El gobierno ofreció una recompensa de 2 millones de pesos, presentó una denuncia penal y desplazó a penitenciarios
Ingresaron al Hospital Militar Central para hacerse un chequeo dermatológico y por una consulta psiquiátrica pero, tres horas después, se esfumaron a pocos metros de sus guardias del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que los esperaban fuera de los consultorios y ya fueron pasados a disponibilidad. Los dos supuestos pacientes, que habían llegado de San Juan por razones médicas, son dos conocidos represores sentenciados a perpetua y 25 años de prisión. Desde la tarde del jueves se convirtieron en los prófugos más buscados del país. Se trata del ex mayor Jorge Olivera, especializado en Inteligencia, también abogado, y del ex teniente primero Gustavo De Marchi, condenados por la justicia hace tres semanas.
El gobierno nacional reaccionó con sorpresa, primero, y rápidos de reflejos después, tras comprobar que los dos miembros de los grupos de tareas de la dictadura habían urdido un plan para ser trasladados desde su lugar de detención, en San Juan, y aprovechar presuntas complicidades en el Hospital Militar de la Avenida Luis María Campos. La esposa de Olivera, Marta Noemí Ravasi, quien considera a los represores condenados "presos políticos", se desempeña como psicóloga del mismo Hospital.
Ante esas evidencias, en menos de 24 horas, el Ejecutivo fijó una recompensa de 2 millones de pesos por cada uno de los fugados; presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de la Capital Federal (recayó en el juzgado federal 11 de Claudio Bonadio); solicitó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que prohíba a través de una acordada la atención médica de civiles y militares procesados o condenados por delitos de lesa humanidad en el Hospital Militar de Palermo (ver aparte); envió oficios a todas las policías provinciales y a la Dirección Nacional de Migraciones para que se refuerce la vigilancia de las fronteras; pasó a retiro a los siete oficiales y suboficiales del Ejército del área de Sanidad que tienen responsabilidad en el episodio; y ordenó iniciar una revisión general del estado de salud de todos los presos por delitos de lesa humanidad para impedir que se repitan maniobras como la que permitió la fuga de Olivera y De Marchi.
El jueves por la tarde, cuando el personal del Hospital Militar informó a los efectivos del SPF que los dos reclusos se habían escapado, los penitenciarios dieron aviso a la Policía Federal. Entonces se abrió una denuncia por fuga que está tramitando el titular del Juzgado en lo Correccional Nº 12, Raúl García. Ese magistrado ordenó realizar un allanamiento en las instalaciones del Hospital, revisar si en el predio hay cámaras de vigilancia y secuestrar las grabaciones en el caso de que las haya. En representación del ministerio público, interviene la fiscal María del Carmen Dellarole. El primer dato que llamó la atención de los investigadores fueron los argumentos –bastante endebles– que utilizó la justicia sanjuanina para justificar el traslado a Buenos Aires de Olivera y De Marchi.
Ambos represores estaban detenidos en el penal de Chimbas, del Servicio Penitenciario provincial, desde que fueron condenados por la justicia, a principios de este mes. A Olivera, un hombre que participó en la rebelión carapintada de Aldo Rico y con vínculos en la logia Propaganda Dos (P-2, la logia italiana que supo tener intereses en el IOR, el banco del Vaticano) y que ya estuvo dos veces prófugo, se lo condenó por el secuestro y la desaparición de la modelo francesa y militante de Montoneros Marie Anne Erize. De Marchi fue sentenciado a 25 años de cárcel por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos. Días después de que ambos fueran sentenciados, la esposa de Olivera presentó a la justicia unos certificados médicos como prueba y solicitó que los dos represores –su esposo y De Marchi– fueran trasladados al penal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, para ser tratados por especialistas en dermatología, kinesiología y salud mental en el sector de prácticas ambulatorias del Hospital Militar Central.
