UN EJEMPLO DE RADICALISMO PROGRESISTA
El personaje de la foto es
Orfilio "Chacho" Marcón, senador provincial por el Departamento General Obligado
y hombre de la UCR; autor de estas increíbles declaraciones que
recoge Rosario 12, en referencia a las denuncias judiciales contra
policías por torturas a detenidos en Florencia y otras localidades del norte
provincial.
Declaraciones que motivaron la
respuesta del diputado provincial Eduardo Toniolli del Movimiento Evita; que recoge íntegramente acá
Barricada.
Toniolli se viene ocupando (en
su condición de presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la
Cámara) de las violaciones a los derechos de los
detenidos perpetradas por las fuerzas policiales provinciales en el
norte; y de los desalojos compulsivos de pequeños
productores rurales en la misma zona de la provincia, una práctica
tan extendida que hasta generó la necesidad de que la Legislatura provincial
dictara una ley para suspenderlos.
Muestras de una cultura
política que parece anclada en los tiempos de La Forestal, en la cual la
justicia y la policía son meros brazos ejecutores de las acciones que dicta la
conveniencia de los intereses de los poderosos, a los que buena parte de la
dirigencia política (como Marcón) parece resignada a rendir
pleitesía.
Aparatos judiciales y
policiales que obran con más celeridad y encomio si se roba una vaca, que si
matan a un peón; y que salen disparados en el primer caso a buscar rápidamente
culpables para calmar las protestas del garcaje, aunque tengan que torturar
inocentes para conseguirlo, y calmar la furia propietaria.
Aparatos que tienen además
fortísimas complicidades con las redes del narcotrárfico que operan en el norte
provincial y desde allí se trasladan hacia todo el territorio santafesino; y en
muchos casos, conexiones comprobadas con la represión ilegal en los años de
plomo: esos aparatos son los que salió a defender el senador Marcón, contra los
presuntos ataques de los que (como Toniolli) "se bandearon demasiado con los
derechos humanos", tales los textuales términos de su
exabrupto.
Exabrupto que no fue condenado
por nadie dentro de la propia UCR provincial (con la solitaria excepción del vicegobernador
Henn, y muy medido por cierto), ni por sus socios en el Frente
Progresista Cívico y Social: uno no espera que lo haga gente como Favario (al
fin y al cabo, funcionario de la dictadura militar), pero no deja de sorprender
el silencio del socialismo (empezando por los mismísimos Binner y Bonfatti);
cuando las denuncias de Toniolli por violaciones a los derechos humanos por la
policía santafesina en éste caso, fueron acompañadas por el oficialismo
provincial.
Marcón no es, ni de lejos, una
figura extraña en el radicalismo provincial; por el contrario es un típico
representante de un partido que en Santa Fe se apoya en el predominio
territorial de dinosaurios de su especie, que a poco que abren la boca dejan en
claro lo que realmente piensan, y a que intereses representan.
Ojo: los hay también en el PJ
santafesino y en especial en el Senado, como que son exponentes de una cultura
política que traspasa los límites partidarios; como se señalaba
antes.
En sus declaraciones Marcón
hizo cartón lleno: cuestionó implícitamente el derecho de los jóvenes a
participar en política (recordemos la postura original del radicalismo ante el
voto a partir de los 16 años), y en el caso particular de Toniolli, la
legitimidad del ejercicio del mandato que le confirieron los santafesinos con su
voto.
Expresó una idea idea de
reutemanismo explícito (aquélla de alambrar los territorios para evitar las
intromisiones foráneas, en éste caso en su Departamento), en el mejor registro
de política feudal del ex corredor, y desvalorizó la lucha por los derechos
humanos, que al parecer debe encontrar límites dados por cierto sentido común,
no casualmente coincidentes con los nervios sensibles de los
poderosos.
Como también dejó sentado para
quienes rigen las garantías e instituciones del Estado: para los dueños del
capital, fueron sus propìas palabras.
El silencio de toda la
dirigencia de la UCR y de los demás partidos que conforman el FPCyS (incluyendo
en primer lugar al socialismo, que en la persona de Binner se hizo tiempo por
estos días para divagar sobre la situación de Venezuela, o solidarizarse con los
fondos buitres), no puede sino interpretarse como complicidad.
Y como demostración de que lo
sucedido en el caso Tognoli (expresión visible y ruidosa de un modo de entender
la relación entre la policía y el poder político) no fue una simple casualidad;
porque ocurrió en un marco conceptual asumido por el Frente Progresista que
gobierna la provincia: a la policía no hay que atarle las manos, y dejarle zonas
liberadas para que actúe según sus propias determinaciones, sea para gobernarse
a sí misma, o para actuar como brazo ejecutor de los designios de ciertos
intereses.
Una marco conceptual muy
consistente con otras actitudes de los propios dirigentes del oficialismo
provincial (por ejemplo su alineamiento sin fisuras con las patronales del campo
en el conflicto de las retenciones móviles), pero escasamente congruente con las
constantes apelaciones al progresismo de la dirigencia nacional del radicalismo,
empezando por su presidente, nuestro coterráneo Barletta.
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