GLENN POSTOLSKI, DIRECTOR DE LA CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA UBA
Por Diego Martínez
–En principio significa que aquellos que habíamos militado y planteado que el proceso era legítimo y legal no éramos unos cruzados inquisidores contra la libertad de expresión, sino quienes pensamos la comunicación como un derecho humano fundamental. Eso se ve plasmado en el fallo y por lo tanto es celebratorio. Por otro lado, cuatro años es un período presidencial y esa demora implicó en términos de debate democrático una degradación de los términos en que se discutió, a partir de una confrontación reduccionista y sesgada en torno de Clarín y el Gobierno, cuando esto implicaba una cuestión mucho más trascendente.
–La ley y antes los “21 puntos...” plantearon la adjudicación del 33 por ciento de las licencias a medios sin fines de lucro y sobre 900 licencias de FM adjudicadas desde 2009 sólo 28 fueron a ese tipo de entidades. ¿A qué atribuye esa demora en un punto que no frenó la Justicia?
–Primero caracterizaría la complejidad en torno de cualquier organismo del Estado, históricamente colonizado por un determinado tipo de interés. No hay que olvidar que el Comfer mandaba resoluciones por fax a Clarín antes de que salieran con la firma del interventor o que se habló de un Comfer paralelo que negociaba con las corporaciones. Son costumbres arraigadas y el Estado no construye fácilmente condiciones para dar respuestas rápidas a actores con los que nunca tuvo una dinámica de trabajo. Por otro lado, entiendo que el Gobierno tomó una definición política por la cual la disputa en términos de los fines transformadores de la ley pasaba por una contradicción principal que era desmontar al grupo hegemónico, porque caso contrario cualquier otra iniciativa iba a quedar opacada por la capacidad de Clarín en términos de fijación de agenda. La decisión fue priorizar esa disputa y frente a ella no aplicar el conjunto del articulado. Si fue o no la mejor caracterización, lo evaluarán quienes lo decidieron. Creo que ahora estamos en otro estadío y hay una responsabilidad, en términos estatales, de dar respuesta a la expectativa que generó la ley. Es el momento de avanzar en el plan técnico, en la reserva del 33 por ciento, en el llamado a concursos. La conducción de la Afsca tiene que dar un salto cualitativo en ese aspecto.
–¿Qué otras medidas podría impulsar el Estado para garantizar una mayor pluralidad de voces? La Red Nacional de Medios Alternativos reclama un fondo de promoción y desarrollo para medios comunitarios y exención de gravámenes.
–No sólo eso. La obligatoriedad de los sistemas de cable de incluir señales de organizaciones sociales, todo lo relacionado con la capacitación, promoción y desarrollo... El Estado de alguna manera vino generando condiciones, ahora es el momento de apostar al mediano plazo. Lo mismo con el abono social para sectores vulnerables, la producción de contenidos para público infantil y juvenil, todas estas cosas tienen que tomar mayor dinámica.
–La UBA tiene una radio. ¿Analizan la posibilidad de tener una licencia de televisión?
–La radio es de la universidad, la maneja el rectorado. Creo que tienen una licencia de TV digital, aunque no es un tema que conozca. Si me pregunta como director de Comunicación Social si la carrera debiera en este escenario producir sus contenidos e inclusive tener un medio propio, hoy no tenemos la personería jurídica (la tiene la UBA) pero habría que imaginarse formas de que sea posible. Comunicación tiene 10.000 alumnos y una gran capacidad de producción e incidencia en el entorno metropolitano. Habrá que ver si con el actual presupuesto y con los actuales actores políticos será viable, pero sería una apuesta interesante.
–La ley exige a los nuevos licenciatarios garantizar los puestos de trabajo y se firmó un convenio con ese fin entre el Ministerio de Trabajo, la Afsca y algunos gremios. ¿Se traducirá la ley en algún momento en la creación de nuevos puestos de trabajo?
–La expectativa de incrementar cuantitativamente los medios, la viabilidad a nivel federal, es un proceso que se está dando. Una parte de esta idea de federalización y pluralidad da cuenta de que hay expectativas de que aparezcan nuevas fuentes de trabajo. Lo único que no hay que pensar es que toda aparición va a ser en términos de grandes medios: no van a aparecer canales como Telefe con 200 trabajadores, es otra escala, otra dimensión, pero puestos van a aparecer y de hecho con los concursos de contenidos para TV digital se armaron decenas de cooperativas de productores, guionistas, etcétera.
