España dice que expropiación de YPF le sirve a los políticos más que a la gente
La vicepresidente del Gobierno de Rajoy considera que la decisión tomada por CFK es un golpe de efecto cortoplacista que a largo plazo perjudica a los ciudadanos. Habla de dificultades en la relación España-América latina.
Por Ariel Cohen *
España cree que la decisión de la Argentina de expropiar las acciones de Repsol en YPF pueden beneficiar más a los intereses de algunos políticos que a los ciudadanos del país, según lo manifestó hoy la vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
La funcionaria expuso en un seminario sobre América latina acerca de la relación bilateral, donde fue consultada por la prensa argentina sobre “cómo sigue la relación bilateral y qué medidas piensa tomar el gobierno español” después de una primera reacción de dureza. Al respecto, dijo que le preocupan “aquellas decisiones que en el corto plazo `pueden vender muy bien` pero que en el medio y largo plazo perjudican a sus ciudadanos”.
También aludió a la “senda de incumplimientos, conocidos por los organismos de arbitraje y los países, que contribuyen a la desconfianza” y alejan la inversión de los países.
Cuando fue consultada, la vocera del gobierno de Mariano Rajoy respondió extensamente: “A lo largo de mi intervención no he eludido que existen dificultades puntuales (en la relación entre España y América latina), y se tienen que afrontar. Estamos hablando de un asunto bilateral, porque el conjunto de la región, porque lo pude comprobar en la reunión de ministros de Presidencia que hemos tenido en la Moncloa, existen excelente convicción de crecer, generar empleo, en nuevos áreas, turismo, infraestructura, en que España puede aportar su experiencia. Estuvimos de acuerdo los estados, y estuvo presente en la declaración final, que la seguridad jurídica es un elemento fundamental”.
Sáenz de Santamaría agregó que, “dentro del respeto a los ordenamientos judiciales, permítame darle una visión que nunca se ha dado. Y es que todos los gobiernos tenemos la obligación de velar por nuestros ciudadanos. Y creo que algunas decisiones que se adoptan por los gobiernos no piensan en los beneficios económicos y sociales que comportan las inversiones y que pueden ser de ayuda a la generación de asistencia”.
La funcionaria, que maneja dentro del Ejecutivo la vocería, las relaciones exteriores y los servicios de inteligencia, continuó: “A mi me preocupan mucho aquellos gobiernos que toman determinadas decisiones que en el corto plazo “pueden vender muy bien” pero que en ese corto y medio y largo plazo a quienes están perjudicando es a sus ciudadanos. Porque de una senda de incumplimientos que son conocidos por los órganos multinacionales de arbitraje y por los diferentes estados, de esa desconfianza, al final se retrae el crecimiento, se retrae la inversión”.
Volviendo al enfoque de su gobierno acerca del conflicto, la funcionaria agregó: “Y junto a las primeras decisiones que tomo el gobierno español, que también tenemos que apoyar a las empresas, es que nosotros también políticamente creemos que el beneficio mayor para los ciudadanos de un estado es mover ese marco mayor de libertad económica, de un terreno de seguridad jurídica, claro que las empresas cumplan con sus planes de inversiones y que redunden en beneficio de todos”.
La funcionaria añadió de inmediato. “Y yo la pregunta que me haría es: ¿decisiones de esta naturaleza sirven al interés de los ciudadanos más que a los intereses de algunos políticos? Sinceramente, no”.
En consecuencia, consideró la vicepresidenta del Gobierno que “lo que favorece es la inversión, porque la inversión es creación de empleo, el empleo es mantenimiento del estado de bienestar, es mejora de los servicios y eso creo que tiene que deber llamarnos a la reflexión. Los estados que han logrado a través de sus propias inversiones fortalecer a sus clases medias, son estados que crecen y que reparten las riquezas entre todos”, concluyó.
* Secretario de redacción de diario Perfil, enviado especial a Santander, España
DUPLA. Soraya Sáenz de Santamaría y Mariano Rajoy, vicepresidente y presidente del Gobierno español, respectivamente. Foto: AFP
España cree que la decisión de la Argentina de expropiar las acciones de Repsol en YPF pueden beneficiar más a los intereses de algunos políticos que a los ciudadanos del país, según lo manifestó hoy la vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
La funcionaria expuso en un seminario sobre América latina acerca de la relación bilateral, donde fue consultada por la prensa argentina sobre “cómo sigue la relación bilateral y qué medidas piensa tomar el gobierno español” después de una primera reacción de dureza. Al respecto, dijo que le preocupan “aquellas decisiones que en el corto plazo `pueden vender muy bien` pero que en el medio y largo plazo perjudican a sus ciudadanos”.
También aludió a la “senda de incumplimientos, conocidos por los organismos de arbitraje y los países, que contribuyen a la desconfianza” y alejan la inversión de los países.
Cuando fue consultada, la vocera del gobierno de Mariano Rajoy respondió extensamente: “A lo largo de mi intervención no he eludido que existen dificultades puntuales (en la relación entre España y América latina), y se tienen que afrontar. Estamos hablando de un asunto bilateral, porque el conjunto de la región, porque lo pude comprobar en la reunión de ministros de Presidencia que hemos tenido en la Moncloa, existen excelente convicción de crecer, generar empleo, en nuevos áreas, turismo, infraestructura, en que España puede aportar su experiencia. Estuvimos de acuerdo los estados, y estuvo presente en la declaración final, que la seguridad jurídica es un elemento fundamental”.
Sáenz de Santamaría agregó que, “dentro del respeto a los ordenamientos judiciales, permítame darle una visión que nunca se ha dado. Y es que todos los gobiernos tenemos la obligación de velar por nuestros ciudadanos. Y creo que algunas decisiones que se adoptan por los gobiernos no piensan en los beneficios económicos y sociales que comportan las inversiones y que pueden ser de ayuda a la generación de asistencia”.
La funcionaria, que maneja dentro del Ejecutivo la vocería, las relaciones exteriores y los servicios de inteligencia, continuó: “A mi me preocupan mucho aquellos gobiernos que toman determinadas decisiones que en el corto plazo “pueden vender muy bien” pero que en ese corto y medio y largo plazo a quienes están perjudicando es a sus ciudadanos. Porque de una senda de incumplimientos que son conocidos por los órganos multinacionales de arbitraje y por los diferentes estados, de esa desconfianza, al final se retrae el crecimiento, se retrae la inversión”.
Volviendo al enfoque de su gobierno acerca del conflicto, la funcionaria agregó: “Y junto a las primeras decisiones que tomo el gobierno español, que también tenemos que apoyar a las empresas, es que nosotros también políticamente creemos que el beneficio mayor para los ciudadanos de un estado es mover ese marco mayor de libertad económica, de un terreno de seguridad jurídica, claro que las empresas cumplan con sus planes de inversiones y que redunden en beneficio de todos”.
La funcionaria añadió de inmediato. “Y yo la pregunta que me haría es: ¿decisiones de esta naturaleza sirven al interés de los ciudadanos más que a los intereses de algunos políticos? Sinceramente, no”.
En consecuencia, consideró la vicepresidenta del Gobierno que “lo que favorece es la inversión, porque la inversión es creación de empleo, el empleo es mantenimiento del estado de bienestar, es mejora de los servicios y eso creo que tiene que deber llamarnos a la reflexión. Los estados que han logrado a través de sus propias inversiones fortalecer a sus clases medias, son estados que crecen y que reparten las riquezas entre todos”, concluyó.
* Secretario de redacción de diario Perfil, enviado especial a Santander, España
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