Los tiempos de “la Justicia”

 

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 Por Mario Wainfeld

La Corte Suprema rechazó un recurso interpuesto por el Estado nacional contra una decisión de la conspicua Sala Segunda de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial. El fallo, que favorece a la Sociedad Rural Argentina, fue dividido (ver página 5 para más información). Como viene ocurriendo últimamente en asuntos de alta densidad institucional, la posición de la minoría es la más razonable y justa.

El punto de la mayoría es sencillo: los abogados del Estado presentaron el escrito respectivo tarde, fuera de término. Los plazos procesales, dicen con razón (en general), son “perentorios y fatales”. Cualquier demora, así sea de minutos, apareja la pérdida del planteo. El fundamento de la severidad es la búsqueda de certeza. Así lo expresan quienes conformaron mayoría: Carmen Argibay, Carlos Fayt, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi.
Con argumentos ideológicamente distintos el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, y Eugenio Raúl Zaffaroni piensan distinto. Estos Supremos mezclan consideraciones específicas en el expediente con otras de carácter general. Las específicas aluden a la ambigüedad de ciertas decisiones de la Cámara que pudieron inducir a error a los abogados del Estado. La “confusión” (sic), que Lorenzetti sugiere torpe y deliberada, fuerza a no ser tan formalista y a hacer prevalecer el derecho de defensa. O sea, a que prime lo sustancial (la búsqueda de una sentencia adecuada sobre el fondo de la cuestión) sobre lo ritual y aparente.
Esta crónica, hecha para un diario no jurídico, omite el análisis de fechas y reglas, engorroso (o hasta intragable) para lectores profanos. Pero sí se permite subrayar, acaso en “homenaje” a la mayoría, que el formalismo prevalece en los tribunales. En los pleitos (aunque se predique lo contrario) se procura más la certeza que la justicia. El costumbrismo del Foro registra casos crueles en los que se pierde un derecho por llegar unos minutos tarde a la Mesa de Entradas. Hay jurisprudencia igualmente chocante para situaciones análogas: por ejemplo los del abogado o empleado que se equivoca de Mesa de Entradas y presenta el escrito “en la oficina de al lado”. Un puñado, dos metros de distancia inciden más que tratar de desentrañar el fondo del caso. Es más sencillo, ahorra trabajo entre otras variables.
Amén de la certeza, claro, la determinación de plazos se orienta a evitar dilaciones o chicanas. Lo extraño, o quizá no tanto, es que sometidos a esas reglas los pleitos no son veloces. Por el contrario, se eternizan. Ya volveremos sobre este aspecto, en un caso canónico.
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Siga, siga, siga: La mayoría puede invocar nutrida jurisprudencia: los tribunales son conservadores en tendencia abrumadora. Los formalismos procesales exacerban esa inclinación.
La propia Corte regula los requisitos del recurso extraordinario, que permite llegar a ella. Estipula la extensión de los escritos, el formato del papel, el número máximo de páginas. El incumplimiento de esas minucias puede derivar en la pérdida del recurso, que es la del derecho. Esa decisión puede no fundarse. Al máximo tribunal del país le basta con decir que no se ha cumplido con un artículo del Código Procesal. La extensión de la “sentencia” es mínima y nada lo traba. El formato y el papel, eso sí, son los establecidos.
De nuevo, la desviación no se inventó ayer. Viene del fondo de la historia. Cuando el cronista estudiaba, Derecho Romano era una de las primeras materias. Se enseñaba entonces que en una de sus etapas, la del procedimiento formulario, primaba un rigor extremo sobre el uso de las palabras. Un ejemplo recordaba que si se decía “arbusto” en vez de “árbol” (o algo por estilo, la memoria puede ser infiel) se podía perder, literalmente, el juicio. Los educandos se sorprendían de tamaño disparate. La mayoría se volcaba a “la profesión” años después y corroboraba, en carne propia, la perdurable vigencia del derecho romano.
Dejar en indefensión al Estado nacional frente a una corporación económica haciendo cuentas dudosas (asilarse en las formas para bancar una inequidad) recuerda al cronista a esos referís que expulsan al técnico de un equipo que entra medio minuto tarde a la cancha. Y luego admite todo tipo de infracciones, ignora penales... y deja que uno de los equipos demore el partido “haciendo tiempo” descaradamente. Lorenzetti y Zaffaroni eligen, esta vez, otra escala de valores: robustecer el derecho de defensa, en la búsqueda de una “verdad” sustancial aunque siempre relativa.