–La Corte, aunque no era el tema del fallo, planteó la necesidad de pautas claras sobre el reparto de la publicidad oficial. ¿Cuál es su posición?
–Creo que hay un conjunto de regulaciones que hacen a un sistema y ninguna debe estar por fuera de la lógica general. Pienso que habría que fijar criterios que tengan como lógica fomentar el pluralismo de voces y no distribuir pauta según el nivel de venta o el rating de un medio. Debería ser una herramienta que constituya la posibilidad de sustentabilidad de los medios, y ese debate debería darse en el Congreso. También el de una ley de acceso a la información que tenga como objeto no sólo al Estado sino a otros actores, como los grandes medios, para que los ciudadanos puedan decidir en base a información transparente y no al secretismo que manejan grandes grupos económicos.
–¿Cómo imagina el mapa de medios audiovisuales en un lustro? ¿Qué nuevos actores sociales marcarán agenda?
–De acá a cinco años va a ser muy parecido, los cambios en la arena de lo cultural son más a mediano y largo plazo. Creo que no habrá una explosión de medios alternativos como en los ’80, sí experiencias vinculadas a sectores sociales organizados que empiecen a construir contenidos diferentes y que vayan creando un nuevo tipo de audiencia, que hoy es hasta difícil de imaginar. Hay todo un camino por recorrer donde se van a generar nuevos nichos, nuevas audiencias, sujetos particulares vinculados por ejemplo a la vida gremial de los trabajadores. Creo que en ese recorrido se van a poder garantizar contenidos diferentes y proyectos políticos comunicacionales sustentables en el tiempo.
“Es el momento de avanzar”
El decano electo de la Facultad de Ciencias Sociales celebró el fallo de la Corte Suprema y analiza el escenario planteado. Dice que ahora el Estado tiene la responsabilidad de “dar respuesta a la expectativa que generó la ley de medios”.
Por Diego Martínez
“Ahora estamos en otro estadío y hay una responsabilidad en términos estatales de dar respuesta a la expectativa que generó la ley de medios. Es el momento de avanzar en el plan técnico, en la reserva del 33 por ciento a los medios sin fines de lucro, en el llamado a concursos. La conducción de la Afsca tiene que dar un salto cualitativo en ese aspecto.” La reflexión pertenece a Glenn Postolski, especialista en medios, impulsor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, director de la carrera Comunicación Social de la UBA y flamante decano electo de la Facultad de Ciencias Sociales.
–¿Qué significa el fallo de la Corte a cuatro años de la sanción?–En principio significa que aquellos que habíamos militado y planteado que el proceso era legítimo y legal no éramos unos cruzados inquisidores contra la libertad de expresión, sino quienes pensamos la comunicación como un derecho humano fundamental. Eso se ve plasmado en el fallo y por lo tanto es celebratorio. Por otro lado, cuatro años es un período presidencial y esa demora implicó en términos de debate democrático una degradación de los términos en que se discutió, a partir de una confrontación reduccionista y sesgada en torno de Clarín y el Gobierno, cuando esto implicaba una cuestión mucho más trascendente.
–La ley y antes los “21 puntos...” plantearon la adjudicación del 33 por ciento de las licencias a medios sin fines de lucro y sobre 900 licencias de FM adjudicadas desde 2009 sólo 28 fueron a ese tipo de entidades. ¿A qué atribuye esa demora en un punto que no frenó la Justicia?
–Primero caracterizaría la complejidad en torno de cualquier organismo del Estado, históricamente colonizado por un determinado tipo de interés. No hay que olvidar que el Comfer mandaba resoluciones por fax a Clarín antes de que salieran con la firma del interventor o que se habló de un Comfer paralelo que negociaba con las corporaciones. Son costumbres arraigadas y el Estado no construye fácilmente condiciones para dar respuestas rápidas a actores con los que nunca tuvo una dinámica de trabajo. Por otro lado, entiendo que el Gobierno tomó una definición política por la cual la disputa en términos de los fines transformadores de la ley pasaba por una contradicción principal que era desmontar al grupo hegemónico, porque caso contrario cualquier otra iniciativa iba a quedar opacada por la capacidad de Clarín en términos de fijación de agenda. La decisión fue priorizar esa disputa y frente a ella no aplicar el conjunto del articulado. Si fue o no la mejor caracterización, lo evaluarán quienes lo decidieron. Creo que ahora estamos en otro estadío y hay una responsabilidad, en términos estatales, de dar respuesta a la expectativa que generó la ley. Es el momento de avanzar en el plan técnico, en la reserva del 33 por ciento, en el llamado a concursos. La conducción de la Afsca tiene que dar un salto cualitativo en ese aspecto.
