Crean una comisión para evaluar la salud de represores
Buscan determinar si los presos deben ser atendidos en centros militares.
Los represores, condenados por crímenes de lesa humanidad, se fugaron el jueves del Hospital Militar Cosme Argerich de Belgrano, en Ciudad de Buenos Aires. | Foto: Cedoc
El hecho ocurrió el jueves por la noche, cuando Olivera y De Marchi, condenados por delitos de lesa humanidad, eran trasladados desde el penal de Marcos Paz hasta el centro médico para ser atendidos. Inmediatamente el ministro de Defensa, Agustín Rossi, relevó a toda la cúpula del Hospital Militar.
Hoy, mediante un convenio firmado por el mismo Rossi, junto a los ministros Julio Alak (Justicia y Derechos Humanos) y Juan Manzur (Salud), el Gobierno prohibió que los represores condenados sean atendidos en hospitales militares y dejó creada la nueva comisión para estudiar los antecedentes médicos de cada uno de los internos asistidos.
En un comunicado el prensa, Rossi detalló que el informe de dicha evaluación "será elevado a la Justicia, para determinar si aquellos condenados por delitos de lesa humanidad deben permanecer en dichos centros asistenciales, si pueden ser trasladados al Hospital Penitenciario Central de Ezeiza, o regresar a las unidades penales correspondientes".
Se especificó que la cartera de Defensa "tiene la tarea de recabar la historia clínica de cada uno de los prisioneros, determinar cuántos internados hay en los distintos hospitales de las FFAA y, a partir de allí, junto con los otros dos Ministerios, proceder a una evaluación y tomar las decisiones que correspondan".
Finalmente, Rossi ratificó que desde el viernes se adoptó "la resolución de no aceptar dentro de hospitales militares la atención de aquellos que estén condenados por delitos de lesa humanidad, ya sea en el caso de internación o tratamiento ambulatorio" y que se procura "evitar situaciones como la que se produjo la semana pasada" con Olivera y De Marchi
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