Una nueva mentira de La Nación
Publicado el 11 de Agosto de 2011Por
La forma eficaz de llevar adelante las investigaciones es a través del establecimiento de matrices de riesgo, que ponderen cada uno de los reportes ingresados. Así funcionan todas las Unidades de Información Financiera en el mundo. Lamento que La Nación no se haya tomado el trabajo de investigar el tema en profundidad.
Falaz, parcializada y con un ataque inusitado hacia un organismo netamente técnico destinado a prevenir y perseguir los fondos provenientes de las actividades delictivas del crimen organizado, ha sido la nota publicada por el diario La Nación el día 7 de agosto bajo el título “Archivaron sin investigar más de mil alertas de lavado”, que me ha dejado perplejo, por el grado de desconocimiento técnico de quien la ha escrito, y la poca voluntad de conocer la verdad.
La nota se refiere a la Resolución 81/2010 de la Unidad de Información Financiera como el instrumento a través del cual las autoridades de la UIF “se arrogaron la facultad de ordenar el pase al archivo de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos, lo que derivó en el cajoneo de más de 1200 alertas recibidas durante el último año y medio.”
Lo que no dice la nota es que dicha resolución es el corolario de un expediente generado a partir de la problemática entre la disparidad existente entre los reportes recibidos en la unidad y aquellos que eran agotados su análisis, con más de tres años de estudio técnico en las áreas operativas.
Lo que no dice la nota es que fueron los técnicos del organismo quienes con sus ocho años de experiencia fueron plasmando la solución a esta problemática través del establecimiento de pautas objetivas de clasificación de los reportes, en función del nivel de riesgo, a efectos del tratamiento técnico que recibiría cada uno de ellos.
Lo que no dice la nota es que recogiendo los parámetros técnicos elaborados por los expertos del organismo, sin objeciones jurídicas, dicha resolución especifica el tratamiento de análisis a dar a cada uno de los Reportes de Operaciones Sospechosas. Y muy por el contrario de las afirmaciones vertidas por el periodista, nadie desoyó objeciones, sino que se llegó a una Resolución de carácter técnico con el aporte de los técnicos del organismo. Basta simplemente observar el frondoso expediente que finalmente derivó en la resolución aludida.
Lo que no dice la nota es que la totalidad de dichos reportes han sido analizados conforme a los parámetros objetivos que contiene la norma. Es decir, todos han sido debidamente investigados.
Tal vez lo que pretende el diario La Nación es que sean públicos cuáles son los procedimientos objetivos de clasificación de los ROS, y el análisis que se les da a cada uno de ellos. Lo cual derivaría en el conocimiento de las organizaciones criminales a quienes se pretende combatir, para posibilitarles el armado y la estructuración de sus operaciones financieras, a efectos de burlar el control del estado. O tal vez, que no se recurra a elementos objetivos para clasificar los Reportes de Operaciones Sospechosas, para que sigan creciendo en forma exponencial en la UIF, y resulte imposible detectar aquellas operaciones de lavado de dinero que se encuentran vinculadas en alguno de ellos.
Y digo alguno de ellos, porque el ROS es un sistema de alerta, y no una certeza de existencia de una operación de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. De allí la importancia del estudio con premura de todos y cada uno de los reportes que ingresan a la unidad, a efectos de poder detectar si detrás de la operación reportada existen elementos suficientes para concluir que puede existir una maniobra de lavado.
Resultaría absurdo pedirle a la Dirección General de Aduanas que indique cuáles son sus parámetros de riesgo para el establecimiento de los canales de selectividad aduanera, tanto en materia de contrabando como de narcotráfico, y que los haga públicos, ya que sería de interés para los contrabandistas y narcotraficantes para burlar su control. Resultaría absurdo pedirle a la Administración Federal de Ingresos Públicos que indique cuáles son sus parámetros para la detección de operaciones de evasión fiscal y que los haga públicos, pues sería un elemento de sumo interés para los evasores.
