INFORME ESPECIAL
Los intocables
En los últimos cuatro años la Dirección de Asuntos Internos remitió a la justicia 10 investigaciones administrativas de jefes policiales que no pudieron justificar su patrimonio. En casi todos los casos, los jueces no movieron los expedientes. Una causa se archivó porque extinguió la acción penal.
26.11.2012 | 06:28 hs.· Autor: Héctor M. Galiano (hgaliano@notife.com)· Fuente: Notife
“La señal que se da es que, a pesar de la judicialización de las sumarias investigaciones, en la justicia duermen hasta el archivo”. La frase le pertenece a un investigador de la Dirección de Asuntos Internos, que con bajo perfil, supo bajarle la lupa a más de un jefe que se enriqueció al amparo de las cajas negras.
En los últimos 4 años fueron remitidas por la Dirección de Asuntos Internos de la policía santafesina 10 causas en las que los investigados no pudieron justificar cómo obtuvieron sus bienes, en muchos casos, de manera escandalosa y a la vista de los vecinos, jueces y políticos.
Notife repasó el estado de cada una de las causas elevadas a la justicia por Asuntos Internos en los últimos años relacionadas a los oficiales superiores de la policía santafesina que no pudieron justificar sus bienes.
Uno de los casos más lamentables es el archivo de la causa que debía investigar el patrimonio del comisario retirado Raúl “Patón” Avalo, ex jefe de la regional Las Colonias. La causa llegó al juzgado del entonces magistrado José García Porta que hizo poco y nada para ir a fondo. Por hallarse extinguida la acción penal el expediente fue archivado el 6 de agosto de este año.
Avalo fue denunciado en marzo del 2005 por Miguel Zalazar, entonces dirigente de Apropol, quien en su escrito original acusaba a Avalo por enriquecimiento ilícito, “ya que posee cuatro vehículos, y al menos, siete propiedades en la ciudad de Esperanza, muchas de las cuales las alquila”. Al magistrado le acercaron una grabación en audio de una de las hijas de Avalo que ofrecía en alquiler una vivienda que, en los registros de la propiedad, no figuraban a nombre del ex comisario. La investigación preliminar tuvo 14 cuerpos.
“El Patón” integraba la Plana Mayor de la policía santafesina al momento de ser denunciado, en marzo de 2005, cuando el hombre fuerte de la fuerza era Jorge Pallavidini. En ese entonces, las denuncias de Zalazar también alcanzaron a otros hombres de la familia azul, referidas a enriquecimiento ilícito, encubrimiento, defraudación, evasión impositiva y malversación de caudales públicos. En el listado de policías involucrados aparecían el entonces jefe de la plana mayor policial, Raúl Horacio Avalo; el jefe de la unidad regional Nº XII (Dpto. Las Colonias), Oscar Silva; el jefe de la Brigada de Investigaciones de Esperanza, Ricardo Muller; el ex jefe de policía de la provincia, Arturo Ignacio Cruz; los ex jefes de la Unidad Regional XVIII (Dpto. San Martín), comisarios generales Raúl Avalo, Julio Pallavidini y Oscar Moresco.
La presentación judicial que dio inicio a la investigación daba cuanta de una aceitada red de ilícitos y estafas que permitía a los involucrados hacerse de bienes y ponerlos a nombre de testaferros. También sugería investigar la situación patrimonial de los ex jefes policiales hace diez años y cotejarlas con los bienes muebles e inmuebles que poseían tras el paso por la función pública.
Otras de las causas judicializadas fue la que tuvo como protagonista al comisario retirado Juan Alberto Quesada, elevado al juzgado de instrucción 4 de Rosario el 23 de abril de 2009. Actualmente la causa tiene un auto de traba de embargo e inhibición.
En el caso del comisario retirado Juan José Asborno la situación es similar. El juzgado de instrucción de Venado Tuerto no avanzó mucho desde que el enviaron el expediente desde Asuntos Internos.
Una de las más emblemáticas obras maestras del enriquecimiento es la que desarrolló acto por acto el ex comisario mayor retirado Hugo Giuliano. La causa la tuvo en sus manos el juez de instrucción penal de Rosario Alfredo Ivaldi Artacho. El 11 de mayo del año pasado se le dictó la falta de mérito por enriquecimiento ilícito y por omisión maliciosa de presentación de declaración jurada. Las medidas fueron revocadas por la Cámara de Apelaciones en lo penal de Rosario.
