no podia ser de otra manera,un represor encubierto

Revelaciones inéditas sobre el pasado oscuro del presidente de la Sociedad Rural Argentina

Biolcati fue funcionario durante la última dictadura cívico-militar

Intervino más de un año la obra social textil. Renunció antes del regreso de la democracia. Fue designado por Navajas Artaza, quien podría ser procesado por la desaparición de trabajadores rurales. Los documentos probatorios.

 

Por:
Ignacio Chausis

Constituye un lugar común a esta altura, sobre todo a partir de las investigaciones de los delitos de lesa humanidad, hablar del carácter "cívico" de la última dictadura militar, particularmente a partir del apoyo brindado por lo más encumbrado del empresariado nacional, y que hoy incluye a algunos de sus principales cuadros procesados por la justicia. En ese escenario, sabido es que la Sociedad Rural Argentino respaldó explícitamente el proyecto político de la dictadura. Mucho menos conocido es que su actual presidente, Hugo Luis Biolcati, le puso cuerpo a ese apoyo.
Según una investigación exclusiva de Tiempo Argentino, el dirigente fue nombrado como "delegado normalizador" –un eufemismo con que la dictadura designaba a los interventores en los distintos organismos– al frente de la obra social de los trabajadores de la industria textil, un gremio que, según manifiesta su actual secretario general Jorge Lobais, sufrió en carne propia el terrorismo de Estado.
Así consta en la resolución 889 emitida por el Ministerio de Acción Social de la Nación con fecha 26 de octubre de 1982, y que lleva la firma del entonces titular de esa cartera, el empresario yerbatero Adolfo Navajas Artaza, quien formaba parte del Gabinete del último presidente de facto de nuestra historia reciente, Reynaldo Bignone, hoy condenado por el robo sistemático de bebés durante la dictadura.
El documento, de acceso público en los archivos del Ministerio de Salud, no se encuentra digitalizado, razón por la cual ninguno de sus datos resulta accesible vía Internet. Ello, sumado al silencio del propio Biolcati sobre el tema y la probable complicidad de ciertos sectores de la prensa, contribuyó en buena medida a que el hecho se haya mantenido oculto hasta el día de hoy.
Según el texto de la resolución, la designación de Biolcati tuvo lugar tras la renuncia presentada por el capitán de navío (RE) Fermín Barrionuevo, y tenía un carácter temporal "hasta tanto se produzca la normalización" de la obra social. Qué tipo de gestión realizó durante su breve mandato, cuáles fueron sus atribuciones o qué tipo de información manejó son hasta hoy un misterio: el propio Ministerio de Acción Social le aceptó la renuncia algo más de un año después, el 16 de noviembre de 1983, apenas unas semanas antes de la asunción del presidente Ricardo Alfonsín. Con la llegada de los aires democráticos, Biolcati siguió otro rumbo, alejado de los primeros planos de la gestión pública.
Como quiera que sea, Biolcati no dejó un buen recuerdo puertas adentro del sindicato textil. "Los trabajadores debemos tener memoria, porque quien hoy es dirigente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, fue interventor en nuestra obra social durante la dictadura e impulsó un proyecto que perjudicó a nuestra familia gremial", recordó tiempo atrás el actual secretario general de la Asociación Obrera Textil, Jorge Lobais.
¿Qué objetivo tenía la intervención de las obras sociales? Las medidas aplicadas sobre las obras sociales no tenían otro fin que restarle capacidad política a los sindicatos, convertidos en actores destacados del sistema durante los años previos. Con esa meta en el corto plazo y en medio de una brutal represión, el régimen militar fomentó la intervención directa sobre las estructuras organizativas de las diversas organizaciones gremiales. Lejos de producir mejoras en los servicios brindados, el saldo fue un marcado déficit y vaciamiento en la mayor parte de las entidades (ver recuadro aparte).
Fiel a la tradición y los principios conservadores que marca la historia de la Sociedad Rural, Biolcati fue durante todo su mandato –será remplazado en los próximos días por el vicepresidente segundo de la entidad, Luis Miguel Etchevehere– la voz más dura al interior de las entidades agropecuarias que conforman la Mesa de Enlace. Paradójicamente, a pesar del apoyo explícito a la dictadura de la que incluso tomó parte activa, en sus reiteradas intervenciones en medios o actos públicos no se privó nunca de criticar el "autoritarismo" del gobierno nacional, siempre bajo la victimización por la supuesta "asfixia" fiscal, aun en medio de la altísima rentabilidad que benefició a la actividad en los últimos años, a pesar de algún vaivén climático.
Así, por ejemplo, descalificó el amplio triunfo electoral del oficialismo en octubre pasado bajo la consigna de que "la gente mira a Tinelli y si puede pagar el plasma no le importa más nada", o incluso puso en duda –junto a Mariano Grondona y no sin cierta ironía– la continuidad institucional del gobierno constitucional de Cristina Fernández cuando aún brillaba para los ruralistas la estrella del vice Julio Cobos, tras la discusión por la 125.
Dueño de miles de hectáreas dedicadas en su mayor parte al negocio lechero y con una valuación superior a los 70 millones de dólares, Biolcati también fue el más intransigente en cuanto a los lockout patronales implementados principalmente para eliminar los derechos de exportación (retenciones) a las exportaciones de granos. Durante este año, el dirigente minimizó los serios incidentes provocados por productores rurales en el Palacio Legislativo bonaerense durante la discusión de una suba en el impuesto inmobiliario rural por parte del gobierno de Daniel Scioli.
Una mención aparte merece Adolfo Navajas Artaza, ministro de Acción Social de la Nación en 1982 y responsable por la designación de Biolcati. Dueño de la productora yerbatera Las Marías y proveniente de una de las familias más poderosas de Corrientes, Navajas Artaza fue interventor en esa provincia durante la dictadura de Juan Carlos Onganía.
Tal como informó Tiempo Argentino en su edición del 26 de agosto pasado, en el año 2008 Navajas Artaza fue sobreseído en una causa donde se investigaba la desaparición de Néris Victoriano Pérez, uno de los trabajadores rurales que desarrollaba tareas en un establecimiento de su propiedad ubicado en Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes. Entre las acusaciones vertidas en su haber también se mencionaba la colaboración con las fuerzas de seguridad e incluso el ofrecimiento de su cementerio privado para el entierro de víctimas de la represión.
Por todos estos hechos fue convocado a prestar declaración indagatoria por el fiscal que investigaba el caso, Benito Pont, sin éxito alguno. Aun cuando nunca se presentó, la justicia ordenó su sobreseimiento. No obstante, podría ser juzgado a partir de otros hechos vinculados a graves violaciones a los Derechos Humanos y que hoy son todavía objeto de investigación por parte de la justicia. «

