RECLAMOS A LA CORTE SUPREMA EN LA AUDIENCIA PUBLICA PARA DEBATIR SOBRE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
Por Irina Hauser
Ideas opuestas sobre la libertad de expresión
En el primer día expusieron los amicus curiae de las partes. Los ligados a Clarín se centraron en la defensa del libre mercado. Los que respaldan la ley enfatizaron el derecho a la comunicación de todos, incluidos los usuarios.
Por Irina Hauser
Con esfuerzo de síntesis, algunos más apasionados que otros, algunos más técnicos, otros más políticos, los llamados amicus curiae que se presentaron ayer en la Corte Suprema por la ley servicios de comunicación audiovisual (LdSCA) desplegaron un gran duelo de ideas y teorías acerca de la esencia misma del derecho a la libertad de expresión. Las entidades aliadas de Clarín usaron definiciones que lo asocian con la defensa del libre mercado y cuestionan su regulación estatal. Las amigas del Estado pintaron la comunicación con la complejidad de un derecho que pertenece a todo el mundo, empezando por sus usuarios. Hubo aportes especializados y academicistas, pero los momentos quizá más memorables llegaron con los ejemplos prácticos que daban cuenta de cómo decenas de canales fueron quedando fuera de juego (y sus empleados sin trabajo) en algunas provincias donde Cablevisión los excluyó de su grilla. El broche de esta primera jornada fue la exposición de la procuradora Alejandra Gils Carbó quien, con vehemencia, se dirigió a la Corte y le pidió “que dicte un fallo histórico” que “valore los intereses reales en juego” (ver página 4). Hoy será el turno de argumentar para el multimedios y el Gobierno.
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, explicó que la audiencia pública se debía a la “trascendencia institucional del tema”, que “no sólo interesa a las partes, sino a la sociedad”. Los amicus curiae, precisó, fueron invitados para que “ilustren” al tribunal. Pero el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, cuestionó la modalidad cortesana de obligar a los amicus a presentarse en apoyo explícito a alguna de las partes, cuando siempre fueron terceros interesados independientes o “amigos del tribunal”, no de las partes. Para Verbitsky, el debate se empobrece planteado como “cuestión de partes”, se olvida que “hay un país ahí afuera”. “Nos hemos amoldado a esta injusta restricción para no agravar la ya escandalosa dilación judicial que ha paralizado durante cuatro años la ley elaborada con mayor participación social que se recuerde”, advirtió (ver recuadro).
Si bien los amigos de las partes expusieron intercalados –uno por Clarín y uno por el Estado–, era evidente la estrategia sincronizada de cada lado y clarísimos los contrapuntos. Incluso los amicus independientes quedaron alineados: la Defensoría del Público a favor de la LdSCA y el Centro de Estudios en Derecho y Economía en contra. Cada quien, según su cristal, ofreció su interpretación de la doctrina norteamericana, de la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, las regulaciones antimonopólicas, la libertad de expresión, la diversidad y pluralidad de voces. La Corte escuchó bastante para ilustrarse, si lo necesitaba.
Clarín llevó al ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el venezolano Asdrúbal Aguiar, del Observatorio Iberoamericano de la Democracia, quien cuestionó la regulación estatal del mercado de medios como una “restricción a la libertad de expresión”. “El Estado no puede impedir el crecimiento o viabilidad económica de los medios”, disparó y calificó a la LdSCA de “arbitraria” e “irrazonable”. Cuestionó el tope de audiencia al 35 por ciento del mercado “mientras el Estado mantiene el ciento por ciento”. También el impedimento de transferir licencias, y dijo que fijar un número de licencias no contempla “el desarrollo tecnológico”.
Desde otro ángulo, el jurista Víctor Abramovich, ex miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Universidad de Lanús y a favor de la ley, afirmó que el Estado tiene el deber de “minimizar las restricciones a la información” y “de transformar las condiciones estructurales” cuando existen “sectores en desventaja” o “excluidos” de la comunicación, según la Convención Americana. La Cámara en lo Civil y Comercial –cuyo fallo es el que se discute– “no dio cuenta de que el mercado de la televisión por cable está controlado en un 60 por ciento” por Clarín. El multimedios, dijo, se apoya en “una visión liberal de la libertad de expresión” invocando una “igualdad formal para no perder privilegios”.
