La Cámara de Diputados provincial sancionó la iniciativa impulsada por los sub bloques del PJ
En medio de la crisis institucional que atraviesa la provincia de Santa Fe por la detención del ex jefe de Policía Hugo Tognoli, acusado de proteger a narcotraficantes, la Cámara de Diputados sancionó un proyecto de resolución para respaldar la investigación de la Justicia Federal, a cargo del juez Carlos Vera Barros y de la fiscal Liliana Bettiolo, y fijó preferencia para tratar, el jueves próximo, otra iniciativa de la oposición: la convocatoria al ministro de Seguridad Raúl Lamberto para que dé explicaciones bajo el formato de interpelación y con presencia de la prensa. Además, se declaró por 18 meses la emergencia en seguridad (ver aparte).
Los nueve sub bloques del PJ –que tiene mayoría propia en la Cámara– acordaron el texto por el cual el cuerpo resuelve “respaldar públicamente la investigación judicial que está llevando adelante el juez federal Vera Barros y la fiscal Bettiolo sobre presuntas o posibles vinculaciones del ex jefe de Policía de la provincia, comisario general Hugo Tognoli, con el narcotráfico”. El proyecto no fue acompañado por el oficialista Frente Progresista –conformado por el socialismo, la UCR y sus aliados del ARI, SI y Pares– ya que, según los legisladores, supone “una presión” para la justicia.
Los diputados opositores se justificaron aclarando que velarán “por el normal desarrollo de las actuaciones” que lleva adelante la Justicia Federal sobre presuntos vínculos de la policía santafesina con las redes de trata y narcotráfico, y pidieron “el pronto esclarecimiento de los múltiples hechos que han puesto en crisis la seguridad pública de la provincia”. El PJ recordó que Tognoli ascendió a director de Prevención y Control de Adicciones (ex Drogas Peligrosas) en 2008, bajo el mandato de Hermes Binner, y que fue nombrado jefe de Policía por el actual gobernador Antonio Bonfatti al día siguiente de su asunción, el 12 de diciembre de 2011.
En ese sentido, los legisladores de la oposición le reclamaron al Ejecutivo que aparte a las actuales autoridades de la Policía –el jefe Cristian Sola y el subjefe José Luis Romiti– con el siguiente argumento: “La naturaleza de la investigación sobre vinculaciones del narcotráfico con la Policía y la jerarquía del investigado (Tognoli) exige que todo el personal con vinculación de amistad o bajo el mando directo del investigado quede transitoriamente al margen de la fuerza. Su apartamiento de la conducción de la fuerza policial facilitaría las investigaciones en marcha y sería un fuerte testimonio a la sociedad y a los investigadores.”
El gobierno de Bonfatti había pedido a todos los sectores políticos bajar el tono de las declaraciones para que la justicia actúe sin presiones. Fue luego de que el titular del Sedronar, Rafael Bielsa –dos veces candidato a gobernador en Santa Fe–, enviara una nota de apoyo a la fiscal que investiga el caso. En el mismo sentido se expresaron los diputados provinciales: “Nuestra expectativa es pura y exclusivamente adoptar fuertes decisiones contra una actividad que, como el narcotráfico, genera delitos conexos: trata de personas con fines de explotación sexual, lavado de dinero y otros”, según fundamentó la justicialista Silvia De Césaris en el recinto de Diputados.
El presidente de la Cámara, Luis Rubeo, también destacó la importancia del respaldo al juez Vera Barros y a la fiscal Liliana Bettiolo: “Tal como encomendaron los presidentes de los bloques (del PJ), se les entregó la declaración de la Cámara que expresa el respaldo a la investigación judicial que están llevando adelante sobre presuntas vinculaciones del ex jefe de policía con el narcotráfico”, explicó el kirchnerista Rubeo.
INTERPELACIÓN AL MINISTRO La Cámara de Diputados también aprobó una preferencia para votar el jueves 8 la interpelación del ministro de Seguridad santafesino Raúl Lamberto. Al PJ le alcanzan los votos para citar al funcionario provincial, pero además contarán con el apoyo de los representantes del PRO, quienes ya acompañaron al justicialismo en la sanción de la ley de emergencia en seguridad.