En agosto de 2004 el dirigente de Apropol Rosario, Alberto Martínez, lo denunció en la justicia a Giuliano. En el escrito le adjudicaba ser propietario de dos edificios de propiedad horizontal. Uno de 10 pisos, ubicado en Moreno 415 y otro en la misma calle a la altura del 405 que ocupa toda la ochava. En la denuncia se adjuntan los números de ocho cuentas bancarias a su nombre en distintas entidades crediticias. Los denunciantes calcularon entonces que el sueldo del comisario no superaba los 1.800 pesos. Martínez aportó como datos un detalle de dos edificios de propiedad del comisario (que figuran en el Tomo 852, folio 280, S/N°, PH del Registro de la Propiedad Rosario). Y las cuentas bancarias Cuenta N° 400932239 Caja de Ahorro en moneda extranjera, cuenta N° 7699321 al año 2002 poseía $ 23.800, cuenta N° 76969676 Caja de Ahorro en Dólares (Banco Lloyds). Cuenta N° S 180838319 Caja de Ahorro en pesos, cuenta N° S 180838327 Caja de Ahorro en dólares, cuenta N° S 183752911 Caja de Ahorro en pesos (Citybank). Cuenta N° 6398606 Caja de Ahorro en pesos (Banco de Santa Fe), y cuenta N° 36789453 (Banco Boston).
La asociación del apellido Giuliano con la presunta comisión de ilícitos había tenido un capítulo en el 2001 cuando la jueza de instrucción rosarina Karina Lurati le abrió una causa tras una serie de denuncias periodísticas que lo señalaban como el recaudador del dinero sucio de las cajas negras policiales. En ese entonces Giuliano, que era Jefe de la Agrupación de Unidades Especiales, fue absuelto.
Otras investigaciones que fueron judicializadas en la gestión de Binner como gobernador –entonces estaba como jefe de Asuntos Internos el comisario Mario Franco – correspondieron a los casos del Sargento José Luis Ramonda y el subcomisario Cristian Romero Giraudo. El expediente de Ramonda está en el juzgado de instrucción de la Duodécima Nominación de Rosario y el de Romero Giraudo en el juzgado de instrucción penal de la Undécima Nominación de la misma ciudad.
Los últimos casos
Cuando asumió en su cargo el ex ministro de Seguridad Leandro Corti no se preocupó mucho por la ausencia de un Secretario de Control. Sabía que, en última instancia, era la conducción civil la que decide en qué casos se avanza y cuáles de pone el freno. En éso, Corti no tuvo vueltas: mandó a investigar todos los casos y ordenó ir a fondo. El jefe de la Dirección de Asuntos Internos desde diciembre de 2011, Néstor Zapata, no demoró en lograr resultados. El 6 de enero de este año enviaron a la Justicia una investigación administrativa sobre los bienes del comisario Mayor Daniel Moscatelli, quien terminó su carrera como subjefe en el departamento Belgrano. Pudo haber seguido en la fuerza, pero esta gestión le dio el retiro voluntario en diciembre, por lo que no podrá ascender más, menos aún si la imputación de Asuntos Internos prospera en el juzgado de instrucción penal de la Octava Nominación de Rosario, donde se presentaron las actuaciones.
A Moscatelli se lo venía investigando desde el 2006 y en agosto del año pasado se lo notificó del alcance que tenia la información sumaria que los agentes venían desarrollando sobre sus bienes. El funcionario tuvo un plazo de 90 días para contestar el requerimiento que la propia Dirección de Asuntos Internos, que había hecho foco en un inmueble ubicado en Casilda y un auto Citroen del Modelo Xsara 1.0.