El pedido de la psicóloga Ravasi fue inicialmente cursado ante el juez Leopoldo Rago Gallo, titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Juan. Rago Gallo, a quien fuentes del fuero atribuyen cierta amistad con el prófugo ex camarista Otilio Romano, fue uno de los magistrados que suspendió la aplicación de varios artículos de la Ley de Medios a través de una medida cautelar. Según lo que pudo saber Tiempo Argentino, Rago Gallo habría avanzado en la aprobación de la solicitud pero con la llegada de la feria judicial de invierno se fue de vacaciones. El tema pasó entonces a la firma del juez subrogante que lo remplazó durante su ausencia: el titular del otro juzgado federal de la provincia, Miguel Gálvez. El subrogante, finalmente, aprobó el pedido para que Olivera y De Marchi fueran trasladados al pabellón de "lesa humanidad" del complejo penitenciario de Marcos Paz.
En un primer momento circuló la versión de que la fuga se produjo en Marcos Paz. No fue así. La huida tuvo otro escenario: el enorme Hospital Militar Central Cosme Argerich, ubicado en la zona de Las Cañitas, Palermo. Los dos militares condenados llegaron hasta el hospital bajo la custodia de siete penitenciarios a los que el personal del centro de salud hizo esperar fuera del área de consultorios. Tres horas después del ingreso, los miembros del SPF –que pertenecían al sector de Seguridad y Traslados– fueron informados de que Olivera y De Marchi se habían ido. Al enterarse de la fuga, el titular del SPF, Víctor Hortel, hizo la denuncia ante la Justicia Federal. También abrió sumarios y pasó a disponibilidad a los siete efectivos del SPF involucrados en el traslado.
La noticia también provocó un fuerte impacto en el edificio Libertador. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, dispuso el pase a retiro del general de brigada Marcelo Gutiérrez (director general de Salud del Ejército), de sus dos principales colaboradores (los jefes técnico y operativo de la Dirección, coroneles Carlos Ramos y Eduardo Alemanzor), y de toda la dirección del Hospital Militar, compuesta por el general Juan Carlos Adjigogovic y los coroneles Francisco Gambino y Pedro Osores. La decisión reglamentaria incluyó al responsable de la oficina de ayuda humanitaria del centro asistencial, Eduardo Suárez. En el Ejecutivo relacionaron el escape de Olivera y De Marchi con ciertas prácticas sospechosas que tuvieron lugar en las unidades de las FF AA que alojaron a presos por delitos de lesa humanidad. Los dos antecedentes más claros fueron el ingreso de dos periodistas –el español Ricardo Angoso y el argentino Ceferino Reato– a Campo de Mayo para entrevistar a Jorge Rafael Videla, un hecho que no había sido previamente autorizado y que derivó en el traslado del dictador a Marcos Paz, donde finalmente falleció.
Desde el Ministerio de Justicia explicaron que al existir una orden judicial que ordenaba trasladar a Olivera y De Marchi a Buenos Aires, el SPF no podía objetar la decisión. Sin embargo, el propio Julio Alak sembró dudas y dejó traslucir su desconfianza por el verdadero objetivo del fallo de la Justicia Federal sanjuanina. "Los detenidos presentaban una patología que, dada sus características, ya que no existía riesgo de vida, podrían haber sido asistidos en el lugar donde se encontraban detenidos", advirtió Alak. De todas formas, ya decidió modificar la rutina para que el episodio no vuelva a repetirse: firmó una resolución que ordena al SPF a que se niegue a trasladar al Hospital Militar a cualquier imputado por delitos de lesa humanidad, tanto civil como miembro de las FF AA. La orden consiste en recibir el pedido de un juez, "no hacer lugar" al pedido y apelarlo ante los tribunales superiores. «
contra la complicidad
La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini reclamó que se busque por "cielo y tierra" a los represores prófugos y que se condene a quienes los asistieron en su fuga.
"La complicidad que todavía existe es de terror, igual que el silencio. Son pocos los que hablan de esto. Por eso, hay que buscarlos por cielo y tierra. Y una vez que los encuentren hay que ir por los cómplices, los que los ayudaron a fugarse", aseguró la presidenta de Madres de Plaza de Mayo en diálogo con Infonews.
Hebe se refirió además a la justicia, que "también está complicada. Es necesario ya un proceso de democratización", ya que los jueces muchas veces operan como sostenedores de estas aberraciones.
