¿Hasta dónde nos bancamos la prostitución?
Publicado el 5 de Agosto de 2011Por
Las mujeres que ejercen la prostitución siempre fueron ‘las otras’ en el patriarcado, ‘necesarias’ para el desahogo sexual de los varones pero relegadas a espacios marginales y degradados.
En cuatro departamentos que posee el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni se ejercería la prostitución, según la denuncia realizada por una organización dedicada a la lucha contra la trata de personas. Sin embargo, el ejercicio de la prostitución no es un delito en la Argentina. Sí lo es, en cambio, la explotación sexual, es decir el proxenetismo (muchas veces ligado a la trata de personas con fines de explotación sexual), y el establecimiento de locales en los que se ejerza la prostitución. Según declaró, Zaffaroni desconoce si en esos cuatro departamentos se ejerce la prostitución, ya que no se ocupa directamente de la administración de los mismos. Actualmente, la justicia está investigando si efectivamente se ejercía la prostitución en esas propiedades y bajo qué condiciones, es decir si habría o no delito de explotación sexual de las mujeres. Si se determinara que quienes alquilan los departamentos son mujeres que ejercen la prostitución en forma autónoma –sin que medien proxenetas-, Zaffaroni adelantó que de todas formas solicitaría el desalojo por una cuestión ética, y de preservación del vecindario colindante.
Sobre estos hechos que están siendo investigados por la justicia, algunos medios de comunicación construyeron un discurso centrado en el “delito” cometido por el juez de la Corte al albergar en sus propiedades a personas que ejerzan la prostitución, más allá de que lo hagan en forma autónoma o en condiciones de explotación. El juez sería monstruoso por permitir, y quizá avalar –se presume que habría estado al tanto de lo que pasaba en estos departamentos–, la prostitución. Entonces, no sólo el juez pasa a ser reprobado socialmente sino también el ejercicio de la prostitución.
Sobre la responsabilidad de Zaffaroni en el conocimiento de los hechos, él ya se puso a disposición de la justicia en la investigación y esta es la que deberá dictaminar. Mientras tanto, su relato sobre la administración delegada es creíble. El aspecto más complejo de este tema pasa en cambio sobre la percepción que la sociedad tiene del ejercicio de la prostitución y qué está dispuesta a reconocer, aceptar y ver sobre ello. Las mujeres que ejercen la prostitución siempre fueron “las otras” en el patriarcado, “necesarias” para el desahogo sexual de los varones pero relegadas a espacios marginales y degradados. La legislación argentina es un reflejo de esta concepción moral: el ejercicio de la prostitución no está prohibido, pero tampoco está normativizado.
Cuando se menciona entonces la posible existencia de una propiedad en la que se ejercería la prostitución, se encienden signos de alarma por estar frente a una situación que genera rechazo y preferimos no ver, más allá de que sea un delito. Sabemos que existen mujeres y varones que se prostituyen, y lo aceptamos como parte de las “lacras” sociales, pero que no hagan sus chanchullos delante de nuestras narices y menos de las de un juez de la Corte Suprema.
El feminismo tiene una posición dividida sobre este tema, y eso tampoco ayuda a desnudar la doble moral social, cultural y política. El movimiento de mujeres –en la Argentina y el resto del mundo– está mayormente de acuerdo con un posicionamiento abolicionista en relación a la prostitución, que considera que todas las mujeres en situación de prostitución son víctimas, más allá de que lo hagan en forma autónoma o haya proxenetas que las exploten. El abolicionismo no reconoce diferencias entre prostitución “libre” y “forzada” porque, argumenta, las situaciones de prostitución no se dan nunca en libertad; las mujeres son consideradas, en todos los casos, mercancías. Sin embargo, hay mujeres en la Argentina que reivindican para sí el ejercicio de la prostitución como opción laboral. Se trata de mujeres que ejercieron o ejercen la prostitución y que se definen como trabajadoras sexuales agrupadas en AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina).
Si “el caso del juez Zaffaroni” fuera tomado por los medios con enfoque de derechos y profundidad, podría ser utilizado para debatir acerca del lugar social que como sociedad queremos otorgarle al ejercicio de la prostitución. Si bien es cierto que probablemente ninguna mujer desee como proyecto de vida ejercer la prostitución, y que lo hacen llevadas por situaciones económicas y sociales desfavorables, también debemos dar lugar en la interlocución a “sujetas” que –en la Argentina y en el mundo– reclaman un espacio digno y reconocido para el ejercicio de lo que ellas consideran una opción laboral.
El caso Zaffaroni puede ser tratado como un conflicto de poderes que, por ahora, se presenta difuso para la mayoría de la opinión pública, pero en el que se está pareciera utilizando al juez como chivo expiatorio para dirimir intereses mayores. O, puede ser también utilizado para debatir sobre la doble moral de la sociedad que comenzó a poner en evidencia el Decreto 936 de prohibición de los avisos de prostitución, en ese caso en los medios de comunicación. El ocultamiento como sociedad de nuestras miserias morales sólo profundiza la hipocresía y no colabora en expandir los derechos y la democracia.<
Las mujeres que ejercen la prostitución siempre fueron ‘las otras’ en el patriarcado, ‘necesarias’ para el desahogo sexual de los varones pero relegadas a espacios marginales y degradados.
