Ley de Medios
Jueves 29 de agosto de 2013 | 16:57Los argumentos que se llevó la Corte para dictaminar sobre la ley de medios
Política
Durante la audiencia pública de más de tres horas, el máximo tribunal interrogó a Clarín y al Gobierno, que defendieron su postura; fue el último paso antes del fallo
Ahora, sólo queda el dictamen de la Corte. El conflicto entre el Grupo Clarín y el Gobierno por la ley de medios tuvo hoy el penúltimo capítulo de su derrotero judicial. En la segunda jornada de la audiencia pública convocada por el máximo tribunal, cada parte pudo exponer sus argumentos antes de que llegue el fallo que dictaminará sobre la constitucionalidad -o no- de los artículos cuestionados. Ese momento crucial aún sigue sin fecha.
Durante tres horas y media, los magistrados interrogaron exhaustivamente a los representantes del multimedios -encabezados por el abogado Damián Cassino- y de la Casa Rosada -que envió un grupo de técnicos dirigidos por el titular de la Afsca, Martín Sabbatella-.
En total fueron 17 preguntas para Clarín y 36 para el Gobierno, además de algunas que se realizaron al perito económico Néstor Rubén Alessandri, que negó que el grupo sea un monopolio y aseguró que su desinversión significaría una "menor prestación y bienestar para el usuario".
Las posturas no se movieron de su posición original, las mismas de cuatro años atrás, cuando la ley fue sancionada por el Congreso y Clarín impugnó en la Justicia cuatro artículos. Mientras el grupo mediático aseguró que que la aplicación total de la norma afecta la sustentabilidad económica de la empresa y a la libertad de expresión, la Casa Rosada sostuvo que la ley protege la diversidad de contenidos y de los prestadores de servicios.
No hubo debate entre las partes, pero sí acusaciones cruzadas en los momentos finales de la audiencias, cuando la Corte concedió 10 minutos a cada uno para sus alegados. "¿Para qué quieren las licencias del Grupo Clarín? ¿para silenciarlo?", se preguntó allí Cassino. A su turno, Sabatella acusó al grupo de actitudes desestabilizadoras: "Los límites que impone le alcanzan para ser sustentable [económicamente], salvo que quiera extorsionar a la democracia, manipular a la opinión pública o sacar y poner presidentes".
El juez Eugenio Zaffaroni fue el único ausente en la audiencia porque -según trascendió- está de viaje en Alemania. Ayer, el magistrado apenas escuchó los primeros minutos de la presentación de los "amicus curiae" y se retiró de la sala sin regresar.
El máximo tribunal recibió a diez representantes, cinco por el Estado y cinco por el Grupo Clarín, en una audiencia pública. Foto: LA NACION / Aníbal Greco
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Argumentos enfrentados
Primero en exponer por ser el demandante, Clarín dispuso a sus abogados Cassino, Angélica Gelli y Alejandro Carrió, junto a un grupo de técnicos, a responder frente al tribunal.
La empresa argumentó una "incapacidad de sobrevivir" en caso de entrar en vigencia los artículos 41 -prohíbe venta de las licencias de medios audiovisuales-, 45 -fija varias restricciones a la cantidad de licencias de FM, AM, TV abierta y por suscripción-, 48 -impide argumentar derechos adquiridos sobre licencias obtenidas antes de la sanción de la ley- y 161 -fija el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley para la adecuación.
"La ley produce un efecto contrario al que declara, se afecta la libertad de expresión porque se afecta la sustentabilidad del grupo", dijo uno de los abogados de Clarín
¿Por qué la actora sostiene que se afecta la libertad de expresión?, quiso saber la Corte. Los defensores aludieron a un "hostigamiento por parte del Estado Nacional" e intentaron vincular las pérdidas económicas que sufriría el grupo con la libertad de expresión. "La ley produce un efecto contrario al que declara, se afecta la libertad de expresión porque se afecta la sustentabilidad del grupo", argumentó Cassino. "Se desbarata un medio que es una puerta al mundo", dijo Gelli.
"¿Si la libertad de expresión requiere un volumen económico como el del grupo Clarín, qué ocurre con los demás grupos que no tienen esa entidad, no tendrían libertad de expresión o deberían ser subsidiados para equipararlos a Clarín?", quiso saber el tribunal. Gelli volvió a hablar de la "sustentabilidad" y Lorenzetti pidió a los expositores que sean concisos en sus respuestas. Fueron los especialistas finalmente quienes dieron una respuesta técnica a la situación.
Tras un cuarto intermedio, la pelota pasó al campo del Ejecutivo, cuyos defensores debieron responder más del doble de preguntas que se le hicieron a Clarín. La situación provocó bromas al final de la intervención. "Menos mal", soltó entre risas la abogada Graciana Peñafort Colombi cuando el presidente del tribunal le comentó en un momento que le hacían la pregunta 36, la última.
"No se aplica plenamente [la norma] porque un grupo de medios no quiere entrar en las generales de la ley", sostuvo uno de los defensores del Ejecutivo
Los representantes del Estado admitieron ante la Corte que cuatro años después de la sanción de la ley se aprobó el 35,9 % de las solicitudes de adecuación a la nueva norma, que fueron presentadas por los diferentes adjudicatarios de licencias.
Ante una pregunta sobre el cumplimiento de la norma por parte del organismo, el abogado Daniel Larrache reconoció la situación actual: hasta el momento se adecuaron 14 licenciatarios, 15 adecuaciones aún esperan aprobación y 10 fueron desestimadas.
También mostró el peso de Clarín frente a otros medios. Aseguró que el multimedios ostenta más de 230 licencias, frente a 49 su segundo competidor. Dijo que hay 650 licenciatarios con una sola licencia de cable.
En otras respuestas, Larrache -director de gestión, administración y desarrollo de la Afsca- admitió que la ley "no se aplica plenamente porque un grupo de medios no quiere entrar en las generales de la ley". Y Peñafort remarcó que Clarín "logró concentrar más licencias que las permitidas" y señaló que "la libertad de expresión es un valor simbólico que requiere una legislación anterior a que se produzca la vulneración", a diferencia de la ley de defensa de la competencia, que es posterior.
El reloj marcó las 13.30 cuando Lorenzetti dio por cerrada la audiencia que había comenzado puntual a las 10. Y abrió el espacio de reflexión que tendrán los magistrados sobre la constitucionalidad o no de los 4 artículos impugnados, aunque no precisó cuántas semanas o meses requerirá. "La Corte pasa a deliberar", concluyó
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