La AFSCA busca desguazar a Fibertel
Pese al fallo del juez Torti, exige que Cablevisión deje de prestar servicio en más de cien localidades del país.
El juez federal Roberto Torti ordenó hace una semana a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que no afecte el servicio de Internet que da Cablevisión, ya que la aplicación del artículo 45 de la ley de medios podría dejar sin este servicio a más de cien localidades del país.
Sin embargo, el titular de AFSCA, Martín Sabbatella, desobedeció al juez Torti y notificó ayer al Grupo Clarín que Cablevisión deberá dejar de prestar sus servicios y solo puede estar en 24 ciudades.
Sucede que al tener que reducir la cantidad de localidades atendidas por Cablevisión, de 158 a 24, no solo se perjudicarán los usuarios que reciben televisión por cable, sino también los que tienen acceso a Internet de Fibertel, ya que quedarían rehenes del monopolio telefónico, que se reparten entre Telefónica y Telecom, principalmente. De hecho, Cablevisión está en condiciones tecnológicas de prestar telefonía por su red de TV por cable, como ya ofrece Telecentro, pero por una cuestión política tampoco se le permite ofrecer este servicio, que permitiría ampliar la competencia en el sector de las telecomunicaciones, con un claro beneficio para los usuarios.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez añadió que la notificación de la “transferencia de oficio” que hizo ayer Sabbatella también va en contra de lo resuelto por la Cámara Civil y Comercial. Es que esa Cámara “resolvió prorrogar la vigencia de la medida cautelar a favor del Grupo Clarín ‘hasta tanto se dicte la sentencia definitiva en la causa’. Esta disposición inhibe a la AFSCA de aplicar la totalidad de la normativa desinversora cuya constitucionalidad se impugna, hasta tanto la sentencia quede firme”.
Gil Domínguez recordó que el artículo 289 del Código Procesal Civil y Comercial “establece que se entiende por sentencia definitiva ‘a la que terminare con el pleito o hiciera imposible su continuación’”. Y agregó que en esta causa, “el pleito no está terminado, el juicio continúa, el Grupo Clarín no consintió la sentencia, el fallo no es ejecutable y sigue rigiendo la medida cautelar dictada por la Cámara Civil y Comercial, hasta tanto dicho tribunal de alzada se expida sobre el recurso de apelación interpuesto”. Esto significa que “una sentencia es ejecutoria cuando apelada la decisión judicial de primera instancia desfavorable, el tribunal superior la confirma”, dijo Gil Domínguez.
Más allá de las cuestiones procesales, la medida que pretende implementar Sabbatella perjudicaría a los usuarios de Fibertel. La pericia tecnológica, pedida especialmente por el Estado nacional en la causa que llevó adelante el juez Horacio Alfonso, concluyó que “todas las redes de cada una de las localidades asociadas a las distintas licencias reciben servicios desde esta red central unificada y l a desafectación de una de ellas tendría efectos negativos sobre los derechos de los usuarios conectados a la red/licencia escindida”, planteó el ingeniero especialista en telecomunicaciones. Y agregó: “Para poder brindar los servicios que hoy Cablevisión ofrece a sus clientes en todo el país se necesita una red enormemente compleja y con costos de operación importantes, que serían imposibles de soportar sin la escala que hoy tiene la compañía. De esta, ante una separación de redes, todos los usuarios actuales tendrían efectos negativos sobre la calidad de su servicio ”.
Además, el perito económico sostuvo que “una mayor escala permite incorporar las frecuentes innovaciones tecnológicas que caracterizan el actual momento de la industria”. Con una mirada hacia delante, el perito afirmó que este régimen de multiplicidad de licencias le agrega “condicionamientos que afectan negativamente una futura convergencia de las tecnologías en los mercados de telecomunicaciones y TV paga”.
Pero esto no fue tenido en cuenta por Alfonso, ni por Sabbatella, que buscan desguazar a Fibertel.
Sin embargo, el titular de AFSCA, Martín Sabbatella, desobedeció al juez Torti y notificó ayer al Grupo Clarín que Cablevisión deberá dejar de prestar sus servicios y solo puede estar en 24 ciudades.
Sucede que al tener que reducir la cantidad de localidades atendidas por Cablevisión, de 158 a 24, no solo se perjudicarán los usuarios que reciben televisión por cable, sino también los que tienen acceso a Internet de Fibertel, ya que quedarían rehenes del monopolio telefónico, que se reparten entre Telefónica y Telecom, principalmente. De hecho, Cablevisión está en condiciones tecnológicas de prestar telefonía por su red de TV por cable, como ya ofrece Telecentro, pero por una cuestión política tampoco se le permite ofrecer este servicio, que permitiría ampliar la competencia en el sector de las telecomunicaciones, con un claro beneficio para los usuarios.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez añadió que la notificación de la “transferencia de oficio” que hizo ayer Sabbatella también va en contra de lo resuelto por la Cámara Civil y Comercial. Es que esa Cámara “resolvió prorrogar la vigencia de la medida cautelar a favor del Grupo Clarín ‘hasta tanto se dicte la sentencia definitiva en la causa’. Esta disposición inhibe a la AFSCA de aplicar la totalidad de la normativa desinversora cuya constitucionalidad se impugna, hasta tanto la sentencia quede firme”.
Gil Domínguez recordó que el artículo 289 del Código Procesal Civil y Comercial “establece que se entiende por sentencia definitiva ‘a la que terminare con el pleito o hiciera imposible su continuación’”. Y agregó que en esta causa, “el pleito no está terminado, el juicio continúa, el Grupo Clarín no consintió la sentencia, el fallo no es ejecutable y sigue rigiendo la medida cautelar dictada por la Cámara Civil y Comercial, hasta tanto dicho tribunal de alzada se expida sobre el recurso de apelación interpuesto”. Esto significa que “una sentencia es ejecutoria cuando apelada la decisión judicial de primera instancia desfavorable, el tribunal superior la confirma”, dijo Gil Domínguez.
Más allá de las cuestiones procesales, la medida que pretende implementar Sabbatella perjudicaría a los usuarios de Fibertel. La pericia tecnológica, pedida especialmente por el Estado nacional en la causa que llevó adelante el juez Horacio Alfonso, concluyó que “todas las redes de cada una de las localidades asociadas a las distintas licencias reciben servicios desde esta red central unificada y l a desafectación de una de ellas tendría efectos negativos sobre los derechos de los usuarios conectados a la red/licencia escindida”, planteó el ingeniero especialista en telecomunicaciones. Y agregó: “Para poder brindar los servicios que hoy Cablevisión ofrece a sus clientes en todo el país se necesita una red enormemente compleja y con costos de operación importantes, que serían imposibles de soportar sin la escala que hoy tiene la compañía. De esta, ante una separación de redes, todos los usuarios actuales tendrían efectos negativos sobre la calidad de su servicio ”.
Además, el perito económico sostuvo que “una mayor escala permite incorporar las frecuentes innovaciones tecnológicas que caracterizan el actual momento de la industria”. Con una mirada hacia delante, el perito afirmó que este régimen de multiplicidad de licencias le agrega “condicionamientos que afectan negativamente una futura convergencia de las tecnologías en los mercados de telecomunicaciones y TV paga”.
Pero esto no fue tenido en cuenta por Alfonso, ni por Sabbatella, que buscan desguazar a Fibertel.
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