Pero los parámetros objetivos establecidos en la Resolución 81/2010, se encuentran sujetos a los canales constitucionales de verificación y control del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Todavía la Constitución no prevé a los multimedios periodísticos dentro de dicho ámbito.
Los 1200 reportes de los cuales habla La Nación han sido analizados en su totalidad por un analista experto de la Unidad, revisado por un supervisor, avalado por los Directores de Análisis y Jurídico, y cuenta con la documentación que fue recogida durante la investigación. Y no se encuentran como afirma el periodista en “guarda activa”, sino que se ha concluido el análisis y han sido archivados, cuando ha correspondido hacerlo. Ya que hay otros que han derivado en la continuidad del análisis y su posterior remisión al Ministerio Público.
Es falaz hablar de facultades discrecionales cuando una norma se ciñe a los principios legales, y conforme marca la ley, se agota el análisis sobre cada reporte. Por otra parte, pareciera para el periodista es un defecto investigativo comenzar cualquier análisis de un reporte verificando los antecedentes que el sujeto reportado pudiera tener en la unidad, producto de otros reportes efectuados por otros sujetos obligados. Permítaseme discrepar técnicamente con dicha apreciación.
La forma eficaz y eficiente de llevar adelante las investigaciones es a través del establecimiento de matrices de riesgo, que ponderen cada uno de los reportes ingresados, a efectos de poder efectivamente focalizar la actuación que le compete a la Unidad de Información Financiera sobre los casos que representan un alerta de una operación de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Así funcionan todas las Unidades de Información Financiera en el mundo. Lamento que La Nación no se haya tomado el trabajo de investigar el tema en profundidad.
En lo personal, me encuentro a disposición de la justicia para dar las explicaciones técnicas que considere pertinente, pero bajo ningún concepto puedo permitir que se ataque a través de mentiras y tergiversaciones el funcionamiento de un organismo técnico como lo es la Unidad de Información Financiera. <
La forma eficaz de llevar adelante las investigaciones es a través del establecimiento de matrices de riesgo, que ponderen cada uno de los reportes ingresados. Así funcionan todas las Unidades de Información Financiera en el mundo. Lamento que La Nación no se haya tomado el trabajo de investigar el tema en profundidad.
Falaz, parcializada y con un ataque inusitado hacia un organismo netamente técnico destinado a prevenir y perseguir los fondos provenientes de las actividades delictivas del crimen organizado, ha sido la nota publicada por el diario La Nación el día 7 de agosto bajo el título “Archivaron sin investigar más de mil alertas de lavado”, que me ha dejado perplejo, por el grado de desconocimiento técnico de quien la ha escrito, y la poca voluntad de conocer la verdad.
La nota se refiere a la Resolución 81/2010 de la Unidad de Información Financiera como el instrumento a través del cual las autoridades de la UIF “se arrogaron la facultad de ordenar el pase al archivo de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos, lo que derivó en el cajoneo de más de 1200 alertas recibidas durante el último año y medio.”
Lo que no dice la nota es que dicha resolución es el corolario de un expediente generado a partir de la problemática entre la disparidad existente entre los reportes recibidos en la unidad y aquellos que eran agotados su análisis, con más de tres años de estudio técnico en las áreas operativas.
Lo que no dice la nota es que fueron los técnicos del organismo quienes con sus ocho años de experiencia fueron plasmando la solución a esta problemática través del establecimiento de pautas objetivas de clasificación de los reportes, en función del nivel de riesgo, a efectos del tratamiento técnico que recibiría cada uno de ellos.
Lo que no dice la nota es que recogiendo los parámetros técnicos elaborados por los expertos del organismo, sin objeciones jurídicas, dicha resolución especifica el tratamiento de análisis a dar a cada uno de los Reportes de Operaciones Sospechosas. Y muy por el contrario de las afirmaciones vertidas por el periodista, nadie desoyó objeciones, sino que se llegó a una Resolución de carácter técnico con el aporte de los técnicos del organismo. Basta simplemente observar el frondoso expediente que finalmente derivó en la resolución aludida.
