PANORAMA POLITICO
Por Julián Bruschtein
La participación del CELS y otras instituciones, o las cartas de la Corte y los camaristas, demostraron que había flancos para debatir y enriquecer y hasta negociar. Temas como la regulación de las cautelares necesitaban ser más puntualizados y discutidos desde un lugar diferente al rechazo frontal que planteó la oposición. Pero es imposible discutir con un altavoz ensordecedor que augura las hogueras de un Poder Judicial sometido o las oscuridades de una dictadura constitucional y toda otra sarta de pestes bíblicas que serían provocados por los seis proyectos de ley de la reforma judicial.
Si se lo ve en perspectiva, ningún sector de la oposición mostró interés real para intervenir en la discusión porque estuvo planteado todo el tiempo como un problema de poder, y no de ética o integridad republicana, aunque el discurso transcurriera por esos andariveles. Se evitó el debate sin asistir a las comisiones parlamentarias, sin dar quórum en el recinto y sin generar propuestas alternativas. En cambio, se pensó desde el primer momento en buscar un escenario donde las relaciones de poder le fueran más favorables. El debate en la sociedad o en el Congreso sólo fue utilizado para generar antecedentes que pudieran incidir más tarde en el escenario judicial. La idea de judicializar la reforma judicial estuvo desde el principio, fue el trasfondo de toda la estrategia. Mucho antes de encararla se descartó la etapa parlamentaria y todas las acciones se pusieron en función de desacreditarla para una posterior presentación judicial ante jueces favorables, como se hizo con la ley de medios.
La ley de medios impregna este debate en el oficialismo y en la oposición. El antecedente de las cautelares que frenaron la aplicación de esa norma durante cuatro años fue decisivo para que el Gobierno lanzara la reforma judicial. Usando jueces amigos e influencias, la oposición y, más específicamente, lo que se podría denominar como la derecha del radicalismo, pudo frenar en la Justicia durante cuatro años una ley antimonopólica que había sido legítimamente aprobada por el Congreso. Desde la política se intervino de esa forma en el Poder Judicial para respaldar los intereses y el accionar de la corporación monopólica afectada.
Instrumentar el Poder Judicial como barrera del Legislativo y usarlo para bloquear leyes que han sido aprobadas por los representantes del pueblo no tiene calidad democrática ni republicana. Y todo ese proceso se enturbia más, se hace más sospechoso, porque en el destino que tenga una norma como la ley de medios se ponen en juego fortunas inmensas y porque la principal empresa involucrada, el Grupo Clarín, puede ser un respaldo invaluable para cualquier aspiración política. Este sector del radicalismo utilizó su influencia sobre jueces y consejeros de la Magistratura para frenar concursos, colocar jueces subrogantes amigos y lograr decisiones favorables al multimedio. Defender a los monopolios o a las corporaciones no es hacer “contramayoría”.
Con ese bagaje, la oposición en bloque eligió ahora la misma estrategia para frenar el paquete de la reforma judicial. Pero al hacerlo reafirmó la necesidad imperiosa de esa reforma porque las decisiones políticas se deciden en la política. Si hubieran aceptado el debate, si hubieran planteado sus oposiciones y recelos, si hubieran votado y finalmente si hubieran aceptado el resultado, no hubieran eliminado esa distancia que tanto reclaman entre la política partidaria y la Justicia. De esta manera son ellos los que desprecian lo que supuestamente le exigen airadamente al oficialismo que respete.
La propuesta del oficialismo para que los consejeros sean elegidos por el voto popular limita el poder de las asociaciones de jueces y abogados que hasta ahora eran las encargadas de hacerlo. Para evitar el poder desequilibrante de ambas corporaciones, son pocos los países en el mundo donde éstas eligen directamente a sus consejeros. En la gran mayoría, como España o Francia, eligen listas para presentar al Congreso, quien descarta una parte y toma la decisión final. En España, los 20 consejeros deben ser abogados y jueces. En Francia, sólo una minoría proviene de esos ámbitos. Y en muchos países, como Estados Unidos, los jueces son elegidos en forma directa en elecciones generales. Y en algunos estados de ese país, las elecciones de jueces coinciden con las elecciones presidenciales o legislativas. En ninguno de esos países, con modalidades tan distintas, el Poder Judicial ha perdido independencia per se, como no la pierde el Legislativo aunque sus integrantes sean elegidos junto con los miembros del Ejecutivo. La propuesta del oficialismo es intermedia, en vez de ser confirmados por los representantes del pueblo en el Congreso, los consejeros son confirmados por el pueblo en forma directa. El sistema se acerca un poco al de España o Francia e incluso al de Estados Unidos, aunque todavía está muy lejos de elegir jueces con el voto popular. El funcionamiento de la Justicia en estos países demuestra que el criterio de “idoneidad” no sólo está garantizado por las corporaciones.
