la ley de medios segun clarin en su edicion de hoy

El Gobierno busca adecuar de facto al Grupo Clarín

Por Alejandro Alfie

El titular de la AFSCA entregó ayer en la sede del Grupo una notificación de la transferencia forzosa de sus medios. Además, el Gobierno ya dispuso una tasación de sus licencias y de todos sus bienes.

 

Notificación. Sabbatella, titular de la AFSCA, ayer, a su llegada a la sede del Grupo Clarín. “Hoy iniciamos el procedimiento de adecuación de oficio”, advirtió. Para la empresa, es ilegal./DIEGO DIAZ

Notificación. Sabbatella, titular de la AFSCA, ayer, a su llegada a la sede del Grupo Clarín. “Hoy iniciamos el procedimiento de adecuación de oficio”, advirtió. Para la empresa, es ilegal./DIEGO DIAZ

          

El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, protagonizó ayer un show mediático, al entregar la notificación de la transferencia de facto de los medios del Grupo Clarín, en la sede del grupo, con la excusa de que vencieron los plazos para presentar el plan de adecuación voluntario a la ley de medios.
En esa notificación, AFSCA informó que dispuso ayer “la tasación por el Tribunal de Tasaciones de la Nación de las licencias y de los bienes imprescindibles afectados a ellas”. Además estableció que AFSCA aplicará el Reglamento de Transferencia de Oficio, que contempla un mecanismo restrictivo para quienes no presentaron su plan de adecuación voluntaria antes del 7 de diciembre de 2012.
Esto significa que Sabbatella pretende elegir qué medios venderá del Grupo Clarín, por ejemplo, entre Canal 13 y Cablevisión en Buenos Aires; Canal 12 o Cablevisión en Córdoba. También elegirá entre El 13 Satelital, Volver o TN, entre otras señales de contenido audiovisual. Y pretende decidir cuáles serán las 134 ciudades que dejarán de recibir TV por cable e Internet de Cablevisión/Fibertel.
Sabbatella sostuvo que todo el procedimiento para quitarle los medios a Clarín demorará “no menos de seis meses y no más de un año”, según aseguró en La Vuelta de Zloto, por Radio del Plata.
Clarín tiene ahora 15 días para dar los datos sobre los titulares de las licencias de radio, TV y cable, mientras el Tribunal de Tasación fija un valor para cada uno de los medios del grupo. Después vendrían “los concursos, la adjudicación y los nuevos dueños asumiendo la titularidad”, dijo Sabbatella, en la puerta del Grupo Clarín.
La Cámara Federal suspendió el 6 de septiembre la transferencia de oficio que Sabbatella había iniciado en diciembre pasado, ya que todavía regía la medida cautelar que impedía la aplicación de la cláusula de desinversión al Grupo Clarín.
El argumento de Sabbatella sobre los plazos vencidos cae por su propio peso: la ley estuvo suspendida hasta el fallo del martes por lo cual ninguno de los procedimientos de adecuación pudo haber sido puesto en marcha. De hecho, los jueces Raúl Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti reconocieron que la cuestión del plazo podría ser debatida en la justicia.
Además, el propio fallo exige que la aplicación sea igualitaria, con lo cual el Grupo Clarín tiene que tener las mismas alternativas que el resto de los grupos de medios.
Sabbatella adelantó que Clarín “ podría completar el plan de adecuación” que presentó el 5 de diciembre pasado un socio minoritario de Cablevisión, Fintech. “Es una presentación incompleta, que si el Grupo quisiera completarla, nosotros la consideraríamos”, sostuvo Sabbatella; aunque aclaró que como el proceso de transferencia forzada ya se inició, “la viabilidad de continuar esa propuesta se va perdiendo a medida que avance el proceso de adecuación de oficio”.
Cuando se le aclaró que Fintech era socio minoritario de Cablevisión, pero no del resto de los medios del Grupo Clarín, Sabbatella no quiso responder.
El Grupo Clarín dijo que esto es un “grave atropello de AFSCA, tras el fallo de la Corte”. Para Clarín l o que ocurrió ayer es “abiertamente ilegal”, ya que “a menos de 48 horas del fallo de la Corte Suprema, el Gobierno decidió avanzar de facto sobre los medios del Grupo Clarín, al margen de la ley y de lo establecido por el propio fallo”.
Clarín afirmó que, “el desembarco en los medios de Clarín desconoce el fallo de la Corte y ratifica que el gobierno está urgido por avanzar contra las escasas voces independientes que quedan en la Argentina”.
Sabbatella se presentó ayer a las 11.30 en la sede del Grupo Clarín, con el director de AFSCA, Daniel Larrache, dos escribanas y un notificador de la transferencia; quienes fueron recibidos por el abogado de Clarín, Damián Cassino. Otros funcionarios de AFSCA estuvieron en las sedes de Canal 13, Cablevisión y Radio Mitre.
Al salir de la sede, Sabbatella contestó preguntas. A este cronista le dijo que era “falso” lo que publicó sobre el plan de adecuación voluntario que presentó el 7 de octubre el Grupo Moneta, para su grupo de radios, pese a que dicho plan ingresó por Mesa de Entradas de AFSCA y es distinto al que Grupo Moneta presentó originalmente

