VIOLENCIA Y JUSTICIA CIUDADANA. EL DESAFIO DE LOS
POLITICOS.
Por: Darío H. Schueri –
Desde Santa Fe
Santa Fe acaba de ser
promocionada por el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Arabe con un crédito en
dinares que, triangulados a dólares y moneda nacional significan algo mas de 400
millones de pesos, con los cuales Bonfatti acometerá de lleno con la magistral
obra de acueductos; comenzando por el Norte, pero según nos adelantara el
Ministro Ciancio, se proseguirá con la obra el Desvío Arijón (Norte I – Toma
Desvío Arijón) que, pasando por Rafaela llegará hasta
Sunchales.
Esta buena noticia para
Santa Fe como Estado institucionalmente ejemplar en el pago de sus compromisos
(desde que Reutemann tomara el mismo crédito kuwaití en el año 1994 y que
terminara de pagar la actual gestión en Diciembre último), y como Provincia con
una muy buena ecuación financiera para la toma de créditos internacionales,
choca frontalmente con la irresoluta violencia que asuela Rosario y Santa Fe y
promete irradiarse hacia otros grandes centros
urbanos.
La paz vecinal perturbada
hace tiempo por “la delincuencia” (definida culturalmente si fuera una
enfermedad microbiana imposible de combatir) llevó a que pacíficos ciudadanos
mutaran en turba enfurecida para llegar al extremo en Rosario de ajusticiar a un
joven presuntamente ladrón de 18 años causándole la muerte luego de una paliza
“ejemplar”. En esta capital, sin las luctuosas consecuencia de Rosario, pasó
algo parecido. De seguir así el “efecto contagio” no tardará en expandirse, y
las crónicas comenzarán a acostumbrarse a estos hechos de “justicia colectiva
por mano propia”.
¿Cuál fue la gota que
rebasó el vaso?. Es evidente que ante la
ausencia del Estado en sus diferentes formas jurídicas, el hartazgo social está
derivando en una situación sociológica de peligrosa anomia que nos hace
involucionar como individuos habitantes de un espacio común regido por leyes que
regulan la convivencia.
La gente suele descargar la
culpa primigenia en la defección policial, para inmediatamente emparentarla con
la ausencia de justicia “a la medida de sus exigencias”. Se dice que el nuevo
Código Procesal Penal es mas “garantista” que el reemplazado; que los
victimarios tienen todas las de ganar sobre las víctimas. Si lo escuchado en los
pasillos de Tribunales tras varias audiencias bajo el nuevo sistema llegare a
ser cierto, la incipiente espiral de “justicia ciudadana” no tardará en
potenciarse; mas ahora que las audiencias son públicas.
El senador radical Lisandro
Enrico intuía lo que está sucediendo, y el año pasado fue protagonista y
depositario de las críticas de algunos de sus colegas diputados cuando propuso
desde su banca otorgarles más potestad a los jueces para decidir sobre las
excarcelaciones. Hoy Enrico pugna por sancionar severamente a una flamante
Fiscal de esta capital por dejar inmediatamente en libertad a un sujeto que
acababa de cometer un robo.
El Procurador de
la Corte Jorge
Barraguirre enfocó la mira en la fuerza policial y escaldó al gobierno dejando
entrever lo que suelen denunciar diputados peronistas: falta de conducción política en la Policía. Se enojó el Primer Ministro Rubén Galassi y lo mandó
bíblicamente a ver la viga en el ojo propio y ocuparse de sus
responsabilidades.
Barraguirre
había señalado que “la inteligencia criminal de la policía está quebrada” en
Santa Fe, y que existe en la provincia “un problema de conducción política en
la Policía ”.
Galassi le refutó señalando que justamente el doloroso parto de un nuevo sistema
de conducción tras 140 años de manejo omnímodo les está generando estas
consecuencias que inclusive deriva en punzantes contrapuntos con intendentes
radicales, caso Oliver de Santo Tomé o Corral de esta misma capital, ciudades
donde los bienes y las personas suelen estar a merced de quienes decidieron
vivir al margen de la ley penal sin importarles naturalmente Barraguirre,
Galassi, ni el nuevo Código Procesal Penal. En definitiva sin importarles la
vida: propia ó ajena.
Las causas
“de la inseguridad” y su hija dilecta la violencia son mas profundas que la
simple enumeración de artículos del Código Penal; de allí que el gobierno
decidió emprender un atractivo programa social denominado “Vínculos” cuyos
beneficios serán a mediano y largo plazo y que busca penetrar inclusive en los
orígenes de los alarmantes índices de violencia urbana que cada día desviven a
las guardias de los hospitales de las grandes ciudades con cada vez mayor
cantidad de heridos y muertos por riñas personales o ajustes de cuentas como
consecuencia en no pocos casos de otro flagelo universal: el tráfico y consumo
de estupefacientes.
Los otrora
bucólicos pueblos y ciudades pequeñas del interior, sobremanera aquellos vecinos
de ciudades densamente pobladas, suelen recibir con preocupante asiduidad la
visita de la delincuencia que expande su accionar, sobre todo en el menudeo del
mercado de drogas que los jóvenes suelen conocer en los boliches de esas grandes
ciudades. Como bien suele preguntarse el Gobernador cuando aborda el tema de la
violencia social, además de la presencia policial, ¿adónde está la familia como
primer núcleo contenedor social?.
El desafío
para los políticos y aspirantes a candidatos, sea de una Comisión Comunal como a
la
Gobernación será incluir en su agenda de campaña estas
cuestiones y la manera práctica de abordarlas. La sociedad está cansada de los
discursos fáciles y oportunistas. Debe ser por eso que decidió – erróneamente
desde ya – tomar la justicia en sus manos.
Un senador
que asistió hace poco a una asamblea ciudadana en una pacífica y pequeña
localidad de su Departamento nos confesó, muy preocupado, que el tono de los
vecinos le recordaba los aciagos días del “que se vayan todos” del 2001. Basta
una chispa para encender un gran fuego.
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