La barba rebelde

Durante una extensa entrevista que fue publicada por el diario Perfil en agosto de 2009, el entonces presidente de la Sociedad Rural Argentina Hugo Biolcati expresó haber estado “absolutamente en contra” del golpe militar que tuvo lugar en la madrugada del 24 de marzo de 1976, aunque enseguida relativizó un poco esa postura. “No inicialmente, pero al poco tiempo…”, agregó el ruralista al analizar su posición personal frente a la violación del Estado de derecho.
“No soporto la imposición, me rebelo al autoritarismo. Yo creo que tengo barba desde entonces, porque una de las cosas que no se podía tener era barba, y yo me la dejé en dictadura”, fue su curioso remate ante las preguntas del dueño de Perfil.

Intervenir para luego privatizar

La política de guerra que aplicó la dictadura cívico-militar de 1976 contra el movimiento obrero y los trabajadores en general incluyó la intervención masiva de sindicatos y obras sociales. El objetivo declarado era desfinanciar el poder de los sindicatos que las dirigían. Pero los militares también buscaban degradar los servicios de las obras sociales. Desde el punto de vista institucional, la dictadura intentó un cambio drástico con el Decreto Ley 22.269, que permitía el traspaso de fondos de afiliados al sistema de salud privado. Según Francisco Leone, un experto en temas de salud, el objetivo fue implantar la libre elección de la obra social como primer paso hacia la desestructuración total del sistema, en beneficio de los sectores privados.