Diez claves sobre las arbitrariedades ocultas en la “adecuación de oficio”

Con esa formulación, el Gobierno intenta darle marco a una avanzada discrecional que viola múltiples derechos.

               

1 Discrecionalidad Es una adecuación “forzosa”, esto es, el gobierno se arroga el derecho de decidir qué licencias va a quitarle a un grupo y finalmente seleccionar a quién se las va a dar. Esto con una amplia discrecionalidad, que le permite elegir –por ejemplo- los medios que más le molestan para silenciarlos al cambiar de manos.
2 Confiscación de bienes La resolución que regula la adecuación de oficio incluye no sólo las licencias sino los bienes que considera imprescindibles para prestar el servicio y que son propiedad de los actuales licenciatarios. Esto es grave, porque confisca bienes sin ley de expropiación alguna.
3 Plazos políticos El objetivo no es diversificar sino beneficiar a los nuevos titulares. De allí que la resolución establece que el plazo de las licencias traspasadas será de 10 años más otros 10, no por el plazo que se encuentra pendiente.
4 Apropiación de abonados En el caso del cable, a través de la misma infraestructura se dan otros servicios (internet, telefonía, etc) y al vender la licencia con las redes le están confiscando al cable sin pagarle por los abonados de esos otros servicios.
5 Más perjuicios al cable En el caso del cable la licencia es solo una autorización que da el Estado para prestar el servicio, ni siquiera implica el otorgamiento de una frecuencia (como en radio y TV abierta). Además las licencias fueron concedidas en los términos de la ley anterior, que al igual que la actual establece que los bienes afectados al servicio no forman parte de las licencias.
6 Afectación de inversiones multimillonarias Para explotar sus licencias, se realizaron multimillonarias inversiones en tecnología, sistemas, redes de fibra óptica, antenas, cabezales, etc. Todos estos bienes materiales son del dominio privado, están contabilizados en sus libros, fueron adquiridos en condiciones de libre mercado y resultan jurídica y económicamente distintos de las licencias.
7 Atribuciones ilimitadas La resolución le otorga al AFSCA una enorme discrecionalidad para aceptar propuestas de adecuación y determinar qué licencias y bienes deben ser objeto de transferencia de oficio. Incluso la AFSCA se atribuye la facultad de fijar el precio de venta.
Este –el del precio- es otro aspecto esencial no definido por la norma, dejado al libre y discrecional criterio de la AFSCA, que debiera ser controlado por la Justicia, y que, por lo tanto, justifica en la práctica la necesidad de que –como lo exige el artículo 17 de la Constitución Nacional- el desapoderamiento de las licencias no pueda ser efectuado por un simple acto administrativo, sin sentencia fundada en ley, dictada en un proceso judicial.
8 Un tribunal bajo control partidario La tasación de las licencias y los bienes afectados a ellas las hace el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Es decir, un organismo administrativo controlado por el partido gobernante y no un tercero imparcial. Y tampoco la intervención de un órgano judicial donde se garantice el derecho de defensa de su titular. En la anterior Resolución era el Colegio Profesional respectivo (de contadores, de Ingenieros, etc) quien iba a fijar el valor de las licencias. Esto viola el artículo 17 de la Constitución Nacional, que expresamente establece que “la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley”.
9 La selección de licencias La transferencia de oficio se dispondrá respecto de las licencias de menor valor hasta conformar la adecuación (artículo 2 del Reglamento), es decir esto va a implicar que en tanto la licencia de cable vale más que un canal abierto y que las señales por los ingresos que genera será la AFSCA bajo este pretexto quien seleccionará que las licencias que deben ser transferidas son Canal 13, TN, es decir las voces críticas que le molestan al gobierno.
10 Ausencia de parámetros objetivos La aceptación de las ofertas que se realicen por las licencias no está sujeta a parámetro o condición objetiva alguna, sino que depende del puro arbitrio de la AFSCA, lo que deja un amplio espacio para la adopción de decisiones discrecionales que, como tales, deben contar con un suficiente control judicial. Incluso mediante el procedimiento de doble sobre (art. 14 permite descartar oferentes, lo que posibilita que las ofertas luego sean bajas).

