Lo solicitó el director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel
El director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Víctor Hortel, reclamó ayer que se investigue "la responsabilidad del juez sanjuanino que autorizó el traslado" de los dos represores que el jueves pasado se fugaron del Hospital Militar Central: Jorge Olivera y Gustavo De Marchi. Se trata del magistrado de San Juan Miguel Ángel Gálvez, que en la feria judicial firmó los permisos para que los dos condenados por delitos de lesa humanidad en San Juan fueran atendidos en la institución, donde trabaja la esposa del mayor retirado Olivera, la psicóloga Marta Noemí Ravasi de Olivera.
El juez Gálvez, quien en un principio dijo no recordar los motivos del traslado de los prófugos, había asegurado ayer que "la responsabilidad de la fuga es pura y exclusiva de la gente del Servicio Penitenciario Federal".
En un comunicado difundido ayer, el titular del SPF aseguró que "la justicia federal sanjuanina dispuso el traslado de los internos Olivera y De Marchi al Hospital Militar Central y no en forma definitiva al penal Federal de Marcos Paz, como se informó hoy erróneamente".
El SPF también hizo público los documentos firmados por Gálvez y por la secretaria del Juzgado Federal 2 de San Juan, María Paula Carena, quienes autorizaron el traslado de los ex militares el mismo día y a la misma hora al Hospital Militar.
En el caso de De Marchi, consta que "por disposición del juez federal subrogante, Miguel Ángel Gálvez", Carena solicita que "se arbitren los medios necesarios para que el interino De Marchi sea trasladado hasta el Hospital Militar Central 'Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich'".
En el pedido figuran también los turnos que ya poseía el represor para ser atendido, uno de ellos el día de la fuga, el 25 de julio a las 10 en el Servicio de Psiquiatría. En el caso de Olivera, un acta similar fue emitida por el juez de feria y figura allí un turno con el servicio de Dermatología el día de la fuga a la misma hora.
En diálogo con Tiempo Argentino, Hortel señaló que el Servicio Penitenciario ya dispuso la disponibilidad de jefes y agentes, así como sanciones y sumario administrativo que están en trámite sobre posibles responsabilidades de agentes del SPF. "Al mismo tiempo hicimos la denuncia penal para que se investigue todo lo que sucedió", agregó y señaló que la institución "cumplió la orden del traslado porque fue emitida por la justicia pero eso no quiere decir que la orden tenga racionalidad".
Hortel aclaró que el Servicio "no tiene ningún compromiso" con la fuga ni con los agentes penitenciarios involucrados y explicó: "El SPF tiene el costo del personal, si es que ha sido negligente, pero si el juez firmó sin leer… Entendemos que hay una secuencia muy difícil de explicar por un traslado para tratar una dermatitis en Buenos Aires."
Además del pedido de Hortel para que se investigue al juez, ayer una de las víctimas de Olivera y De Marchi confirmó que denunciará penalmente a Gálvez, a la secretaria Carena y también al juez penal que lleva la causa, Leopoldo Rago Gallo, a quien se vincula con el ex camarista mendocino Otilio Romano, prófugo en Chile por delitos de lesa humanidad.
Quien hará la presentación es Eloy Camus, víctima de la represión y testigo en el juicio, quien aseguró sentir "vergüenza ajena" sobre los funcionarios judiciales. "Me he pasado la mitad de mi vida tratando de hacer justicia para que una banda de delincuentes permita que otra banda de delincuentes queden libres", aseguró Camus.
También se cuestionó el accionar de la secretaria Carena, nuera del ex fiscal Juan Carlos Yanello, acusado por no cumplir su función de investigar las denuncias de torturas y detenciones ilegales en la última dictadura.
Al igual que Gálvez, quien culpó al Servicio Penitenciario, el juez Rago Gallo y la secretaria se desentendieron del caso ante medios sanjuaninos. Rago Gallo consideró "mala leche" que se dudara de su accionar y defendió su procedimiento: "No pretenderán que le pongamos en un apartado que diga ‘ojo, cuidado que se pueden escapar'". Carena, por su parte, aseguró que ese tipo de traslados son "muy comunes" y sostuvo que sólo asistió al cumplimiento de las decisiones de los dos jueces. «
una comisión evaluará la salud de los represores detenidos
Tras la fuga de los dos militares condenados en San Juan, una comisión interministerial evaluará el estado de salud de los imputados, procesados y condenados por delitos de lesa humanidad. La medida fue anunciada ayer y busca evitar que se repitan los hechos que permitieron a Antonio Olivera y Gustavo De Marchi huir del Hospital Militar Central, ubicado en Palermo.
