Después de aumentar la tarifa un 127%, y cuando todavía falta un mes para que venza el plazo convenido con el gobierno nacional para la transferencia, Mauricio Macri decidió suspender el traspaso del subte a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. “Nosotros asumimos la potestad de los subterráneos y la estamos devolviendo en este acto”, declaró, impertérrito, el jefe de gobierno porteño.
De inmediato, desde el gobierno nacional, los funcionarios salieron a denunciar “inseguridad jurídica”, rechazaron la posibilidad de volver a manejar el subte, y amenazaron con llevar el problema a la Corte Suprema.
La convocatoria, que incluyó al pleno del Gabinete de la Ciudad, algunos legisladores porteños y nacionales, presagiaba un anuncio importante. El primero en ingresar al Salón Blanco de la jefatura de gobierno fue el ministro de Salud Jorge Lemus, seguido de cerca por uno de los jóvenes ascendentes en el universo PRO, Fernando De Andreis. El vicepresidente 1º de la Legislatura Cristian Ritondo charló animadamente con el ministro de Hacienda Néstor Grindetti y el jefe de bloque de diputados, Federico Pinedo. Más atrás se sentaron las legisladoras Laura Alonso, Soledad Martínez y Paula Bertol, mientras que el legislador porteño Martín Ocampo tuvo menos suerte y sin sillas a la vista, tuvo que permanecer de pie.
La entrada de Macri al lugar fue vertiginosa. Después del “Buenas tardes” de rigor, el empresario cumplió con la amenaza que tanto él como su lugarteniente María Eugenia Vidal se habían encargado de diseminar por distintos medios: el empresario ordenó “suspender el trabajo de la comisión” que integran los gobiernos de la Nación y la Ciudad para acordar la transferencia del servicio de transporte subterráneo de pasajeros.
Más allá de las eventuales “pistas” sobre el desenlace, el anuncio sorprendió a la mayoría de los funcionarios y legisladores macristas, quienes se enteraron de la decisión cuando llegaron a Bolivar 1, sede del ejecutivo porteño.
Según explicó Macri, su determinación fue apurada por el anuncio de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, de retirar a partir de hoy los agentes de la Policía Federal que prestaban servicios en el subte. “No contenta con retirar a la policía de los hospitales, Garré los retiró del subte por orden del gobierno nacional”, acusó el alcalde.
Sin embargo, Garré se amparó en las notificaciones previas que había enviado al gobierno de la Ciudad sobre el retiro paulatino de los federales. El Ministerio de Seguridad había notificado al gobierno porteño el 20 de enero pasado que “atento a la solicitud de prórroga formulada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad mantuvo una reunión con el ministro de Justicia y Seguridad porteño”, donde se acordó desafectar a 40 efectivos a partir del 1 de febrero, mientras que los 210 restantes dejarían la vigilancia subterránea a partir del 1 de marzo.
“Necesito que la presidenta se pueda reunir con el jefe de gobierno”, reclamó el líder del PRO, en tercera persona maradoniana. Macri dijo sentirse “frustrado” y criticó el desempeño del Ejecutivo que dirige Cristina Kirchner. “El subte no escapa a la realidad que existe en los Ferrocarriles. Hay un listado de obras que el gobierno nacional no hizo”, denunció el empresario.
Macri se montó sobre la crisis producida por el trágico accidente de Once para trazar un curioso paralelismo con la “seguridad” de los subterráneos: “Lamentablemente el subte ha sufrido el mismo proceso de desinversión que el tren”, remarcó y alertó: “¿Cuántos accidentes más como el de Once tienen que ocurrir para que tengamos que reaccionar?”
También pateó la pelota hacia el otro lado de la General Paz cuando recordó que “algunas estaciones, como la de Constitución” transportan casi exclusivamente pasajeros de la provincia de Buenos Aires.
El jefe de gobierno porteño partió tan rápido como había llegado, al igual que los funcionarios y representantes del PRO. “El accidente tal vez fue la gota que rebalsó el vaso. El tema es que en 60 días de Comisión no hicieron un carajo. Macri es ingeniero y vio que la cosa no avanzaba”, le dijo a Tiempo Argentino un ministro que prefirió mantener el anonimato
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