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Pidieron la detención de los titulares de la firma La empresa de las cosechadoras de Concepción del Uruguay se presentó en concurso de acreedores

Nadie sabe dónde está aquel prototipo al que subieron a la Presidenta.

Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA pidió abrir un concurso preventivo como paso previo a la quiebra. Lo hizo ante el juez en lo Civil y Comercial Nº 3, Leonardo Portella, quien hizo lugar a la medida el 11 de octubre pasado y designó al contador Horacio Alfredo Larrivey como síndico de la firma. En tanto, el abogado que denunció un posible fraude contra la administración pública solicitó la detención y/o que se prohíba salir del país a los titulares de la empresa El gobierno sigue en silencio. Nadie sabe dónde está ni qué fue de aquel prototipo del modelo Maag Mitos al que subieron a la Presidenta Cristina Fernández.La empresa Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA solicitó la apertura de un concurso. Se trata de una medida preventiva de la quiebra, es decir, cuando una empresa se encuentra en dificultades económicas que le impiden continuar con su actividad en forma regular, tiene una opción para evitar la quiebra mediante este mecanismo. En este caso, podría continuar con sus operaciones, administrada, en principio, por sus titulares, pero bajo la vigilancia del síndico.

Hace algunos días, se publicó en un diario uruguayense el edicto con la resolución judicial que dispone la apertura del concurso y fija un plazo para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación al síndico. Sin embargo, fuentes tribunalicias admitieron que son pocos los que se han presentado hasta el momento.

En ese marco, el juez Portella estableció como límite el 30 de noviembre para que los acreedores se presenten con los documentos que certifiquen las deudas que tiene la empresa para con ellos. El 20 de febrero de 2013, el síndico deberá presentar el informe individual. Posteriormente, el 5 de abril será el turno del informe general y para el 5 de septiembre se prevé que el juez convoque a las partes a una audiencia informativa.

Lo cierto es que, en principio, la lista de acreedores se presume extensa, supo Página Judicial. A la cabeza aparece Daniel Huarte, un empresario cordobés, titular de Plásticos de Camiones SRL, que le vendió a Grandes Máquinas las carrocerías del prototipo de cosechadora que se presentó en la Casa Rosada y luego fue expuesta en Angola. Huarte reclama más de un millón de pesos y en su momento un Juzgado Civil y Comercial de Córdoba dispuso el embargo preventivo sobre la totalidad de los bienes que la firma tenía en los galpones del puerto de Concepción del Uruguay.

Por su parte, la empresa Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA admitió ante el juez Portella cuáles son las causas judiciales en trámite que la involucran. En ese sentido, señaló la que se tramita en Córdoba por la emisión de cheques sin fondo para el pago a proveedores, impulsada por Huarte; y también hizo referencia a la denuncia promovida por el abogado Guillermo Mulet en Paraná para que se investigue la posible comisión del delito de defraudación a la administración pública.

De costa a costa

Mientras tanto, también en Paraná surgieron novedades en la causa que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Número 1, a cargo de Patricia Yedro. Esta semana Mulet presentó un escrito ampliatorio de su denuncia solicitando, entre otras medidas, la detención del presidente de Grandes Máquinas Concepción del Uruguay, Ricardo Senor; de su hijo del mismo nombre; y de Ricardo Scravaglieri, vicepresidente de la compañía.

En concreto, el abogado del foro local solicitó “la detención de los imputados a los fines de evitar que los mismos pudieran entorpecer la investigación, fijen domicilios y en su caso ofrezcan caución real y con el objeto de ordenar la prohibición de salidas del país a los imputados”.

Asimismo, el abogado insistió en que la jueza ordene “de manera urgente los allanamientos solicitados oportunamente” de las oficinas comerciales y de los galpones de la firma, en Avenida Paysandú 290, con el objetivo de “verificar el funcionamiento de dicha empresa, si se encuentra en estado de producción, herramientas y demás mobiliario existente en los mismos, stock de repuestos, existencia de maquinaria en producción o terminadas”.

Mulet pidió, además, que “se libre oficio a la Dirección de Migraciones del gobierno nacional a los fines de que informe si los denunciados integrantes de la sociedad y/o funcionarios que pudieran haber intervenido en la operación comercial de préstamo salieron del país, en su caso informe destino y tiempo en que los mismos permanecieron en el extranjero”.

Esta medida apunta a determinar si los empresarios o funcionarios pudieron sacar dinero del país, ya que si bien se ha determinado que el Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver) otorgó créditos por 5,5 millones de pesos, Mulet asegura haber recibido información que da cuenta de que “el monto de créditos otorgados (a Grandes Máquinas) ascendería a la suma de 24 millones de pesos en total” y, entonces, la apertura del concurso preventivo de acreedores podría constituir una maniobra para quebrar la empresa “con el objeto de disminuir su patrimonio y así hacerse de los fondos que oportunamente le prestara el Estado provincial”, advirtió.

Así las cosas, la causa avanza, por ahora, en la recolección de información, sin imputaciones contra empresarios ni funcionarios. Pero nada asegura que lo que ya es un papelón y un dolor de cabeza para el gobierno, se vuelva un gran escándalo.