Los ministros de Justicia, Julio Alak; de Defensa, Agustín Rossi; y de Salud, Juan Manzur, firmaron un convenio para dar forma a la Comisión de Asesoramiento Médico, que revisará los antecedentes médicos de detenidos por crímenes cometidos en la dictadura cívico-militar. También decidirá si es necesario el traslado por cuestiones de salud. La creación de la comisión se suma a la decisión de prohibir el alojamiento y la atención de procesados o condenados en hospitales militares y de concentrar esos casos en el hospital del penal de Ezeiza.
"Tenemos la directiva de la presidenta (Cristina Fernández) de conformar esta comisión enre los tres ministerios para que evalúe el estado de salud de cada uno de los internos asistidos en centros de salud militares", anunció Rossi al comienzo del acto de firma del convenio junto a Alak y Manzur.
La comisión estará integrada por médicos representantes de las tres carteras, que evaluarán la salud de quien solicite atención y elevarán un informe para que se determine si pueden ser trasladados al Hospital Penitenciario Central de Ezeiza o regresar a las unidades penales correspondientes.
Rossi explicó que Defensa deberá recabar la historia clínica de cada prisionero, determinar cuántos internados hay en los distintos hospitales militares y evaluar con los otros ministerios si corresponde la atención o el traslado.
El ministro de Justicia, por su parte, indicó que de ahora en más todos los civiles y militares imputados por delitos de lesa humanidad que requieran atención médica deberán hacerlo en el hospital de Ezeiza, que cuenta con servicios de mediana y alta complejidad.
Quienes actualmente estén siendo tratados en otra institución, la comisión "apunta a verificar realmente si existen causales para estar en una atención médica determinada y si esa prestación se puede brindar en Ezeiza". "Esta medida se funda en la idea de que ningún privado de su libertad tenga algún tipo de privilegio. La presidenta siempre reitera que el Servicio Penitenciario debe garantizar los derechos humanos, sin privilegios", sostuvo Alak.
Fuga de represores: piden que se investigue al juez sanjuanino
Desde el SPF aportaron documentación sobre los traslados autorizados por el magistrado Miguel Gálvez durante la feria, cuando lograron escapar Gustavo De Marchi y Jorge Olivera.
El director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Víctor Hortel, reclamó ayer que se investigue "la responsabilidad del juez sanjuanino que autorizó el traslado" de los dos represores que el jueves pasado se fugaron del Hospital Militar Central: Jorge Olivera y Gustavo De Marchi. Se trata del magistrado de San Juan Miguel Ángel Gálvez, que en la feria judicial firmó los permisos para que los dos condenados por delitos de lesa humanidad en San Juan fueran atendidos en la institución, donde trabaja la esposa del mayor retirado Olivera, la psicóloga Marta Noemí Ravasi de Olivera.El juez Gálvez, quien en un principio dijo no recordar los motivos del traslado de los prófugos, había asegurado ayer que "la responsabilidad de la fuga es pura y exclusiva de la gente del Servicio Penitenciario Federal".
En un comunicado difundido ayer, el titular del SPF aseguró que "la justicia federal sanjuanina dispuso el traslado de los internos Olivera y De Marchi al Hospital Militar Central y no en forma definitiva al penal Federal de Marcos Paz, como se informó hoy erróneamente".
El SPF también hizo público los documentos firmados por Gálvez y por la secretaria del Juzgado Federal 2 de San Juan, María Paula Carena, quienes autorizaron el traslado de los ex militares el mismo día y a la misma hora al Hospital Militar.
En el caso de De Marchi, consta que "por disposición del juez federal subrogante, Miguel Ángel Gálvez", Carena solicita que "se arbitren los medios necesarios para que el interino De Marchi sea trasladado hasta el Hospital Militar Central 'Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich'".
En el pedido figuran también los turnos que ya poseía el represor para ser atendido, uno de ellos el día de la fuga, el 25 de julio a las 10 en el Servicio de Psiquiatría. En el caso de Olivera, un acta similar fue emitida por el juez de feria y figura allí un turno con el servicio de Dermatología el día de la fuga a la misma hora.