Por la fuga de dos represores pasan a retiro a siete efectivos del Ejército
La sospecha recae sobre la esposa de Jorge Olivera, condenado a perpetua. La mujer, que es psicóloga en el Hospital Militar, había solicitado el traslado desde San Juan de su marido y del ex teniente Gustavo De Marchi.
Ingresaron al Hospital Militar Central para hacerse un chequeo dermatológico y por una consulta psiquiátrica pero, tres horas después, se esfumaron a pocos metros de sus guardias del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que los esperaban fuera de los consultorios y ya fueron pasados a disponibilidad. Los dos supuestos pacientes, que habían llegado de San Juan por razones médicas, son dos conocidos represores sentenciados a perpetua y 25 años de prisión. Desde la tarde del jueves se convirtieron en los prófugos más buscados del país. Se trata del ex mayor Jorge Olivera, especializado en Inteligencia, también abogado, y del ex teniente primero Gustavo De Marchi, condenados por la justicia hace tres semanas.El gobierno nacional reaccionó con sorpresa, primero, y rápidos de reflejos después, tras comprobar que los dos miembros de los grupos de tareas de la dictadura habían urdido un plan para ser trasladados desde su lugar de detención, en San Juan, y aprovechar presuntas complicidades en el Hospital Militar de la Avenida Luis María Campos. La esposa de Olivera, Marta Noemí Ravasi, quien considera a los represores condenados "presos políticos", se desempeña como psicóloga del mismo Hospital.
Ante esas evidencias, en menos de 24 horas, el Ejecutivo fijó una recompensa de 2 millones de pesos por cada uno de los fugados; presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de la Capital Federal (recayó en el juzgado federal 11 de Claudio Bonadio); solicitó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que prohíba a través de una acordada la atención médica de civiles y militares procesados o condenados por delitos de lesa humanidad en el Hospital Militar de Palermo (ver aparte); envió oficios a todas las policías provinciales y a la Dirección Nacional de Migraciones para que se refuerce la vigilancia de las fronteras; pasó a retiro a los siete oficiales y suboficiales del Ejército del área de Sanidad que tienen responsabilidad en el episodio; y ordenó iniciar una revisión general del estado de salud de todos los presos por delitos de lesa humanidad para impedir que se repitan maniobras como la que permitió la fuga de Olivera y De Marchi.
El jueves por la tarde, cuando el personal del Hospital Militar informó a los efectivos del SPF que los dos reclusos se habían escapado, los penitenciarios dieron aviso a la Policía Federal. Entonces se abrió una denuncia por fuga que está tramitando el titular del Juzgado en lo Correccional Nº 12, Raúl García. Ese magistrado ordenó realizar un allanamiento en las instalaciones del Hospital, revisar si en el predio hay cámaras de vigilancia y secuestrar las grabaciones en el caso de que las haya. En representación del ministerio público, interviene la fiscal María del Carmen Dellarole. El primer dato que llamó la atención de los investigadores fueron los argumentos –bastante endebles– que utilizó la justicia sanjuanina para justificar el traslado a Buenos Aires de Olivera y De Marchi.
Ambos represores estaban detenidos en el penal de Chimbas, del Servicio Penitenciario provincial, desde que fueron condenados por la justicia, a principios de este mes. A Olivera, un hombre que participó en la rebelión carapintada de Aldo Rico y con vínculos en la logia Propaganda Dos (P-2, la logia italiana que supo tener intereses en el IOR, el banco del Vaticano) y que ya estuvo dos veces prófugo, se lo condenó por el secuestro y la desaparición de la modelo francesa y militante de Montoneros Marie Anne Erize. De Marchi fue sentenciado a 25 años de cárcel por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos. Días después de que ambos fueran sentenciados, la esposa de Olivera presentó a la justicia unos certificados médicos como prueba y solicitó que los dos represores –su esposo y De Marchi– fueran trasladados al penal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, para ser tratados por especialistas en dermatología, kinesiología y salud mental en el sector de prácticas ambulatorias del Hospital Militar Central.
