El gobierno anunció un nuevo programa de subsidiosMás de la mitad de los jóvenes en Argentina tiene serios problemas de inserción social
En Argentina, unos 2,5 millones de jóvenes de entre 18 y 24 años, que son nada menos que el 52 por ciento de la población de esa edad, tienen serios problemas para su inserción social. Algunos no estudian, no trabajan ni se proponen hacerlo. Otros buscan empleo, pero no lo consiguen. Y un tercer grupo logra insertarse en el mercado laboral, pero en puestos precarios, de bajos ingresos y sin acceso a los derechos de la seguridad social. Mientras que el índice de los llamados “ni-ni” (ni estudian ni trabajan) aumentó en la última década, al pasar de 13,1 a 15,3 por ciento, aseguraron que las tasas de desempleo y de precariedad laboral en la población juvenil llevan seis años sin ninguna mejora. Es por esta tendencia que la semana pasada, la Presidenta Cristina Fernández anunció el nuevo programa de subsidios.Del universo de personas que se ubican entre los 18 y 24 años en el país, en su mayoría con proyectos de vida condicionados, unos 1,1 millones cumplirían las condiciones para acceder al programa Progresar, anunciado la semana pasada por la Presidenta Cristina Fernández, que prevé un subsidio de 600 pesos mensuales (también podrían ingresar, dada la situación social de sus hogares, otros 500.000 que están en el sistema educativo y no trabajan).
Con el plan, el gobierno admitió, aunque con un discurso en el que pretende desligarse de toda responsabilidad luego de casi 11 años en el poder, los datos de una realidad social grave que, mediante la manipulación de los índices de pobreza, desde el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec) se busca ocultar.
Los jóvenes que ni estudian ni trabajan son 748.000, un 15,3 por ciento del total de la población de 18 a 24 años, según un informe del Ireal de la Fundación Mediterránea, realizado sobre la base de datos no difundidos de la Encuesta Permanente Hogares del Indec del primer semestre de 2013.
En 2003 ese índice se ubicaba en 13,1 por ciento, y tuvo un pico de 16 por ciento en 2008 y 2009. La incidencia es mucho más elevada en la población femenina: hoy la tasa es de 23,4 por ciento entre las mujeres y de 8 por ciento entre los varones, divulgó este lunes La Nación.
El estudio muestra también que 551.000 jóvenes están desocupados: representan el 19,5 por ciento de los activos (tienen tal condición quienes trabajan o buscan hacerlo) -una tasa que casi triplica el índice de desempleo medido sobre la población total-, a la vez que son el 11,3 por ciento si se considera la totalidad de personas de esas edades. Los problemas persisten, sin embargo, para muchos que encuentran un puesto, ya que entre los asalariados jóvenes la informalidad trepa al 54 por ciento, contra una tasa que para el universo total de esos trabajadores es de 33 por ciento. Si se mira la población joven total, quienes ocupan puestos de baja calidad son 1,24 millones, un 25,4 por ciento.
“Luego de una fuerte mejora entre 2003 y 2008, luego no hubo otros avances”, observan los economistas Marcelo Capello, Gerardo García Oro y Sofía Picasso, autores del informe. La conclusión es válida para el índice de informalidad y para el de desempleo, que al inicio de la década era de 31,2 por ciento y que se redujo a 19,8 por ciento en 2007, sin mostrar desde entonces variaciones significativas.
Ese estancamiento está en línea con la situación general del mercado laboral, dado que en ese período la creación de empleo disminuyó primero y se estancó después en el sector privado de la economía.
Según destaca un informe del economista Eduardo Donza, del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la experiencia indica que en períodos en que cae el crecimiento de la actividad, el mayor impacto en el mundo laboral se da en la población joven. Los datos de la encuesta de esta institución educativa privada no difieren demasiado de los que surgen de la encuesta oficial: según el relevamiento de 2012 (último disponible), el 45,6 por ciento de los jóvenes de 18 a 24 años está desocupado u ocupado en puestos de baja calidad, mientras que otro 19 por ciento está inactivo (parte de ellos realiza actividades domésticas en el hogar). Sobre los que se declaran en actividad, el 21,5 por ciento busca trabajo y no encuentra.
El trabajo del Ieral, por su parte, concluye que si se observan las condiciones dispuestas para acceder al plan Progresar, la mayor parte de los 1,6 millones de posibles beneficiarios serían ocupados de baja calidad, a quienes seguiría el grupo de los que estudian, pero viven en hogares con ingresos reducidos (la condición es que los padres no tengan ingresos más allá de los 3.600 pesos). En cada uno de esos grupos hay un tercio de los potenciales subsidiados, mientras que otro 20 por ciento serían los “ni-ni” y el 15 por ciento restante, los desocupados.
El plan oficial despertó varios apoyos pero también críticas. “Un subsidio no asegura inclusión”, advirtió Eduardo Amadeo, que fue secretario de Desarrollo Social y adhiere al Frente Renovador de Sergio Massa. Según afirmó, como las carencias que hacen que los jóvenes estén inactivos no sólo son económicas, un subsidio debería ser parte de un plan más amplio, con tutorías educativas, diálogo con los padres y un sistema de evaluación de resultados que no existe hoy para los planes sociales.