Moscatelli, en la justificación de bienes que debió efectuar, dijo que la casa de Casilda la había comprado con un dinero proveniente de la venta de un inmueble en la localidad de Sanford, en el departamento Caseros. Señaló además que pudo obtener la casa con su salario, con el dinero de la venta de su propiedad en Sanford y con ayuda de su esposa que aportó casi 9 mil pesos, producto de una indemnización por despido. Además, el policía investigado informó sobre una serie de créditos obtenidos con el fin de comprar el inmueble. Grande fue la sorpresa de los efectivos de Asuntos Internos cuando comprobaron que Moscatelli dijo haber invertido 90 mil pesos en una casa que vale más de medio millón. Para ser concretos –y de acuerdo a la evaluación de mercado- cuesta $565.000. De acuerdo a la investigación de Asuntos Internos, era imposible que Moscatelli tenga un presente holgado cuando, por ejemplo, en 2008 tuvo un sueldo promedio de $ 3.000. Y, entre enero de 1999 y agosto de 2008 percibió sueldos desde $ 1.107 y $ 1.845.
En relación al vehículo, se probó que lo adquirió ocho meses antes que la casa en Casilda. Se probó un depósito de $ 9.950 compatible con el crédito que dijo que había sacado y se probaron los descuentos mensuales en sus haberes. La duda está en que no pudo probara que el coche nuevo lo compró con dinero que había obtenido de la venta de otro vehículo.
Lola, el de los camiones
El ex comisario Luis Alberto Lola no pudo justificar en Asuntos Internos cómo hizo para tener los bienes que posee. El último destino como jefe policial fue hace varios años, como segundo en el mando de la Unidad Regional San Martín
La pesquisa administrativa se inició en 2005 luego de la denuncia presentada por un particular el 28 de junio de ese año pero recién en octubre de 2007 ordenó una instrucción sumaria con el fin de investigar un presunto enriquecimiento patrimonial injustificado. En el informe final de la Dirección de Asuntos Internos se admite que se pudo corroborar que algunos de sus bienes “no se encuentran registrados a su nombre, pero sí se probó que se vale de los mismos para realizar tareas comerciales y que dicha actividad no fue manifestada en sus declaraciones juradas”. La causa está en trámite en el juzgado de instrucción penal de la Cuarta Nominación de Santa Fe.
De acuerdo al análisis de los bienes del ex jefe policial, se pudo acreditar que posee un departamento en Catamarca 2097 de la ciudad de Casilda y dos terrenos baldíos en la localidad de Gaboto, en el departamento San Gerónimo. Lola posee un Fiat Concord SAIC Multicarga 125, dos camionetas Chevrolet de las cuales una es del tipo Pick Up, motor 2.8. Tiene un acoplado del tipo semirremolque volcador marca PRATI, un camión regador marca Ford F 700 Diesel, un camión volcador marca Dodge DP 8-00, un camión regador marca Ford F 14000, un semirremolque tanque regador marca Montenegro A-25R-CH, un camión volcador marca Ford 600 modelo 1976. Posee además una pistola Beretta calibre 9mm y una carabina marca Marlin calibre 22.
Otro de los ex jefes que no pudieron justificar bienes en sede administrativa fue Nelson Vivas, domiciliado en el barrio Los Álamos de la ciudad de Rafaela. Su patrimonio comenzó a investigarse en 2008 cuando era evidente el crecimiento económico que ostentaba en su barrio.
Vivas no pudo demostrar cómo adquirió varios vehículos en condición de 0 kilómetros gracias a su sueldo de policía, ya que su mujer o cónyuge no poseía ingresos de acuerdo a lo informado por la Afip y lo manifestado por el propio empleado en las declaraciones juradas presentadas.
Vivas tiene a su nombre una Yoyota Hilux 4x 4, doble cabina, SRV 3.0 comprada el 6 de junio de 2002; Una camioneta Ford Eco Sport 2.0 L, 4x2, XLT, rural, 5 puertas, comprada el 7 de abril de 2005. Su cónyuge, Mónica Patricia Gangui posee un VW Crossfox 1.6, comprado el 16 de mayo de 2007; un Citroen XSara Picasso 5 puertas comprado el 17 de abril de 2008, una camioneta Chery Tiggo 2.0, adquirida el 11 de mayo de 2009; un Peugeot 207 Compact, adquirido el 20 de junio del año pasado y un Renault Fluence, comprado el 29 de marzo de este año. También es dueño de varios inmuebles, como el ubicado en calle Los Álamos 2939, de la ciudad de Rafaela (que tendría una valuación en el mercado de 250 mil dólares, aproximadamente, de acuerdo a la evaluación realizada por los técnicos contables de Asuntos Internos). También serían suyos los inmuebles ubicados Aarón Castellanos 397, de Rafaela y los otros de las calles Mariano Moreno 280 y Salta Nº 214, ambos de Colonia Aldao. El patrimonio de Vivas es investigado desde el 21 de agosto de este año por el juzgado de instrucción penal de la Segunda Nominación de Rafaela.
