ENTREVISTA AL RELATOR DE LA ONU EN MEDIO DEL DEBATE SOBRE LOS SERVICIOS AUDIOVISUALES

“La concentración de medios lleva a la concentración del poder político”

Aunque declinó opinar sobre la audiencia en la Corte, el guatemalteco Frank La Rue estuvo en Buenos Aires mientras la discusión sobre la vigencia plena del nuevo régimen audiovisual alcanzaba su punto máximo antes del fallo del tribunal supremo y accedió a exponer su visión sobre el pluralismo en diálogo con Página/12.

 

[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

 Por Martín Granovsky

Ahora trabaja en un informe sobre el derecho a la verdad clásico, relacionado con la verdad de las violaciones a los derechos humanos, y su relación con el derecho a la verdad como parte del acceso a la información pública. “Hay una derivación”, dijo el guatemalteco Frank La Rue, relator de la ONU para Libertad de Expresión en su visita a la Argentina. “Todos debemos protegernos mutuamente y cualquier ciudadano tiene el deber ético de denunciar violaciones a los derechos humanos, pero en el caso de los funcionarios públicos debería ser obligatorio.”

–¿Se puede actualizar la defensa práctica de la libertad de expresión y a la vez preservar principios como los de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa de 1789?

–Los derechos humanos nunca son un regalo del poder, sino el resultado de una conquista popular. La discusión más antigua de los derechos humanos plantea cuándo empezaron. Porque la Declaración Universal de 1948 nos dio fue un instrumento relativamente universal tras el fin de la Segunda Guerra. El mundo quiso reaccionar ante los horrores y las atrocidades y decir: “Ahora estamos en paz”. Numerosos países en América latina, Asia y Africa fueron entrando mucho tiempo después en esa lógica. Y hasta la fecha hay discusiones que están resueltas teóricamente pero que no se han resuelto para algunos Estados en particular, como el relativismo cultural o la libertad de expresión. En Tailandia, por ejemplo, es delito de lesa majestad hablar mal del rey y les dan cinco años por cada expresión. Y para mí fue bien difícil explicarles que no, que el rey puede ser criticado y que el rey puede meter la pata, como otros reyes de otros países más cercanos nos han demostrado. Entonces, la verdad es que los derechos humanos empiezan con los seres humanos y luego está el fenómeno de codificación y sistematización para convertir a los derechos humanos en normas de convivencia. Los derechos inherentes a la persona humana empiezan con la persona humana. Arrancaron cuando el primer homo sapiens se paró en dos pies y caminó erguido y empezó a pensar.

–¿Y cuándo empezó la libertad de expresión?

–Es interesante porque, al leer libros sobre democracia, encontré que hay expresiones de democracia incluso en países a los que no-sotros veíamos como “salvajes”. Por ejemplo, los países escandinavos en la época de los vikingos tenían parlamentos. Con el fuego en el medio, se juntaba la comunidad y hablaba todo el mundo. Y las decisiones eran colectivas. Otra cosa es que después fueran salvajes al hacer la guerra con otros. Hablo para adentro. Es decir que siempre, desde que los colectivos humanos empezaron a vivir como tales, tuvo que haber habido un nivel de entendimiento en la toma de decisiones. Y claro que siempre hubo autoridad y que la autoridad a menudo se impuso por la fuerza sobre los súbditos. Pero la existencia de algún nivel de discusión con algún sector es lo que hacía que las tiranías subieran y bajaran. Siempre hubo héroes de la revolución, rebeldes. Hubo pueblos en los que las mujeres tenían voz. Los celtas que vivían en Inglaterra se rebelaron contra el Imperio Romano dirigidos por una mujer. Y, a pesar de que esa mujer imponía su autoridad como reina, tenía un sistema improvisado de consulta popular con su gente. Cuando uno estudia Derecho empieza con el Código de Hammurabi, porque es la primera versión escrita que se tiene de normatividad, de normas de conducta. Pero probablemente hubo desde mucho antes normas de carácter oral que formaban parte de las tradiciones. Se trataba de una normatividad de convivencia. En muchos casos la gente las equipara con el Derecho Penal porque había “castigos” para el que se salía de las normas. Pero en el fondo, a la vez, muchas normas fueron protegiendo derechos humanos cuando buscaban establecer un nivel de convivencia que obligase al respeto mutuo en el ejercicio de ciertos derechos fundamentales.

–O sea que usted, históricamente, no arroja nada bueno a la basura.

–No, al contrario. Como yo creo en la humanidad, también creo que desde el principio los derechos humanos se basan en la protección de la vida y de todas las expresiones de la vida y de la dignidad del ser humano.