En diálogo con Tiempo Argentino, Hortel señaló que el Servicio Penitenciario ya dispuso la disponibilidad de jefes y agentes, así como sanciones y sumario administrativo que están en trámite sobre posibles responsabilidades de agentes del SPF. "Al mismo tiempo hicimos la denuncia penal para que se investigue todo lo que sucedió", agregó y señaló que la institución "cumplió la orden del traslado porque fue emitida por la justicia pero eso no quiere decir que la orden tenga racionalidad".
Hortel aclaró que el Servicio "no tiene ningún compromiso" con la fuga ni con los agentes penitenciarios involucrados y explicó: "El SPF tiene el costo del personal, si es que ha sido negligente, pero si el juez firmó sin leer… Entendemos que hay una secuencia muy difícil de explicar por un traslado para tratar una dermatitis en Buenos Aires."
Además del pedido de Hortel para que se investigue al juez, ayer una de las víctimas de Olivera y De Marchi confirmó que denunciará penalmente a Gálvez, a la secretaria Carena y también al juez penal que lleva la causa, Leopoldo Rago Gallo, a quien se vincula con el ex camarista mendocino Otilio Romano, prófugo en Chile por delitos de lesa humanidad.
Quien hará la presentación es Eloy Camus, víctima de la represión y testigo en el juicio, quien aseguró sentir "vergüenza ajena" sobre los funcionarios judiciales. "Me he pasado la mitad de mi vida tratando de hacer justicia para que una banda de delincuentes permita que otra banda de delincuentes queden libres", aseguró Camus.
También se cuestionó el accionar de la secretaria Carena, nuera del ex fiscal Juan Carlos Yanello, acusado por no cumplir su función de investigar las denuncias de torturas y detenciones ilegales en la última dictadura.
Al igual que Gálvez, quien culpó al Servicio Penitenciario, el juez Rago Gallo y la secretaria se desentendieron del caso ante medios sanjuaninos. Rago Gallo consideró "mala leche" que se dudara de su accionar y defendió su procedimiento: "No pretenderán que le pongamos en un apartado que diga ‘ojo, cuidado que se pueden escapar'". Carena, por su parte, aseguró que ese tipo de traslados son "muy comunes" y sostuvo que sólo asistió al cumplimiento de las decisiones de los dos jueces. «
una comisión evaluará la salud de los represores detenidos
Tras la fuga de los dos militares condenados en San Juan, una comisión interministerial evaluará el estado de salud de los imputados, procesados y condenados por delitos de lesa humanidad. La medida fue anunciada ayer y busca evitar que se repitan los hechos que permitieron a Antonio Olivera y Gustavo De Marchi huir del Hospital Militar Central, ubicado en Palermo.
Los ministros de Justicia, Julio Alak; de Defensa, Agustín Rossi; y de Salud, Juan Manzur, firmaron un convenio para dar forma a la Comisión de Asesoramiento Médico, que revisará los antecedentes médicos de detenidos por crímenes cometidos en la dictadura cívico-militar. También decidirá si es necesario el traslado por cuestiones de salud. La creación de la comisión se suma a la decisión de prohibir el alojamiento y la atención de procesados o condenados en hospitales militares y de concentrar esos casos en el hospital del penal de Ezeiza.
"Tenemos la directiva de la presidenta (Cristina Fernández) de conformar esta comisión enre los tres ministerios para que evalúe el estado de salud de cada uno de los internos asistidos en centros de salud militares", anunció Rossi al comienzo del acto de firma del convenio junto a Alak y Manzur.
La comisión estará integrada por médicos representantes de las tres carteras, que evaluarán la salud de quien solicite atención y elevarán un informe para que se determine si pueden ser trasladados al Hospital Penitenciario Central de Ezeiza o regresar a las unidades penales correspondientes.
Rossi explicó que Defensa deberá recabar la historia clínica de cada prisionero, determinar cuántos internados hay en los distintos hospitales militares y evaluar con los otros ministerios si corresponde la atención o el traslado.
El ministro de Justicia, por su parte, indicó que de ahora en más todos los civiles y militares imputados por delitos de lesa humanidad que requieran atención médica deberán hacerlo en el hospital de Ezeiza, que cuenta con servicios de mediana y alta complejidad.
Quienes actualmente estén siendo tratados en otra institución, la comisión "apunta a verificar realmente si existen causales para estar en una atención médica determinada y si esa prestación se puede brindar en Ezeiza". "Esta medida se funda en la idea de que ningún privado de su libertad tenga algún tipo de privilegio. La presidenta siempre reitera que el Servicio Penitenciario debe garantizar los derechos humanos, sin privilegios", sostuvo Alak.
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