El grupo empresario anticipó que no acatará un fallo adverso de la Corte e irá a un tribunal internacional
Clarín volvió a confundir libertad de expresión con intereses económicos
En la segunda audiencia por la Ley de Medios, el multimedios sostuvo que las limitaciones que impone la normativa atentan contra su sustentabilidad y buscan callar su voz crítica. Para Sabbatella, les interesa preservar ganancias, capacidad de lobby y poderío.
El Estado Nacional intentó demostrar ayer con un ejemplo práctico y concreto que lo que está en discusión sobre la aplicación de la Ley de Medios Audiovisuales es una cuestión económica que poco y nada tiene que ver con la libertad de expresión. El Grupo Clarín había argumentado que las limitaciones y restricciones que le impone la aplicación de la ley atentan contra su sustentabilidad, y ello repercute directamente con su "voz crítica" hacia el gobierno. Pero el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, explicó que si Clarín se hubiera adecuado voluntariamente a los límites en la cantidad de licencias y cantidad de abonados de TV paga "hoy podría seguir siendo dueña de Canal 13, TN, FM 100, Radio Mitre y una compañía de cable con el 35% del mercado". El Grupo Clarín anticipó a través de su abogado, Damián Cassino que no acatará un eventual fallo adverso de la Corte y recurrirá la sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La segunda jornada de la Audiencia Pública convocada por la Corte Suprema para escuchar los argumentos de uno y otro lado sobre la Ley de Medios dejó en claro que la discusión se proclama por cuestiones de libertad de expresión pero lo que subyace muy por encima de ese derecho humano esencial son cuestiones económicas, de poderío, capacidad de lobby e influencia sobre humores y decisiones de la sociedad en su conjunto. Hacia allí apuntaron el medio centenar de preguntas que la Corte preparó y repartió a los asesores técnicos de ambas partes, que enriquecieron la primera parte de la audiencia.
Hubo 17 preguntas para el demandante Grupo Clarín y 33 para el Estado, cinco minutos para cada respuesta y después cada parte hizo una breve exposición final de diez minutos. El primero en responder las preguntas fue el Grupo Clarín, representado por los abogados Damián Cassino, Alejandro Carrió y María Angélica Gelli. Por el Estado, expusieron el director de gestión de la AFSCA, Daniel Larrache, la asesora Graciana Peñafort Colombi, el constitucionalista y asesor externo de la Procuración del Tesoro, Eduardo Barcesat, y el economista Horacio Seillant. El titular del órgano de aplicación de la ley, Martín Sabbatella, hizo uso de los minutos finales y puso en contexto político la posición oficial.
Para Sabatella, Clarín no tiene ni tendrá un problema de sustentabilidad económica. Si su actividad se limitara a un conglomerado empresario que operara en el mercado de las telecomunicaciones y la prensa gráfica, seguiría siendo exitosa aún después de la aplicación integral de la ley. "Pero si quieren tener una empresa para poner y sacar presidentes obviamente que no les alcanza."
La abogada Gelli, del Grupo, replicó desde otro costado. "Clarín es el único medio que está en condiciones de hacer periodismo de investigación. Los otros medios se sostienen en un 80% con publicidad oficial. Los derechos de Clarín son los de la audiencia, los del público, cientos de miles de personas que lo eligen cada día." Su colega Alejandro Carrió completó: "El mayor pluralismo que declama la ley es una mera conjetura. No se puede justificar tamaña afectación de derechos. Estamos hablando de señales que no utilizan espectro radioeléctrico. Al estado nada le impide entregar más señales de cable. No hace falta quitarle una licencia a Clarín para que haya otras voces. ¿Para qué quieren las licencias del grupo Clarín, para silenciar la voz crítica? No hay que confundir la preferencia de la audiencia con falta de pluralidad. Lo que se busca es el desguace del Grupo Clarín en un contexto de hostigamiento que incluye el cepo publicitario privado y la quita de toda la publicidad oficial. Está en juego la libertad de expresión. Clarín perderá la posibilidad de llegar a un público que quiere escuchar su voz."
Pero desde la postura del Estado tal cercenamiento a una elección del público resulta una falacia. Cuando la Corte preguntó "por qué razón la conformación actual del Grupo Clarín obstaculiza los fines previstos por la Ley 26.522, en cuanto a garantizar la pluralidad y diversidad de voces y opiniones", los técnicos del Estado explicaron que la corporación empresaria "genera barreras a competidores, ejerce posición dominante y prácticas predatorias y excluyentes. Ha comprado competidores no para explotarlos sino para cerrarlos." Según un informe técnico, en el país hay 1117 operadores de televisión por cable, lo que arroja un promedio de 1,6 cables por operador. Pero Clarín tiene 237, "unas 200 veces más que la media". Clarín se niega a desinvertir; el Grupo Uno, que sí va a hacerlo, posee 49. Telered, 18. Del total, 250 licenciatarios tienen sólo una licencia. "Es el Grupo Clarín el que con su tamaño impide escuchar la voz de los demás. Como dijo la defensora del público, cuando ellos gritan, los demás susurran", expresó Larrache.
Horacio Seillán, uno de los técnicos del Estado, citó un informe de expertos de la Comisión de Defensa de la Competencia de febrero de 2007 para salir al cruce de otro de los argumentos en contra de la ley. Los amicus de Clarín y también ayer durante la exposición de sus abogados deslizaron que para contrarrestar una "posición dominante" de un grupo económico está la Ley de Defensa de la Competencia. En consecuencia, no es necesaria una ley especial, como la de Medios Audiovisuales, para corregir esas distorsiones típicas del mercado. Pero Seillán explicó que las leyes antimonopólicas apuntan a quienes generan arbitrariamente precios y sustancias. En el mercado eléctrico, esa sustancia es la energía; en el servicio de provisión de agua, la presión o la calidad de ese elemento. En materia de medias de comunicación, la sustancia son los contenidos. "Los problemas generados por la existencia de monopolios naturales en la producción de contenidos no son susceptibles de ser resueltos con los mecanismos de defensa de la competencia. ¿Cómo regular los contenidos sin entrar en colisión con la libertad de expresión?"
La posición dominante del Grupo Clarín es en determinadas localidades, según el Estado, más grave aún que la situación monopólica. Se trata, según su argumento, de un "monopsonio", es decir, una situación en la que no sólo puede fijar precios en el mercado sino que obstaculiza la competencia y se queda con lo que se denomina técnicamente el "excedente del oferente". Entonces, en sentido exactamente contrario a la crítica hacia la ley, el Grupo está en condiciones de "definir los contenidos que va a distribuir a su gusto y necesidad". Y la información, el acceso a ella, la pluralidad y disparidad de voces y opiniones forman parte de los bienes culturales y de Derechos Humanos consagrados expresamente por la Constitución Nacional. "La libertad de prensa es un valor simbólico. La defensa de la competencia es una ley de mercado. No hay manera de compensar en términos económicos la restricción a la libertad de expresión", explicó Peñafort Colombi.
La Ley de Medios se está aplicando. Ante la pregunta específica de la Corte, la respuesta fue que 14 grupos multimediáticos ya presentaron sus planes de adecuación, otros 15 los tienen en trámite y diez más entregaron sus carpetas pero no requerían adecuación. Y además, desde la sanción de la ley fueron entregadas 600 licencias de radios a municipios, 50 de TV por cables a cooperativas, 200 para organizaciones sin fines de lucro, entre 15 y 18 para comunidades de pueblos originarias y unas 30 para universidades.
"El proceso de adecuación busca preservar las fuentes de trabajo y la ley establece protecciones específicas en lo que tiene que ver con las incumbencias profesionales. La ley cuenta con el aval de los sindicatos y apunta a preservar y mejorar la oferta de trabajo. La ley sólo funciona con una industria cultural. Con concentración no hay industria cultural", aseveró Peñafort Colombi.