Sobre los requerimientos de las votaciones en la Magistratura, la propuesta oficialista mantiene las mayorías especiales (dos tercios) para decidir el juicio político a un juez, como sucede en la actualidad. Es decir que el oficialismo circunstancial no podrá tomar esa decisión por sí solo. La oposición usó esa posibilidad falseada para rasgarse las vestiduras porque supuestamente los jueces quedarían al arbitrio de cualquier oficialismo. En la propuesta oficial ningún oficialismo por sí solo puede enjuiciar a ningún juez.
A pesar de que hay modelos en países europeos e incluso en los Estados Unidos mucho más radicales en cuanto a los límites que le ponen a las corporaciones y a pesar de que el proyecto no dice en ningún momento que los oficialismos podrán juzgar a los jueces que les parezca, desde la oposición se escucharon palabras como “infames traidores a la patria”, “muerte de la República” o “dictadura constitucional”. Se persiguió y amenazó a diputados para que voten en contra, se denunciaron pactos imaginarios entre el Gobierno y la Corte. Se escucharon muchos gritos, reacciones violentas y desencajadas. Pero nada fue en serio, como la Carpa por la Independencia de la Justicia, donde tuvo que quedarse a pasar la noche una chica sola que ingenuamente había ido nada más que para poner su firma. Se buscó cualquier excusa, como el fallo del botón del voto de dos diputados, para armar grescas miserables y escandalosas como Pansa arrojando la botella y escondiéndose cobardemente para que no lo vean, o la diputada Graciela Camaño actuando un ataque violento de histeria.
Es difícil asegurar que todo ese circo fue guionado, pero en todo caso fue funcional a la estrategia que siguió la oposición. El clima escandaloso y el esfuerzo por desacreditar el debate parlamentario serán parte seguramente del escenario que presenten las corporaciones cuando judicialicen la reforma judicial y demuestren nuevamente la necesidad de la reforma que quieren rechazar.
Botellazo
Por Julián Bruschtein
El botellazo a Agustín Rossi no fue solamente una animalada del diputado Sergio Pansa, sino la culminación lógica de la estrategia que eligió la oposición para envenenar el debate a la espera de su judicialización. La vociferación, el desprecio sobreactuado y el discurso apocalíptico fueron inmediatos, como si les hubieran pisado un callo. Sin embargo, la propuesta oficialista se asemeja a otros modelos en vigencia en países democráticos. Hubo una desproporción manifiesta entre los proyectos y la reacción de la oposición, que descartó de esa manera cualquier vía de discusión parlamentaria pensando en frenar los proyectos en la Justicia. Al descartar la acción parlamentaria y pensar en la vía judicial, la oposición le daba así razón al Gobierno, que plantea la necesidad de una reforma judicial para evitar que se use a la Justicia como una coartada de la política.
Podrían haber elegido otro camino: afrontar el debate, proponer cambios o alternativas. Seguramente igual hubieran perdido la votación, pero el anuncio del infierno inminente no les ganó un solo voto en el recinto y en la sociedad tampoco. Hasta es posible que empujara a algún voto dudoso hacia el oficialismo, en algunos casos para dar quórum y en otros para acompañar los proyectos. A pesar del poderoso dispositivo mediático que respaldó la actuación opositora, los pocos cientos de personas que siguieron las intervenciones de los diputados desde la calle fueron una evidencia de que no habían logrado enganchar a una masa crítica, a un núcleo social con la suficiente densidad. Incluso en el 18-A, el tema había sido introducido por los medios y los políticos en una masa cuyas preocupaciones siguen pasando por otros rumbos, como la inseguridad y el dólar.La participación del CELS y otras instituciones, o las cartas de la Corte y los camaristas, demostraron que había flancos para debatir y enriquecer y hasta negociar. Temas como la regulación de las cautelares necesitaban ser más puntualizados y discutidos desde un lugar diferente al rechazo frontal que planteó la oposición. Pero es imposible discutir con un altavoz ensordecedor que augura las hogueras de un Poder Judicial sometido o las oscuridades de una dictadura constitucional y toda otra sarta de pestes bíblicas que serían provocados por los seis proyectos de ley de la reforma judicial.
Si se lo ve en perspectiva, ningún sector de la oposición mostró interés real para intervenir en la discusión porque estuvo planteado todo el tiempo como un problema de poder, y no de ética o integridad republicana, aunque el discurso transcurriera por esos andariveles. Se evitó el debate sin asistir a las comisiones parlamentarias, sin dar quórum en el recinto y sin generar propuestas alternativas. En cambio, se pensó desde el primer momento en buscar un escenario donde las relaciones de poder le fueran más favorables. El debate en la sociedad o en el Congreso sólo fue utilizado para generar antecedentes que pudieran incidir más tarde en el escenario judicial. La idea de judicializar la reforma judicial estuvo desde el principio, fue el trasfondo de toda la estrategia. Mucho antes de encararla se descartó la etapa parlamentaria y todas las acciones se pusieron en función de desacreditarla para una posterior presentación judicial ante jueces favorables, como se hizo con la ley de medios.
