El fin de un año difícil pero no terrible

Por Alejandro Horowicz. Si alguien demostró que conspirar exitosamente no es lo suyo ha sido la oposición parlamentaria.

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Alejandro Horowicz (Tiempo Argentino)

Entender la lucha política en medio de un proceso de crisis permanente se ha vuelto una tarea crecientemente compleja. Los intentos de desconocer esta anómala realidad común no afectan tan sólo a los integrantes de la oposición política. Parangonar el cuadro de situación de los últimos días con el 19 y 20 de diciembre del trágico 2001, como difundió el conservatismo más cerril, significa ignorar que no hay un 30% de pobres jóvenes, como mienten algunos medios, ni condiciones comparables con 2001. Pero inteligir sucesos con cientos de detenidos en clave puramente conspirativa, y agotar en esa lectura que tiene elementos reales todo el problema, termina resultando reduccionista.

Es cierto que sin una organización primaria no existe la posibilidad de encarar con un mínimo de eficacia un saqueo de supermercado, pero reducir el fenómeno a la pura voluntad de "generar caos" huele a sobresimplificación, y suele ser la lectura compartida por todos los oficialismos en todos los tiempos. Pero casi nunca deja de ser un grosero error conceptual compartido. El general Juan Carlos Onganía –para citar un ejemplo histórico relevante– pensó así (en compañía de su ministro de Interior, Guillermo Borda) frente al Cordobazo del 29 de mayo del '69. Y Fernando de la Rúa sostiene todavía hoy, a quien lo quiera escuchar, que el derrocamiento de su gobierno fue obra de una conspiración radical peronista de la provincia de Buenos Aires. No se trataba entonces de crisis sistémicas aumentadas por comportamientos políticos sumamente inadecuados, sino de enemigos al acecho auxiliados por conspiradores profesionales.

El Negro Fontanarrosa nos explicó, a través de Inodoro Pereyra, que los paranoicos también tienen enemigos. Eso sí, como todo el tiempo piensan igual, por eso son paranoicos, nunca pueden distinguir al enemigo verdadero y por tanto actúan siempre del mismo modo. Desde la aproximación oficial "nada justifica" lo que sucede, y cuando así se piensa "la lectura política" que orienta la brújula corre los riesgos de perder el norte. Ese es el punto. Conviene subrayar un dato clave: el 2012 para los sectores más desprotegidos, para diversos segmentos de los trabajadores, para un importante sector de las capas medias, no ha sido un buen año. Sobre todo si se lo compara con el quinquenio anterior. No sólo porque la marcha del crecimiento económico se ralentó, sino porque el conglomerado de expectativas disímiles, imposibles de compatibilizar, se vio afectado por el impacto de la crisis global. Es cierto que ese impacto no escoró –como en otros períodos de nuestra historia reciente– la línea de seguridad sistémica, pero esa línea sólo existe para los que miran más allá de sus intereses inmediatos. Como ese comportamiento es altamente inusual, no integra el corpus compartido. Por tanto, aceptar que 2012 fue como todavía es –un año difícil pero no terrible– no supone ser oficialista ni opositor, sino sencillamente, admitir el principio de realidad; sin embargo, la percepción colectiva es muy otra. Basta sostener que las cosas marchan para ser "acusado" de K, o decir que tienen problemas para ser "acusado" de opositor.

Mientras esos sean los términos, la sociedad argentina difícilmente pueda enhebrar el hilo de un proyecto compartido: construir un nuevo horizonte para un programa mayor, un programa sudamericano. Conviene decirlo de una vez por todas: sobrevivir no es un programa, y un conjunto de siglas variopintas no supone diferentes alternativas nacionales. La consecuencia de no tener programas explícitos, y por ende no poder debatirlos, debería inquietar en serio. Para la oposición la ausencia de programa resulta determinante. Un programa claro le permitiría reagruparse, y desde ahí confrontar con el oficialismo. La política requiere tanto de la confrontación de ideas y proyectos, como de políticas de Estado. Políticas compartidas que ni la oposición ni el gobierno en rigor tocan. Políticas que quedan al margen de los vaivenes electorales. Sin políticas de Estado no hay límite para el enfrentamiento. Por eso algunos opositores pueden festejar las victorias circunstanciales de los fondos buitre, o el embargo de la Fragata Libertad en Ghana. Nada ni nadie es intocable, y esa no es precisamente una alentadora posibilidad democrática. La idea de que es posible desalojar de la Casa Rosada a Cristina Fernández, como si nada, no sólo produce el naufragio del orden que hemos conseguido con inenarrable sangre y dolor, nos lanza a la más completa de las intemperies.

