El combate será a muerte en 2011
Martes 4 de Enero de 2011 | Alperovich notificó a sus opositores que no les dará tregua en el proceso electoral. El intríngulis de las dos votaciones de julio.carlos abrehu | secretario general de redaccióncabrehu@lagaceta.com.ar
A matar o morir. Con esa concepción encarará José Alperovich el proceso de renovación electoral de 2011. Sería una ingenuidad suponer que es una bravata de un hombre que ama apasionadamente el poder.
Antes bien, demostró que domina la ingeniería electoral y el aparato del Estado. Está seguro también de obtener la complacencia judicial para la re-reelección.
Voy a jugar como si estuviera perdiendo 100 a cero, sentenció antes de viajar a Punta del Este, donde descansa. A diferencia de años anteriores, reposa para recargar energías. Que nadie de la oposición diga que no fue anoticiado de lo que se viene.
Ahora bien, tamaño afán de poder puede suscitar reacciones de cansancio con un estilo de conducción que no acepta fácilmente que se le pongan límites a sus acciones.
La vocación continuista del gobernador es un hecho. Sus opositores maduran con parsimonia los armados electorales. Para ellos, está fuera de alcance la modificación de las pautas legales.
El 28 de agosto es el punto terminal del cronograma local. La de Tucumán se inserta en el medio de la serie de elecciones adelantadas en provincias que decidieron desvincular su suerte de los comicios presidenciales.
Una victoria aplastante en Tucumán aliviaría el efecto psicológico que podría generar la derrota del kirchnerismo en Santa Fe, que votará en julio. La Casa Rosada descuenta que Alperovich será reelecto. Sabe, por tanto, que no habrá bloqueo judicial para la disposición transitoria que habilita la posibilidad del tercer período consecutivo de Alperovich, legisladores, intendentes, ediles y comisionados comunales.
El séptimo mes
Si la elección es, digamos en julio, ¿qué voy a hacer? Tengo que ir con las dos elecciones juntas. Así admitió Alperovich a LA GACETA que puede haber un nuevo escenario político. Ambiguamente, aludió a un eventual anticipo de las elecciones presidenciales para el séptimo mes del año.
Ahora bien, la Constitución de 1994 establece en el artículo 95 que la elección del presidente y del vicepresidente se efectuará dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del Presidente en ejercicio.
La fecha del 23 de octubre encaja con la lógica constitucional. De mantenerse esto en pie, la hipótesis de una confluencia de las elecciones provinciales y nacionales sería inviable.
Sin embargo, la fijeza de las reglas de la Carta Magna cede ante las presiones de la política. El peronismo ha hecho un culto de este modo de proceder en la última década.
Eduardo Duhalde juró como presidente en enero de 2002 para completar el período que había quedado vacante tras la renuncia de Fernando de la Rúa, en diciembre de 2001. Debía gobernar hasta octubre de 2003, por decisión de la Asamblea Legislativa que lo invistió mediante la Ley de Acefalía. Pero el ex gobernador bonaerense renunció, acortando el mandato que asumió en medio de la crisis. Se reformó la Ley de Acefalía y se llamó a elecciones presidenciales adelantadas para abril de 2003.
El politólogo rosarino Hugo Quiroga planteó que, ante la salida de Duhalde, "lo correcto hubiera sido aplicar la legislación vigente, a fin de que la Asamblea Legislativa designara otro candidato hasta octubre de 2003". Se siguió otro camino, como se vio. La discrecionalidad política venció al derecho.
Antes bien, demostró que domina la ingeniería electoral y el aparato del Estado. Está seguro también de obtener la complacencia judicial para la re-reelección.
Voy a jugar como si estuviera perdiendo 100 a cero, sentenció antes de viajar a Punta del Este, donde descansa. A diferencia de años anteriores, reposa para recargar energías. Que nadie de la oposición diga que no fue anoticiado de lo que se viene.
Ahora bien, tamaño afán de poder puede suscitar reacciones de cansancio con un estilo de conducción que no acepta fácilmente que se le pongan límites a sus acciones.
La vocación continuista del gobernador es un hecho. Sus opositores maduran con parsimonia los armados electorales. Para ellos, está fuera de alcance la modificación de las pautas legales.
El 28 de agosto es el punto terminal del cronograma local. La de Tucumán se inserta en el medio de la serie de elecciones adelantadas en provincias que decidieron desvincular su suerte de los comicios presidenciales.
Una victoria aplastante en Tucumán aliviaría el efecto psicológico que podría generar la derrota del kirchnerismo en Santa Fe, que votará en julio. La Casa Rosada descuenta que Alperovich será reelecto. Sabe, por tanto, que no habrá bloqueo judicial para la disposición transitoria que habilita la posibilidad del tercer período consecutivo de Alperovich, legisladores, intendentes, ediles y comisionados comunales.
El séptimo mes
Si la elección es, digamos en julio, ¿qué voy a hacer? Tengo que ir con las dos elecciones juntas. Así admitió Alperovich a LA GACETA que puede haber un nuevo escenario político. Ambiguamente, aludió a un eventual anticipo de las elecciones presidenciales para el séptimo mes del año.
Ahora bien, la Constitución de 1994 establece en el artículo 95 que la elección del presidente y del vicepresidente se efectuará dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del Presidente en ejercicio.
La fecha del 23 de octubre encaja con la lógica constitucional. De mantenerse esto en pie, la hipótesis de una confluencia de las elecciones provinciales y nacionales sería inviable.
Sin embargo, la fijeza de las reglas de la Carta Magna cede ante las presiones de la política. El peronismo ha hecho un culto de este modo de proceder en la última década.
Eduardo Duhalde juró como presidente en enero de 2002 para completar el período que había quedado vacante tras la renuncia de Fernando de la Rúa, en diciembre de 2001. Debía gobernar hasta octubre de 2003, por decisión de la Asamblea Legislativa que lo invistió mediante la Ley de Acefalía. Pero el ex gobernador bonaerense renunció, acortando el mandato que asumió en medio de la crisis. Se reformó la Ley de Acefalía y se llamó a elecciones presidenciales adelantadas para abril de 2003.
El politólogo rosarino Hugo Quiroga planteó que, ante la salida de Duhalde, "lo correcto hubiera sido aplicar la legislación vigente, a fin de que la Asamblea Legislativa designara otro candidato hasta octubre de 2003". Se siguió otro camino, como se vio. La discrecionalidad política venció al derecho.
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