La postura del Estado mostró flaquezas cuando la Corte avanzó sobre si "el Estado puede quitar las licencias ya otorgadas a cualquiera de las empresas que trabajan en el sistema o las que otorgue en el futuro, sin derecho alguno?", la primera respuesta fue un "no", pero ante la repregunta comenzaron los titubeos. Si la Corte apuntaba a determinar si ante un fallo que obligara a Clarín a desinvertir habría una compensación por parte del Estado, no obtuvo una respuesta del todo clara.
Tampoco el Grupo Clarín pudo explicar con contundencia por qué una cuestión patrimonial, esencialmente económica, podría afectar la libertad de expresión. Cuando la Corte interrogó: "Si la libertad de expresión requiere un volumen económico como el del grupo Clarín, ¿qué ocurre con los demás grupos que no tienen esa entidad?, ¿no tendrían libertad de expresión? ¿o deberían ser subsidiados para equipararlos al Grupo Clarín?; ¿Cómo se explica que otros medios de comunicación hayan presentado sus planes de adecuación, sin invocar este agravio?", tampoco hubo respuesta. «
La segunda jornada de la Audiencia Pública convocada por la Corte Suprema para escuchar los argumentos de uno y otro lado sobre la Ley de Medios dejó en claro que la discusión se proclama por cuestiones de libertad de expresión pero lo que subyace muy por encima de ese derecho humano esencial son cuestiones económicas, de poderío, capacidad de lobby e influencia sobre humores y decisiones de la sociedad en su conjunto. Hacia allí apuntaron el medio centenar de preguntas que la Corte preparó y repartió a los asesores técnicos de ambas partes, que enriquecieron la primera parte de la audiencia.
Hubo 17 preguntas para el demandante Grupo Clarín y 33 para el Estado, cinco minutos para cada respuesta y después cada parte hizo una breve exposición final de diez minutos. El primero en responder las preguntas fue el Grupo Clarín, representado por los abogados Damián Cassino, Alejandro Carrió y María Angélica Gelli. Por el Estado, expusieron el director de gestión de la AFSCA, Daniel Larrache, la asesora Graciana Peñafort Colombi, el constitucionalista y asesor externo de la Procuración del Tesoro, Eduardo Barcesat, y el economista Horacio Seillant. El titular del órgano de aplicación de la ley, Martín Sabbatella, hizo uso de los minutos finales y puso en contexto político la posición oficial.
Para Sabatella, Clarín no tiene ni tendrá un problema de sustentabilidad económica. Si su actividad se limitara a un conglomerado empresario que operara en el mercado de las telecomunicaciones y la prensa gráfica, seguiría siendo exitosa aún después de la aplicación integral de la ley. "Pero si quieren tener una empresa para poner y sacar presidentes obviamente que no les alcanza."
La abogada Gelli, del Grupo, replicó desde otro costado. "Clarín es el único medio que está en condiciones de hacer periodismo de investigación. Los otros medios se sostienen en un 80% con publicidad oficial. Los derechos de Clarín son los de la audiencia, los del público, cientos de miles de personas que lo eligen cada día." Su colega Alejandro Carrió completó: "El mayor pluralismo que declama la ley es una mera conjetura. No se puede justificar tamaña afectación de derechos. Estamos hablando de señales que no utilizan espectro radioeléctrico. Al estado nada le impide entregar más señales de cable. No hace falta quitarle una licencia a Clarín para que haya otras voces. ¿Para qué quieren las licencias del grupo Clarín, para silenciar la voz crítica? No hay que confundir la preferencia de la audiencia con falta de pluralidad. Lo que se busca es el desguace del Grupo Clarín en un contexto de hostigamiento que incluye el cepo publicitario privado y la quita de toda la publicidad oficial. Está en juego la libertad de expresión. Clarín perderá la posibilidad de llegar a un público que quiere escuchar su voz."
