El macrismo pasó la topadora para expulsar a la gente de “La Veredita”
Publicado el 4 de Junio de 2011
Rodeadas de policías, más de 300 familias fueron desalojadas del predio en el Bajo Flores y sus casas destruidas. La ministra y candidata María Vidal fue la voz del gobierno que apeló la orden de pagar $ 7200 a cada familia.
La cuenta regresiva que durante meses mantuvo en vilo a más de 300 familias sin techo, terminó este viernes a las 6:30 de la mañana, cuando dos topadoras y más de 500 efectivos de las Policías Metropolitana y Federal desalojaron por la fuerza el asentamiento “La Veredita”, uno de los núcleos habitacionales más precarios de Villa Soldati, el barrio porteño más pobre de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde el 50% de su población sobrevive del cartoneo. La medida fue ordenada por la jueza contravencional porteña Claudia Álvaro y desembocó en una nueva pelea judicial entre el gobierno de Mauricio Macri y los tribunales de la Ciudad, debido a que la ministra de Desarrollo Social y candidata a vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, decidió desconocer dos medidas cautelares que habían sido dictadas por los jueces Vicente Cataldo y Elena Liberatori. Ambos magistrados resolvieron el pago que establece la ley de 7200 pesos, por única vez, para cada una de las familias que iban a ser desplazadas, pero Vidal sostuvo que “si les damos dinero o vivienda a estas familias lo que estamos diciendo es que se impone la ley del más fuerte”, dijo la funcionaria, mientras sigue adelante con su campaña electoral como compañera de fórmula del alcalde porteño.
“La Veredita” está compuesta por tres núcleos de casillas que fueron erigidas por sus habitantes sobre la vereda de la calle Portela, entre Riestra y Castañares y sobre Riestra entre Lafuente y Portela. El tercer tramo del asentamiento, tiene más de cinco años de existencia y está ubicado a dos cuadras, sobre la calle Ana María Janner, entre Portela y Riestra. Los tres núcleos ocupan las veredas que rodean a tres terrenos: los predios del colegio Marianista, de los clubes Argentinos Juniors y DAOM, y de la Fuerza Aérea.
La decisión de la jueza Álvaro estuvo destinada a desalojar con el uso de la fuerza pública a las dos primeras partes del asentamiento, donde hasta la mañana de este viernes habían más de 280 familias que terminaron aceptando una oferta de 700 pesos por única vez para que dejaran el lugar. La propuesta equivale al 10% del monto que dispuso la jueza Liberatori, pero fue realizada mientras dos topadoras arrasaban las casillas, ante la mirada atónita de un centenar de mujeres que trataban de resistir al avance de las columnas policiales y proteger a sus niños.
“Nos trataron como basura y nos dijeron que no teníamos más alternativa que aceptar los 700 pesos y dejar el lugar, o las topadoras se iban a llevar nuestras cosas”, contó a Tiempo Argentino Laura Forno, una de las delegadas del asentamiento que presentó el amparo ante la justicia para evitar el desalojo. El jueves, un día antes del operativo represivo, la jueza Álvaro había dado por concluida la etapa de negociación, luego de que los fiscales Luis Duacastella Arbizu y Roberto Maragliano informaran el fracaso del intercambio con los habitantes de las calles Portela y Riestra. “Lo cierto es que lo único que ofrecieron fue el desalojo o 700 pesos, por eso lo rechazamos. Al día siguiente, cuando llegaron las topadoras a la madrugada, la oferta fue la misma, pero a la fuerza”, contó Forno a este diario, mientras sus vecinas levantaban sus pocas cosas para evitar que las máquinas excavadoras arrasaran con sus techos, sus colchones y la ropa de sus hijos. Para el comisario Ricardo Pedace, superintendente de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, se trató del sexto intento para liberar la zona y fue realizado “con total normalidad”, aunque muchos vecinos resistieron con forcejeos y piedras a la marcha ensordecedora de las topadoras.
“La ministra Vidal, dice que cumplió el fallo, pero desobedeció dos órdenes cautelares y volvió a usar las topadoras como si fuera la época del intendente de facto Osvaldo Cacciatore”, denunció Gustavo Moreno, asesor tutelar de Cámara del Poder Judicial de la Ciudad. La funcionaria ya había anticipado que no cumpliría con el fallo, y dijo que la semana próxima analizaría la salida habitacional para “algunos afectados”. La ministra, que se encuentra en plena campaña electoral, no estuvo presente en el operativo y no dijo una palabra sobre el destino de los desalojados. No tiene mucho para decir, ya que no hay más lugar en los paradores del estado porteño, que desde esta semana quedaron repletos luego del desalojo del complejo habitacional ubicado en el Bajo Flores. Al parecer, los desalojados de “La Veredita” fueron condenados a terminar en ninguna parte, en medio de una campaña electoral que no se priva de utilizar las topadoras para ganar votantes en una Ciudad que vive al borde de la fractura. <
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