como ya lo dijo el padre en su momento es un inimputable

consenso sobre la responsabilidad del gobierno porteño

Los constitucionalistas creen que Macri debe respetar el acta que firmó

Daniel Sabsay, Félix Loñ y Eduardo Barcesat coincidieron en que el acta de traspaso es válida y que la suba de la tarifa compromete al PRO.

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Ana Clara Pérez Cotten

Ante la judicialización de la transferencia del subte, renombrados constitucionalistas –incluso algunos críticos del kirchnerismo– consideraron ayer que es potestad del gobierno porteño asumir la transferencia de la concesión.
El constitucionalista Daniel Sabsay afirmó que el acta firmada es válida y representa “un compromiso absoluto” de parte de la Ciudad de asumir la transferencia del servicio. “La mera lectura del acta habla por sí sola”, indicó el jurista y, de manera terminante, agregó: “El acta es válida y hay un compromiso absoluto de parte de la Ciudad de asumir la concesión.”
Sabsay explicó que en el segundo artículo del acuerdo firmado entre el Ejecutivo Nacional y el porteño “claramente se especifican las facultades que da el manejo de una concesión”, como la fijación de tarifas y el control, y en la tercera cláusula se establece el valor que la Nación debe pagar por un año. Además, indicó que “ya hay un principio de cumplimiento a través del gobierno de la Ciudad que fijó una nueva tarifa” en relación con el aumento del 127% que se aplicó al servicio y que, como comentó Sabsay, “está siendo ejecutado, sin oposición del gobierno nacional”.
Por último, Sabsay consideró que la judicialización del conflicto “sería lamentable” porque “la gente está harta de tener malos servicios y no puede estar en el limbo a la espera de una resolución judicial”.
El constitucionalista y diputado radical Ricardo Gil Lavedra, consultado por el sitio La política online, también cuestionó la judicialización del tema y aceptó que “no hay antecedentes de un caso en el que dos jurisdicciones se tiren por la cabeza el control de un servicio público, y en medio de denuncias de falta de seguridad. Así los pasajeros no pueden viajar tranquilos”.
En cuanto a la quién debería hacerse cargo del servicio finalmente, el constitucionalista Félix Loñ coincidió con Gil Lavedra: “Es muy complejo este caso porque no hay antecedentes –al menos recientes– de dos jurisdicciones que no se hagan cargo de un servicio público.” Sin embargo, consideró que “Macri actuó con una torpeza inexplicable al subir la tarifa del subte” y advirtió que esa decisión podría complicarlo: porque le costará “explicar en calidad de qué tomó esa decisión”.
Otras interpretaciones fueron aun más a fondo. “A la actitud del jefe de gobierno le cabe la figura de ‘violación de los deberes de funcionario público en concurso con sabotaje’ porque si el gobierno nacional no se hubiera hecho cargo patrióticamente del servicio, hubiera sido sabotaje hacia un servicio público. Esto habilita la acción penal”, opinó Eduardo Barcesat. <