GOBIERNO ANULO POR DECRETO LA CESION DEL PREDIO DE PALERMO A LA SOCIEDAD RURAL, QUE VUELVE AL ESTADO
Por Sebastián Premici
“Que al existir en la compraventa analizada una desproporción sustancial en relación con el precio de venta estipulado sobre la base de la cual tampoco encontraría justificación económica la financiación de la operación, el decreto 2699/91 se encuentra viciado en sus elementos, causas, objetivo, finalidad y motivación”, puede leerse en los fundamentos del decreto.
La venta del predio se inscribió en la ley de reforma del Estado, a partir de la cual el gobierno de Menem privatizó (o mal vendió) todas las empresas del Estado –Aerolíneas Argentinas, YPF, Entel, Canal 13 y el resto de los canales de televisión abierta, entre otras compañías–. Las tierras fiscales actualmente conocidas como “La Rural” fueron parte de esa entrega, en connivencia con la patronal agropecuaria.
“Este no es un hecho aislado, sino que se inscribe claramente en la política de recuperación del Estado, de sus capacidades, de sus propiedades, y sus condiciones (...). Esta es la recuperación de un Estado que había sido prácticamente destruido a partir del año ’76, con las consignas del neoliberalismo, con la destrucción del Estado”, manifestó Abal Medina.
Por dicha operación, el Estado nacional inició una causa penal (Menem, Carlos Saúl y otros s/Delito de Acción Pública) a cargo del juez Sergio Torres, en la que fueron procesados Cavallo, Eduardo de Zavalía (ex presidente de la SRA), Juan Alberto Ravagnan (ex secretario de la SRA); los ex funcionarios del Banco Ciudad Raúl Orestes Angelini, Ricardo Isidoro Schapiro, Juan Manuel Insúa; junto a los funcionarios del ex Banco Hipotecario Nacional Jorge Frost, Carlos Alberto Ratto, Daniel Ivakhoff y Matías Lucas Ordóñez. Torres consideró que “quienes resultaron procesados, mediante la maniobra de asignarle un menor valor (al predio en cuestión), sustrajeron del patrimonio del Estado Nacional el inmueble en el cual se ubica el Predio Ferial de Palermo”.
A partir de las distintas irregularidades encontradas, avaladas por el juez Torres, la Procuración del Tesoro Nacional y la Sindicatura General de la Nación, el Estado procedió a revocar el decreto que originó la venta a la Sociedad Rural. Es decir, la recuperación del predio no será a través de una “expropiación”, sino que se revocó –por ser nulo de nulidad absoluta– el trámite administrativo que dio origen a la operación. “La declaración de nulidad que se instrumenta por el presente debe contemplar la restitución recíproca de las prestaciones cumplidas generadas a partir del dictado del acto que ahora se deja sin efecto”, sostiene el decreto 2552.
Por otro lado, la Agencia de Administración de Bienes del Estado podrá “determinar las compensaciones que pudieran resultar de la revocación dispuesta y adoptará las medidas que, en su caso, pudieran corresponder”. Esto no incluiría a la SRA y sí a otras empresas que fueron sumándose a la gestión del predio.
“La medida anunciada por el Poder Ejecutivo constituye un claro ataque a la propiedad privada, un avasallamiento a los derechos plasmados en nuestra Constitución nacional y es también una fuerte agresión al campo en su conjunto”, sostuvo la Sociedad Rural a través de un comunicado, donde además manifestaron que “ocupan legítimamente” ese predio desde 1875. La sola mención de esa fecha remite a la historia de la oligarquía ganadera en el país. El presidente de la entidad en aquella época era José María Jurado, que junto a José Martínez de Hoz y Eduardo Olivera arreglaron los primeros embarques de carne hacia la corona británica.
“Esta política tiene que ver con recuperar para todos los argentinos sus propiedades, sus capacidades, su decisión de autonomía y es el compromiso profundo de este Estado de continuar encaminándonos por esta senda”, concluyó Abal Medina.
“Había sido sustraído del patrimonio nacional”
Juan Abal Medina, jefe de Gabinete, señaló que se trataba de un acto de recuperación patrimonial, sustraído por un hecho delictivo, del cual responsabilizó a Carlos Menem, Domingo Cavallo y otras nueve personas que fueron denunciadas
Por Sebastián Premici
El Estado nacional recuperó el Predio Ferial de Palermo, conocido como la Rural. A través del decreto 2552, el Gobierno declaró nula la entrega de ese terreno realizada por el ex presidente Carlos Menem y el ministro Domingo Felipe Cavallo a la Sociedad Rural, en 1991. Según los fundamentos del decreto, leídos por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, dicho inmueble “fue sustraído del patrimonio del Estado nacional mediante la maniobra de asignarle un menor valor”. La Sociedad Rural se había comprometido a pagar 30 millones de dólares –financiado en diez cuotas anuales de dos millones de dólares cada una y un primer pago en efectivo– cuando la propiedad tenía en aquel momento un valor real de 60 millones de dólares, según determinó el Tribunal de Tasación de la Nación. Además de recuperar el predio, el Estado podrá reclamarle a la SRA una deuda por 157 millones de pesos. Para tomar esta decisión, el Gobierno se basó en un fallo del juez federal Sergio Torres y en un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación de 2010. A partir de hoy, la Agencia de Administración de Bienes del Estado deberá tomar posesión del predio y, a posteriori, definir cuál será su nueva utilidad.
