Quiénes están detrás de la organización
Publicado el 9 de Agosto de 2011
Ponen en duda la legalidad de los procesos por delitos de lesa humanidad. La integran la Unión del Personal Militar Asociación Civil, el Movimiento por la Verdadera Historia y Familiares de Víctimas del Terrorismo de Estado, entre otros.
La organización Votar Unidos (VOTARUN) reúne a lo más granado del pensamiento prodictatorial. La totalidad de sus documentos puede ser encontrada en el sitio web de la Unión del Personal Militar Asociación Civil (UPMAC), entidad que también integra la asociación junto a Fundación 1810, Unión de Suboficiales Retirados FF.AA. y Seguridad - Córdoba (UNISUR), Movimiento por la Verdadera Historia (MVH), Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica -Delegación Argentina), Unión de Promociones (UP), Proyecto Crux, y la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo de Argentina (AFAVITA).
Entre quienes adhieren con nombre y apellido a su primer boletín se encuentran el Coronel Francisco Verna (presidente de UPMAC), el licenciado (no se aclara la especialidad) Jorge P. Mones Ruiz (delegado de Uno-América), el integrante de la Unión de Promociones coronel Horacio Guglielmone; Agustín Laje, en su calidad de presidente del MVH, y Silvia Ibarzábal, titular de AFAVITA, entre otros.
A pesar de la notable similitud en sus propósitos, no compone VOTARUN la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA), que conduce Cecilia Pando. Sus comunicados, en cambio, sí son reproducidos por el diario Tiempo Militar.
La entidad redactó su documento fundacional el 28 de marzo de este año. Un mes después emitieron su primer boletín. La organización admite contar con el apoyo y la adhesión de “más de 50 ONG y más de 420 compatriotas”, que “daremos a conocer oportunamente”, afirma entre sugestiva e intrigante.
Su propósito es “gravitar en los próximos comicios con el voto de las FF AA, de Seguridad, Policiales, Penitenciarias, organizaciones civiles y conciudadanos afines”.
Entre las demandas que pretende defender con su voto, se encuentra, naturalmente, la de poner en duda la legalidad de los procesos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y “analizar si los juicios llevados a cabo contra personal civil e integrantes de la Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales y Penitenciarias son ajustados a Derecho, si responden a lo establecido por la Constitución Nacional y Leyes y Tratados Internacionales vigentes a la fecha de los hechos por los cuales se los juzga”. En otras palabras: los viejos argumentos jurídicos de los genocidas: cosa juzgada, y extemporaneidad en los planteos de los querellantes.
Y avisa: “Esto deberá hacerse con la participación de reconocidos Juristas y Constitucionalistas imparciales, corrigiendo y adoptando las medidas legales pertinentes, contra todo lo que se haya desviado de ello, para arribar a una solución político-jurídica, A FIN DE EVITAR NUEVOS Y GRAVES CONFLICTOS Y ENFRENTAMIENTOS ENTRE ARGENTINOS” (las enfáticas y hasta amenazantes mayúsculas se corresponden con las del original). <
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