Será la segunda visita de Lamberto a la Legislatura tras el estallido del caso Tognoli. A diferencia de la primera –el 25 de octubre–, que fue a puertas cerradas, sin asesores ni periodistas, aunque con la presencia de los taquígrafos, esta vez la oposición quiere que el ministro responda un cuestionario de más de 40 puntos –en los que trabaja el diputado justicialista Pablo Di Bert– en el recinto y ante la prensa. Sólo resta fijar la fecha. «
vetarán puntos de la emergencia en seguridad
El gobierno santafesino vetará algunos artículos de la ley que declara la emergencia en seguridad por 18 meses, sancionada el jueves por la Legislatura con el argumento de que avanza sobre funciones del Poder Ejecutivo. “Si la ley contiene algunas cuestiones en donde se invaden atribuciones propias del Ejecutivo, no nos va a quedar otro camino que vetarlas”, sostuvo ayer el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, quien dijo que junto al gobernador Antonio Bonfatti y al titular de Seguridad, Raúl Lamberto, analizarán artículo por artículo para definir cuáles promulgarán y cuáles vetarán.
La declaración de la emergencia en materia de seguridad pública fue interpretada por el gobierno santafesino como un gesto de “oportunismo”, de parte de la oposición, en medio de la crisis desatada tras la detención del ex jefe de la Policía provincial, Hugo Tognoli, procesado por supuestos vínculos con el narcotráfico. El proyecto es anterior al escándalo que salpica al gobierno socialista. Había tenido media sanción del Senado el pasado 30 de agosto. Fue elaborado por los senadores del PJ, que tienen mayoría propia –igual que los diputados de esa fuerza–, y tiene por objetivo facilitar herramientas al Ejecutivo para hacer más eficiente el combate al delito organizado.
El ministro de Gobierno de Santa Fe sostuvo: “Hay algunos incisos muy taxativos, con imposición de criterios.” Entre ellos, uno que baja de dos años a seis meses el período de formación de los agentes de la policía y otro que obliga al gobierno a pasar a disponibilidad a las autoridades policiales sospechadas o investigadas. Para el oficialismo es impracticable porque equivale a poner bajo sospecha a toda la policía sin necesidad de que haya pruebas concluyentes. Tampoco son aceptables para el Ejecutivo las imposiciones en materia de infraestructura –la ley determina que se deben construir dos nuevas cárceles– ya que no se prevén fuentes de financiamiento.
La norma tiene 15 artículos, algunos de ellos muy extensos, con más de 20 incisos cada uno. Ayer fue remitida por la Legislatura al Poder Ejecutivo y comenzó a correr el plazo de diez días hábiles dentro de los cuales el gobierno puede promulgarla con vetos parciales; caso contrario, quedará aprobada en forma automática tal como fue votada. Los artículos que aceptará el gobierno son aquellos que amplían la disponibilidad de fondos para acelerar las compras para la policía. Se eleva el tope de la compra directa de 15 mil a 50 mil pesos y del concurso de precios hasta 150 mil pesos, cuando en la actualidad el tope es de 50 mil.
La diputada justicialista Silvia De Césaris defendió la emergencia y dijo que se trata de “una norma que ayuda al gobierno en estos momentos tan difíciles”, en alusión al caso Tognoli. “No es momento de echarnos culpas; la ciudadanía está exigiendo, de los legisladores y el Poder Ejecutivo, respuestas. Sobre todo del gobierno, que los ciudadanos lo eligieron para que conduzca sus destinos en paz. Esta es una herramienta de trabajo que va a depender de la capacidad de quienes la manejen”, argumentó la legisladora opositora.
En cambio, el secretario de Asuntos Legislativos de la provincia, Pablo Farías, consideró que si bien la ley “tiene una intención positiva”, hay algunos puntos que el Ministerio de Seguridad quería modificar y que la mayoría justicialista en la Legislatura eligió no escuchar: “La cuestión se planteó sobre la coyuntura. Hay una suerte de oportunismo en apurar la sanción de esta ley sin debatir adecuadamente con el Ejecutivo la forma de implementar algunos de estos institutos”, concluyó el funcionario. «
Tognoli: el FAP se negó a apoyar un proyecto de respaldo a la investigación
Tampoco lo votaron la UCR, el ARI, SI y Pares. El texto buscó acompañar la tarea del juez Carlos Vera Barros y la fiscal Liliana Bettiolo. El oficialismo santafesino justificó su rechazo en que constituye una presión a la justicia. Citan a Lamberto.
