de cara al 7 de diciembre
La ofensiva judicial del Gobierno para acorralar al CEO del Grupo Clarín
La Justicia definirá quién debe investigar a Magnetto por la compra de Papel Prensa. Las supuestas pruebas por delitos de lesa humanidad que festejan en Balcarce 50.
Según fuentes judiciales, el expediente está listo para que el magistrado que se haga cargo llame a declaración indagatoria a Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre, directivos de Clarín y La Nación. Están acusados de haber presuntamente utilizado el aparato terrorista de la última dictadura para que los integrantes del Grupo Graiver les cedieran las acciones de la fábrica de pasta celulosa.
La instrucción de la causa avanzó en la Unidad Fiscal Federal de Delitos de Lesa Humanidad de La Plata, pero luego entró en un laberinto de apelaciones que dilató las resoluciones. Para esa fiscalía, hubo una “transferencia compulsiva de las acciones de Papel Prensa del Grupo Graiver a Clarín, La Nación y La Razón, con la intervención directa de la Junta Militar con una persecución lanzada desde un aparato terrorrista estatal”.
La defensa del Grupo Clarín sostiene que no existió tal delito. El Gobierno, en cambio, fue el que promovió la denuncia en marzo de 2010, cuando pidió la declaración indagatoria y la posterior detención de Magnetto y Mitre. La causa es una bomba de tiempo. Nadie se anima a activar el reloj.
Papel Prensa era propiedad del Grupo Graiver. El 2 de noviembre de 1976, en oficinas porteñas del diario La Nación, los integrantes de la familia y del grupo empresario aceptaron vender las acciones a Clarín, La Nación y La Razón. Según el testimonio de Lidia Papaleo, la viuda de Graiver, esa transferencia se hizo “bajo coacción”. “Magnetto me ordenó que firmara si no quería que corriera riesgo la vida de mi hija y la mía”, contó.
Después de la venta, todos los familiares de Graiver y miembros de la empresa fueron llevados a centros clandestinos de detención y torturados. Y fueron despojados de sus bienes.
Uno de los elementos que complicarían a los directivos de los diarios es un parte de inteligencia de Oscar Gallino, el torturador de los Graiver, quien escribió que se reunía con Magnetto y Mitre mientras los miembros de la familia estaban desaparecidos. Otro elemento surge de la declaración de Rafael Iannover, ex vicepresidente de Papel Prensa, quien contó ante los tribunales que, estando desaparecido, el entonces abogado de Clarín, Bernardo Sofovich, fue a la casa de su esposa para que firmara la aceptación de la venta de la empresa. Además, Lidia Papaleo fue desaparecida no bien aceptó vender las acciones.
“Hay elementos suficientes en la causa para que vayan presos Magnetto y Mitre”, contó a PERFIL una fuente con despacho en la Casa Rosada.
“Si Magnetto hubiese llevado uniforme o hubiese sido funcionario de la dictadura, ya estaría preso, con lo que hay en el expediente ya es motivo suficiente para su procesamiento”, intentaba justificar un veterano abogado lo que para él es una confirmación: en unos meses, el CEO del Grupo Clarín “será detenido”. La fuente, que cada tanto llega a Comodoro Py para “visitar a amigos”, suele medir el pulso de las causas que son de interés para el Gobierno y mantiene estrechos vínculos con el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini.
Un ex duhaldista camina por la misma línea cuando explica que la situación de Magnetto es complicada. “Me lo dijo Larcher. No sé cuándo ni cuánto tiempo, pero te aseguro que por lo menos se va a comer 24 horas en cana”, remarcó el ex funcionario que ahora se jacta de su amistad con Francisco “Paco” Larcher, el segundo de la Secretaría de Inteligencia. De una u otra manera, el río suena y desde algunos sectores del Gobierno ya apuestan sobre la fecha en la que podrían ver a Magnetto con esposas.
En otros sectores del Gobierno consideran que sería muy perjudicial que Magnetto fuera preso, por la repercusión internacional. Otro funcionario confió: “La apuesta es mantenerlo bajo un manto de sospecha, pero no meterlo preso”. La avanzada contra el Grupo Clarín, igual, no corre sólo por ese carril sino también a través de la Ley de Medios. La Corte Suprema fijó el 7 de diciembre como fecha para que se caiga la cautelar que impide que el Grupo se desprenda de canales de cable y licencias en todo el país. La guerra con Clarín empezó hace tres años. Nadie tiene en claro cómo terminará.
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