Las barreras físicas impiden estudiar a 90 mil chicos y jóvenes
Publicado el 27 de Marzo de 2011
Ese es el número de personas con discapacidad motriz que no pueden acceder a sus lugares de estudio en silla de ruedas. En la Ciudad de Buenos Aires, el 75% de las escuelas públicas y el 90% de las privadas no cuentan con rampa.
En todas las escuelas públicas y privadas del país, hay miles de barreras invisibles para millones de argentinos, salvo para los 90 mil chicos con discapacidad motriz que no pueden acceder a sus establecimientos escolares porque no pueden ingresar con su silla de ruedas y terminan estudiando en sus casas o con métodos indirectos. El dato forma parte de un relevamiento realizado por la ONG Acceso Ya, que mantiene desde 2009 un duro conflicto legal con el gobierno porteño por una realidad que afecta a miles de chicos de cuatro a 15 años.
Según las denuncias que recibe y los relevamientos que realizó en todas las escuelas de la Ciudad, el 75% de las escuelas públicas y el 90% de las privadas no tienen rampas. “Pero si les pedimos que además de rampas, tengan un baño adaptado y un ascensor, llegamos a la conclusión que sólo el 5% de todos los establecimientos educativos de la capital permiten que sus alumnos con discapacidades motrices puedan asistir a clase”, explica Evangelina Galligó, directora ejecutiva de la organización que el domingo pasado realizó la sexta edición de “Rallydad, un rally en silla de ruedas”. El nombre de la movilización, plantea un rally por la realidad de las calles porteñas para “reclamar una Ciudad libre de barreras”. La marcha estuvo integrada por 100 jóvenes con y sin discapacidad que recorrieron seis cuadras. Encontraron rampas en sólo cinco de 12 esquinas.
La última movilización arrancó tres semanas después de recibir una buena noticia de los Tribunales porteños, y un cachetazo del gobierno PRO. El 3 de marzo, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, confirmó en segunda instancia la sentencia de la jueza Elena Liberatori de Aramburu del 22 de diciembre de 2009, cuando hizo lugar a un amparo presentado por Acceso Ya, para que la Ciudad cumpla con la ley 962 que obliga, entre otras cosas, a hacer accesible todos los edificios escolares, públicos y privados, para los alumnos con discapacidad motriz o capacidad motriz restringida.
La norma fue aprobada y promulgada en 2002, pero según el amparo que presentaron ante Liberatori, jamás fue aplicada por el gobierno porteño, ni por la gestión de Aníbal Ibarra, ni por la de Mauricio Macri, cuya gestión apeló el fallo en primera instancia, y ahora, luego de perder en segunda instancia, planteó que la orden de la jueza es inconstitucional y pidió que el caso pase al Tribunal Superior de Justicia, donde el macrismo tiene mayoría propia. El recurso de inconstitucionalidad llamó la atención a los querellantes, por dos razones de mucho peso que están dentro de la Constitución porteña. Su artículo 42 dice que “la Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales el derecho a su plena integración, a la información y a la equiparación de oportunidades”, mientras que el artículo 11, advierte que “la Ciudad promueve la remoción de obstáculos de cualquier orden que impidan el pleno desarrollo de las personas y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad”.
Los argumentos de Acceso Ya fueron construidos a partir de las consultas y denuncias que reciben por parte de padres de niños con discapacidad motriz, que llaman cuando no pueden matricular a sus hijos por “las barreras físicas, informativas y culturales” que tienen los niños y niñas con discapacidad. De acuerdo al último relevamiento realizado en 2010, que recorrió 678 escuelas estatales de la Ciudad, sólo 224 tienen un ingreso accesible, pero de esos casos, hay 41 escuelas con rampas antirreglamentarias. El dato concluye que sólo 183 escuelas son accesibles en su entrada, es decir, el 27% del total. Ese escenario de inaccesibilidad empeora dentro de la escuela: de las 678 escuelas estatales recorridas, sólo 87 tienen ascensor, y a sólo a 71 les funcionan. En el caso de los baños adaptados, lo tienen 37, es decir el 5,45% del total. En el caso de la educación privada, el estudio recorrió a las 783 escuelas inscriptas en la enseñanza oficial porteña y descubrió que el 76,88% de ellas sólo tienen escalones en sus accesos, mientras que el 79,69% tiene el portero o timbre muy alto para que un chico en silla de ruedas pueda avisar que llegó. Eso no es todo: el 58% del total tiene escalones en los pasillos, corredores y acceso a las aulas. “Pero si combinamos estos obstáculos, sólo el 5,11% de las escuelas cumplen con las condiciones mínimas de accesibilidad”, dice Galligó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario