hay macri estas en el horno

Las ART habían denunciado que la obra no tenía un plan de seguridad

Publicado el 8 de Noviembre de 2011

Por Gabriel Morini y Gustavo Sarmiento
Según registros de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) las contratistas incumplieron con las normas que las obligan a detallar los procedimientos para excavar o demoler. El gobierno porteño fue advertido y no inspeccionó.
La obra en construcción de la calle Bartolomé Mitre 1222, lindera al edificio que se desmoronó, fue denunciada el 5 de octubre pasado por incumplir las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en materia de seguridad laboral. El emprendimiento cuyo contratista principal es la firma Lemarche Construcciones SRL nunca dio el aviso de inicio de obra con cinco días de anticipación, que debía acompañar con “una programación integral de cómo se desarrollará la obra en materia de seguridad”, tal como lo establece la Resolución 51/97, enmarcada en la Ley de Riesgos del Trabajo. Mientras que el arquitecto a cargo, Ezequiel Mariano Rivarola, deslindó su responsabilidad en la autorización recibida por la Agencia Gubernamental de Control (AGC), dependiente del gobierno porteño, la constructora subcontrató para los trabajos de excavación a la empresa Ramírez e Hijos. Ninguno de los responsables de la obra presentó en tiempo y forma el plan específico con los procedimientos que se iban a llevar a cabo en caso de tener que excavar o demoler, lo que se sospecha fue el causante del derrumbe parcial del edificio con el que compartía medianera.
De acuerdo a la documentación a la que accedió Tiempo Argentino, el gobierno porteño recibió sendas notificaciones denunciando las irregularidades en la obra de Mitre 1218/20 hace poco más de un mes. Mediante un sistema informatizado que provee los detalles específicos de cada obra, las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) –QBE ART y Prevención ART correspondientes a Lemarche y a Ramírez e Hijo–, respectivamente, dieron aviso del incumplimiento a la oficina a cargo de la gestión PRO. Juan Horacio González Gaviola, titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), confirmó a este diario su recepción por parte de las autoridades porteñas. El sistema no registró ninguna inspección posterior a la fecha de la denuncia por parte del gobierno de la Ciudad, que tiene la autoridad de aplicación y el “poder de policía” sobre las empresas y las ART.
“Después de la caída del gimnasio de Villa Urquiza, sacamos la directiva (550/11) que dice paso por paso qué hacer al momento de la excavación. Ni el contratista principal, ni el secundario habían presentado oportunamente aviso de obra y plan de seguridad. Y las ART de cada uno los denunció a través de un sistema electrónico que comunica automáticamente al gobierno de la Ciudad y a la SRT”, denunció González Gaviola. Un plan presentado por Lemarche anteriormente ya había sido rechazado por no cumplir con los requisitos mínimos de seguridad por QBE. Las referencias a este documento fueron sostenidas por el ministro de Trabajo Carlos Tomada, en conferencia de prensa (ver aparte).
Del sistema denominado “ventanilla automática” se desprende que de 4881 irregularidades comunicadas por las ART al gobierno porteño, desde julio a la fecha, la administración PRO sólo leyó 119 y generó inspecciones únicamente para 79 casos. Aunque no tiene obligación de hacerlo, la Autoridad de Trabajo porteña mantiene un convenio con la SRT y recibe fondos para fortalecer las inspecciones. La SRT inspeccionó por su cuenta 19 empresas cuyas faltas denunciadas fueron consideradas “graves”. Ninguna había sido inspeccionada por el gobierno que conduce Macri, y en su mayoría debieron ser cerradas. La Ciudad se ha negado sistemáticamente a sentarse a una mesa cuatripartita para mejorar los sistemas de control y tampoco aplica la Resolución 51/97 de manera obligatoria, previo al permiso de obra.
En su descargo, la AGC aseguró que la obra fue inspeccionada siete veces, cinco de las cuales correspondieron a la Dirección de Protección del Trabajo. La excavación fue denunciada a la Dirección de Fiscalización y Control de Obras el 5 de agosto por un vecino, y la AGC realizó su inspección casi un mes después, el 2 de septiembre. “Se constató que la obra presentaba planos registrados y que se utilizarán martillos eléctricos”, dijeron desde la agencia dirigida por Javier Ibáñez. Sobre las denuncias de la UOCRA sostuvieron que se trata de dos reclamos efectuados por el sindicato en agosto, pero que “en ambos casos se denunciaron sólo temas relacionados a la seguridad e higiene en el trabajo y normativa laboral”.<