Desde el punto de vista macroeconómico, preocupa la forma en que se financiará el plan, que costaría unos 11.000 millones de pesos anuales. Como no se anunció un recorte en otros gastos, “no se puede más que concluir que para el financiamiento habrá más emisión monetaria”, advirtió el Ieral. Así, se inducirá a una mayor inflación, con la consecuente caída de poder adquisitivo, que afecta principalmente a quienes tienen menos ingresos.
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| Las tasas de desempleo y precariedad laboral en la población juvenil llevan seis años sin mejora. |
Con el plan, el gobierno admitió, aunque con un discurso en el que pretende desligarse de toda responsabilidad luego de casi 11 años en el poder, los datos de una realidad social grave que, mediante la manipulación de los índices de pobreza, desde el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec) se busca ocultar.
Los jóvenes que ni estudian ni trabajan son 748.000, un 15,3 por ciento del total de la población de 18 a 24 años, según un informe del Ireal de la Fundación Mediterránea, realizado sobre la base de datos no difundidos de la Encuesta Permanente Hogares del Indec del primer semestre de 2013.
En 2003 ese índice se ubicaba en 13,1 por ciento, y tuvo un pico de 16 por ciento en 2008 y 2009. La incidencia es mucho más elevada en la población femenina: hoy la tasa es de 23,4 por ciento entre las mujeres y de 8 por ciento entre los varones, divulgó este lunes La Nación.
El estudio muestra también que 551.000 jóvenes están desocupados: representan el 19,5 por ciento de los activos (tienen tal condición quienes trabajan o buscan hacerlo) -una tasa que casi triplica el índice de desempleo medido sobre la población total-, a la vez que son el 11,3 por ciento si se considera la totalidad de personas de esas edades. Los problemas persisten, sin embargo, para muchos que encuentran un puesto, ya que entre los asalariados jóvenes la informalidad trepa al 54 por ciento, contra una tasa que para el universo total de esos trabajadores es de 33 por ciento. Si se mira la población joven total, quienes ocupan puestos de baja calidad son 1,24 millones, un 25,4 por ciento.
“Luego de una fuerte mejora entre 2003 y 2008, luego no hubo otros avances”, observan los economistas Marcelo Capello, Gerardo García Oro y Sofía Picasso, autores del informe. La conclusión es válida para el índice de informalidad y para el de desempleo, que al inicio de la década era de 31,2 por ciento y que se redujo a 19,8 por ciento en 2007, sin mostrar desde entonces variaciones significativas.
Ese estancamiento está en línea con la situación general del mercado laboral, dado que en ese período la creación de empleo disminuyó primero y se estancó después en el sector privado de la economía.
Según destaca un informe del economista Eduardo Donza, del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la experiencia indica que en períodos en que cae el crecimiento de la actividad, el mayor impacto en el mundo laboral se da en la población joven. Los datos de la encuesta de esta institución educativa privada no difieren demasiado de los que surgen de la encuesta oficial: según el relevamiento de 2012 (último disponible), el 45,6 por ciento de los jóvenes de 18 a 24 años está desocupado u ocupado en puestos de baja calidad, mientras que otro 19 por ciento está inactivo (parte de ellos realiza actividades domésticas en el hogar). Sobre los que se declaran en actividad, el 21,5 por ciento busca trabajo y no encuentra.
El trabajo del Ieral, por su parte, concluye que si se observan las condiciones dispuestas para acceder al plan Progresar, la mayor parte de los 1,6 millones de posibles beneficiarios serían ocupados de baja calidad, a quienes seguiría el grupo de los que estudian, pero viven en hogares con ingresos reducidos (la condición es que los padres no tengan ingresos más allá de los 3.600 pesos). En cada uno de esos grupos hay un tercio de los potenciales subsidiados, mientras que otro 20 por ciento serían los “ni-ni” y el 15 por ciento restante, los desocupados.
El plan oficial despertó varios apoyos pero también críticas. “Un subsidio no asegura inclusión”, advirtió Eduardo Amadeo, que fue secretario de Desarrollo Social y adhiere al Frente Renovador de Sergio Massa. Según afirmó, como las carencias que hacen que los jóvenes estén inactivos no sólo son económicas, un subsidio debería ser parte de un plan más amplio, con tutorías educativas, diálogo con los padres y un sistema de evaluación de resultados que no existe hoy para los planes sociales.
Desde el punto de vista macroeconómico, preocupa la forma en que se financiará el plan, que costaría unos 11.000 millones de pesos anuales. Como no se anunció un recorte en otros gastos, “no se puede más que concluir que para el financiamiento habrá más emisión monetaria”, advirtió el Ieral. Así, se inducirá a una mayor inflación, con la consecuente caída de poder adquisitivo, que afecta principalmente a quienes tienen menos ingresos.
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