Un reloj digital marcaba el tiempo a los amigos en el estrado y sonaba una chicharra si pasaban los 15 minutos. Durante la mañana, dos de los jueces supremos, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, se levantaron y se fueron. Había un centenar de periodistas, incluso extranjeros, varios funcionarios, entre ellos el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, legisladores y muchos secretarios letrados tomando nota. Pese a la sala llena, el silencio era envolvente.
El enfoque económico reapareció con Luis Pardo, de la Asociación Internacional de Radiodifusión. “Sin autonomía económica, la independencia” de los medios “no existe”, atacó, y definió la LdSCA como un “retroceso para el pluralismo y la diversidad”. Se dividió el tiempo con Carlos Laplacette, de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, quien agregó que “limitar las licencias es censura” y que “el Congreso no puede regular a la prensa”.
“La palabra no es una mercancía”, afirmó Carlos Ruta, rector de la Universidad de San Martín, en clima de clase magistral. “No puede alegarse una razón económica para una actividad que pone en riesgo la libertad de expresión”. Beinusz Szmukler, de Asociación Americana de Juristas, más político, acusó a Clarín de querer “dictar las políticas públicas”, dijo que las licencias no conllevan derechos adquiridos y que la concentración en manos de Clarín implica una “discriminación” de hecho.
La presencia del semiólogo Eliseo Verón, por el Comité del Consumidor, había generado expectativas. Con su melena blanca, empezó a hablar de la historia del newspaper (en vez de diario) y del avance tecnológico, para llegar a Internet y las redes sociales hasta concluir “no hay pretexto para limitar las voces”. Alarmista, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez postuló que por las limitaciones a cableoperadores quedarán “afectados sectores menos favorecidos” y los que “recibían Internet por el cable”.
Pero los ejemplos palpables de quiénes pierden con el mapa actual de medios llegaron con otros oradores. Luis Rodríguez Villafañe, de Cooperar, protagonizó un momento emocionante. Miraba fijo al tribunal, diciendo que las cooperativas pasaron 29 años “marginadas de la palabra” y se envalentonó al contar que Zapala tiene un canal de aire “que casi nadie ve porque Cablevisión no lo sube”, y que algo similar pasa en Cañuelas y Córdoba. “Cuando operan en el mercado hacen competencia desleal, cuando el Estado los regula es tiránico”, ironizó. Sin ley, dijo, “no quiero ser apocalíptico, pero no habrá ninguna libertad de expresión”. “Señores jueces, no permitan concentraciones que excluyan y declaren integralmente constitucional a esta ley, porque será justicia”, terminó. Fue ovacionado.
La defensora del público, Cynthia Ottaviano, sumó historias que surgen de las denuncias que recibe, desde quienes reclaman el canal Pakapaka para sus hijos hasta el dueño de un canal de aire de Tandil que no logra que el Grupo Clarín lo incluya. Recordó que cuando se produjo la fusión entre Multicanal y Cablevisión desaparecieron El Canal de la Mujer, Bravo, El Chef, Clablesport, Supercine, Cablin y SoftTV, y con eso muchos puestos de trabajo, también perdidos con la eliminación de noticieros. Clarín, dijo, “genera un apartheid comunicacional”. “La imposibilidad de elegir cómo informarse, la concentración en la producción de bienes simbólicos vulnera derechos del público”, afirmó.
En un tramo previo, Eduardo Oteiza, de la Organización de Asociaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, mostró con powerpoint que si bien en Estados Unidos la Comisión Federal de Comunicación puso un límite de audiencia del 30 por ciento de los hogares, no se llevó a la práctica porque la Corte distrital de Columbia falló en contra. Oteiza aludió a precedentes citados por la Cámara Civil y Comercial al dictar la inconstitucionalidad de parte de la ley. Sin embargo, cuando habló el CELS, el especialista Damián Loreti señaló que no son aplicables en Argentina, porque aluden a un mercado muy distinto y a otro contexto. A la vez explicó los aspectos antimonopólicos de las normas estadounidenses y recordó que la Relatoría para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas recomendó que los países dicten normas que eviten la concentración. De lado de Clarín, el joven abogado Sebastián Grossman, espigado y de anteojos, dijo socarrón que los informes de la Relatoría los “hacen pasantes” y que basta aplicar leyes de Defensa de la Competencia.
Tanto Ottaviano como Gils Carbó aludieron al papel del Grupo Clarín en la última dictadura. La defensora recordó: “Estamos hablando del mismo grupo comunicacional que cuando tuvo la custodia de la libertad de expresión silenció un genocidio. Es decisión de esta Corte permitir que la Argentina avance o hacer retroceder 30 años en un segundo”.
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