–Definir vida en términos absolutos parece más fácil. Es la no-muerte. ¿Y dignidad?

–Sí, por un lado está la definición por antítesis, pero al mismo tiempo hay que considerar que muchos elementos enriquecen la vitalidad. No es esencial que comas todos los días, pero ciertamente comer todos los días es fundamental. O tomar agua pura. O disponer de agua potable. Por eso es que la cuestión de la vida se va extendiendo. Para comer hay que tener trabajo. Tener trabajo implica otros derechos. Proteger la vida implica proteger la salud, tener agua potable, tener techo. Ahí están la vida y sus extensiones permanentes. La dignidad tuvo siempre más que ver con el hecho de que empezáramos a diferenciarnos como seres humanos. En la humanidad siempre se da una mezcla de lo religioso con lo humano y me da a mí la impresión de que las sociedades más primitivas fueron mucho más religiosas, obviamente, de lo que es la humanidad de hoy. Pero cuando ya hubo un colectivo humano y grupos pensantes, lo que los diferenciaba de manadas de animales era precisamente ese nivel de pensamiento, de entendimiento y de coexistencia. Eso implicaba que había un aprecio distinto del uno por el otro, lo cual suponía entender que el otro tenía la misma dignidad. De alguna forma, la vida física de él valía tanto como la de uno, por lo menos en el núcleo familiar inicial. Por supuesto, no olvidemos que eso es lo que también marcaba las diferencias y permitía a los vencedores esclavizar a los vencidos. Porque esa dignidad probablemente para ellos iba amarrada al ejercicio del poder. Y del poder de control de territorio y del poder militar.

–Ya en la Relatoría, ¿cuál fue la peor experiencia en términos de violación de la libertad de expresión?

–Cuando yo entré la libertad de expresión era de las cosas más complejas. Comencé pensando en que habría consenso de todos. ¿Quién iba a estar en contra de las libertades fundamentales?

–Pensaba que no tendría trabajo.

–(Sonríe.) No. Que sería más fácil de lo que fue. Pero resultó muy complejo y yo complejicé más porque, por ejemplo, los sectores más conservadores insisten en que la libertades fundamentales son sólo individuales. Siempre he rechazado esta visión. La libertad de expresión es un derecho individual, sí: el derecho de buscar información, de crear pensamiento propio y de expresarlo. Pero es también un derecho colectivo y un derecho social. Colectivo, porque uno se puede asociar para recibir información e investigar, o nos podemos asociar para expresarnos y hacer un pronunciamiento colectivo. Social, porque corresponde proteger el derecho de la sociedad de estar informada. Y ahí yo introducía siempre el tema de la ciudadanía, que tiene que participar. La verdadera democracia es la que tiene varios elementos, desde el marco legal hasta la institucionalidad fuerte, la credibilidad, la transparencia... Pero el factor más importante en la existencia de una democracia no es tener un sistema electoral, aunque por supuesto eso sea necesario. El elemento más importante es garantizar la participación ciudadana. Que el ciudadano o la ciudadana puedan decidir si quieren ser candidatos o no, si quieren participar en un partido político o no, si quieren criticar a sus dirigentes o a sus líderes, si quieren expresarse por una política pública, si les satisface o no les satisface, si quieren presentar sus demandas. Ahora, la participación ciudadana está vinculada con estar informado. Por eso incluía también el tema de que ese acceso a la información, que es un derecho social, también está vinculado con la libertad de prensa, con todos los mecanismos sociales de comunicación que son los que trasladan información a la sociedad. De hecho, es el debate que tienen ustedes en la Argentina a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

–¿Y cómo ve el relator nuestro debate?

–La Unesco estableció que la información y los medios de comunicación tienen que operar con pluralidad y diversidad para que un pueblo pueda dar por satisfecho su derecho a estar informado. Tiene que haber diversidad de medios y pluralismo de ideas. Ese fue el avance de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de ustedes. Dice que puede haber medios comerciales, como en cualquier parte del mundo, pero también tiene que haber medios no lucrativos, que pueden ser comunitarios o públicos, al servicio de la población. Y étnicos, porque todo grupo étnico tiene derecho a mantener su idioma, su lenguaje y su cultura, siguiendo los principios de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos originarios. Además del ejercicio individual y del ejercicio colectivo de los derechos relacionados con la libertad de expresión, hay una tercera forma: ejercerlos como pueblos. Un pueblo tiene derecho a tener una identidad, a expresarla, a defenderla y a reproducirla.