Pintón y con plata
La primera investigación patrimonial elevada por Asuntos Internos a la justicia de un oficial en actividad es la perteneciente a Omar Pintón, ex Habilitado de la Regional Rosario, que creció en la fuerza por la promoción del ex jefe de la Policía Daniel Toledo. Los casos de Pintón o del antes mencionado Nelson Vivas son, tal vez, los dos únicos en los que la justicia santafesina tuvo escaso tiempo para su análisis y –en términos de diligencias a la tal efectos realizadas, los que menos se movieron.
Pintón fue notificado por la Dirección de Asuntos Internos que se había cerrado una investigación patrimonial sobre sus bienes el 2 de julio pasado. Entonces, el oficial estaba a cargo de la División Judiciales de la Unidad Regional de Constitución. Se lo emplazó a demostrar cómo amasó una pequeña fortuna. Pero pidió prórroga de 30 días hábiles, además de tener acceso a las actuaciones de la sumaria información administrativa. Se hizo lugar a su pedido y luego de haber accedido al expediente se lo volvió a intimar. El lunes 13 de agosto pidió una prórroga de 30 días hábiles más para ensayar su defensa administrativa. Finalmente, la pesquisa administrativa sobre los bienes de Vivas fue elevada al juzgado de instrucción de la Cuarta Nominación de Rosario el 27 de septiembre pasado.
Antes de ser designado como Habilitado en la Unidad Regional II, el 17 de diciembre de 2007, Pintón poseía un inmueble producto de una sucesión familiar. Pero su patrimonio comenzó a incrementarse luego de su designación en la URII.
En la actualidad posee tres departamentos en la ciudad de Santa Clara del Mar en Buenos Aires. Vivió mientras estuvo casado con su ex mujer en una casa ubicada en Rosario. Tiene una Mitsubishi Montero que compró en febrero de 2009 y una Honda 250 cc.
Varios datos de interés surgieron entre los investigadores luego del divorcio de Pintón. Su mujer, habría referido que llevaban un nivel de vida alto (por ejemplo sus hijas jugaban al golf) y que desempeñaba una actividad inmobiliaria que no era real para justificar ingresos. Los pesquisas de Asuntos Internos acreditaron que en 2008 el Comisario Inspector compró una moto de agua por la suma de $ 40.000.
En los últimos 4 años fueron remitidas por la Dirección de Asuntos Internos de la policía santafesina 10 causas en las que los investigados no pudieron justificar cómo obtuvieron sus bienes, en muchos casos, de manera escandalosa y a la vista de los vecinos, jueces y políticos.
Notife repasó el estado de cada una de las causas elevadas a la justicia por Asuntos Internos en los últimos años relacionadas a los oficiales superiores de la policía santafesina que no pudieron justificar sus bienes.
Uno de los casos más lamentables es el archivo de la causa que debía investigar el patrimonio del comisario retirado Raúl “Patón” Avalo, ex jefe de la regional Las Colonias. La causa llegó al juzgado del entonces magistrado José García Porta que hizo poco y nada para ir a fondo. Por hallarse extinguida la acción penal el expediente fue archivado el 6 de agosto de este año.
Avalo fue denunciado en marzo del 2005 por Miguel Zalazar, entonces dirigente de Apropol, quien en su escrito original acusaba a Avalo por enriquecimiento ilícito, “ya que posee cuatro vehículos, y al menos, siete propiedades en la ciudad de Esperanza, muchas de las cuales las alquila”. Al magistrado le acercaron una grabación en audio de una de las hijas de Avalo que ofrecía en alquiler una vivienda que, en los registros de la propiedad, no figuraban a nombre del ex comisario. La investigación preliminar tuvo 14 cuerpos.
