juez federal Sergio Torres requirió esta semana a la justicia helvética datos sobre cuentas bancarias
La investigación por la existencia de empresas no declaradas de directivos del Grupo Clarín en Panamá que revela hoy Tiempo Argentino le dio un nuevo impulso al pedido que efectuó la semana pasada el juez federal Sergio Torres a la justicia suiza para que informe si los directivos del multimedios tienen cuentas en el sistema bancario de ese país.
Según informó Tiempo el martes pasado, Torres efectuó el requerimiento como parte de una batería de medidas de prueba para avanzar en la causa en la que se investiga un presunto lavado de dinero denunciado por el ex ejecutivo del JP Morgan Hernán Arbizu, quien involucró a medio millar de firmas y personas en operaciones para sacar grandes cantidades de dinero del país entre las que se encuentran Héctor Magnetto, Ernestina Laura Herrera de Noble, José Aranda y Lucio Pagliaro, todos directivos del Grupo Clarín.
En la nómina, a la que tuvo acceso este diario, figuran también AGEA Inversora (empresa del mismo nombre de una de las que funcionaron en Panamá presidida por Magnetto), Arte Gráfico Editorial Argentina, Arte Gráfico Editorial Argentino (Clarín), Artes Gráficas Rioplantense, Clarín Global, Compañía de Medios Digitales, Grupo Clarín SA, Grupo Clarín Services LLC, Multicanal, Radio Mitre, Tele Red Imagen y Televisión Satelital Codificada, entre otros.
El planteo de Torres a la justicia Suiza llegó luego de reiterados requerimientos efectuados a funcionarios judiciales de los Estados Unidos sobre información reclamada en los últimos tres años vinculada a supuestas actividades ilegales de los directivos del Grupo Clarín denunciadas el ex ejecutivo de JP Morgan Hernán Arbizu.
No es la única investigación que enfrenta el Grupo por operaciones con empresas radicadas en paraísos fiscales. En 2010 Tiempo Argentino reveló por primera vez un entramado de empresas del Grupo Clarín en el estado de Delaware en los Estados Unidos, que operaba cientos de millones de dólares al año.
Delaware es reconocido como un paraíso fiscal fronteras adentro de los Estados Unidos. Tiene unos 800 mil habitantes, incluyendo los niños, pero en su pequeño territorio están radicadas cerca de 850 mil empresas, eso implica más de una compañía por habitante.
Para comprender la dimensión de las maniobras sirve la calificación de la ONG Tax Justice Network, que determinó que Delaware es la jurisdicción con mayor "opacidad" del mundo, debido a su agresividad a la hora de mantener el secreto de las finanzas internacionales, sumado a la escasa o nula colaboración con otros países en el intercambio de información y la facilidad para crear compañías fantasmas con mínimos requisitos y en apenas unas horas.
Desde 2010, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) puso la lupa sobre las distintas empresas del Grupo en Delaware.
Como resultado de esa investigación, el organismo que conduce José Sbatella presentó un año atrás una ampliación de denuncia en el juzgado del juez Torres por el presunto delito de lavado de dinero.
Las alarmas se dispararon a partir de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que develaban transacciones entre el Grupo Clarín y una sociedad constituida en Delaware denominada GSCA Investment con un capital accionario de sólo 100 dólares y propiedad de los mismos directores del Grupo.
La operatoria incluye transferencia de acciones sin justificación y créditos dudosos en una operatoria conocida como back to back. «
los antecedentes del caso cimeco
La UIF comprobó que la empresa GCSA Investment LLC (apócope de Grupo Clarín SA) radicada en Delaware compró el 6% de las acciones de la empresa CIMECO, del Grupo Clarín –y propietaria de los diarios La Voz del Interior de Córdoba y Los Andes de Mendoza, además de parte de las acciones de Papel Prensa-, en casi 9 millones de dólares en dos operaciones realizadas en un plazo de apenas cinco meses, plazo en el que la compañía no registró actividad comercial alguna.
GCSA es una empresa del Grupo constituida con un capital social accionario de sólo 100 dólares a la que el banco Credit Suisse Internacional con sede en Londres le otorgó un préstamo millonario.
Para la UIF, quedó acreditado que Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA) no recibió en el país ninguna transferencia bancaria que tenga como ordenante fuera del país a GCSA y que tampoco recibió por cuenta de terceros transferencias por una suma equivalente a la involucrada en la operación de compraventa de acciones.
La primera de las transacciones se realizó el 13 de junio de 2008, apenas 20 días después de que se constituyera GCSA en Delaware, y la segunda se concretó el 8 de octubre de 2008. La UIF presume que se trató de operaciones de "back tu back". Ese tipo de transacciones son habituales mecanismos de lavado de dinero y se configuran cuando una sociedad "A", que generó ingresos en negro, tiene la necesidad de utilizarlos y no los puede blanquear en su país de origen. Para ello, crea una sociedad "B" con testaferros en un paraíso fiscal (como es el caso de Delaware).
Esa sociedad "B" deposita entonces los fondos no declarados en un banco del país en el que se radicó, y la entidad bancaria le ofrece un crédito contra el depósito y puede así transferir los fondos. La compra de acciones justifica esa transferencia de dinero. A su vez, la operatoria le permite a la sociedad deducir impositivamente los intereses que le pague al banco por el préstamo recibido para concretar el blanqueo.