En este punto es preciso distinguir los elementos que conforman ese conglomerado diverso que por comodidad denominamos oposición. Los diarios comerciales Clarín y La Nación ejercen una desligitimación sistemática del gobierno dirigida a segmentos de la sociedad que no se encolumnan tras ninguna bandería política precisa. Los caceroleros, por ejemplo, expresan discursivamente esa versión opositora. En rigor de verdad los caceroleros desconfían de todo el orden político, y no sólo del gobierno nacional. Esa lógica impide su cooptación por las fuerzas opositoras. Y en ese punto, el intento de sumarlos fracasa. En última instancia, los más pragmáticos terminan apoyando electoralmente una solución suficientemente conservadora, más allá de su posibilidad real en la actual sociedad argentina.

Y los partidos como la UCR, por ejemplo, oscilan entre el seguidismo hacia esos sectores y un camino propio. La ausencia de un programa que oriente su lógica política los ha transformado en una maquinaria electoral conducida por una federación de intendentes. En última instancia se trata de partidos de distrito, que frente a una elección nacional se ven obligados a alinearse detrás de un candidato con cierta instalación mediática. En suma, no tienen un eje de articulación propio y parecieran no intentar construirlo.

Ante el clima destituyente que vivimos, debemos reconocer, afortunadamente, que esa oposición es absolutamente incapaz de derrocar al gobierno. Si alguien demostró que conspirar exitosamente no es lo suyo, ha sido la oposición parlamentaria.

LA PELEA CON CLARÍN. El enfrentamiento entre el Grupo Clarín y el gobierno no ha concluido. Pese a que el Ejecutivo pareciera llevar la delantera en la batalla judicial, sus idas y vueltas terminaron por marear a una sociedad obligada a inteligir el oscuro lenguaje de los expertos en procedimientos judiciales; y más acá de tal o cual peripecia la ventaja del gobierno es el dato clave. Por cierto, que aún resta el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, pero la Casa Rosada gana por puntos. ¿Puede la Corte Suprema desconocer la constitucionalidad de los artículos objetados por Clarín? En última instancia, esos artículos y la ley misma pasan a ser equivalentes. Si se acepta la libertad de comercio como el bien superior a tutelar, la posibilidad del Estado de regular la actividad económica queda reducida a cero. Entonces, no se trata de una interpretación legal, si la Corte aceptara que los artículos son inconstitucionales estaría aceptando que el Poder Legislativo no tiene derecho a regular la actividad económica. Desnaturalizaría toda su actividad, que es hacer cumplir las leyes que sanciona el Parlamento. En este caso, su derecho a poner límite a la actividad monopólica. Ninguna Corte Suprema se suicida, no hay ninguna razón para pensar que esta lo hará; desconocer una ley que respeta las formas democráticas vigentes, ignorarla olímpicamente, liquidaría los trabajosos logros jurídico-democráticos obtenidos en más de un quinquenio. La Corte lo sabe, la sociedad también lo sabe.

Sin embargo el clima imperante en torno a la pelea es otro. Pareciera que la sociedad detecta que no se trata de una victoria neta y que Clarín sigue siendo un grupo imposible de derrotar. A lo mejor para una Argentina convencida por una larga experiencia de que los poderosos no tienen límite, ni siquiera legal, que semejante decisión se termine tomando entre las oscuras paredes de la Corte, entre siete juristas y nada más, sin convocar la intervención popular, resulta insuficiente.