las barba en remojo

Duran Barba eludió presentarse a la declaración indagatoria una vez más

El consultor de origen ecuatoriano debía declarar hoy. Pero al igual que sus dos socios adujeron ante la justicia que estaban de viaje y no podrían concurrir. Apuntan además a apartar a Servini de Cubría para demorar la causa.

x

ENVIAR NOTA

• De:
• Para:
• Comentario:

Por:
Néstor Espósito

El principal asesor de imagen del gobierno de Mauricio Macri, el ecuatoriano Jaime Duran Barba, consiguió gambetear nuevamente a la jueza electoral María Servini de Cubría. La indagatoria que debía prestar hoy como acusado fue suspendida porque el presunto ideólogo de la “campaña sucia” contra el derrotado candidato a jefe de gobierno porteño por el Frente para la Victoria del año pasado, Daniel Filmus, pidió postergación del trámite porque está “de viaje”. Por las mismas razones de ausencia del país también fueron pospuestas las indagatorias de Guillermo Garat –debía declarar ayer– y de Rodrigo Lugones, prevista para mañana.
Los tres hombres cercanos al gobierno porteño habían sido citados a fines del año pasado por la jueza Servini de Cubría en razón de su competencia electoral. Lo que se les atribuye a los imputados es, justamente, un delito electoral: haber inducido con una campaña negativa, basada sobre una afirmación falsa, a votar en contra de la postulación de Filmus. Previo a las elecciones primarias porteñas, una maniobra en la que habrían participado consultoras satélites de la empresa de Duran Barba, un call center y un servidor informático radicado en los Estados Unidos formularon miles de llamados vinculando al padre de Filmus con Sergio Schoklender y la empresa Meldorek, bajo investigación por presunta estafa contra la Fundación Madres de Plaza de Mayo a través de la Misión Sueños Compartidos para la construcción de viviendas sociales.
Los alegados viajes que debieron cumplir los tres imputados no fueron las únicas razones de la postergación. El martes pasado, la jueza Servini de Cubría recibió un “planteo de inhibitoria” por parte del magistrado penal, contravencional y de faltas de la Ciudad, Carlos Bentolila. En resumidas cuentas, ese planteo apunta a apartar a la jueza federal del expediente ya que el delito electoral que se les imputa habría sido cometido en el marco de comicios locales, de modo tal que no hay competencia federal en la causa.
Ocurre que cuando el titular del PJ porteño, Juan Manuel Olmos, denunció ante la justicia la supuesta campaña sucia contra Filmus, lo hizo en dos fueros distintos: la Justicia Electoral Federal y la penal de la Capital Federal. El planteo de incompetencia ya había sido esbozado en oportunidades anteriores, e incluso fue contemplado por el fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello. Fuentes judiciales dijeron que el martes hubo una reunión en la justicia porteña en la que habrían participado abogados de todas las partes y en la que se habría resuelto que la justicia penal local debía “hacerse cargo del expediente”.
Servini de Cubría resolverá probablemente hoy si declina la competencia en el fuero porteño o si se la queda. En cualquiera de los dos casos, la consecuencia directa de la decisión será una demora en la tramitación de la causa, ya que un tribunal de alzada deberá determinar, en definitiva, qué juez estará a cargo del expediente.
Duran Barba y sus consortes de causa ya habían esquivado en diciembre pasado una primera convocatoria. En aquella oportunidad debían declarar ante el juez Ariel Lijo, quien remplazaba circunstancialmente a Servini. La explicación que brindó en aquella oportunidad era que necesitaba “más tiempo para conocer el expediente”.
Entre los papeles que planeaba revisar figuraban las actas de los allanamientos a las empresas Tag Continental, Connectic SRL y NSS, vinculadas con Lugones y Garat, donde se secuestraron computadoras desde las cuales, según concluyeron las pericias, se realizaron los llamados contra Filmus a través de servidores ubicados en los Estados Unidos.
El delito que se les imputa es el que está contemplado en el artículo 140 del Código Nacional Electoral. De su texto se desprende una potencial condena de entre uno y tres años de prisión a quien indujere falsamente el sentido del voto. <