El pedido de la psicóloga Ravasi fue inicialmente cursado ante el juez Leopoldo Rago Gallo, titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Juan. Rago Gallo, a quien fuentes del fuero atribuyen cierta amistad con el prófugo ex camarista Otilio Romano, fue uno de los magistrados que suspendió la aplicación de varios artículos de la Ley de Medios a través de una medida cautelar. Según lo que pudo saber Tiempo Argentino, Rago Gallo habría avanzado en la aprobación de la solicitud pero con la llegada de la feria judicial de invierno se fue de vacaciones. El tema pasó entonces a la firma del juez subrogante que lo remplazó durante su ausencia: el titular del otro juzgado federal de la provincia, Miguel Gálvez. El subrogante, finalmente, aprobó el pedido para que Olivera y De Marchi fueran trasladados al pabellón de "lesa humanidad" del complejo penitenciario de Marcos Paz.
En un primer momento circuló la versión de que la fuga se produjo en Marcos Paz. No fue así. La huida tuvo otro escenario: el enorme Hospital Militar Central Cosme Argerich, ubicado en la zona de Las Cañitas, Palermo. Los dos militares condenados llegaron hasta el hospital bajo la custodia de siete penitenciarios a los que el personal del centro de salud hizo esperar fuera del área de consultorios. Tres horas después del ingreso, los miembros del SPF –que pertenecían al sector de Seguridad y Traslados– fueron informados de que Olivera y De Marchi se habían ido. Al enterarse de la fuga, el titular del SPF, Víctor Hortel, hizo la denuncia ante la Justicia Federal. También abrió sumarios y pasó a disponibilidad a los siete efectivos del SPF involucrados en el traslado.
La noticia también provocó un fuerte impacto en el edificio Libertador. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, dispuso el pase a retiro del general de brigada Marcelo Gutiérrez (director general de Salud del Ejército), de sus dos principales colaboradores (los jefes técnico y operativo de la Dirección, coroneles Carlos Ramos y Eduardo Alemanzor), y de toda la dirección del Hospital Militar, compuesta por el general Juan Carlos Adjigogovic y los coroneles Francisco Gambino y Pedro Osores. La decisión reglamentaria incluyó al responsable de la oficina de ayuda humanitaria del centro asistencial, Eduardo Suárez. En el Ejecutivo relacionaron el escape de Olivera y De Marchi con ciertas prácticas sospechosas que tuvieron lugar en las unidades de las FF AA que alojaron a presos por delitos de lesa humanidad. Los dos antecedentes más claros fueron el ingreso de dos periodistas –el español Ricardo Angoso y el argentino Ceferino Reato– a Campo de Mayo para entrevistar a Jorge Rafael Videla, un hecho que no había sido previamente autorizado y que derivó en el traslado del dictador a Marcos Paz, donde finalmente falleció.
Desde el Ministerio de Justicia explicaron que al existir una orden judicial que ordenaba trasladar a Olivera y De Marchi a Buenos Aires, el SPF no podía objetar la decisión. Sin embargo, el propio Julio Alak sembró dudas y dejó traslucir su desconfianza por el verdadero objetivo del fallo de la Justicia Federal sanjuanina. "Los detenidos presentaban una patología que, dada sus características, ya que no existía riesgo de vida, podrían haber sido asistidos en el lugar donde se encontraban detenidos", advirtió Alak. De todas formas, ya decidió modificar la rutina para que el episodio no vuelva a repetirse: firmó una resolución que ordena al SPF a que se niegue a trasladar al Hospital Militar a cualquier imputado por delitos de lesa humanidad, tanto civil como miembro de las FF AA. La orden consiste en recibir el pedido de un juez, "no hacer lugar" al pedido y apelarlo ante los tribunales superiores. «
contra la complicidad
La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini reclamó que se busque por "cielo y tierra" a los represores prófugos y que se condene a quienes los asistieron en su fuga.
"La complicidad que todavía existe es de terror, igual que el silencio. Son pocos los que hablan de esto. Por eso, hay que buscarlos por cielo y tierra. Y una vez que los encuentren hay que ir por los cómplices, los que los ayudaron a fugarse", aseguró la presidenta de Madres de Plaza de Mayo en diálogo con Infonews.
Hebe se refirió además a la justicia, que "también está complicada. Es necesario ya un proceso de democratización", ya que los jueces muchas veces operan como sostenedores de estas aberraciones.
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