Para el Grupo Clarín, “es un grave atropello”

                      

Tras el paso del titular de la AFSCA Martín Sabbatella por la sede del Grupo Clarín y de funcionarios del organismo por los edificios de Canal 13, TN y Radio Mitre, las autoridades del grupo emitieron el siguiente comunicado:
A menos de 48 horas del fallo de la Corte Suprema, el Gobierno decidió avanzar de facto sobre los medios del Grupo Clarín, al margen de la ley y de lo establecido por el propio fallo.

El titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, se presentó en la sede del Grupo Clarín para llevar adelante un procedimiento de oficio y forzoso, cuando esto es abiertamente ilegal. Funcionarios de la AFSCA hicieron lo propio en las sedes de Canal 13, TN y Radio Mitre.

Como hemos reiterado, de ninguna manera puede aplicársele este procedimiento al Grupo Clarín, ya que las normas de adecuación estuvieron totalmente suspendidas para la compañía a raíz de la medida cautelar.

Por otra parte, la nulidad de este procedimiento ha sido expresamente reconocida por la Justicia en un fallo de la Cámara Federal del mes de junio pasado, que rechazó la validez de la “adecuación de oficio” en el caso del Grupo Clarín.

Además, según dejó claramente establecido el fallo de la Corte, deben regir para el Grupo Clarín las mismas condiciones, alternativas y posibilidades que tuvieron el resto de los grupos de medios.

El desembarco de hoy en los medios del Grupo Clarín desconoce el fallo de la Corte y ratifica que el gobierno está urgido por avanzar contra las escasas voces independientes que quedan en la Argentina

Periodistas argentinos denuncian en la OEA presiones y amenazas

Será hoy y estarán Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá, entre otros. Asistirán dos funcionarios para defender la posición del Gobierno. Se expondrán actos de espionaje telefónico, amenazas e intimidaciones contra la prensa.          

Por la tarde se presentan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en Washington, dos de los más prestigiosos periodistas argentinos junto a dos funcionarios del gobierno nacional que expondrán las diferentes posiciones sobre la situación de la libertad de prensa en el país.

Magdalena Ruíz Guiñazú y Joaquín Morales Solá representarán a un grupo de destacados periodistas que en agosto pasado solicitaron la audiencia para denunciar una serie de episodios que afectan a la libertad de expresión. Su presentación estará centrada en las “presiones e intimidaciones” que sufrieron por expresar opiniones críticas a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, el espionaje a las comunicaciones telefónicas y de correos electrónicos y las amenazas públicas y privadas.

Para defender la posición del gobierno estarán presentes el director general de Derechos Humanos de la Cancillería, Federico Villegas Beltrán y funcionarios de la dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La audiencia será presidida por Catalina Botero, la relatora de libertad de expresión de la CIDH.
Al solicitar la habilitación del panel de discusión, Ruiz Guiñazú y Morales Solá, junto a los colegas Nelson Castro, Luis Majul, Alfredo Leuco, Mariano Obarrio y José "Pepe" Eliaschev advirtieron que se vienen registrando "distintas acciones adoptadas por el Estado argentino que implican serios retrocesos en la vigencia del derecho de libertad de expresión". Y remarcaron que "sólo el diligente actuar de ese organismo podrá poner límite a las condiciones de creciente hostilidad impulsadas por las autoridades gubernamentales nacionales, que afectan seriamente el ejercicio del periodismo independiente".

Los periodistas mencionan que “todos nosotros hemos recibido durante estos años presiones e intimidaciones por la expresión de nuestras opiniones”. Y agregan que “esos ataques recrudecen y se multiplican, a través de distintos canales de comunicación al público”, llegando inclusive desde organismos de gobierno y funcionarios a tildar “a los periodistas independientes de ‘sicarios’, ‘infundidores de odio’, ‘golpistas’, entre otros calificativos tendientes a desacreditar la información que se publica”.

En esa nota, los siete periodistas sostienen que “la injuria y la imputación de delitos proferidos por la máxima autoridad de un país contra diversos periodistas, transmitidos a través de canales de comunicación oficial, afectan la libertad que requiere el ejercicio del oficio periodístico”.

La audiencia que está prevista para las 15 de hoy de Washington, las 16 de Argentina, se enmarca en el 149 período de sesiones de la Comisión, que es un ente de consulta de la Organización de Estados Americanos (OEA). Cada uno de los expositores tendrá 20 minutos para presentar sus alegatos. La audiencia podrá ser seguida en vivo por un webcast al que se puede acceder desde la página www.cidh.org.

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