OPINION | POR LUIS NOVARESIO
El impactante escándalo de un jefe de Policía procesado por narcotráfico ha hecho temblar toda la historia del socialismo en el ejercicio de los gobiernos y aún no se divisan claramente las consecuencias finales. El prolijo juez Carlos Vera Barros sentenció que hay prueba suficiente para encontrar a Hugo Tognoli sospechado de tráfico agravado de estupefacientes, con una pena en expectativa de hasta 20 años. Había que escuchar en su despacho, cuentan algunos empleados, a la joven fiscal de la causa sorprenderse por el material probatorio reunido hasta ahora, que no sólo se detiene en el personal uniformado. La salida de Marcos Escajadillo de la Secretaría de Seguridad (en un típico pero no menos irritante enroque de reciclamiento de los hombres y mujeres del partido de la rosa) es un síntoma de haber comprendido lo que se advierte en los pasillos del Tribunal Federal. Habría videos y grabaciones alarmantes.
Bonfatti fue ministro Coordinador y de Gobierno de Binner. No podía no saber que su anterior jefe decidió cambiar el modo de gobernar la Policía. Algunos creen que se actuó en forma demasiado teórica, apelando a conocidos expertos de la Universidad sin ningún contacto con la realidad policial del día a día. Otros, a cuatro años vista, diagnostican impericia y demasiada soberbia para dejar librado a la ley de la calle policial la fuerza de seguridad. Un ex jefe máximo de los uniformados confiesa en off: “Hasta (Roberto) Rosúa los muchachos tuvieron marcada la cancha. Luego se respetaron las normas aunque él no estuviera. Con los socialistas fue tierra de nadie. Y ya se sabe que a río revuelto ganancia de los más fuertes”.
Es cierto que la ingobernabilidad policial no es un mal que sólo aqueja a Santa Fe. Basta darse una vuelta, para citar sólo dos ejemplos, por la maldita Policía Bonaerense o por la inclasificable fuerza salteña, que puede montar escenarios truchos de crímenes de extranjeras o hacer la vista gorda a pistas de aire y tierra del narcotráfico. Eso, sin embargo, no excusa. Bonfatti quiso empezar a meter mano apelando a su notoria capacidad de diálogo, escucha y mejor muñeca que su antecesor pero ya fue tarde.
La responsabilidad por el caso Tognoli es enteramente provincial. Es pueril que se reclame al gobierno nacional por haberlos dejado solos en la parada. Primero, porque habla de una ausencia de contactos propios de la política que les advirtiera de los pasos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y luego, porque enojarse públicamente de la falta de aviso de la Nación por lo que se investigaba es no conocer o jugar a los distraídos con la esencia del kirchnerismo que va, siempre, por todo. Mientras el jefe de los socialistas actúa tibiamente a dos aguas declamando oposición y votando, siempre, en los temas centrales para ser funcionales a los K, los mandamases de la Casa Rosada adoran vomitar a los tibios. Y tienen el poder y la paciencia para hacerlo.
Es justo también puntualizar que fue una sobreactuación de los legisladores nacionales del PJ el portazo dado en la reunión convocada el viernes por el gobernador so pretexto de que no podían entrar los medios de prensa. ¿Ingresan los periodistas a los encuentros entre la presidenta y el jefe del bloque de diputados nacionales? ¿Hay medios que pueden preguntar o al menos presenciar las reuniones del jefe de Gabinete Abal Medina con sus aliados políticos? Sería importante que ellos en público ratificaran la convicción de la continuidad institucional en Santa Fe, como lo reclaman cada vez que el gobierno nacional atraviesa un problema. No todos los diputados, de hecho, lo hacen ni siquiera en privado. Eso es gravísimo.
Palabra de Dios
El devaneo político cuenta con una inmensa cantidad de palabras y escasas concreciones. El desembozado aprovechamiento político de uno y otro sector aleja el caso Tognoli de lo que espera el ciudadano común de Santa Fe: que alguien se ocupe de combatir el narcotráfico que mata con la acción de los narcóticos y con la onda expansiva de la inseguridad que habilita, por ejemplo, a un sicario en plena calle a descerrajar siete tiros a un automovilista a 20 cuadras de la Bolsa de Comercio. Por eso es otra vez esclarecedor leer al sacerdote católico Claudio Castricone, que en pocas líneas puede decir mucho más que los funcionarios responsables en todos estos días. Cura que trabaja en las villas, radicado por un largo tiempo en misiones indígenas de Formosa, escribe un mail que me atrevo a reproducir.