Lo que no dice la nota es que la totalidad de dichos reportes han sido analizados conforme a los parámetros objetivos que contiene la norma. Es decir, todos han sido debidamente investigados.
Tal vez lo que pretende el diario La Nación es que sean públicos cuáles son los procedimientos objetivos de clasificación de los ROS, y el análisis que se les da a cada uno de ellos. Lo cual derivaría en el conocimiento de las organizaciones criminales a quienes se pretende combatir, para posibilitarles el armado y la estructuración de sus operaciones financieras, a efectos de burlar el control del estado. O tal vez, que no se recurra a elementos objetivos para clasificar los Reportes de Operaciones Sospechosas, para que sigan creciendo en forma exponencial en la UIF, y resulte imposible detectar aquellas operaciones de lavado de dinero que se encuentran vinculadas en alguno de ellos.
Y digo alguno de ellos, porque el ROS es un sistema de alerta, y no una certeza de existencia de una operación de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. De allí la importancia del estudio con premura de todos y cada uno de los reportes que ingresan a la unidad, a efectos de poder detectar si detrás de la operación reportada existen elementos suficientes para concluir que puede existir una maniobra de lavado.
Resultaría absurdo pedirle a la Dirección General de Aduanas que indique cuáles son sus parámetros de riesgo para el establecimiento de los canales de selectividad aduanera, tanto en materia de contrabando como de narcotráfico, y que los haga públicos, ya que sería de interés para los contrabandistas y narcotraficantes para burlar su control. Resultaría absurdo pedirle a la Administración Federal de Ingresos Públicos que indique cuáles son sus parámetros para la detección de operaciones de evasión fiscal y que los haga públicos, pues sería un elemento de sumo interés para los evasores.
Pero los parámetros objetivos establecidos en la Resolución 81/2010, se encuentran sujetos a los canales constitucionales de verificación y control del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Todavía la Constitución no prevé a los multimedios periodísticos dentro de dicho ámbito.
Los 1200 reportes de los cuales habla La Nación han sido analizados en su totalidad por un analista experto de la Unidad, revisado por un supervisor, avalado por los Directores de Análisis y Jurídico, y cuenta con la documentación que fue recogida durante la investigación. Y no se encuentran como afirma el periodista en “guarda activa”, sino que se ha concluido el análisis y han sido archivados, cuando ha correspondido hacerlo. Ya que hay otros que han derivado en la continuidad del análisis y su posterior remisión al Ministerio Público.
Es falaz hablar de facultades discrecionales cuando una norma se ciñe a los principios legales, y conforme marca la ley, se agota el análisis sobre cada reporte. Por otra parte, pareciera para el periodista es un defecto investigativo comenzar cualquier análisis de un reporte verificando los antecedentes que el sujeto reportado pudiera tener en la unidad, producto de otros reportes efectuados por otros sujetos obligados. Permítaseme discrepar técnicamente con dicha apreciación.
La forma eficaz y eficiente de llevar adelante las investigaciones es a través del establecimiento de matrices de riesgo, que ponderen cada uno de los reportes ingresados, a efectos de poder efectivamente focalizar la actuación que le compete a la Unidad de Información Financiera sobre los casos que representan un alerta de una operación de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Así funcionan todas las Unidades de Información Financiera en el mundo. Lamento que La Nación no se haya tomado el trabajo de investigar el tema en profundidad.
En lo personal, me encuentro a disposición de la justicia para dar las explicaciones técnicas que considere pertinente, pero bajo ningún concepto puedo permitir que se ataque a través de mentiras y tergiversaciones el funcionamiento de un organismo técnico como lo es la Unidad de Información Financiera. <
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