En medio de la crisis institucional que atraviesa la provincia de Santa Fe por la detención del ex jefe de Policía Hugo Tognoli, acusado de proteger a narcotraficantes, la Cámara de Diputados sancionó un proyecto de resolución para respaldar la investigación de la Justicia Federal, a cargo del juez Carlos Vera Barros y de la fiscal Liliana Bettiolo, y fijó preferencia para tratar, el jueves próximo, otra iniciativa de la oposición: la convocatoria al ministro de Seguridad Raúl Lamberto para que dé explicaciones bajo el formato de interpelación y con presencia de la prensa. Además, se declaró por 18 meses la emergencia en seguridad (ver aparte).Los nueve sub bloques del PJ –que tiene mayoría propia en la Cámara– acordaron el texto por el cual el cuerpo resuelve “respaldar públicamente la investigación judicial que está llevando adelante el juez federal Vera Barros y la fiscal Bettiolo sobre presuntas o posibles vinculaciones del ex jefe de Policía de la provincia, comisario general Hugo Tognoli, con el narcotráfico”. El proyecto no fue acompañado por el oficialista Frente Progresista –conformado por el socialismo, la UCR y sus aliados del ARI, SI y Pares– ya que, según los legisladores, supone “una presión” para la justicia.
Los diputados opositores se justificaron aclarando que velarán “por el normal desarrollo de las actuaciones” que lleva adelante la Justicia Federal sobre presuntos vínculos de la policía santafesina con las redes de trata y narcotráfico, y pidieron “el pronto esclarecimiento de los múltiples hechos que han puesto en crisis la seguridad pública de la provincia”. El PJ recordó que Tognoli ascendió a director de Prevención y Control de Adicciones (ex Drogas Peligrosas) en 2008, bajo el mandato de Hermes Binner, y que fue nombrado jefe de Policía por el actual gobernador Antonio Bonfatti al día siguiente de su asunción, el 12 de diciembre de 2011.
En ese sentido, los legisladores de la oposición le reclamaron al Ejecutivo que aparte a las actuales autoridades de la Policía –el jefe Cristian Sola y el subjefe José Luis Romiti– con el siguiente argumento: “La naturaleza de la investigación sobre vinculaciones del narcotráfico con la Policía y la jerarquía del investigado (Tognoli) exige que todo el personal con vinculación de amistad o bajo el mando directo del investigado quede transitoriamente al margen de la fuerza. Su apartamiento de la conducción de la fuerza policial facilitaría las investigaciones en marcha y sería un fuerte testimonio a la sociedad y a los investigadores.”
El gobierno de Bonfatti había pedido a todos los sectores políticos bajar el tono de las declaraciones para que la justicia actúe sin presiones. Fue luego de que el titular del Sedronar, Rafael Bielsa –dos veces candidato a gobernador en Santa Fe–, enviara una nota de apoyo a la fiscal que investiga el caso. En el mismo sentido se expresaron los diputados provinciales: “Nuestra expectativa es pura y exclusivamente adoptar fuertes decisiones contra una actividad que, como el narcotráfico, genera delitos conexos: trata de personas con fines de explotación sexual, lavado de dinero y otros”, según fundamentó la justicialista Silvia De Césaris en el recinto de Diputados.
El presidente de la Cámara, Luis Rubeo, también destacó la importancia del respaldo al juez Vera Barros y a la fiscal Liliana Bettiolo: “Tal como encomendaron los presidentes de los bloques (del PJ), se les entregó la declaración de la Cámara que expresa el respaldo a la investigación judicial que están llevando adelante sobre presuntas vinculaciones del ex jefe de policía con el narcotráfico”, explicó el kirchnerista Rubeo.
INTERPELACIÓN AL MINISTRO La Cámara de Diputados también aprobó una preferencia para votar el jueves 8 la interpelación del ministro de Seguridad santafesino Raúl Lamberto. Al PJ le alcanzan los votos para citar al funcionario provincial, pero además contarán con el apoyo de los representantes del PRO, quienes ya acompañaron al justicialismo en la sanción de la ley de emergencia en seguridad.