“El Patón” integraba la Plana Mayor de la policía santafesina al momento de ser denunciado, en marzo de 2005, cuando el hombre fuerte de la fuerza era Jorge Pallavidini. En ese entonces, las denuncias de Zalazar también alcanzaron a otros hombres de la familia azul, referidas a enriquecimiento ilícito, encubrimiento, defraudación, evasión impositiva y malversación de caudales públicos. En el listado de policías involucrados aparecían el entonces jefe de la plana mayor policial, Raúl Horacio Avalo; el jefe de la unidad regional Nº XII (Dpto. Las Colonias), Oscar Silva; el jefe de la Brigada de Investigaciones de Esperanza, Ricardo Muller; el ex jefe de policía de la provincia, Arturo Ignacio Cruz; los ex jefes de la Unidad Regional XVIII (Dpto. San Martín), comisarios generales Raúl Avalo, Julio Pallavidini y Oscar Moresco.
La presentación judicial que dio inicio a la investigación daba cuanta de una aceitada red de ilícitos y estafas que permitía a los involucrados hacerse de bienes y ponerlos a nombre de testaferros. También sugería investigar la situación patrimonial de los ex jefes policiales hace diez años y cotejarlas con los bienes muebles e inmuebles que poseían tras el paso por la función pública.
Otras de las causas judicializadas fue la que tuvo como protagonista al comisario retirado Juan Alberto Quesada, elevado al juzgado de instrucción 4 de Rosario el 23 de abril de 2009. Actualmente la causa tiene un auto de traba de embargo e inhibición.
En el caso del comisario retirado Juan José Asborno la situación es similar. El juzgado de instrucción de Venado Tuerto no avanzó mucho desde que el enviaron el expediente desde Asuntos Internos.
Una de las más emblemáticas obras maestras del enriquecimiento es la que desarrolló acto por acto el ex comisario mayor retirado Hugo Giuliano. La causa la tuvo en sus manos el juez de instrucción penal de Rosario Alfredo Ivaldi Artacho. El 11 de mayo del año pasado se le dictó la falta de mérito por enriquecimiento ilícito y por omisión maliciosa de presentación de declaración jurada. Las medidas fueron revocadas por la Cámara de Apelaciones en lo penal de Rosario.
En agosto de 2004 el dirigente de Apropol Rosario, Alberto Martínez, lo denunció en la justicia a Giuliano. En el escrito le adjudicaba ser propietario de dos edificios de propiedad horizontal. Uno de 10 pisos, ubicado en Moreno 415 y otro en la misma calle a la altura del 405 que ocupa toda la ochava. En la denuncia se adjuntan los números de ocho cuentas bancarias a su nombre en distintas entidades crediticias. Los denunciantes calcularon entonces que el sueldo del comisario no superaba los 1.800 pesos. Martínez aportó como datos un detalle de dos edificios de propiedad del comisario (que figuran en el Tomo 852, folio 280, S/N°, PH del Registro de la Propiedad Rosario). Y las cuentas bancarias Cuenta N° 400932239 Caja de Ahorro en moneda extranjera, cuenta N° 7699321 al año 2002 poseía $ 23.800, cuenta N° 76969676 Caja de Ahorro en Dólares (Banco Lloyds). Cuenta N° S 180838319 Caja de Ahorro en pesos, cuenta N° S 180838327 Caja de Ahorro en dólares, cuenta N° S 183752911 Caja de Ahorro en pesos (Citybank). Cuenta N° 6398606 Caja de Ahorro en pesos (Banco de Santa Fe), y cuenta N° 36789453 (Banco Boston).
La asociación del apellido Giuliano con la presunta comisión de ilícitos había tenido un capítulo en el 2001 cuando la jueza de instrucción rosarina Karina Lurati le abrió una causa tras una serie de denuncias periodísticas que lo señalaban como el recaudador del dinero sucio de las cajas negras policiales. En ese entonces Giuliano, que era Jefe de la Agrupación de Unidades Especiales, fue absuelto.
Otras investigaciones que fueron judicializadas en la gestión de Binner como gobernador –entonces estaba como jefe de Asuntos Internos el comisario Mario Franco – correspondieron a los casos del Sargento José Luis Ramonda y el subcomisario Cristian Romero Giraudo. El expediente de Ramonda está en el juzgado de instrucción de la Duodécima Nominación de Rosario y el de Romero Giraudo en el juzgado de instrucción penal de la Undécima Nominación de la misma ciudad.
