La eterna demora de la justicia
Publicado el 17 de Septiembre de 2011Por
El tribunal exculpó a Menem y a sus ministros. Recién en noviembre se conocerán los fundamentos del fallo, pero por ahora alcanza para preguntarse quiénes serán entonces los culpables, si es que el elenco menemista no tuvo nada que ver.
El hecho de que tanto el ex presidente Menem como otros 17 imputados hayan sido exculpados plantea la posibilidad de que el tribunal haya considerado que el Estado no puede contrabandear, sino que se trató de una decisión política no judiciable. Está claro que en términos políticos la venta de armas a un país latinoamericano en guerra con otro es al menos un desatino que no puede comprenderse en el marco de las actuales relaciones entre las naciones sudamericanas. Seguramente la decisión prosperó en aquellos años en virtud de las impúdicas relaciones carnales que el menemismo se jactaba de mantener con los Estados Unidos. En ese clima político, ni siquiera se tuvo en cuenta el hecho de que la Argentina fuera garante de paz entre los dos países hermanos enfrentados en la Guerra del Cóndor, ni se consideró la alianza histórica del Perú con la Argentina, caracterizada por una decidida actitud solidaria durante la Guerra de las Malvinas. Primaron en cambio los intereses de los Estados Unidos, que utilizaron no pocas veces a la Argentina para que hiciera trabajos sucios en la región.
Pero más allá del perfil político del caso, existe además un costado judicial, ya que los envíos de armas estaban en todo caso autorizados para tener a Venezuela y Panamá como destinos finales, pero nunca a Ecuador y Croacia, país que libraba otra sangrienta guerra en los Balcanes y sobre el cual pesaba también un embargo de armas de la ONU.
Como si esto fuera poco, los envíos fueron superiores a los autorizados por decreto presidencial; siete inocentes murieron al estallar la Fábrica Militar de Río Tercero, en lo que se supuso que fue un intento de borrar huellas; dos coroneles murieron al caer su helicóptero en el Campo de Polo; un capitán del Ejército se suicidó luego de ser sindicado como presunto traficante y también la secretaria de Emir Yoma, quien fue acusado de ser el organizador del tráfico ilegal. Pero el tribunal exculpó a Menem y a todos sus ministros y funcionarios. Recién en noviembre se conocerán los fundamentos del fallo, pero por ahora alcanza para preguntarse quiénes serán entonces los culpables, si es que el elenco menemista no tuvo nada que ver.
Un día después de conocido el polémico fallo, el Consejo de la Magistratura resolvió suspender el pago de haberes al camarista federal de Mendoza, Otilio Roque Romano, quien huyó a Chile y tramita el asilo del país trasandino luego de ser acusado reiteradamente por presenciar y avalar torturas durante la dictadura en nada menos que 103 causas. Fuentes diplomáticas creen que la situación de Romano podría promover un encuentro de Cristina Fernández con el presidente chileno Sebastián Piñera la semana próxima, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero los medios periodísticos chilenos se anticiparon a especular que la Argentina difícilmente podría obtener la extradición de Romano, pocos meses después que se negara a entregar al ex guerrillero Galvarino Sergio Apablaza, uno de los fundadores del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
El Premio a la Paz que la Unesco otorgó a Abuelas de Plaza de Mayo con el beneplácito de la presidenta que lo calificó como “un mimo para el alma”, difícilmente hubiese existido si la justicia hubiera actuado en tiempo y forma. El desarrollo de los organismos de Derechos Humanos en la Argentina fue inversamente proporcional a la resistencia de los tribunales ordinarios de la Nación.
Sin referirse expresamente a los casos que estallaron esta semana y demandaron demasiado tiempo para obtener al menos un fallo, la presidenta juzgó necesaria “una profunda reforma de la Justicia, para ponerla en consonancia con el mundo contemporáneo”. Cristina destacó como urgente la necesidad de instituir el juicio por jurado establecido en la Constitución y dijo que se resuelven “conflictos en el siglo XXI, con instrumentos del siglo XX y normas anteriores al XIX”. Séneca pensaba que “la justicia tardía es lo más parecido a la injusticia”.