“Conozco muy bien la ruta 11. Hay muchos controles policiales y de Gendarmería en esta ruta. Viniendo desde Formosa a Rosario hay uno de la Policía formoseña a la salida de la ciudad de Formosa, uno de Gendarmería en Tatané y otro más en Mansilla; al entrar en Chaco hay un control de la Policía local, y después puestos de Gendarmería en El Lapachito y en Basail, y antes del límite con Santa Fe otro de la Policía chaqueña; también suele haber un destacamento móvil en la rotonda de Resistencia. Al entrar en la provincia de Santa Fe ya no hay más controles. Antes del retiro de la Gendarmería solía haber algún destacamento móvil en San Justo o en Recreo, y por ahí hay un control policial en la autopista Rosario-Santa Fe al llegar a la Circunvalación. Y esto en los gobiernos de Reutemann, Obeid, Binner y Bonfatti. ¿No es Santa Fe una provincia “liberada”?”.
Y se sigue preguntando el padre Castricone: “¿Le interesa al gobierno de la provincia de Santa Fe combatir el narcotráfico si no hace controles policiales en las rutas que atraviesan nuestra provincia? ¿Le interesa al gobierno de la Nación combatir el narcotráfico si se lleva a los gendarmes de la provincia de Santa Fe? ¿No hay una gran parte de la sociedad santafesina que sospecha que los oficiales policías quieren llegar a ser jefes de una comisaría importante por los beneficios que pueden obtener? ¿No hay una gran parte de la sociedad santafesina que cree que los comisarios deben rendir cuentas económicas a sus superiores? ¿No hay una gran parte de la sociedad santafesina que piensa que esa caja termina en el poder político?”.
“Pero la droga no sólo tiene la cara del que vende la droga. La otra cara es la del que la consume. ¿Qué ayuda da el Estado al que ya cayó en la droga? ¿Qué se hace para sanarlo de esa enfermedad? ¿Cuánto del presupuesto se invierte en recuperar a los adictos? ¿Qué cantidad y calidad de recursos humanos se destina a esto?”.
“Conozco bastante el mundo carcelario, la mayoría de los presos están ahí por culpa de la droga y no veo que el Estado haga gran cosa para rehabilitarlos de esta enfermedad mientras están detenidos. ¿No hay muchos que creen que hay miembros del Servicio Penitenciario que les venden los estupefacientes a los presos? ¿No hay muchos que sospechan que el Servicio Penitenciario permite que los familiares de los presos entren droga a las cárceles para que los muchachos se queden tranquilos? ¿La gran respuesta que quieren dar nuestros legisladores nacionales al tema de la drogadicción es la despenalización de la venta?”.
“Ahora este gobierno provincial, presionado por la detención de su jefe de Policía, tiene la oportunidad histórica de demostrar que verdaderamente quiere que en esta provincia haya droga cero. Yo, como habitante de la provincia de Santa Fe, lo estoy esperando”.
No sé si palabra de Dios. Estoy seguro de que es la de muchos ciudadanos de a pie, de este mundo terrenal.
Fuente: SM - El Ciudadano
Las facturas que dejó Binner
Antonio Bonfatti ha empezado a pagar su primera gran factura dejada por el gobierno de Hermes Binner: una muy deficitaria gestión en seguridad.
Bonfatti fue ministro Coordinador y de Gobierno de Binner. No podía no saber que su anterior jefe decidió cambiar el modo de gobernar la Policía. Algunos creen que se actuó en forma demasiado teórica, apelando a conocidos expertos de la Universidad sin ningún contacto con la realidad policial del día a día. Otros, a cuatro años vista, diagnostican impericia y demasiada soberbia para dejar librado a la ley de la calle policial la fuerza de seguridad. Un ex jefe máximo de los uniformados confiesa en off: “Hasta (Roberto) Rosúa los muchachos tuvieron marcada la cancha. Luego se respetaron las normas aunque él no estuviera. Con los socialistas fue tierra de nadie. Y ya se sabe que a río revuelto ganancia de los más fuertes”.
Es cierto que la ingobernabilidad policial no es un mal que sólo aqueja a Santa Fe. Basta darse una vuelta, para citar sólo dos ejemplos, por la maldita Policía Bonaerense o por la inclasificable fuerza salteña, que puede montar escenarios truchos de crímenes de extranjeras o hacer la vista gorda a pistas de aire y tierra del narcotráfico. Eso, sin embargo, no excusa. Bonfatti quiso empezar a meter mano apelando a su notoria capacidad de diálogo, escucha y mejor muñeca que su antecesor pero ya fue tarde.
La responsabilidad por el caso Tognoli es enteramente provincial. Es pueril que se reclame al gobierno nacional por haberlos dejado solos en la parada. Primero, porque habla de una ausencia de contactos propios de la política que les advirtiera de los pasos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y luego, porque enojarse públicamente de la falta de aviso de la Nación por lo que se investigaba es no conocer o jugar a los distraídos con la esencia del kirchnerismo que va, siempre, por todo. Mientras el jefe de los socialistas actúa tibiamente a dos aguas declamando oposición y votando, siempre, en los temas centrales para ser funcionales a los K, los mandamases de la Casa Rosada adoran vomitar a los tibios. Y tienen el poder y la paciencia para hacerlo.