Pero desde la postura del Estado tal cercenamiento a una elección del público resulta una falacia. Cuando la Corte preguntó "por qué razón la conformación actual del Grupo Clarín obstaculiza los fines previstos por la Ley 26.522, en cuanto a garantizar la pluralidad y diversidad de voces y opiniones", los técnicos del Estado explicaron que la corporación empresaria "genera barreras a competidores, ejerce posición dominante y prácticas predatorias y excluyentes. Ha comprado competidores no para explotarlos sino para cerrarlos." Según un informe técnico, en el país hay 1117 operadores de televisión por cable, lo que arroja un promedio de 1,6 cables por operador. Pero Clarín tiene 237, "unas 200 veces más que la media". Clarín se niega a desinvertir; el Grupo Uno, que sí va a hacerlo, posee 49. Telered, 18. Del total, 250 licenciatarios tienen sólo una licencia. "Es el Grupo Clarín el que con su tamaño impide escuchar la voz de los demás. Como dijo la defensora del público, cuando ellos gritan, los demás susurran", expresó Larrache.
Horacio Seillán, uno de los técnicos del Estado, citó un informe de expertos de la Comisión de Defensa de la Competencia de febrero de 2007 para salir al cruce de otro de los argumentos en contra de la ley. Los amicus de Clarín y también ayer durante la exposición de sus abogados deslizaron que para contrarrestar una "posición dominante" de un grupo económico está la Ley de Defensa de la Competencia. En consecuencia, no es necesaria una ley especial, como la de Medios Audiovisuales, para corregir esas distorsiones típicas del mercado. Pero Seillán explicó que las leyes antimonopólicas apuntan a quienes generan arbitrariamente precios y sustancias. En el mercado eléctrico, esa sustancia es la energía; en el servicio de provisión de agua, la presión o la calidad de ese elemento. En materia de medias de comunicación, la sustancia son los contenidos. "Los problemas generados por la existencia de monopolios naturales en la producción de contenidos no son susceptibles de ser resueltos con los mecanismos de defensa de la competencia. ¿Cómo regular los contenidos sin entrar en colisión con la libertad de expresión?"
La posición dominante del Grupo Clarín es en determinadas localidades, según el Estado, más grave aún que la situación monopólica. Se trata, según su argumento, de un "monopsonio", es decir, una situación en la que no sólo puede fijar precios en el mercado sino que obstaculiza la competencia y se queda con lo que se denomina técnicamente el "excedente del oferente". Entonces, en sentido exactamente contrario a la crítica hacia la ley, el Grupo está en condiciones de "definir los contenidos que va a distribuir a su gusto y necesidad". Y la información, el acceso a ella, la pluralidad y disparidad de voces y opiniones forman parte de los bienes culturales y de Derechos Humanos consagrados expresamente por la Constitución Nacional. "La libertad de prensa es un valor simbólico. La defensa de la competencia es una ley de mercado. No hay manera de compensar en términos económicos la restricción a la libertad de expresión", explicó Peñafort Colombi.
La Ley de Medios se está aplicando. Ante la pregunta específica de la Corte, la respuesta fue que 14 grupos multimediáticos ya presentaron sus planes de adecuación, otros 15 los tienen en trámite y diez más entregaron sus carpetas pero no requerían adecuación. Y además, desde la sanción de la ley fueron entregadas 600 licencias de radios a municipios, 50 de TV por cables a cooperativas, 200 para organizaciones sin fines de lucro, entre 15 y 18 para comunidades de pueblos originarias y unas 30 para universidades.
"El proceso de adecuación busca preservar las fuentes de trabajo y la ley establece protecciones específicas en lo que tiene que ver con las incumbencias profesionales. La ley cuenta con el aval de los sindicatos y apunta a preservar y mejorar la oferta de trabajo. La ley sólo funciona con una industria cultural. Con concentración no hay industria cultural", aseveró Peñafort Colombi.
La postura del Estado mostró flaquezas cuando la Corte avanzó sobre si "el Estado puede quitar las licencias ya otorgadas a cualquiera de las empresas que trabajan en el sistema o las que otorgue en el futuro, sin derecho alguno?", la primera respuesta fue un "no", pero ante la repregunta comenzaron los titubeos. Si la Corte apuntaba a determinar si ante un fallo que obligara a Clarín a desinvertir habría una compensación por parte del Estado, no obtuvo una respuesta del todo clara.