–¿Qué otras medidas podría impulsar el Estado para garantizar una mayor pluralidad de voces? La Red Nacional de Medios Alternativos reclama un fondo de promoción y desarrollo para medios comunitarios y exención de gravámenes.
–No sólo eso. La obligatoriedad de los sistemas de cable de incluir señales de organizaciones sociales, todo lo relacionado con la capacitación, promoción y desarrollo... El Estado de alguna manera vino generando condiciones, ahora es el momento de apostar al mediano plazo. Lo mismo con el abono social para sectores vulnerables, la producción de contenidos para público infantil y juvenil, todas estas cosas tienen que tomar mayor dinámica.
–La UBA tiene una radio. ¿Analizan la posibilidad de tener una licencia de televisión?
–La radio es de la universidad, la maneja el rectorado. Creo que tienen una licencia de TV digital, aunque no es un tema que conozca. Si me pregunta como director de Comunicación Social si la carrera debiera en este escenario producir sus contenidos e inclusive tener un medio propio, hoy no tenemos la personería jurídica (la tiene la UBA) pero habría que imaginarse formas de que sea posible. Comunicación tiene 10.000 alumnos y una gran capacidad de producción e incidencia en el entorno metropolitano. Habrá que ver si con el actual presupuesto y con los actuales actores políticos será viable, pero sería una apuesta interesante.
–La ley exige a los nuevos licenciatarios garantizar los puestos de trabajo y se firmó un convenio con ese fin entre el Ministerio de Trabajo, la Afsca y algunos gremios. ¿Se traducirá la ley en algún momento en la creación de nuevos puestos de trabajo?
–La expectativa de incrementar cuantitativamente los medios, la viabilidad a nivel federal, es un proceso que se está dando. Una parte de esta idea de federalización y pluralidad da cuenta de que hay expectativas de que aparezcan nuevas fuentes de trabajo. Lo único que no hay que pensar es que toda aparición va a ser en términos de grandes medios: no van a aparecer canales como Telefe con 200 trabajadores, es otra escala, otra dimensión, pero puestos van a aparecer y de hecho con los concursos de contenidos para TV digital se armaron decenas de cooperativas de productores, guionistas, etcétera.
–La Corte, aunque no era el tema del fallo, planteó la necesidad de pautas claras sobre el reparto de la publicidad oficial. ¿Cuál es su posición?
–Creo que hay un conjunto de regulaciones que hacen a un sistema y ninguna debe estar por fuera de la lógica general. Pienso que habría que fijar criterios que tengan como lógica fomentar el pluralismo de voces y no distribuir pauta según el nivel de venta o el rating de un medio. Debería ser una herramienta que constituya la posibilidad de sustentabilidad de los medios, y ese debate debería darse en el Congreso. También el de una ley de acceso a la información que tenga como objeto no sólo al Estado sino a otros actores, como los grandes medios, para que los ciudadanos puedan decidir en base a información transparente y no al secretismo que manejan grandes grupos económicos.
–¿Cómo imagina el mapa de medios audiovisuales en un lustro? ¿Qué nuevos actores sociales marcarán agenda?
–De acá a cinco años va a ser muy parecido, los cambios en la arena de lo cultural son más a mediano y largo plazo. Creo que no habrá una explosión de medios alternativos como en los ’80, sí experiencias vinculadas a sectores sociales organizados que empiecen a construir contenidos diferentes y que vayan creando un nuevo tipo de audiencia, que hoy es hasta difícil de imaginar. Hay todo un camino por recorrer donde se van a generar nuevos nichos, nuevas audiencias, sujetos particulares vinculados por ejemplo a la vida gremial de los trabajadores. Creo que en ese recorrido se van a poder garantizar contenidos diferentes y proyectos políticos comunicacionales sustentables en el tiempo.
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