La ley de medios impregna este debate en el oficialismo y en la oposición. El antecedente de las cautelares que frenaron la aplicación de esa norma durante cuatro años fue decisivo para que el Gobierno lanzara la reforma judicial. Usando jueces amigos e influencias, la oposición y, más específicamente, lo que se podría denominar como la derecha del radicalismo, pudo frenar en la Justicia durante cuatro años una ley antimonopólica que había sido legítimamente aprobada por el Congreso. Desde la política se intervino de esa forma en el Poder Judicial para respaldar los intereses y el accionar de la corporación monopólica afectada.
Instrumentar el Poder Judicial como barrera del Legislativo y usarlo para bloquear leyes que han sido aprobadas por los representantes del pueblo no tiene calidad democrática ni republicana. Y todo ese proceso se enturbia más, se hace más sospechoso, porque en el destino que tenga una norma como la ley de medios se ponen en juego fortunas inmensas y porque la principal empresa involucrada, el Grupo Clarín, puede ser un respaldo invaluable para cualquier aspiración política. Este sector del radicalismo utilizó su influencia sobre jueces y consejeros de la Magistratura para frenar concursos, colocar jueces subrogantes amigos y lograr decisiones favorables al multimedio. Defender a los monopolios o a las corporaciones no es hacer “contramayoría”.
Con ese bagaje, la oposición en bloque eligió ahora la misma estrategia para frenar el paquete de la reforma judicial. Pero al hacerlo reafirmó la necesidad imperiosa de esa reforma porque las decisiones políticas se deciden en la política. Si hubieran aceptado el debate, si hubieran planteado sus oposiciones y recelos, si hubieran votado y finalmente si hubieran aceptado el resultado, no hubieran eliminado esa distancia que tanto reclaman entre la política partidaria y la Justicia. De esta manera son ellos los que desprecian lo que supuestamente le exigen airadamente al oficialismo que respete.
La propuesta del oficialismo para que los consejeros sean elegidos por el voto popular limita el poder de las asociaciones de jueces y abogados que hasta ahora eran las encargadas de hacerlo. Para evitar el poder desequilibrante de ambas corporaciones, son pocos los países en el mundo donde éstas eligen directamente a sus consejeros. En la gran mayoría, como España o Francia, eligen listas para presentar al Congreso, quien descarta una parte y toma la decisión final. En España, los 20 consejeros deben ser abogados y jueces. En Francia, sólo una minoría proviene de esos ámbitos. Y en muchos países, como Estados Unidos, los jueces son elegidos en forma directa en elecciones generales. Y en algunos estados de ese país, las elecciones de jueces coinciden con las elecciones presidenciales o legislativas. En ninguno de esos países, con modalidades tan distintas, el Poder Judicial ha perdido independencia per se, como no la pierde el Legislativo aunque sus integrantes sean elegidos junto con los miembros del Ejecutivo. La propuesta del oficialismo es intermedia, en vez de ser confirmados por los representantes del pueblo en el Congreso, los consejeros son confirmados por el pueblo en forma directa. El sistema se acerca un poco al de España o Francia e incluso al de Estados Unidos, aunque todavía está muy lejos de elegir jueces con el voto popular. El funcionamiento de la Justicia en estos países demuestra que el criterio de “idoneidad” no sólo está garantizado por las corporaciones.
Sobre los requerimientos de las votaciones en la Magistratura, la propuesta oficialista mantiene las mayorías especiales (dos tercios) para decidir el juicio político a un juez, como sucede en la actualidad. Es decir que el oficialismo circunstancial no podrá tomar esa decisión por sí solo. La oposición usó esa posibilidad falseada para rasgarse las vestiduras porque supuestamente los jueces quedarían al arbitrio de cualquier oficialismo. En la propuesta oficial ningún oficialismo por sí solo puede enjuiciar a ningún juez.
A pesar de que hay modelos en países europeos e incluso en los Estados Unidos mucho más radicales en cuanto a los límites que le ponen a las corporaciones y a pesar de que el proyecto no dice en ningún momento que los oficialismos podrán juzgar a los jueces que les parezca, desde la oposición se escucharon palabras como “infames traidores a la patria”, “muerte de la República” o “dictadura constitucional”. Se persiguió y amenazó a diputados para que voten en contra, se denunciaron pactos imaginarios entre el Gobierno y la Corte. Se escucharon muchos gritos, reacciones violentas y desencajadas. Pero nada fue en serio, como la Carpa por la Independencia de la Justicia, donde tuvo que quedarse a pasar la noche una chica sola que ingenuamente había ido nada más que para poner su firma. Se buscó cualquier excusa, como el fallo del botón del voto de dos diputados, para armar grescas miserables y escandalosas como Pansa arrojando la botella y escondiéndose cobardemente para que no lo vean, o la diputada Graciela Camaño actuando un ataque violento de histeria.
Es difícil asegurar que todo ese circo fue guionado, pero en todo caso fue funcional a la estrategia que siguió la oposición. El clima escandaloso y el esfuerzo por desacreditar el debate parlamentario serán parte seguramente del escenario que presenten las corporaciones cuando judicialicen la reforma judicial y demuestren nuevamente la necesidad de la reforma que quieren rechazar.
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