Comunicadores de la Argentina - COMUNA rechaza por inconstitucional y antidemocrática la acción del grupo empresario Clarín, que presentó una denuncia penal contra los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente por opinar a favor de la aplicación de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que prevé la desmonopolización y democratización de la comunicación en nuestro país. El Grupo Clarín imputa a los periodistas “instigación a la violencia”, lo que significa pedir para ellos cárcel entre tres y seis años, y acusa también a funcionarios, legisladores y dirigentes políticos que no comulgan con los propósitos de la empresa. El Grupo Clarín, que supo ser cómplice de la genocida dictadura cívico-militar, considera un delito la libertad de expresión de los periodistas que no defienden sus intereses. COMUNA se solidariza con los periodistas amenazados por la acción de una empresa que promueve el silenciamiento y la censura ahora por vía judicial. COMUNA vuelve a abogar por la aplicación completa, sin excepciones, de las leyes de la democracia, que deben ser cumplidas por todos.

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