Tampoco el Grupo Clarín pudo explicar con contundencia por qué una cuestión patrimonial, esencialmente económica, podría afectar la libertad de expresión. Cuando la Corte interrogó: "Si la libertad de expresión requiere un volumen económico como el del grupo Clarín, ¿qué ocurre con los demás grupos que no tienen esa entidad?, ¿no tendrían libertad de expresión? ¿o deberían ser subsidiados para equipararlos al Grupo Clarín?; ¿Cómo se explica que otros medios de comunicación hayan presentado sus planes de adecuación, sin invocar este agravio?", tampoco hubo respuesta. «
informe de la afsca
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) entregó a la Corte Suprema de Justicia el detalle de las autorizaciones y licencias otorgadas desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En el informe, la AFSCA especificó que se entregaron un total de 668 licencias al sector privado y 218 autorizaciones al sector público, en tanto que de ese total de 886 adjudicaciones, 781 corresponden a radios de frecuencia modulada, diez a radios de amplitud modulada, cinco a sistemas de televisión abierta y 90 a sistemas de televisión por cable.
Entre las radios FM, de las 781, unas 572 pertenecen al sector privado, 172 al sector público estatal y 37 al no estatal; de las 10 AM, seis son para el sector privado, tres al estatal y uno al no estatal; de las cinco de televisión abierta, cuatro son estatales y una pública no estatal; y del cable, las 90 son del sector privado. En tanto, específicamente respecto de las licencias y autorizaciones del sector público, la AFSCA señaló que a los estados municipales, provinciales y comunales corresponden 13 radios FM, tres AM y dos televisiones abiertas; a los institutos educativos, 154 FM; a las universidades nacionales, cinco FM y dos televisiones abiertas; y a los pueblos originarios, 37 FM, una AM y una televisión abierta.
En el informe, la AFSCA especificó que se entregaron un total de 668 licencias al sector privado y 218 autorizaciones al sector público, en tanto que de ese total de 886 adjudicaciones, 781 corresponden a radios de frecuencia modulada, diez a radios de amplitud modulada, cinco a sistemas de televisión abierta y 90 a sistemas de televisión por cable.
Entre las radios FM, de las 781, unas 572 pertenecen al sector privado, 172 al sector público estatal y 37 al no estatal; de las 10 AM, seis son para el sector privado, tres al estatal y uno al no estatal; de las cinco de televisión abierta, cuatro son estatales y una pública no estatal; y del cable, las 90 son del sector privado. En tanto, específicamente respecto de las licencias y autorizaciones del sector público, la AFSCA señaló que a los estados municipales, provinciales y comunales corresponden 13 radios FM, tres AM y dos televisiones abiertas; a los institutos educativos, 154 FM; a las universidades nacionales, cinco FM y dos televisiones abiertas; y a los pueblos originarios, 37 FM, una AM y una televisión abierta.
la defensoría responde
La Defensoría del Público difundió ayer un comunicado en el que desmintió una nota publicada el miércoles por el diario Clarín titulada: "Falsedades y agravios al Grupo Clarín en la audiencia por la Ley de Medios”.
La titular del organismo surgido de la Ley de Medios Cynthia Ottaviano dejó constancia sobre los reclamos que reibió la Defensoría y que fueron mencionados en la audiencia ante la Corte Suprema de Justicia. En el artículo del diario Clarín esos reclamos fueron atribuidos a otros grupos de medios o cableoperadores.
En la enumeración, Ottaviano menciona la Actuación N° 452/2013 del 14 de agosto correspondiente a una mujer de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que denunció a Cablevisión porque no sube a la grilla del servicio básico el canal infantil Paka Paka. " En abril de 2011 envié en reiteradas ocasiones mails a la empresa pidiéndoles que incorporaran el canal a la grilla básica, denunciando que estaban contraviniendo lo que dicta la Ley 26.522 y quebrantando nuestros derechos constitucionales a acceder a una TV de calidad que estimule el desarrollo y el bienestar de los chicos y las chicas argentinos…”, expresó en el reclamo.
