Corrientes: Espínola está procesado y podría peligrar su candidatura a gobernador
El intendente de la capital y candidato a gobernador del kirchnerismo para septiembre quedó involucrado en el derrumbe de una obra ilegal por la que murieron ocho personas. En el Gobierno acusan a la justicia de Colombi pero no encuentran una salida para evitar que la causa avance. Las advertencias que el medallista olímpico no escuchó.
La Politica Online | 23.05.2013 19:44:00
“No te van a dejar ganar fácil. Si no atacas ahora después va a ser tarde”. El intendente de la Ciudad de Corrientes, Carlos Mauricio Espínola, no escuchó la advertencia de un viejo lobo de la política correntina y en la noche del martes supo que le traería problemas: la justicia correntina lo procesó por su responsabilidad en el derrumbe de una obra ilegal por la que murieron ocho personas.
La tragedia fue en marzo de 2012 pero la justicia pero la jueza de instrucción número 6, Graciela Ferreyra, decidió avanzar esta semana, antes de que se conozca la fecha de elecciones provinciales para definir el próximo gobernador.
Se estima que será en septiembre, como en 2009, cuando el radical Ricardo Colombi le ganó a su primo Arturo. No fue una elección fácil: en el medio de la campaña, Hernán González Moreno, un joven de 28 años cercano al área de información pública del gobierno de Arturo, apareció muerto en el medio de la campaña.
Nada iba a cambiar esta vez. No sólo apuntaron a Espínola: fueron procesados el contador Martín Barrionuevo como secretario de obras públicas de la comuna, y el arquitecto Daniel Bedrán, director de control urbano, organismo que debía haber clausurado la obra al detectar que iba por el octavo piso, cuando los planos y la habilitación municipal eran sólo para cinco. Bedrán todavía está preso.
“Espínola tendría que haber sido procesado antes porque es lo que corresponde. Es un procesamiento normal y natural, no hay nada político. Todavía puede ser candidato, pero no sé que pasa si la causa sigue”, advirtió el diputado radical Agustín Portella.
“Ellos se quejan de la justicia pero después presentan denuncian a Colombi en el juzgado federal de Paso de los Libres, donde tienen todo arreglado”, agregó.
Las denuncias por enriquecimiento ilícito son el atajo que tiene el kirchnerismo pero nunca encuentran vuelo en la justicia local. Fue por eso que el senador Carlos Roldán, un ex funcionario de Arturo Colombi que ahora vota con el kirchnerismo, presentó un proyecto para intervenir la justicia.
“Roldán está procesado por la muerte de Hernán González Moreno. Por eso hace eso”, lo acusó Portella.
La elección sería en Septiembre y además de Colombi y Espínola se presentaría Eugenio “Nito” Artaza pero por afuera de la UCR. Vía Julio De Vido, estaría dispuesto a complicar al gobernador.
Defensa kirchnerista
Una fuerte reacción tuvieron los diputados kirchneristas de Corrientes, luego de que se resolviera la imputación del intendente de la capital provincial Carlos “Camau” Espínola. A través de un comunicado, alertaron que “en una historia repetida, se dicta un fallo amañado, hecho a la medida de las necesidades del gobernador y su séquito de obsecuentes, que no resiste ningún test de legalidad y constitucionalidad, y tiene por única base un accionar arbitrario de una justicia altamente partidizada que se inmiscuye en arenas electorales”.
“La devaluación y descrédito de la justicia hace rato que saltó las fronteras provinciales y ha merecido duros cuestionamientos tanto en ambas cámaras del Congreso de la Nación como de la propia Corte Suprema de Justicia, la que realizó graves y contundentes críticas por atentar contra la división de poderes y usurpar funciones”, señalan los legisladores.
El comunicado fue suscripto por los diputados María Elena Chieno, Ana María Perroni, Fabián Ríos, Rodolfo Fernández y Araceli Ferreyra, y a través del mismo sostienen que “la imputación penal por estrago culposo al intendente capitalino no tiene por fin obtener justicia para los ocho obreros de la construcción muertos en el derrumbe de la obra donde trabajaban, sino que se usa el dolor de esa tragedia desaprensivamente y por especulación electoral”.
Los diputados hablan de “orfandad probatoria, falta de nexo causal, sin siquiera citar a la funcionaria provincial que tenía a su cargo el control de la higiene y seguridad que debían tener esos trabajadores fallecidos, vínculos oscuros entre abogados querellantes y el poder político provincial, detención de un funcionario municipal en un vehículo de civil, traslado del mismo de modo ilegal y encubierto, son algunas de las muchas arbitrariedades cometidas”.
