¿Por qué existen los avisos de prostitución?
Publicado el 21 de Noviembre de 2011Por
Periodista especializada en temas de género.
Los avisos expresan una sexualidad al servicio del varón dominador, donde este dispone de la mujer como lo haría con un objeto y donde se paga más por los cuerpos jóvenes que garanticen mayores instancias de placer.
Cuando la presidenta Cristina Fernández firmó el Decreto 936 que prohíbe los avisos de prostitución, lo hizo invocando dos leyes: la 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas y la 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrolle sus relaciones interpersonales. Es decir que se perseguían dos objetivos: limitar una vía de fomento de la trata de personas, y reducir la discriminación y el sexismo hacia las mujeres en los medios, que fue caracterizado como “violencia mediática” por la Ley 26.485, habitualmente conocida como Ley de Violencia de Género.
Sobre el primer punto, el Estado se manifestó varias veces antes de la existencia del Decreto 936. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) elaboró en 2009 el informe “Opinión sobre avisos clasificados de oferta de sexo con contenido agraviante desde la perspectiva de género” en el que solicitaba a la Procuración General de la Nación que investigara si los avisos encubrían situaciones de trata. Y en febrero de 2010, la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas elaboró una resolución en la que recomendaba que la publicación de estos avisos tuviera un control exhaustivo. También se había manifestado en la misma línea y en reiteradas oportunidades el fiscal general ante la Cámara Federal de Mar del Plata, Daniel Adler, en su investigación sobre la trata de personas.
El segundo aspecto que contempla el decreto, el sexismo y la vulneración de derechos de las mujeres, también es política pública de la actual gestión, que se evidencia en el impulso a la Ley de Violencia de Género. Ya el informe del INADI encuadraba la publicación de avisos en el marco de la figura jurídica de violencia mediática y mencionaba que vulneran, tanto esta ley como la normativa internacional de protección de los derechos de las mujeres aprobada por el país: la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus iniciales en inglés) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belem do Pará.
La vulneración de estos derechos es invocada porque los avisos expresan y legitiman, sin tapujos, algunos de los peores vicios de la sociedad patriarcal: la cosificación, manipulación y sumisión de la mujer; la omertá de los varones; el abuso sexual infantil; la jerarquización racial; y la hegemonía del varón heterosexual sobre las sexualidades disidentes, entre otros. ¿Qué otra cosa sino es la que expresan los avisos cuando dicen: “Anita nuevita. Vale todo” “22 añitos. Recién empiezo” “Hermosa muñeca” “Alta, delgadita, completísima y más”, “El harem de nuevas señoritas te esperan”? Según señalan en la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, la oferta de sexo es abrumadoramente femenina: entre el 85 y el 90% ofrecen a mujeres, entre el 5 y el 10% a travestis, y un porcentaje pequeñísimo a varones.
¿Es exagerado pensar que si los avisos promocionan como una virtud de los cuerpos su juventud y virginidad, y en la televisión los programas de entretenimiento exaltan la sexualización de los cuerpos infantiles, esto tiene incidencia sobre el abuso sexual de niñas y niños? Para nada, así es como opera la violencia simbólica: haciendo natural lo que en verdad es discriminación y vulneración de derechos. Tampoco es exagerado pensar en el vínculo entre los avisos que promocionan el “vale todo” o a las “muñecas” y las estadísticas de violencia de género y los femicidios. Los avisos expresan una sexualidad al servicio del varón dominador, donde este dispone de la mujer como lo haría con un objeto y donde se paga más por los cuerpos jóvenes que garanticen mayores instancias de placer, aunque el costo sean enfermedades de transmisión sexual y heridas físicas y emocionales. Como si fuera un “divertimento de riesgo”, pero donde no se pone en juego sólo el pellejo propio sino el de las mujeres que en algunos casos eligen estar allí pero en muchísimas situaciones no.
¿Y por qué los medios de comunicación se hacen eco de semejante resabio de la cultura patriarcal? Cínicamente argumentan que es para preservar la libertad de expresión, el derecho de todas las personas a publicar lo que quieran. El diario Río Negro, que apeló el Decreto 936, señaló la necesidad de defender el derecho de las mujeres en ejercicio de la prostitución a publicar estos avisos. ¿Cómo se puede decir que se defienden los derechos de cualquier mujer cuando se vulneran ostentosamente en la imagen y en el texto de cada mínimo aviso?
Descartado el argumento de la libertad de expresión –que sería en todo caso libertad de empresa porque se plantea para la publicidad del medio y no para sus contenidos–, las miradas suelen apuntar a las ganancias económicas del medio como verdadera causal no explicitada. Puede ser. Según cálculos corroborados por la Oficina de Monitoreo, el diario Clarín gana un millón de pesos por mes por este tipo de avisos (Clarín es el único diario de todo el país que fue notificado y no acató el cumplimiento del Decreto 936). Sin embargo, hay voces que comienzan a alertar sobre razones más primitivas y misóginas, que dicen que la causa económica no es la principal sino el mantenimiento de un statu quo machista y patriarcal del que los medios de comunicación, mayoritariamente dirigidos por varones, serían cómplices. <
Periodista especializada en temas de género.