También incluyó la actuación N° 221/2013 del 28 de junio, por la cual un hombre de la ciudad de Tandil denunció que en esa localidad Cablevisión no incluyó en su grilla de programación los canales de la televisión digital.
En la actuación 202/2013 del 2 de julio, se registró la denuncia del dueño de un cnaal de aire de la localidad de Funes, provincia de Santa Fe, quien reclamaba a las empresas de cable que incorporara su señal a la grilla.
-En la actuación 89/2013 del 6 de mayo, una señora de la localidad de Mar del Plata denuncióa Cablevisión porque impide acceder a otro proveedor de cable, y "permanentemente aumenta la tarifa”
El 29 de abril, en la actuación 78/2013, un hombre de la localidad de Rawson, partido de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires, denunció que Cablevisión S.A. es el único proveedor de servicios de televisión y limita su programación en esa localidad a solo 35 canales cuando publicita que su programación es de 75 canales de conformidad con el paquete más económico “Cablevisión Clásico”
La titular del organismo surgido de la Ley de Medios Cynthia Ottaviano dejó constancia sobre los reclamos que reibió la Defensoría y que fueron mencionados en la audiencia ante la Corte Suprema de Justicia. En el artículo del diario Clarín esos reclamos fueron atribuidos a otros grupos de medios o cableoperadores.
En la enumeración, Ottaviano menciona la Actuación N° 452/2013 del 14 de agosto correspondiente a una mujer de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que denunció a Cablevisión porque no sube a la grilla del servicio básico el canal infantil Paka Paka. " En abril de 2011 envié en reiteradas ocasiones mails a la empresa pidiéndoles que incorporaran el canal a la grilla básica, denunciando que estaban contraviniendo lo que dicta la Ley 26.522 y quebrantando nuestros derechos constitucionales a acceder a una TV de calidad que estimule el desarrollo y el bienestar de los chicos y las chicas argentinos…”, expresó en el reclamo.
También incluyó la actuación N° 221/2013 del 28 de junio, por la cual un hombre de la ciudad de Tandil denunció que en esa localidad Cablevisión no incluyó en su grilla de programación los canales de la televisión digital.
En la actuación 202/2013 del 2 de julio, se registró la denuncia del dueño de un cnaal de aire de la localidad de Funes, provincia de Santa Fe, quien reclamaba a las empresas de cable que incorporara su señal a la grilla.
-En la actuación 89/2013 del 6 de mayo, una señora de la localidad de Mar del Plata denuncióa Cablevisión porque impide acceder a otro proveedor de cable, y "permanentemente aumenta la tarifa”
El 29 de abril, en la actuación 78/2013, un hombre de la localidad de Rawson, partido de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires, denunció que Cablevisión S.A. es el único proveedor de servicios de televisión y limita su programación en esa localidad a solo 35 canales cuando publicita que su programación es de 75 canales de conformidad con el paquete más económico “Cablevisión Clásico”
TN censuró a Sabbatella
Los espectadores de la señal de cable del Grupo Clarín no pudieron escuchar los argumentos del titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual a favor de la Ley de Medios ya que el monopolio decidió interrumpir el discurso de funcionario. "Es una demostración de por que tienen que estar todas las voces presentes", dijo Sabbatella en Radio América.
A pesar de sostener a lo largo del segundo día que el Grupo defiende la libertad de expresión, al momento en que Sabbatella denunciaba la posición dominante del holding empresario el canal interrumpió sus dichos para cambiar la agenda de su programación.
A pesar de sostener a lo largo del segundo día que el Grupo defiende la libertad de expresión, al momento en que Sabbatella denunciaba la posición dominante del holding empresario el canal interrumpió sus dichos para cambiar la agenda de su programación.
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