Pero las demoras en casos como el del contrabando de armas o los delitos de lesa humanidad, tienen obviamente una explicación política que excede a la vetustez de los instrumentos. Ni siquiera los reclamos del Poder Ejecutivo a los magistrados pudieron agilizar demasiado las sentencias, que a veces llegan cuando los victimarios murieron y los familiares de las víctimas también. Una reforma de la justicia debería replantear la inamovilidad de los jueces, que aparece como el soporte básico de una institución esencialmente conservadora que se niega a acompañar los cambios políticos y sociales. ¿De qué otro modo puede entenderse que aún duerma en los tribunales el artículo esencial de la Ley de Medios que fue sancionada hace casi dos años? Las trabas a este instrumento, al cual el kirchnerismo le otorgó un carácter estratégico, contrarían las interpretaciones que por estos días indicaron que la justicia supuestamente controlada por el gobierno salvó a Menem de la cárcel a cambio de su voto en el Senado. ¿Cómo podría el gobierno lograr un fallo absolutorio del ex presidente si ni siquiera logra que la justicia destrabe un instrumento legal en el cual jugó todas sus energías como la Ley de Medios audiovisuales?
Con poder sobre la justicia, el gobierno podría además acelerar la causa Schoklender, para separar lo antes posible la paja del trigo e impedir que la oposición continúe armando shows como lo hizo esta semana en la Cámara de Diputados, donde al acusado de haberse enriquecido con dineros públicos destinados a construir viviendas para sectores pobres pudo desempeñar un rol protagónico. Más que contribuir a esclarecer el caso, los diputados le dieron respaldo al acusado para que embarre la cancha. Sólo una veintena de los 66 diputados que integran las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Vivienda participaron de la reunión, ya que algunos mostraron su disconformidad con la idea de avanzar sobre una investigación que obviamente le corresponde a la justicia. La falta de apoyo político más amplio en la oposición, parece también un reflejo de las cifras que devuelven las encuestas: cuanto más se hostiga al gobierno, menor intención de votos se tiene. Como ejemplo basta un botón: Hermes Binner, un crítico moderado del kirchnerismo, es el único candidato opositor que crece en las encuestas. <
El tribunal exculpó a Menem y a sus ministros. Recién en noviembre se conocerán los fundamentos del fallo, pero por ahora alcanza para preguntarse quiénes serán entonces los culpables, si es que el elenco menemista no tuvo nada que ver.
El hecho de que tanto el ex presidente Menem como otros 17 imputados hayan sido exculpados plantea la posibilidad de que el tribunal haya considerado que el Estado no puede contrabandear, sino que se trató de una decisión política no judiciable. Está claro que en términos políticos la venta de armas a un país latinoamericano en guerra con otro es al menos un desatino que no puede comprenderse en el marco de las actuales relaciones entre las naciones sudamericanas. Seguramente la decisión prosperó en aquellos años en virtud de las impúdicas relaciones carnales que el menemismo se jactaba de mantener con los Estados Unidos. En ese clima político, ni siquiera se tuvo en cuenta el hecho de que la Argentina fuera garante de paz entre los dos países hermanos enfrentados en la Guerra del Cóndor, ni se consideró la alianza histórica del Perú con la Argentina, caracterizada por una decidida actitud solidaria durante la Guerra de las Malvinas. Primaron en cambio los intereses de los Estados Unidos, que utilizaron no pocas veces a la Argentina para que hiciera trabajos sucios en la región.
Pero más allá del perfil político del caso, existe además un costado judicial, ya que los envíos de armas estaban en todo caso autorizados para tener a Venezuela y Panamá como destinos finales, pero nunca a Ecuador y Croacia, país que libraba otra sangrienta guerra en los Balcanes y sobre el cual pesaba también un embargo de armas de la ONU.
Como si esto fuera poco, los envíos fueron superiores a los autorizados por decreto presidencial; siete inocentes murieron al estallar la Fábrica Militar de Río Tercero, en lo que se supuso que fue un intento de borrar huellas; dos coroneles murieron al caer su helicóptero en el Campo de Polo; un capitán del Ejército se suicidó luego de ser sindicado como presunto traficante y también la secretaria de Emir Yoma, quien fue acusado de ser el organizador del tráfico ilegal. Pero el tribunal exculpó a Menem y a todos sus ministros y funcionarios. Recién en noviembre se conocerán los fundamentos del fallo, pero por ahora alcanza para preguntarse quiénes serán entonces los culpables, si es que el elenco menemista no tuvo nada que ver.