Será la segunda visita de Lamberto a la Legislatura tras el estallido del caso Tognoli. A diferencia de la primera –el 25 de octubre–, que fue a puertas cerradas, sin asesores ni periodistas, aunque con la presencia de los taquígrafos, esta vez la oposición quiere que el ministro responda un cuestionario de más de 40 puntos –en los que trabaja el diputado justicialista Pablo Di Bert– en el recinto y ante la prensa. Sólo resta fijar la fecha. «
vetarán puntos de la emergencia en seguridad
El gobierno santafesino vetará algunos artículos de la ley que declara la emergencia en seguridad por 18 meses, sancionada el jueves por la Legislatura con el argumento de que avanza sobre funciones del Poder Ejecutivo. “Si la ley contiene algunas cuestiones en donde se invaden atribuciones propias del Ejecutivo, no nos va a quedar otro camino que vetarlas”, sostuvo ayer el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, quien dijo que junto al gobernador Antonio Bonfatti y al titular de Seguridad, Raúl Lamberto, analizarán artículo por artículo para definir cuáles promulgarán y cuáles vetarán.
La declaración de la emergencia en materia de seguridad pública fue interpretada por el gobierno santafesino como un gesto de “oportunismo”, de parte de la oposición, en medio de la crisis desatada tras la detención del ex jefe de la Policía provincial, Hugo Tognoli, procesado por supuestos vínculos con el narcotráfico. El proyecto es anterior al escándalo que salpica al gobierno socialista. Había tenido media sanción del Senado el pasado 30 de agosto. Fue elaborado por los senadores del PJ, que tienen mayoría propia –igual que los diputados de esa fuerza–, y tiene por objetivo facilitar herramientas al Ejecutivo para hacer más eficiente el combate al delito organizado.
El ministro de Gobierno de Santa Fe sostuvo: “Hay algunos incisos muy taxativos, con imposición de criterios.” Entre ellos, uno que baja de dos años a seis meses el período de formación de los agentes de la policía y otro que obliga al gobierno a pasar a disponibilidad a las autoridades policiales sospechadas o investigadas. Para el oficialismo es impracticable porque equivale a poner bajo sospecha a toda la policía sin necesidad de que haya pruebas concluyentes. Tampoco son aceptables para el Ejecutivo las imposiciones en materia de infraestructura –la ley determina que se deben construir dos nuevas cárceles– ya que no se prevén fuentes de financiamiento.
La norma tiene 15 artículos, algunos de ellos muy extensos, con más de 20 incisos cada uno. Ayer fue remitida por la Legislatura al Poder Ejecutivo y comenzó a correr el plazo de diez días hábiles dentro de los cuales el gobierno puede promulgarla con vetos parciales; caso contrario, quedará aprobada en forma automática tal como fue votada. Los artículos que aceptará el gobierno son aquellos que amplían la disponibilidad de fondos para acelerar las compras para la policía. Se eleva el tope de la compra directa de 15 mil a 50 mil pesos y del concurso de precios hasta 150 mil pesos, cuando en la actualidad el tope es de 50 mil.
La diputada justicialista Silvia De Césaris defendió la emergencia y dijo que se trata de “una norma que ayuda al gobierno en estos momentos tan difíciles”, en alusión al caso Tognoli. “No es momento de echarnos culpas; la ciudadanía está exigiendo, de los legisladores y el Poder Ejecutivo, respuestas. Sobre todo del gobierno, que los ciudadanos lo eligieron para que conduzca sus destinos en paz. Esta es una herramienta de trabajo que va a depender de la capacidad de quienes la manejen”, argumentó la legisladora opositora.
En cambio, el secretario de Asuntos Legislativos de la provincia, Pablo Farías, consideró que si bien la ley “tiene una intención positiva”, hay algunos puntos que el Ministerio de Seguridad quería modificar y que la mayoría justicialista en la Legislatura eligió no escuchar: “La cuestión se planteó sobre la coyuntura. Hay una suerte de oportunismo en apurar la sanción de esta ley sin debatir adecuadamente con el Ejecutivo la forma de implementar algunos de estos institutos”, concluyó el funcionario. «
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