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El que demora gana: Forzoso es reconocer la imaginación de Franz Kafka, pero en lo atinente a los tribunales era mayormente un escritor costumbrista. La polución de reglas del trámite escrito no garantiza la celeridad de los procedimientos: en la cancha, produce el efecto contrario. La tremenda mayoría de los juicios se prolonga mucho más allá de lo humanamente razonable. Reformar los códigos procesales y la estructura del Foro para que haya más juicios orales es una deuda de la “democratización de la Justicia” que promueve el oficialismo, con buena adhesión de integrantes del Poder Judicial. Si lo hiciera, acercaría más la reforma a la gente de a pie, a aquellos que se pierden (y pierden, a secas) en los laberintos tanto físicos como simbólicos de los tribunales.
Porque hete aquí que los pleitos sujetos a reglas tan severas para los plazos duran años o lustros. Esa realidad cotidiana se repite en el reclamo de inconstitucionalidad promovido por Clarín contra artículos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA). Es chocante que la misma Corte que midió con cronómetro la presentación de escritos en el reclamo de la Sociedad Rural haya sido hospitalaria y hasta funcional con la estrategia dilatoria del multimedios. Con alguna reprimenda sobreactuada en medio, favoreció al que quiso obstaculizar la acción estatal, incluyendo a la del mismísimo tribunal.
La lógica de Clarín se orientó a dos objetivos. El primero, prolongar la incertidumbre y el control de su posición dominante, oligopólica, en el mercado. El segundo, esperar que la sentencia definitiva llegara en un trance de debilidad política del Gobierno. Se suponía que eso iba a suceder en las presidenciales de 2011, pero no resultó. Con artilugios de la mayor corporación mediática de la Argentina y transigencia de la Corte, la sentencia quedó para después de las primarias del 11 de agosto. Sería muy poco serio que la Corte difiriera su pronunciamiento hasta después de las elecciones de octubre, que demarcarán parcialmente el escenario político de los años futuros. Pero existe la perspectiva factible de que éstas sean similares a las de 2009, las menos propicias para el kirchnerismo desde 2003. El objetivo está logrado: Clarín espera que la Corte sea pro cíclica en materia política, los jueces suelen serlo. Entre otros motivos, por eso machaca tanto con “el fin de ciclo”.
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Amicus son los amicus: La audiencia fijada para el próximo miércoles 28 no tiene por qué ser una nueva postergación. Es opinable que fuera imprescindible, pero es una apertura a organizaciones de la sociedad civil. No hay motivo alguno que obste a que la sentencia definitiva llegue poco tiempo después. El ámbito de la audiencia retomará uno de los debates más extendidos y plurales sobre una ley. En el ínterin, los supremos tienen espacio y tiempo para elaborar sus votos y discurrir entre ellos.
Lo que sí sería incongruente es que el tribunal, que apuró al juez de primera instancia y a la Cámara corpo friendly (la misma que falló ayer), se conceda tiempos vaticanos para elaborar su veredicto. O, por mejor decir, que prorrogue los plazos vaticanos que ya tuvo y propició.
Lo que se resuelva será crucial para perfilar el futuro del sistema democrático. El voto popular también lo redirecciona, a veces de modo drástico. No es lo mismo, más vale. En materia judicial los que definen son siete individualidades. Un dato que se naturaliza pero que impresiona, cuando se repara en él.
En los últimos meses, las presiones mediáticas se multiplicaron. Una maqueta de lo que podría suceder si la Corte altera la correlación de fuerzas a favor del establishment contra los poderes institucionales. Juicios penales iniciados contra periodistas meses atrás dieron una señal, que fue abortada en el contexto de un clima democrático y de alta politización. La demanda del CEO de Clarín Héctor Magnetto contra el periodista Víctor Hugo Morales fue otro gesto-apriete interesante. También es notable el prepoteo constante de los últimos días, que incluye descalificaciones personales y hasta diagnósticos médicos (hechos a ojito y de parado) que declaran inhábil a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El poder fáctico no existe o es débil, proclaman sus partidarios, pero hay que ver cómo se comporta cuando tiene ínfulas.
En ese escenario arduo, cuya floja praxis ayudó a construir, la Corte Suprema tendrá en sus manos un trámite que impactará en el sistema político de los años venideros. Es, quizá, una carga excesiva para siete personalidades que han producido sentencias dispares, en promedio de buena valoración. Ponerles límite a las corporaciones económicas ha sido su lado flaco, por ahora. Extremar el rigor, incluso cayendo en el formalismo injusto, una tentación asidua. Lo demás, lo central, está por verse.