El predio de la Rural es conocido por realizar anualmente la exposición ganadera organizada por la Sociedad Rural, entre otra vasta cantidad de eventos y ferias. En 2003, la SRA vendió una parte de la empresa que había creado para gestionar el predio al actual diputado Francisco de Narváez. Recientemente, el diputado le vendió su parte al Fenix Entertainment Group. La entidad patronal nunca quitó sus patas de la Feria, ya que Daniel Pelegrina, actual vicepresidente de la SRA, también es el vicepresidente del predio Ferial.“Que al existir en la compraventa analizada una desproporción sustancial en relación con el precio de venta estipulado sobre la base de la cual tampoco encontraría justificación económica la financiación de la operación, el decreto 2699/91 se encuentra viciado en sus elementos, causas, objetivo, finalidad y motivación”, puede leerse en los fundamentos del decreto.
La venta del predio se inscribió en la ley de reforma del Estado, a partir de la cual el gobierno de Menem privatizó (o mal vendió) todas las empresas del Estado –Aerolíneas Argentinas, YPF, Entel, Canal 13 y el resto de los canales de televisión abierta, entre otras compañías–. Las tierras fiscales actualmente conocidas como “La Rural” fueron parte de esa entrega, en connivencia con la patronal agropecuaria.
“Este no es un hecho aislado, sino que se inscribe claramente en la política de recuperación del Estado, de sus capacidades, de sus propiedades, y sus condiciones (...). Esta es la recuperación de un Estado que había sido prácticamente destruido a partir del año ’76, con las consignas del neoliberalismo, con la destrucción del Estado”, manifestó Abal Medina.
Por dicha operación, el Estado nacional inició una causa penal (Menem, Carlos Saúl y otros s/Delito de Acción Pública) a cargo del juez Sergio Torres, en la que fueron procesados Cavallo, Eduardo de Zavalía (ex presidente de la SRA), Juan Alberto Ravagnan (ex secretario de la SRA); los ex funcionarios del Banco Ciudad Raúl Orestes Angelini, Ricardo Isidoro Schapiro, Juan Manuel Insúa; junto a los funcionarios del ex Banco Hipotecario Nacional Jorge Frost, Carlos Alberto Ratto, Daniel Ivakhoff y Matías Lucas Ordóñez. Torres consideró que “quienes resultaron procesados, mediante la maniobra de asignarle un menor valor (al predio en cuestión), sustrajeron del patrimonio del Estado Nacional el inmueble en el cual se ubica el Predio Ferial de Palermo”.
A partir de las distintas irregularidades encontradas, avaladas por el juez Torres, la Procuración del Tesoro Nacional y la Sindicatura General de la Nación, el Estado procedió a revocar el decreto que originó la venta a la Sociedad Rural. Es decir, la recuperación del predio no será a través de una “expropiación”, sino que se revocó –por ser nulo de nulidad absoluta– el trámite administrativo que dio origen a la operación. “La declaración de nulidad que se instrumenta por el presente debe contemplar la restitución recíproca de las prestaciones cumplidas generadas a partir del dictado del acto que ahora se deja sin efecto”, sostiene el decreto 2552.
Por otro lado, la Agencia de Administración de Bienes del Estado podrá “determinar las compensaciones que pudieran resultar de la revocación dispuesta y adoptará las medidas que, en su caso, pudieran corresponder”. Esto no incluiría a la SRA y sí a otras empresas que fueron sumándose a la gestión del predio.
“La medida anunciada por el Poder Ejecutivo constituye un claro ataque a la propiedad privada, un avasallamiento a los derechos plasmados en nuestra Constitución nacional y es también una fuerte agresión al campo en su conjunto”, sostuvo la Sociedad Rural a través de un comunicado, donde además manifestaron que “ocupan legítimamente” ese predio desde 1875. La sola mención de esa fecha remite a la historia de la oligarquía ganadera en el país. El presidente de la entidad en aquella época era José María Jurado, que junto a José Martínez de Hoz y Eduardo Olivera arreglaron los primeros embarques de carne hacia la corona británica.
“Esta política tiene que ver con recuperar para todos los argentinos sus propiedades, sus capacidades, su decisión de autonomía y es el compromiso profundo de este Estado de continuar encaminándonos por esta senda”, concluyó Abal Medina.
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