Quién defiende a los usuarios y a la obra?
La protección del túnel expuesta a la voluntad de un apropiador
Sergio Lifchitz inscribió unilateralmente como propios los arenales dragados por los constructores del viaducto para protegerlo. La jurisdicción es del ente interprovincial; la ocupación es ajena.
- Foto:Mauricio Garín
Benito Geist - economia@ellitoral.com
El artículo 2.57 del Código Civil Argentino admite que un particular puede incorporar como propio un terreno contiguo a su propiedad cuando el río “por aluvión” lo anexa a su ribera. “Siendo en las costas de mar o de ríos navegables, pertenecen al Estado”, aclara la norma.
Sergio Lifschitz, invocando ese artículo y como supuesto propietario de un terreno lindero aún en litigio judicial, inscribió como propio el predio arriba de la cabecera entrerriana del túnel. Se los anexó gratuitamente por la escritura declarativa del 2 de noviembre de 1999 confeccionada por el escribano Víctor Badano. Son 28.058,62 metros cuadrados.
Lifchitz ignoró que el río Paraná es navegable y por tanto un aluvión en el lugar sería -por imperio del Código Civil- de propiedad estatal. Pero también omitió graciosamente que el lugar fue “refulado” por la draga María Ana para asegurar los tubos del túnel subfluvial, inaugurado en 1969.
Allí donde funcionaba un balneario municipal, Lifschitz construye hoy un complejo privado y un shopping; el acceso al río quedó cegado al uso público a pesar de otras reservas legales.
Los terrenos son de la provincia de Entre Ríos, pero además están afectados desde la firma del tratado entre Carlos Sylvestre Begnis y Raúl Uranga al viaducto subfluvial.
Ese tratado firmado el 15 de junio de 1960 establece claramente la jurisdicción interprovincial de los inmuebles a cada orilla y bajo el lecho del río. El acuerdo establece además la continuidad de esa jurisdicción interprovincial en aquellos territorios de uno u otro lado que se mantengan funcionales a la vida útil del túnel.
La resolución 08/2003 firmada por los ministros Oscar Berón y Fermín Garay (Hacienda y Gobierno de Entre Ríos) y por Miguel Asensio y Edgardo Berli (Finanzas y Obras Públicas de Santa Fe) ratificó la “zona de seguridad administrativa” y las de “seguridad física” (100 metros laterales a todo lo largo del túnel) y de restricción absoluta (50 metros a partir del eje).
En agosto de 2009 el director por Santa Fe del túnel, Erwin Zwiener, inició acciones internas en el ente interprovincial cuando constató el movimiento de tierras ordenado por Lifschitz. Para entonces el apropiador unilateral de los territorios de seguridad del túnel, ya tenía cercado el lugar. Que así sigue.
El artículo 2.57 del Código Civil Argentino admite que un particular puede incorporar como propio un terreno contiguo a su propiedad cuando el río “por aluvión” lo anexa a su ribera. “Siendo en las costas de mar o de ríos navegables, pertenecen al Estado”, aclara la norma.
Sergio Lifschitz, invocando ese artículo y como supuesto propietario de un terreno lindero aún en litigio judicial, inscribió como propio el predio arriba de la cabecera entrerriana del túnel. Se los anexó gratuitamente por la escritura declarativa del 2 de noviembre de 1999 confeccionada por el escribano Víctor Badano. Son 28.058,62 metros cuadrados.
Lifchitz ignoró que el río Paraná es navegable y por tanto un aluvión en el lugar sería -por imperio del Código Civil- de propiedad estatal. Pero también omitió graciosamente que el lugar fue “refulado” por la draga María Ana para asegurar los tubos del túnel subfluvial, inaugurado en 1969.
Allí donde funcionaba un balneario municipal, Lifschitz construye hoy un complejo privado y un shopping; el acceso al río quedó cegado al uso público a pesar de otras reservas legales.
Los terrenos son de la provincia de Entre Ríos, pero además están afectados desde la firma del tratado entre Carlos Sylvestre Begnis y Raúl Uranga al viaducto subfluvial.
Ese tratado firmado el 15 de junio de 1960 establece claramente la jurisdicción interprovincial de los inmuebles a cada orilla y bajo el lecho del río. El acuerdo establece además la continuidad de esa jurisdicción interprovincial en aquellos territorios de uno u otro lado que se mantengan funcionales a la vida útil del túnel.
La resolución 08/2003 firmada por los ministros Oscar Berón y Fermín Garay (Hacienda y Gobierno de Entre Ríos) y por Miguel Asensio y Edgardo Berli (Finanzas y Obras Públicas de Santa Fe) ratificó la “zona de seguridad administrativa” y las de “seguridad física” (100 metros laterales a todo lo largo del túnel) y de restricción absoluta (50 metros a partir del eje).
En agosto de 2009 el director por Santa Fe del túnel, Erwin Zwiener, inició acciones internas en el ente interprovincial cuando constató el movimiento de tierras ordenado por Lifschitz. Para entonces el apropiador unilateral de los territorios de seguridad del túnel, ya tenía cercado el lugar. Que así sigue.
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