Los diputados exigen al gobernador de la provincia, al fiscal General y al Superior Tribunal de Justicia “el cese inmediato de toda persecución y el inmediato restablecimiento del Estado de Derecho y las garantías constitucionales”.
La tragedia fue en marzo de 2012 pero la justicia pero la jueza de instrucción número 6, Graciela Ferreyra, decidió avanzar esta semana, antes de que se conozca la fecha de elecciones provinciales para definir el próximo gobernador.
Se estima que será en septiembre, como en 2009, cuando el radical Ricardo Colombi le ganó a su primo Arturo. No fue una elección fácil: en el medio de la campaña, Hernán González Moreno, un joven de 28 años cercano al área de información pública del gobierno de Arturo, apareció muerto en el medio de la campaña.
Nada iba a cambiar esta vez. No sólo apuntaron a Espínola: fueron procesados el contador Martín Barrionuevo como secretario de obras públicas de la comuna, y el arquitecto Daniel Bedrán, director de control urbano, organismo que debía haber clausurado la obra al detectar que iba por el octavo piso, cuando los planos y la habilitación municipal eran sólo para cinco. Bedrán todavía está preso.
“Espínola tendría que haber sido procesado antes porque es lo que corresponde. Es un procesamiento normal y natural, no hay nada político. Todavía puede ser candidato, pero no sé que pasa si la causa sigue”, advirtió el diputado radical Agustín Portella.
“Ellos se quejan de la justicia pero después presentan denuncian a Colombi en el juzgado federal de Paso de los Libres, donde tienen todo arreglado”, agregó.
Las denuncias por enriquecimiento ilícito son el atajo que tiene el kirchnerismo pero nunca encuentran vuelo en la justicia local. Fue por eso que el senador Carlos Roldán, un ex funcionario de Arturo Colombi que ahora vota con el kirchnerismo, presentó un proyecto para intervenir la justicia.
“Roldán está procesado por la muerte de Hernán González Moreno. Por eso hace eso”, lo acusó Portella.
La elección sería en Septiembre y además de Colombi y Espínola se presentaría Eugenio “Nito” Artaza pero por afuera de la UCR. Vía Julio De Vido, estaría dispuesto a complicar al gobernador.
Defensa kirchnerista
Una fuerte reacción tuvieron los diputados kirchneristas de Corrientes, luego de que se resolviera la imputación del intendente de la capital provincial Carlos “Camau” Espínola. A través de un comunicado, alertaron que “en una historia repetida, se dicta un fallo amañado, hecho a la medida de las necesidades del gobernador y su séquito de obsecuentes, que no resiste ningún test de legalidad y constitucionalidad, y tiene por única base un accionar arbitrario de una justicia altamente partidizada que se inmiscuye en arenas electorales”.
“La devaluación y descrédito de la justicia hace rato que saltó las fronteras provinciales y ha merecido duros cuestionamientos tanto en ambas cámaras del Congreso de la Nación como de la propia Corte Suprema de Justicia, la que realizó graves y contundentes críticas por atentar contra la división de poderes y usurpar funciones”, señalan los legisladores.
El comunicado fue suscripto por los diputados María Elena Chieno, Ana María Perroni, Fabián Ríos, Rodolfo Fernández y Araceli Ferreyra, y a través del mismo sostienen que “la imputación penal por estrago culposo al intendente capitalino no tiene por fin obtener justicia para los ocho obreros de la construcción muertos en el derrumbe de la obra donde trabajaban, sino que se usa el dolor de esa tragedia desaprensivamente y por especulación electoral”.
Los diputados hablan de “orfandad probatoria, falta de nexo causal, sin siquiera citar a la funcionaria provincial que tenía a su cargo el control de la higiene y seguridad que debían tener esos trabajadores fallecidos, vínculos oscuros entre abogados querellantes y el poder político provincial, detención de un funcionario municipal en un vehículo de civil, traslado del mismo de modo ilegal y encubierto, son algunas de las muchas arbitrariedades cometidas”.
Los diputados exigen al gobernador de la provincia, al fiscal General y al Superior Tribunal de Justicia “el cese inmediato de toda persecución y el inmediato restablecimiento del Estado de Derecho y las garantías constitucionales”.
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