela, Carlos Cheppi, ayer firmamos la venta de 80.000 toneladas de arroz a este hermano país”, dijo Urribarri entonces.
Pero las sospechas de corrupción no tardaron en aparecer.
La Cámara de Industriales Arroceros de Entre Ríos reprochó que en esas operaciones de venta de arroz sin elaborar a Venezuela, a cargo de una empresa totalmente ajena al sector, “se paga un sobreprecio inexplicable de más de 200 dólares por tonelada, (y) se benefician a unos pocos empresarios y perjudican muchos argentinos”.
El periodista de Clarín, Matías Longoni, reveló que la empresa beneficiada con la exportación de arroz sin pelar fue Bioart, del empresario santafesino Roberto Vignati. El empresario ha sabido forjar sólidos lazos con el ministro De Vido, el embajador argentino en Venezuela, Carlos Cheppi, y hasta con María Gabriela Chávez, hija de Hugo Chavez.
La empresa nació en 2009, pero recién en noviembre de 2013 se inscribió en la AFIP en el rubro “Venta al por mayor de cereales”. En los papeles sus titulares son María Isabel y María Eugenia Vignati, dos jóvenes hermanas de Arteaga, modesto pueblo ubicado a 110 kilómetros de Rosario. Pero la cara visible es la de Roberto Vignati, su hermano mayor. El empresario, de 35 años, viajó a Caracas en febrero de 2013 (meses antes del acuerdo) en una comitiva que acompañó a De Vido.
El tema ya saltó a los diarios de Venezuela.
El diario El Nacional publicó que un legislador de la oposición, Abelardo Díaz, denunció que hubo daño patrimonial al Estado al comprar arroz a precio superior con recursos públicos
Según el diario, el Gobierno venezolano habría negociado la importación de arroz con la empresa argentina Bioart SA a cambio de que la transacción reflejara un sobreprecio de más de 350 dólares por tonelada; es decir, con 100% de recargo, que serían pagados con recursos del subsidio que maneja el Ministerio de Alimentación de Venezuela y la empresa estatal Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, según productores agrícolas argentinos.
CASA maneja para este año recursos por 4,3 millardos de dólares para importaciones de alimentos, lo que equivale a 27,18 millardos de bolívares a la tasa oficial de 6,30 bolívares.
En el caso de Argentina, el gobierno presupuestó compras por 715,8 millones de dólares para traer 844.000 toneladas de productos, entre ellos arroz, informó el ex ministro de Alimentación Félix Osorio en marzo pasado. Desde hace 4 años las compras externas de arroz y otros rubros agrícolas es controlada por la empresa CASA, que despacha a los 54 procesadores o trilladores de arroz del país. Osorio presidió CASA hasta el 16 de junio, cuando fue destituido como ministro del área.
En la negociación con Bioart SA productores de argentina señalan que el arroz fue colocado en Venezuela a más de 700 dólares, que incluyen 606,5 dólares de precio FOB, o de embarque, más un flete de 90 dólares y otros gastos comerciales, montos que fueron reflejados además por la empresa en la transacción de comercio exterior ante las autoridades aduaneras argentinas. Por este monto se calcula que el sobreprecio en la compra del arroz fue de 100%, tomando en cuenta que el precio internacional varía entre 300 y 350 dólares la tonelada, indicó El Nacional.
Abelardo Díaz, legislador de la oposición por el estado Táchira, considera que esa operación de compra externa de arroz y otros rubros representa un daño patrimonial para el Estado. “Lo que refleja esto es que la negociación implicó que Venezuela sacara más dólares para comprar el arroz y alegara que necesitaba utilizar más fondos provenientes del Estado para poder subsidiarlo en el mercado interno. Esto es un daño patrimonial”, dijo.
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| El gobierno difundió la exportación de arroz entrerriano. |
“El precio que le paga Venezuela a los productores arroceros es un precio que les permite tener rentabilidad. Gracias al trabajo del ministro de Planificación, Julio De Vido y al embajador argentino en Venezuela, Carlos Cheppi, ayer firmamos la venta de 80.000 toneladas de arroz a este hermano país”, dijo Urribarri entonces.
Pero las sospechas de corrupción no tardaron en aparecer.
La Cámara de Industriales Arroceros de Entre Ríos reprochó que en esas operaciones de venta de arroz sin elaborar a Venezuela, a cargo de una empresa totalmente ajena al sector, “se paga un sobreprecio inexplicable de más de 200 dólares por tonelada, (y) se benefician a unos pocos empresarios y perjudican muchos argentinos”.
El periodista de Clarín, Matías Longoni, reveló que la empresa beneficiada con la exportación de arroz sin pelar fue Bioart, del empresario santafesino Roberto Vignati. El empresario ha sabido forjar sólidos lazos con el ministro De Vido, el embajador argentino en Venezuela, Carlos Cheppi, y hasta con María Gabriela Chávez, hija de Hugo Chavez.
La empresa nació en 2009, pero recién en noviembre de 2013 se inscribió en la AFIP en el rubro “Venta al por mayor de cereales”. En los papeles sus titulares son María Isabel y María Eugenia Vignati, dos jóvenes hermanas de Arteaga, modesto pueblo ubicado a 110 kilómetros de Rosario. Pero la cara visible es la de Roberto Vignati, su hermano mayor. El empresario, de 35 años, viajó a Caracas en febrero de 2013 (meses antes del acuerdo) en una comitiva que acompañó a De Vido.
El tema ya saltó a los diarios de Venezuela.
El diario El Nacional publicó que un legislador de la oposición, Abelardo Díaz, denunció que hubo daño patrimonial al Estado al comprar arroz a precio superior con recursos públicos
Según el diario, el Gobierno venezolano habría negociado la importación de arroz con la empresa argentina Bioart SA a cambio de que la transacción reflejara un sobreprecio de más de 350 dólares por tonelada; es decir, con 100% de recargo, que serían pagados con recursos del subsidio que maneja el Ministerio de Alimentación de Venezuela y la empresa estatal Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, según productores agrícolas argentinos.
CASA maneja para este año recursos por 4,3 millardos de dólares para importaciones de alimentos, lo que equivale a 27,18 millardos de bolívares a la tasa oficial de 6,30 bolívares.
En el caso de Argentina, el gobierno presupuestó compras por 715,8 millones de dólares para traer 844.000 toneladas de productos, entre ellos arroz, informó el ex ministro de Alimentación Félix Osorio en marzo pasado. Desde hace 4 años las compras externas de arroz y otros rubros agrícolas es controlada por la empresa CASA, que despacha a los 54 procesadores o trilladores de arroz del país. Osorio presidió CASA hasta el 16 de junio, cuando fue destituido como ministro del área.
En la negociación con Bioart SA productores de argentina señalan que el arroz fue colocado en Venezuela a más de 700 dólares, que incluyen 606,5 dólares de precio FOB, o de embarque, más un flete de 90 dólares y otros gastos comerciales, montos que fueron reflejados además por la empresa en la transacción de comercio exterior ante las autoridades aduaneras argentinas. Por este monto se calcula que el sobreprecio en la compra del arroz fue de 100%, tomando en cuenta que el precio internacional varía entre 300 y 350 dólares la tonelada, indicó El Nacional.
Abelardo Díaz, legislador de la oposición por el estado Táchira, considera que esa operación de compra externa de arroz y otros rubros representa un daño patrimonial para el Estado. “Lo que refleja esto es que la negociación implicó que Venezuela sacara más dólares para comprar el arroz y alegara que necesitaba utilizar más fondos provenientes del Estado para poder subsidiarlo en el mercado interno. Esto es un daño patrimonial”, dijo.
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