Es justo también puntualizar que fue una sobreactuación de los legisladores nacionales del PJ el portazo dado en la reunión convocada el viernes por el gobernador so pretexto de que no podían entrar los medios de prensa. ¿Ingresan los periodistas a los encuentros entre la presidenta y el jefe del bloque de diputados nacionales? ¿Hay medios que pueden preguntar o al menos presenciar las reuniones del jefe de Gabinete Abal Medina con sus aliados políticos? Sería importante que ellos en público ratificaran la convicción de la continuidad institucional en Santa Fe, como lo reclaman cada vez que el gobierno nacional atraviesa un problema. No todos los diputados, de hecho, lo hacen ni siquiera en privado. Eso es gravísimo.
Palabra de Dios
El devaneo político cuenta con una inmensa cantidad de palabras y escasas concreciones. El desembozado aprovechamiento político de uno y otro sector aleja el caso Tognoli de lo que espera el ciudadano común de Santa Fe: que alguien se ocupe de combatir el narcotráfico que mata con la acción de los narcóticos y con la onda expansiva de la inseguridad que habilita, por ejemplo, a un sicario en plena calle a descerrajar siete tiros a un automovilista a 20 cuadras de la Bolsa de Comercio. Por eso es otra vez esclarecedor leer al sacerdote católico Claudio Castricone, que en pocas líneas puede decir mucho más que los funcionarios responsables en todos estos días. Cura que trabaja en las villas, radicado por un largo tiempo en misiones indígenas de Formosa, escribe un mail que me atrevo a reproducir.
“Conozco muy bien la ruta 11. Hay muchos controles policiales y de Gendarmería en esta ruta. Viniendo desde Formosa a Rosario hay uno de la Policía formoseña a la salida de la ciudad de Formosa, uno de Gendarmería en Tatané y otro más en Mansilla; al entrar en Chaco hay un control de la Policía local, y después puestos de Gendarmería en El Lapachito y en Basail, y antes del límite con Santa Fe otro de la Policía chaqueña; también suele haber un destacamento móvil en la rotonda de Resistencia. Al entrar en la provincia de Santa Fe ya no hay más controles. Antes del retiro de la Gendarmería solía haber algún destacamento móvil en San Justo o en Recreo, y por ahí hay un control policial en la autopista Rosario-Santa Fe al llegar a la Circunvalación. Y esto en los gobiernos de Reutemann, Obeid, Binner y Bonfatti. ¿No es Santa Fe una provincia “liberada”?”.
Y se sigue preguntando el padre Castricone: “¿Le interesa al gobierno de la provincia de Santa Fe combatir el narcotráfico si no hace controles policiales en las rutas que atraviesan nuestra provincia? ¿Le interesa al gobierno de la Nación combatir el narcotráfico si se lleva a los gendarmes de la provincia de Santa Fe? ¿No hay una gran parte de la sociedad santafesina que sospecha que los oficiales policías quieren llegar a ser jefes de una comisaría importante por los beneficios que pueden obtener? ¿No hay una gran parte de la sociedad santafesina que cree que los comisarios deben rendir cuentas económicas a sus superiores? ¿No hay una gran parte de la sociedad santafesina que piensa que esa caja termina en el poder político?”.
“Pero la droga no sólo tiene la cara del que vende la droga. La otra cara es la del que la consume. ¿Qué ayuda da el Estado al que ya cayó en la droga? ¿Qué se hace para sanarlo de esa enfermedad? ¿Cuánto del presupuesto se invierte en recuperar a los adictos? ¿Qué cantidad y calidad de recursos humanos se destina a esto?”.
“Conozco bastante el mundo carcelario, la mayoría de los presos están ahí por culpa de la droga y no veo que el Estado haga gran cosa para rehabilitarlos de esta enfermedad mientras están detenidos. ¿No hay muchos que creen que hay miembros del Servicio Penitenciario que les venden los estupefacientes a los presos? ¿No hay muchos que sospechan que el Servicio Penitenciario permite que los familiares de los presos entren droga a las cárceles para que los muchachos se queden tranquilos? ¿La gran respuesta que quieren dar nuestros legisladores nacionales al tema de la drogadicción es la despenalización de la venta?”.
“Ahora este gobierno provincial, presionado por la detención de su jefe de Policía, tiene la oportunidad histórica de demostrar que verdaderamente quiere que en esta provincia haya droga cero. Yo, como habitante de la provincia de Santa Fe, lo estoy esperando”.
No sé si palabra de Dios. Estoy seguro de que es la de muchos ciudadanos de a pie, de este mundo terrenal.
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