–Usted elogió la LdSCA desde un principio. ¿Sigue haciéndolo cuatro años después de su promulgación?

–Sigo pensando lo mismo. No he querido pronunciarme sobre si se llevaron adelante las políticas derivadas de la LdSCA porque no sé. Pero la LdSCA fue un tremendo avance para América latina porque establece que, efectivamente, todos los sectores de una sociedad, como sectores, deben tener acceso a la propiedad de medios propios de comunicación social. Unos serán medios escritos, y eso no está en la LdSCA. Los medios audiovisuales sí están porque el manejo de las frecuencias electromagnéticas es propio del Estado: son recursos públicos. El Estado debe ser garante de que, en búsqueda del bien común, todos los recursos del Estado se utilizarán primero para el bien común y luego para uso de todo el mundo. Ahí es donde yo creo que hay que democratizar. La falla de todos los medios de comunicación social en todo el mundo, incluyendo América latina, es que progresivamente permitimos que fuera prevaleciendo la visión comercial. Aquel viejo truco de qué funciona mejor, si el Estado o el mercado, incluyendo las supuestas afirmaciones absolutas sobre que el Estado es inútil y no funciona y el mercado sí funciona; aquel truco, digo, es ficticio. El mercado sólo funciona con la lógica de rentabilidad y ganancia, que no es necesariamente la lógica del interés del común de la población. Los medios comerciales siempre jugaron un papel importante. Lo han hecho históricamente los primeros periódicos. Pero sí insisto en que no son sólo esos medios los que deben existir. Esos medios comerciales que fueron iniciados por personas con una verdadera vocación de informadores, de periodistas, se convirtieron en medios comprados por corporaciones financieras porque en el fondo se volvieron grandes inversiones. Entonces se fue perdiendo la vocación de ser periodista y se exacerbó la visión comercial. La noticia quedó deteriorada y se fortalecieron los Rupert Murdoch, los Berlusconi, que buscan vender pero no buscan informar.

–¿Acaso el mayor negocio de Berlusconi es vender?

–Lo que quiere Berlusconi es la concentración. Si no se evitan fenómenos de concentración de medios como el de Berlusconi, esa concentración de medios te lleva inevitablemente a la concentración del poder político. Por ejemplo, en mi país, en Guatemala, la televisión abierta es un monopolio unipersonal de Angel González. El no tiene ambiciones políticas, pero determina presidencias y candidaturas, porque eso lo perpetúa en el ejercicio de su provecho y sus intereses económicos. Asigna el tiempo de televisión a los partidos políticos y a los candidatos que él desea. Y lo hace normalmente con varios de los que cree que son futuros ganadores. Entonces, en el Congreso de la República, es imposible pasar una ley que rompa ese monopolio. La concentración del poder de medios lleva a la concentración del poder político, ya sea en ejercicio directo o no. En el caso de Berlusconi derivó en ejercicio directo del poder. Pero en otros casos es el ejercicio indirecto del poder político. Siempre existe el interés de jugar de titiritero: “Yo quiero ser el que controle la vida política de un país”. Y efectivamente las grandes concentraciones permiten eso.

–Un contraargumento diría que, como el Estado es muy poderoso, puede hacer falta un poder equilibrante para garantizar la diversidad.

–Pero los monopolios de comunicación son malos, sean privados o públicos. Lo digo porque también está mal cuando el Estado lo quiere hacer todo o quiere hacer proselitismo en lugar de servicio público. Que haya de todo: empresas comerciales sin posibilidad de acumular ilimitadamente, el Estado, los medios comunitarios... Hay que discutir cómo se asigna la pauta publicitaria oficial. Fijar criterios es muy complejo aquí y en todo el mundo. El principio es fácil y la fórmula práctica concreta es difícil. Lo que sí es fácil es identificar cuando se da la inversa. En Guatemala un presidente llevó a la quiebra a una revista conservadora pero de calidad crítica, Crónica, quitándole todo anuncio oficial.

–¿Cuáles son las peores violaciones a la libertad de expresión que vio durante su gestión?

–En general, en Corea del Norte es muy difícil contar con un medio comunitario o expresar una opinión crítica. China va abriéndose al mercado liberal y más capitalista pero no fue abriendo el disenso en la misma forma. Un bloguero puede ir preso. Y los países con conflicto armado hacen que la libertad de expresión sea jugarse el físico. Birmania antes, Siria ahora. Lo mismo en países de naturaleza autoritaria como Yemen. Mantener la libertad de expresión implica articular con políticas de prevención.

–Su síntesis sería “más prevención que Código Penal”.