Los últimos casos
Cuando asumió en su cargo el ex ministro de Seguridad Leandro Corti no se preocupó mucho por la ausencia de un Secretario de Control. Sabía que, en última instancia, era la conducción civil la que decide en qué casos se avanza y cuáles de pone el freno. En éso, Corti no tuvo vueltas: mandó a investigar todos los casos y ordenó ir a fondo. El jefe de la Dirección de Asuntos Internos desde diciembre de 2011, Néstor Zapata, no demoró en lograr resultados. El 6 de enero de este año enviaron a la Justicia una investigación administrativa sobre los bienes del comisario Mayor Daniel Moscatelli, quien terminó su carrera como subjefe en el departamento Belgrano. Pudo haber seguido en la fuerza, pero esta gestión le dio el retiro voluntario en diciembre, por lo que no podrá ascender más, menos aún si la imputación de Asuntos Internos prospera en el juzgado de instrucción penal de la Octava Nominación de Rosario, donde se presentaron las actuaciones.
A Moscatelli se lo venía investigando desde el 2006 y en agosto del año pasado se lo notificó del alcance que tenia la información sumaria que los agentes venían desarrollando sobre sus bienes. El funcionario tuvo un plazo de 90 días para contestar el requerimiento que la propia Dirección de Asuntos Internos, que había hecho foco en un inmueble ubicado en Casilda y un auto Citroen del Modelo Xsara 1.0.
Moscatelli, en la justificación de bienes que debió efectuar, dijo que la casa de Casilda la había comprado con un dinero proveniente de la venta de un inmueble en la localidad de Sanford, en el departamento Caseros. Señaló además que pudo obtener la casa con su salario, con el dinero de la venta de su propiedad en Sanford y con ayuda de su esposa que aportó casi 9 mil pesos, producto de una indemnización por despido. Además, el policía investigado informó sobre una serie de créditos obtenidos con el fin de comprar el inmueble. Grande fue la sorpresa de los efectivos de Asuntos Internos cuando comprobaron que Moscatelli dijo haber invertido 90 mil pesos en una casa que vale más de medio millón. Para ser concretos –y de acuerdo a la evaluación de mercado- cuesta $565.000. De acuerdo a la investigación de Asuntos Internos, era imposible que Moscatelli tenga un presente holgado cuando, por ejemplo, en 2008 tuvo un sueldo promedio de $ 3.000. Y, entre enero de 1999 y agosto de 2008 percibió sueldos desde $ 1.107 y $ 1.845.
En relación al vehículo, se probó que lo adquirió ocho meses antes que la casa en Casilda. Se probó un depósito de $ 9.950 compatible con el crédito que dijo que había sacado y se probaron los descuentos mensuales en sus haberes. La duda está en que no pudo probara que el coche nuevo lo compró con dinero que había obtenido de la venta de otro vehículo.
Lola, el de los camiones
El ex comisario Luis Alberto Lola no pudo justificar en Asuntos Internos cómo hizo para tener los bienes que posee. El último destino como jefe policial fue hace varios años, como segundo en el mando de la Unidad Regional San Martín
La pesquisa administrativa se inició en 2005 luego de la denuncia presentada por un particular el 28 de junio de ese año pero recién en octubre de 2007 ordenó una instrucción sumaria con el fin de investigar un presunto enriquecimiento patrimonial injustificado. En el informe final de la Dirección de Asuntos Internos se admite que se pudo corroborar que algunos de sus bienes “no se encuentran registrados a su nombre, pero sí se probó que se vale de los mismos para realizar tareas comerciales y que dicha actividad no fue manifestada en sus declaraciones juradas”. La causa está en trámite en el juzgado de instrucción penal de la Cuarta Nominación de Santa Fe.
De acuerdo al análisis de los bienes del ex jefe policial, se pudo acreditar que posee un departamento en Catamarca 2097 de la ciudad de Casilda y dos terrenos baldíos en la localidad de Gaboto, en el departamento San Gerónimo. Lola posee un Fiat Concord SAIC Multicarga 125, dos camionetas Chevrolet de las cuales una es del tipo Pick Up, motor 2.8. Tiene un acoplado del tipo semirremolque volcador marca PRATI, un camión regador marca Ford F 700 Diesel, un camión volcador marca Dodge DP 8-00, un camión regador marca Ford F 14000, un semirremolque tanque regador marca Montenegro A-25R-CH, un camión volcador marca Ford 600 modelo 1976. Posee además una pistola Beretta calibre 9mm y una carabina marca Marlin calibre 22.