Un día después de conocido el polémico fallo, el Consejo de la Magistratura resolvió suspender el pago de haberes al camarista federal de Mendoza, Otilio Roque Romano, quien huyó a Chile y tramita el asilo del país trasandino luego de ser acusado reiteradamente por presenciar y avalar torturas durante la dictadura en nada menos que 103 causas. Fuentes diplomáticas creen que la situación de Romano podría promover un encuentro de Cristina Fernández con el presidente chileno Sebastián Piñera la semana próxima, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero los medios periodísticos chilenos se anticiparon a especular que la Argentina difícilmente podría obtener la extradición de Romano, pocos meses después que se negara a entregar al ex guerrillero Galvarino Sergio Apablaza, uno de los fundadores del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
El Premio a la Paz que la Unesco otorgó a Abuelas de Plaza de Mayo con el beneplácito de la presidenta que lo calificó como “un mimo para el alma”, difícilmente hubiese existido si la justicia hubiera actuado en tiempo y forma. El desarrollo de los organismos de Derechos Humanos en la Argentina fue inversamente proporcional a la resistencia de los tribunales ordinarios de la Nación.
Sin referirse expresamente a los casos que estallaron esta semana y demandaron demasiado tiempo para obtener al menos un fallo, la presidenta juzgó necesaria “una profunda reforma de la Justicia, para ponerla en consonancia con el mundo contemporáneo”. Cristina destacó como urgente la necesidad de instituir el juicio por jurado establecido en la Constitución y dijo que se resuelven “conflictos en el siglo XXI, con instrumentos del siglo XX y normas anteriores al XIX”. Séneca pensaba que “la justicia tardía es lo más parecido a la injusticia”.
Pero las demoras en casos como el del contrabando de armas o los delitos de lesa humanidad, tienen obviamente una explicación política que excede a la vetustez de los instrumentos. Ni siquiera los reclamos del Poder Ejecutivo a los magistrados pudieron agilizar demasiado las sentencias, que a veces llegan cuando los victimarios murieron y los familiares de las víctimas también. Una reforma de la justicia debería replantear la inamovilidad de los jueces, que aparece como el soporte básico de una institución esencialmente conservadora que se niega a acompañar los cambios políticos y sociales. ¿De qué otro modo puede entenderse que aún duerma en los tribunales el artículo esencial de la Ley de Medios que fue sancionada hace casi dos años? Las trabas a este instrumento, al cual el kirchnerismo le otorgó un carácter estratégico, contrarían las interpretaciones que por estos días indicaron que la justicia supuestamente controlada por el gobierno salvó a Menem de la cárcel a cambio de su voto en el Senado. ¿Cómo podría el gobierno lograr un fallo absolutorio del ex presidente si ni siquiera logra que la justicia destrabe un instrumento legal en el cual jugó todas sus energías como la Ley de Medios audiovisuales?
Con poder sobre la justicia, el gobierno podría además acelerar la causa Schoklender, para separar lo antes posible la paja del trigo e impedir que la oposición continúe armando shows como lo hizo esta semana en la Cámara de Diputados, donde al acusado de haberse enriquecido con dineros públicos destinados a construir viviendas para sectores pobres pudo desempeñar un rol protagónico. Más que contribuir a esclarecer el caso, los diputados le dieron respaldo al acusado para que embarre la cancha. Sólo una veintena de los 66 diputados que integran las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Vivienda participaron de la reunión, ya que algunos mostraron su disconformidad con la idea de avanzar sobre una investigación que obviamente le corresponde a la justicia. La falta de apoyo político más amplio en la oposición, parece también un reflejo de las cifras que devuelven las encuestas: cuanto más se hostiga al gobierno, menor intención de votos se tiene. Como ejemplo basta un botón: Hermes Binner, un crítico moderado del kirchnerismo, es el único candidato opositor que crece en las encuestas. <
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