Un entramado de operaciones en paraísos fiscales y cuentas en Suiza
El magistrado efectuó el planteo luego de que Estados Unidos retaceara información sobre presuntas operaciones de Magnetto, Herrera de Noble, Aranda y Pagliario en ese país. Las empresas fantasma en Delaware.
La investigación por la existencia de empresas no declaradas de directivos del Grupo Clarín en Panamá que revela hoy Tiempo Argentino le dio un nuevo impulso al pedido que efectuó la semana pasada el juez federal Sergio Torres a la justicia suiza para que informe si los directivos del multimedios tienen cuentas en el sistema bancario de ese país.Según informó Tiempo el martes pasado, Torres efectuó el requerimiento como parte de una batería de medidas de prueba para avanzar en la causa en la que se investiga un presunto lavado de dinero denunciado por el ex ejecutivo del JP Morgan Hernán Arbizu, quien involucró a medio millar de firmas y personas en operaciones para sacar grandes cantidades de dinero del país entre las que se encuentran Héctor Magnetto, Ernestina Laura Herrera de Noble, José Aranda y Lucio Pagliaro, todos directivos del Grupo Clarín.
En la nómina, a la que tuvo acceso este diario, figuran también AGEA Inversora (empresa del mismo nombre de una de las que funcionaron en Panamá presidida por Magnetto), Arte Gráfico Editorial Argentina, Arte Gráfico Editorial Argentino (Clarín), Artes Gráficas Rioplantense, Clarín Global, Compañía de Medios Digitales, Grupo Clarín SA, Grupo Clarín Services LLC, Multicanal, Radio Mitre, Tele Red Imagen y Televisión Satelital Codificada, entre otros.
El planteo de Torres a la justicia Suiza llegó luego de reiterados requerimientos efectuados a funcionarios judiciales de los Estados Unidos sobre información reclamada en los últimos tres años vinculada a supuestas actividades ilegales de los directivos del Grupo Clarín denunciadas el ex ejecutivo de JP Morgan Hernán Arbizu.
No es la única investigación que enfrenta el Grupo por operaciones con empresas radicadas en paraísos fiscales. En 2010 Tiempo Argentino reveló por primera vez un entramado de empresas del Grupo Clarín en el estado de Delaware en los Estados Unidos, que operaba cientos de millones de dólares al año.
Delaware es reconocido como un paraíso fiscal fronteras adentro de los Estados Unidos. Tiene unos 800 mil habitantes, incluyendo los niños, pero en su pequeño territorio están radicadas cerca de 850 mil empresas, eso implica más de una compañía por habitante.
Para comprender la dimensión de las maniobras sirve la calificación de la ONG Tax Justice Network, que determinó que Delaware es la jurisdicción con mayor "opacidad" del mundo, debido a su agresividad a la hora de mantener el secreto de las finanzas internacionales, sumado a la escasa o nula colaboración con otros países en el intercambio de información y la facilidad para crear compañías fantasmas con mínimos requisitos y en apenas unas horas.
Desde 2010, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) puso la lupa sobre las distintas empresas del Grupo en Delaware.
Como resultado de esa investigación, el organismo que conduce José Sbatella presentó un año atrás una ampliación de denuncia en el juzgado del juez Torres por el presunto delito de lavado de dinero.
Las alarmas se dispararon a partir de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que develaban transacciones entre el Grupo Clarín y una sociedad constituida en Delaware denominada GSCA Investment con un capital accionario de sólo 100 dólares y propiedad de los mismos directores del Grupo.
La operatoria incluye transferencia de acciones sin justificación y créditos dudosos en una operatoria conocida como back to back. «
los antecedentes del caso cimeco
La UIF comprobó que la empresa GCSA Investment LLC (apócope de Grupo Clarín SA) radicada en Delaware compró el 6% de las acciones de la empresa CIMECO, del Grupo Clarín –y propietaria de los diarios La Voz del Interior de Córdoba y Los Andes de Mendoza, además de parte de las acciones de Papel Prensa-, en casi 9 millones de dólares en dos operaciones realizadas en un plazo de apenas cinco meses, plazo en el que la compañía no registró actividad comercial alguna.
GCSA es una empresa del Grupo constituida con un capital social accionario de sólo 100 dólares a la que el banco Credit Suisse Internacional con sede en Londres le otorgó un préstamo millonario.
Para la UIF, quedó acreditado que Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA) no recibió en el país ninguna transferencia bancaria que tenga como ordenante fuera del país a GCSA y que tampoco recibió por cuenta de terceros transferencias por una suma equivalente a la involucrada en la operación de compraventa de acciones.
La primera de las transacciones se realizó el 13 de junio de 2008, apenas 20 días después de que se constituyera GCSA en Delaware, y la segunda se concretó el 8 de octubre de 2008. La UIF presume que se trató de operaciones de "back tu back". Ese tipo de transacciones son habituales mecanismos de lavado de dinero y se configuran cuando una sociedad "A", que generó ingresos en negro, tiene la necesidad de utilizarlos y no los puede blanquear en su país de origen. Para ello, crea una sociedad "B" con testaferros en un paraíso fiscal (como es el caso de Delaware).
Esa sociedad "B" deposita entonces los fondos no declarados en un banco del país en el que se radicó, y la entidad bancaria le ofrece un crédito contra el depósito y puede así transferir los fondos. La compra de acciones justifica esa transferencia de dinero. A su vez, la operatoria le permite a la sociedad deducir impositivamente los intereses que le pague al banco por el préstamo recibido para concretar el blanqueo.
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