Se frustró la reunión para cubrir las vacantes en juzgados federales, entre ellos, el que debe decidir sobre el artículo 161 de la Ley de Medios

Cinco consejeros de la magistratura se abroquelaron en defensa del Grupo Clarín

El camarista Recondo, los radicales Aguad y Cimadevilla, y los abogados Ostropolsky y Fargosi se negaron a destrabar el consurso para designar jueces, pese a que el oficialismo ofreció bajar de la lista a una candidata que cuestionaban.

Equipo de Política

Cinco miembros opositores en el Consejo de la Magistratura, abroquelados en la defensa del Grupo Clarín, consiguieron ayer nuevamente taponar el concurso para la designación de cinco jueces titulares para sendos juzgados vacantes, entre ellos el que debe resolver sobre la constitucionalidad –o no– del artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales, la "cláusula de desinversión". El juez Ricardo Recondo, considerado por el kirchnerismo como el líder de esa postura, más el diputado radical Oscar Aguad, el senador de su mismo partido Mario Cimadevilla y los abogados Daniel Ostropolsky y Alejandro Fargosi rechazaron cualquier posibilidad de negociación política para destrabar el concurso, y advirtieron que sólo estaban dispuestos a votar la anulación del concurso y la convocatoria a uno nuevo. Lo hicieron pese a que el oficialismo formuló una oferta amplia que consistía en quitar de la lista de postulantes a María Lorena Gagliardi, la candidata que es funcionaria del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE) y, por eso, sospechada por la oposición de que en caso de ser designada jueza será parcial al momento de emitir sus fallos.
Hace algunas semanas, Gagliardi fue señalada por los diarios Clarín, La Nación y Perfil como la "elegida" del gobierno para ocupar el juzgado en lo Civil y Comercial Federal número uno, en el que está radicado el amparo contra la cláusula de la Ley de Medios que limita la cantidad de señales que puede poseer cada grupo económico como una forma de favorecer la competencia y evitar las posiciones dominantes en el mercado.
El lunes, en un fallido intento de sesión del Plenario del Consejo, Gagliardi había recusado al juez Recondo, acusándolo de haber realizado "fórum shopping", un mecanismo irregular de selección de jueces, al participar de la designación del jubilado Raúl Tettamanti como juez de sentencia en la Causa Clarín. Ayer, en el marco de la negociación política, el oficialismo ofreció rechazar la recusación contra Recondo como parte de un acuerdo para "designar a los jueces naturales" para esos juzgados. La diputada kirchnerista Stella Maris Córdoba reconoció incluso que el bloque había hecho "concesiones para votar todos juntos".
El representante del Ejecutivo en el Consejo, Hernán Ordiales, exhortó a la oposición a que "rectifique" su postura y, más vehemente, el diputado Carlos "Cuto" Moreno desafió: "Si hay un fallo a favor de Clarín, estos mismos consejeros aprobarían este concurso levantando las dos manos."
El foco central del enojo fue el diputado radical Aguad, a quien le enrostraban haber acompañado todo el proceso del concurso para "salir ahora con que hay irregularidades que nunca antes denunció".
El concurso quedó nuevamente trabado, lo que –en los hechos– coincide con las aspiraciones indisimuladas del Grupo Clarín: el juzgado estará a cargo de un juez jubilado que podría dictar un fallo a su favor ("tal como lo hizo Edmundo Carbone anteriormente con la medida cautelar que hace tres años tiene frenada la aplicación del artículo 161", recordó Moreno) y, entretanto, se sigue demorando la designación de un juez definitivo para el juzgado, mientras se acortan los tiempos hacia el 7 de diciembre.
Fracasada la negociación, el segundo piso del edificio judicial de Libertad 731, de esta Capital, se convirtió en escenario de una puja de números. Como la sesión plenaria no había sido formalmente levantada, los cinco opositores ocuparon sus bancas. El consejero Ostropolsky reconoció que sin esa presencia, los representantes del oficialismo podrían sesionar con quórum propio y aprobar el concurso. Según el reglamento del cuerpo, es necesaria la aprobación de dos tercios de los consejeros presentes. "En ese caso, no serían dos tercios sino unanimidad. No nos vamos a ir de aquí", anunció el abogado mendocino.
Ayer, en las bambalinas del Consejo, entre quienes daban por seguro que de perdurar esta situación podría haber una declaración de inconstitucionalidad del artículo 161 antes del "7D", surgió una hipótesis de alternativa. "Con todo el revuelo que se armó es un hierro caliente firmar cualquier cosa en esta causa antes del 7 de diciembre. Pero si ese fallo sale después, al Grupo Clarín le quedan vías para recuperar los medios si es que se desprendió de ellos, o de hacer un juicio patrimonial y de daños y perjuicios".
El fallo de la Corte había dejado en claro que con la Ley de Medios no estaba afectada la libertad de expresión y advertía que la parte actora (el Grupo Clarín) "no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultaría afectada esa libertad". Por el contrario, el tribunal interpretó que el tema pasa por una cuestión "patrimonial". «

Denuncian al subrogante

El juez jubilado Raúl Tettamanti, designado para las causas que estén listas para dictar sentencia en el juzgado número uno, aún no intervino formalmente en ningún expediente. Después de que la Corte Suprema declarara "improcedente" pronunciarse sobre su designación, y delegara esa decisión en la Cámara Federal, el principal obstáculo para que asumiera la subrogancia quedó removido. Sin embargo, no está claro si es necesario un nuevo acto formal de designación.
Por lo pronto, el día a día de la Causa Clarín sigue a cargo de la secretaria letrada Ana Laura Bruno. Su presencia allí es hoy el principal escollo para Tettamanti: según denunció el consejero Hernán Ordiales, son suegro y nuera, y tal lazo familiar es incompatible con el artículo 12 del Reglamento de la Justicia Nacional.
Tettamanti ya está ocupando un juzgado como jubilado subrogante. Se trata del número cuatro, por cuya actuación ayer fue denunciado ante el Consejo. El abogado José Alberto Bermann pidió su juicio político por presuntas irregularidades en una causa sobre el Programa de Propiedad Participada (PPP) derivado de la privatización de la telefónica Telecom en los '90.