En cuatro departamentos que posee el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni se ejercería la prostitución, según la denuncia realizada por una organización dedicada a la lucha contra la trata de personas. Sin embargo, el ejercicio de la prostitución no es un delito en la Argentina. Sí lo es, en cambio, la explotación sexual, es decir el proxenetismo (muchas veces ligado a la trata de personas con fines de explotación sexual), y el establecimiento de locales en los que se ejerza la prostitución. Según declaró, Zaffaroni desconoce si en esos cuatro departamentos se ejerce la prostitución, ya que no se ocupa directamente de la administración de los mismos. Actualmente, la justicia está investigando si efectivamente se ejercía la prostitución en esas propiedades y bajo qué condiciones, es decir si habría o no delito de explotación sexual de las mujeres. Si se determinara que quienes alquilan los departamentos son mujeres que ejercen la prostitución en forma autónoma –sin que medien proxenetas-, Zaffaroni adelantó que de todas formas solicitaría el desalojo por una cuestión ética, y de preservación del vecindario colindante.
Sobre estos hechos que están siendo investigados por la justicia, algunos medios de comunicación construyeron un discurso centrado en el “delito” cometido por el juez de la Corte al albergar en sus propiedades a personas que ejerzan la prostitución, más allá de que lo hagan en forma autónoma o en condiciones de explotación. El juez sería monstruoso por permitir, y quizá avalar –se presume que habría estado al tanto de lo que pasaba en estos departamentos–, la prostitución. Entonces, no sólo el juez pasa a ser reprobado socialmente sino también el ejercicio de la prostitución.
Sobre la responsabilidad de Zaffaroni en el conocimiento de los hechos, él ya se puso a disposición de la justicia en la investigación y esta es la que deberá dictaminar. Mientras tanto, su relato sobre la administración delegada es creíble. El aspecto más complejo de este tema pasa en cambio sobre la percepción que la sociedad tiene del ejercicio de la prostitución y qué está dispuesta a reconocer, aceptar y ver sobre ello. Las mujeres que ejercen la prostitución siempre fueron “las otras” en el patriarcado, “necesarias” para el desahogo sexual de los varones pero relegadas a espacios marginales y degradados. La legislación argentina es un reflejo de esta concepción moral: el ejercicio de la prostitución no está prohibido, pero tampoco está normativizado.
Cuando se menciona entonces la posible existencia de una propiedad en la que se ejercería la prostitución, se encienden signos de alarma por estar frente a una situación que genera rechazo y preferimos no ver, más allá de que sea un delito. Sabemos que existen mujeres y varones que se prostituyen, y lo aceptamos como parte de las “lacras” sociales, pero que no hagan sus chanchullos delante de nuestras narices y menos de las de un juez de la Corte Suprema.
El feminismo tiene una posición dividida sobre este tema, y eso tampoco ayuda a desnudar la doble moral social, cultural y política. El movimiento de mujeres –en la Argentina y el resto del mundo– está mayormente de acuerdo con un posicionamiento abolicionista en relación a la prostitución, que considera que todas las mujeres en situación de prostitución son víctimas, más allá de que lo hagan en forma autónoma o haya proxenetas que las exploten. El abolicionismo no reconoce diferencias entre prostitución “libre” y “forzada” porque, argumenta, las situaciones de prostitución no se dan nunca en libertad; las mujeres son consideradas, en todos los casos, mercancías. Sin embargo, hay mujeres en la Argentina que reivindican para sí el ejercicio de la prostitución como opción laboral. Se trata de mujeres que ejercieron o ejercen la prostitución y que se definen como trabajadoras sexuales agrupadas en AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina).
Si “el caso del juez Zaffaroni” fuera tomado por los medios con enfoque de derechos y profundidad, podría ser utilizado para debatir acerca del lugar social que como sociedad queremos otorgarle al ejercicio de la prostitución. Si bien es cierto que probablemente ninguna mujer desee como proyecto de vida ejercer la prostitución, y que lo hacen llevadas por situaciones económicas y sociales desfavorables, también debemos dar lugar en la interlocución a “sujetas” que –en la Argentina y en el mundo– reclaman un espacio digno y reconocido para el ejercicio de lo que ellas consideran una opción laboral.
El caso Zaffaroni puede ser tratado como un conflicto de poderes que, por ahora, se presenta difuso para la mayoría de la opinión pública, pero en el que se está pareciera utilizando al juez como chivo expiatorio para dirimir intereses mayores. O, puede ser también utilizado para debatir sobre la doble moral de la sociedad que comenzó a poner en evidencia el Decreto 936 de prohibición de los avisos de prostitución, en ese caso en los medios de comunicación. El ocultamiento como sociedad de nuestras miserias morales sólo profundiza la hipocresía y no colabora en expandir los derechos y la democracia.<
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