“LO DE BARLETTA NO TIENE NOMBRE CUANDO HABLA DE IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN EN LOS MEDIOS”

PUBLICADO EL 06 JULIO 2014. EN DESTACADAS

Luis María Velázquez, abogado denunciante de la causa UNL, se acercó a los estudio de SOL 91.5 para dar más detalles del caso de supuesta estafa que vincula a tres ex rectores de la Universidad: Juan Carlos Hidalgo, Hugo Storero y Mario Barletta. “Esto empezó a ocurrir a principios de 1990. Era la época en que entró Hidalgo, quien fue el primer dirigente de la Franja Morada en la Universidad. Cuando ingresa Storero en reemplazo de Hidalgo se produjo el mayor despilfarro en la Universidad. Nunca podían justificar los gastos”, manifestó el jurista. 

Luis María Velázquez - FM 91.5

Los camaristas Carlos Carrillo, Elida Vidal, Fernando Barbará, Liliana Arrillaga y Guillermo Toledo criticaron la actuación en la causa que se inició el 13 de marzo de 2001 del juez federal Francisco Miño. En un tramo de la decisión que se conoció el 12 de junio pasado, los magistrados señalan que en relación a los sobreseimientos dictados por Miño de Hidalgo y Storero, quienes ocuparon el cargo de rector entre 1986-1994 y 1994-2000, respectivamente “no resultan procedentes” cuando los denunciados o sospechados “no llegaron siquiera a prestar declaración indagatoria”.

También se lo menciona allí a Mario Barletta, ex funcionario de la casa de altos estudios. Ante esto consideran que “cabría anular o revocar” el sobreseimiento. También se cuestionó el rol de la fiscal interviniente, Cintia Gómez (hoy camarista en Paraná) y del fiscal General, Claudio Palacín que no apelaron la medida. Los jueces pidieron profundizar las actuaciones procesales en las que se ahondó poco y nada en la posible responsabilidad de las máximas autoridades de la Universidad Nacional del Litoral.

El caso se inició en 2001 por un cuestionamiento presentado por Apul y luego se constituyó como querellante el abogado Luis María Velázquez. Según el fallo, la investigación giró en torno a una denuncia por “el frustrado pago de la diferencia salarial correspondiente al rubro ‘refrigerio’ de los empleados no docentes, que habría sido devengado por la UNL entre los años 1983 y 1987 y los años subsiguientes”.

En la resolución, la camarista Liliana Arrillaga sostiene que “esta particular situación procesal que presenta el caso en análisis prevalece sobre la circunstancia de que, en mi opinión, no corresponde sobreseer a quien no ha sido indagado, y que el querellante cuente con la posibilidad de apelar este tipo de resolución”.

Tras el fallo de la Cámara Federal de Rosario, el diputado nacional y presidente de la UCR podría ser llamado a indagatoria junto a otros ex rectores de la UNL como Hugo Storero y Juan Carlos Hidalgo.

En el fallo, la Cámara encomendó al juez que “ahonde la investigación” de una causa que se inició por un antiguo reclamo de los empleados no docentes de la UNL vinculado al incumplimiento del pago de una deuda retroactiva por gastos de refrigerio.

En diálogo con “Una mañana de locos” (SOL 91.5) Velázquez aseguró que “esto no se podría haber hecho sin la complicidad de la Asociación de Personal No Docente de la Universidad Nacional del Litoral (APUL)”.

Al ser consultado sobre  cómo una obra social puede tener 40 millones de pesos en Bolsafe Valores, el abogado indicó que “todos tenían una capacidad notable” y que “uno de los principales pícaros de la Obra Social es quien hoy es el rector de la UNL, Albor Cantard”. 

“Yo voy a seguir apelando cuantas veces sea necesario, porque el expediente está lleno de cuestiones que son realmente escandalosas”, agregó. 

Además, señaló que “hay persecución dentro de la universidad y por eso sólo 48 se atrevieron a hacer la denuncia de los 350 se acercaron a hacerme consultas”. En tanto, a continuación sostuvo que “me indigne anoche cuando lo vi en un programa de televisión a Mario Barletta hablando de la impunidad de este gobierno. Es una vergüenza y un desfachatado. 

Por otro lado, Velázquez contó: “Cuando se dio conocimiento de la invención de una semilla transgénica contra el estrés hídrico, se obtuvo una gran rentabilidad para unos pocos pero no para la Universidad. Convinieron con Monsanto para inscribir el dominio a su nombre porque no contaban con los 17 mil dólares que se requerían para hacer el trámite, con el compromiso de que la empresa les devolvería el dominio a los 15 días. Nosotros por ese caso iniciamos una causa y se constató que la patente estaba al nombre de Monsanto. A los cuatro meses, quisimos constatar si efectivamente la empresa había reinscripto la patente a favor de la Universidad pero no había cambiado nada”.