DEMOCRACIA,
CORTE SUPREMA Y LEY DE MEDIOS
Estamos frente
a un gran desafío como sociedad. Lo que está en juego el próximo 27 de Octubre,
no es solamente, la renovación parcial del Congreso Nacional. Como se ha escrito
y comentado en diferentes análisis, lo que está en disputa es el proyecto de
Nación que nos daremos los argentinos.
Es la esencia
misma del sistema democrático lo que está en debate.
Tenemos que
elegir si seguimos por el duro camino de una democracia adulta, soberana,
inclusiva, generadora y defensora de derechos y obligaciones, como desde el 25
de Mayo de 2003. O si volvemos a la democracia condicionada y sometida a los
factores de poder, como aconteció desde que recuperamos la democracia en 1983 y
durante gran parte de nuestra historia, salvo raras
excepciones.
Porque, como
también ha quedado claro, de lo que se trata, en definitiva, es quien tiene el
poder en la
Argentina.
Si dejamos que
siga en manos de los grandes grupos empresarios corporativos o en la soberanía
popular. Que se expresa a través del gobierno elegido de manera
democrática.
Nuestro sistema
democrático basado en una Constitución Nacional que tiene dos siglos de vida y
algunas reformas (que deberían revisarse, pero sería tema de otro debate)
determina que el gobierno nacional consta de tres poderes. Dos de los cuales se
eligen por elecciones libres y obligatorias, que son el Poder Ejecutivo y el
Poder Legislativo. El tercero, el Poder Judicial, no está sometido a la elección
popular.
Si tenemos en
cuenta recientes fallos judiciales que resultaron favorables a corporaciones
empresarias en conflicto, no sólo con el gobierno nacional (en realidad con el
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo) sino fundamentalmente con los intereses
de la mayoría de la población; comprendemos que una parte importante del Poder
Judicial no respeta la soberanía popular. Ese sector del Poder Judicial no está
a favor de una justicia que contemple los derechos e intereses de la
mayoría.
Esto,
necesariamente, colisiona con el necesario equilibrio que debe sostener y
alimentar a un sistema democrático. Ese equilibrio es inherente a la vida
democrática. Es el equilibrio del poder.
Hoy, no es
necesario un golpe de estado tradicional, para lesionar y condicionar la
democracia y los derechos de las mayorías.
Hoy, los
gobiernos democráticos son desestabilizados con otras metodologías. Tenemos los
ejemplos concretos de Honduras y Paraguay (exitosos) y de Ecuador
(fallido).
Hoy, las
empresas poseedoras de medios de comunicación y sectores del Poder Judicial son
artífices de golpes institucionales, respondiendo a una nueva matriz
golpista.
Incluso, por la
presión de esos medios de comunicación con posición dominante y estructura
monopólica, sumado a fallos y medidas judiciales que los benefician, pretenden
gobernar por encima de la voluntad popular expresada en las urnas y
materializada en leyes votadas por amplias mayorías del Congreso. Como manda
la Constitución
Nacional.
Ya no es
necesaria la utilización de las fuerzas armadas para derrocar o condicionar a un
gobierno democráticamente elegido.
El sistema de
poder corporativo defiende sus privilegios de clase con nuevas armas y se
resiste a los cambios surgidos y producidos en las mayorías populares y que se
plasman en leyes votadas según las normas que nos rigen.
Hoy, parte del
Poder Judicial, en nuestro país, funge como garante de esos privilegios que el
sistema de poder no está dispuesto a resignar. Aún a costa de vaciar la
democracia y vulnerar no sólo la voluntad popular, sino la Constitución
Nacional si es necesario.
Por esto, entre
otras razones, hace casi cuatro años que una medida cautelar tiene bloqueados
artículos fundamentales de la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por eso el fallo
de la Corte
Suprema de Justicia impide que el predio de la Rural de Palermo, vendida a
precio vil en la década del 90, vuelva a manos del Estado, como bien
público.
El prestigio de
sus integrantes está en la mira de toda la sociedad.
El pueblo
movilizado acompañará la Audiencia Pública
del 28 de Agosto. En defensa de la
Ley de Medios de la
Democracia.
En defensa de
la
Democracia.
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