Otro de los ex jefes que no pudieron justificar bienes en sede administrativa fue Nelson Vivas, domiciliado en el barrio Los Álamos de la ciudad de Rafaela. Su patrimonio comenzó a investigarse en 2008 cuando era evidente el crecimiento económico que ostentaba en su barrio.
Vivas no pudo demostrar cómo adquirió varios vehículos en condición de 0 kilómetros gracias a su sueldo de policía, ya que su mujer o cónyuge no poseía ingresos de acuerdo a lo informado por la Afip y lo manifestado por el propio empleado en las declaraciones juradas presentadas.
Vivas tiene a su nombre una Yoyota Hilux 4x 4, doble cabina, SRV 3.0 comprada el 6 de junio de 2002; Una camioneta Ford Eco Sport 2.0 L, 4x2, XLT, rural, 5 puertas, comprada el 7 de abril de 2005. Su cónyuge, Mónica Patricia Gangui posee un VW Crossfox 1.6, comprado el 16 de mayo de 2007; un Citroen XSara Picasso 5 puertas comprado el 17 de abril de 2008, una camioneta Chery Tiggo 2.0, adquirida el 11 de mayo de 2009; un Peugeot 207 Compact, adquirido el 20 de junio del año pasado y un Renault Fluence, comprado el 29 de marzo de este año. También es dueño de varios inmuebles, como el ubicado en calle Los Álamos 2939, de la ciudad de Rafaela (que tendría una valuación en el mercado de 250 mil dólares, aproximadamente, de acuerdo a la evaluación realizada por los técnicos contables de Asuntos Internos). También serían suyos los inmuebles ubicados Aarón Castellanos 397, de Rafaela y los otros de las calles Mariano Moreno 280 y Salta Nº 214, ambos de Colonia Aldao. El patrimonio de Vivas es investigado desde el 21 de agosto de este año por el juzgado de instrucción penal de la Segunda Nominación de Rafaela.
Pintón y con plata
La primera investigación patrimonial elevada por Asuntos Internos a la justicia de un oficial en actividad es la perteneciente a Omar Pintón, ex Habilitado de la Regional Rosario, que creció en la fuerza por la promoción del ex jefe de la Policía Daniel Toledo. Los casos de Pintón o del antes mencionado Nelson Vivas son, tal vez, los dos únicos en los que la justicia santafesina tuvo escaso tiempo para su análisis y –en términos de diligencias a la tal efectos realizadas, los que menos se movieron.
Pintón fue notificado por la Dirección de Asuntos Internos que se había cerrado una investigación patrimonial sobre sus bienes el 2 de julio pasado. Entonces, el oficial estaba a cargo de la División Judiciales de la Unidad Regional de Constitución. Se lo emplazó a demostrar cómo amasó una pequeña fortuna. Pero pidió prórroga de 30 días hábiles, además de tener acceso a las actuaciones de la sumaria información administrativa. Se hizo lugar a su pedido y luego de haber accedido al expediente se lo volvió a intimar. El lunes 13 de agosto pidió una prórroga de 30 días hábiles más para ensayar su defensa administrativa. Finalmente, la pesquisa administrativa sobre los bienes de Vivas fue elevada al juzgado de instrucción de la Cuarta Nominación de Rosario el 27 de septiembre pasado.
Antes de ser designado como Habilitado en la Unidad Regional II, el 17 de diciembre de 2007, Pintón poseía un inmueble producto de una sucesión familiar. Pero su patrimonio comenzó a incrementarse luego de su designación en la URII.
En la actualidad posee tres departamentos en la ciudad de Santa Clara del Mar en Buenos Aires. Vivió mientras estuvo casado con su ex mujer en una casa ubicada en Rosario. Tiene una Mitsubishi Montero que compró en febrero de 2009 y una Honda 250 cc.
Varios datos de interés surgieron entre los investigadores luego del divorcio de Pintón. Su mujer, habría referido que llevaban un nivel de vida alto (por ejemplo sus hijas jugaban al golf) y que desempeñaba una actividad inmobiliaria que no era real para justificar ingresos. Los pesquisas de Asuntos Internos acreditaron que en 2008 el Comisario Inspector compró una moto de agua por la suma de $ 40.000.
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