–Ah, por supuesto.... Y más campañas. Hice un informe sobre el discurso del odio, basado en el caso del joven noruego que asesinó a 93 personas, entre ellos muchos niños, porque se oponía a las políticas migratorias. Un Estado tiene que estar alerta ante el racismo y la xenofobia.

–Usted siempre dice “Estado” y no “gobierno”. El Estado, por ejemplo en un país como la Argentina, tiene tres poderes.

–Lo hago a propósito. Me interesa que muchas de estas decisiones no sean del gobierno, sino de la Justicia. Incluso ante fenómenos como el discurso del odio. Le temo a que quienes ejercen el poder político puedan utilizar mecanismos de origen legítimo para otros fines como censurar a la crítica o perpetuarse en el poder. Cuando uno es relator quiere hablar de la promoción y la protección. Pero está la realidad concreta. Ante eso mi posición fue que la libertad de expresión no es la culpable de los males o los discursos peligrosos. Hay que preparar al público para asumir un diálogo sano y limitar las prohibiciones a los mensajes que sí pueden hacer daño: que haya malicia, que haya riesgo de un daño inmediato, que el daño sea de tanta intensidad que ponga en peligro la propia libertad de expresión y que sea inminente y probable dentro de un contexto. Obviamente, un peligro siempre es la incitación al tráfico de niños o la violación de los derechos de la niñez.

–El relator baja a la realidad.

–Inevitablemente. Me pasó con el último informe sobre el Estado, la privacidad y la seguridad nacional. Salió antes del pedido de refugio de Edward Snowden en Rusia. Pero bueno, la función del relator es trasladar los principios de derechos humanos y aplicarlos a momentos históricos y realidades concretas. Defendí el derecho de WikiLeaks de difundir información. ¿Cómo puede ser condenable la publicación de filtraciones si eso es lo que hicieron Bob Woodward y Carl Bernstein en el Wa-shington Post durante el Watergate gracias a Garganta Profunda?

–Eso es WikiLeaks. ¿Y el caso Snowden?

–Snowden reveló además que hay una política de monitoreo permanente y constante que violenta el derecho a la privacidad de extranjeros y de ciudadanos norteamericanos de forma sistemática. La denuncia sobre esa presunta violación de los derechos humanos es legítima y obligaría al Estado a hacer una investigación para determinar quién dio la orden de violentar un derecho.

–La condena a 35 años al soldado Bradley Manning, fuente aparente de WikiLeaks, ¿violó algún derecho?

–La sentencia emitida según el Derecho Procesal Penal Militar violó el principio de proporcionalidad. Sentencias en Europa por delitos similares fallaron penas de hasta siete años. La exorbitancia de la pena apuntó a intimidar. Eso tiene que ver con la libertad de expresión, porque la intimidación es para impedir el ejercicio de un derecho por parte de otras personas.

–¿Cómo sintetizaría una descripción sobre América latina en materia de libertad de expresión?

–Partamos la región en Cono Sur, zona andina, Centroamérica y México y Caribe. Los casos más graves son México y Honduras, no sólo en términos de muertes en general, sino medido en riesgo físico para periodistas. En México, además, o hay monopolio o hay duopolio y la discusión sería si entra a funcionar una tercera cadena de televisión abierta. Mi país, Guatemala, también vive una situación seria en este sentido y en el sentido de reconocimiento de los derechos de grupos étnicos. A tal punto que en Guatemala no existe la categoría de radios comunitarias o étnicas en un país donde más de la mitad de la población proviene de los pueblos originarios.

–En México hubo 70 mil asesinatos en el mandato del presidente Felipe Calderón. Y para Guatemala, si uno hace un cálculo proporcional a la población, puede establecer que fue asesinado el equivalente de un millón y medio de argentinos.

–Fueron 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos. La Comisión de la Verdad de Naciones Unidas estableció que Guatemala es el único país de América latina que sufrió un genocidio en el siglo XX. El general Efraín Ríos Montt fue procesado por genocidio, aunque después la Corte anuló de manera corrupta la parte final del proceso y hay que repetirlo.

–¿Cuál sería el problema en la zona andina?

–Me preocupa mucho la ley de Ecuador, y lo discutí con el propio presidente Rafael Correa. Crea una superintendencia que se convierte en órgano de censura.

–No decide la Justicia, sino el Ejecutivo.

–Claro. En cambio, en el Cono Sur yo felicité la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual argentina y sigo felicitándola. En Uruguay la legislación en debate va muy bien. Ambos casos son mejorables en cuanto a órganos reguladores o a alguna instancia más, pero las dos leyes sientan buenos precedentes en materia de democratización de los medios.