Los avisos expresan una sexualidad al servicio del varón dominador, donde este dispone de la mujer como lo haría con un objeto y donde se paga más por los cuerpos jóvenes que garanticen mayores instancias de placer.
Cuando la presidenta Cristina Fernández firmó el Decreto 936 que prohíbe los avisos de prostitución, lo hizo invocando dos leyes: la 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas y la 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrolle sus relaciones interpersonales. Es decir que se perseguían dos objetivos: limitar una vía de fomento de la trata de personas, y reducir la discriminación y el sexismo hacia las mujeres en los medios, que fue caracterizado como “violencia mediática” por la Ley 26.485, habitualmente conocida como Ley de Violencia de Género.
Sobre el primer punto, el Estado se manifestó varias veces antes de la existencia del Decreto 936. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) elaboró en 2009 el informe “Opinión sobre avisos clasificados de oferta de sexo con contenido agraviante desde la perspectiva de género” en el que solicitaba a la Procuración General de la Nación que investigara si los avisos encubrían situaciones de trata. Y en febrero de 2010, la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas elaboró una resolución en la que recomendaba que la publicación de estos avisos tuviera un control exhaustivo. También se había manifestado en la misma línea y en reiteradas oportunidades el fiscal general ante la Cámara Federal de Mar del Plata, Daniel Adler, en su investigación sobre la trata de personas.
El segundo aspecto que contempla el decreto, el sexismo y la vulneración de derechos de las mujeres, también es política pública de la actual gestión, que se evidencia en el impulso a la Ley de Violencia de Género. Ya el informe del INADI encuadraba la publicación de avisos en el marco de la figura jurídica de violencia mediática y mencionaba que vulneran, tanto esta ley como la normativa internacional de protección de los derechos de las mujeres aprobada por el país: la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus iniciales en inglés) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belem do Pará.
La vulneración de estos derechos es invocada porque los avisos expresan y legitiman, sin tapujos, algunos de los peores vicios de la sociedad patriarcal: la cosificación, manipulación y sumisión de la mujer; la omertá de los varones; el abuso sexual infantil; la jerarquización racial; y la hegemonía del varón heterosexual sobre las sexualidades disidentes, entre otros. ¿Qué otra cosa sino es la que expresan los avisos cuando dicen: “Anita nuevita. Vale todo” “22 añitos. Recién empiezo” “Hermosa muñeca” “Alta, delgadita, completísima y más”, “El harem de nuevas señoritas te esperan”? Según señalan en la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, la oferta de sexo es abrumadoramente femenina: entre el 85 y el 90% ofrecen a mujeres, entre el 5 y el 10% a travestis, y un porcentaje pequeñísimo a varones.
¿Es exagerado pensar que si los avisos promocionan como una virtud de los cuerpos su juventud y virginidad, y en la televisión los programas de entretenimiento exaltan la sexualización de los cuerpos infantiles, esto tiene incidencia sobre el abuso sexual de niñas y niños? Para nada, así es como opera la violencia simbólica: haciendo natural lo que en verdad es discriminación y vulneración de derechos. Tampoco es exagerado pensar en el vínculo entre los avisos que promocionan el “vale todo” o a las “muñecas” y las estadísticas de violencia de género y los femicidios. Los avisos expresan una sexualidad al servicio del varón dominador, donde este dispone de la mujer como lo haría con un objeto y donde se paga más por los cuerpos jóvenes que garanticen mayores instancias de placer, aunque el costo sean enfermedades de transmisión sexual y heridas físicas y emocionales. Como si fuera un “divertimento de riesgo”, pero donde no se pone en juego sólo el pellejo propio sino el de las mujeres que en algunos casos eligen estar allí pero en muchísimas situaciones no.
¿Y por qué los medios de comunicación se hacen eco de semejante resabio de la cultura patriarcal? Cínicamente argumentan que es para preservar la libertad de expresión, el derecho de todas las personas a publicar lo que quieran. El diario Río Negro, que apeló el Decreto 936, señaló la necesidad de defender el derecho de las mujeres en ejercicio de la prostitución a publicar estos avisos. ¿Cómo se puede decir que se defienden los derechos de cualquier mujer cuando se vulneran ostentosamente en la imagen y en el texto de cada mínimo aviso?
Descartado el argumento de la libertad de expresión –que sería en todo caso libertad de empresa porque se plantea para la publicidad del medio y no para sus contenidos–, las miradas suelen apuntar a las ganancias económicas del medio como verdadera causal no explicitada. Puede ser. Según cálculos corroborados por la Oficina de Monitoreo, el diario Clarín gana un millón de pesos por mes por este tipo de avisos (Clarín es el único diario de todo el país que fue notificado y no acató el cumplimiento del Decreto 936). Sin embargo, hay voces que comienzan a alertar sobre razones más primitivas y misóginas, que dicen que la causa económica no es la principal sino el mantenimiento de un statu quo machista y patriarcal del que los medios de comunicación, mayoritariamente dirigidos por varones, serían cómplices. <
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