Veintitres
Los empleados que le ganaron la batalla a Héctor Magnetto
Vencer al gigante
Foto: Ezequiel Torres
Fueron despedidos por su actividad gremial y sufrieron aprietes. Pero en una elección histórica derrotaron a la patronal. La lucha que desnuda la cara oculta del “gran diario argentino”.
Por Jorge Repiso
No hubo presiones ni amenazas que pudieran surtir efecto. Como en otras ocasiones, la patronal intentó amedrentar a los trabajadores pero ellos, organizados, a fuerza de tenacidad y perseverancia, entraron al cuarto oscuro y decidieron qué representante sindical les parecía mejor. Fue el pasado 18 de febrero cuando, en los talleres de Artes Gráficas Rioplatenses –la imprenta del Grupo Clarín–, más de 200 empleados ingresaron a un trailer estacionado en la puerta de la compañía y con su voto le torcieron el brazo al poder. O sea: le ganaron a Héctor Magnetto.
Después de tres intentos fallidos –que tuvieron lugar el año pasado–, diez delegados, que habían sido despedidos por Clarín, fueron reelectos tras ganarles a los integrantes de una lista alternativa armada por la empresa. Al cierre de esta edición, seis habían sido reincorporados –Víctor López, Lucas Pereyra, Pablo Lima, Matías Luna, Fernando Delgado y Sebastián Agüero– y los otros cuatro –Luis Siri, Cristian Quiroz, Nicolás Rivero y Javier Alfonzo– esperaban que se cumpliera el mismo destino. Todo un desafío para una compañía que dice defender la libertad de expresión pero impide la misma condición en cuestiones sindicales.
La lucha de los trabajadores de Clarín comenzó hace más de diez años. “Yo fui el primer delegado de la camada, en el 2000, cuando comenzaron los momentos más difíciles –recuerda Cristian Quiroz–. Hasta entonces, las patronales integraban las comisiones internas y nadie hablaba de reivindicaciones o derechos laborales. En aquella época, además, descubrimos diversas irregularidades, como la mala liquidación de las vacaciones, y con el tiempo las peleas se fueron agudizando. El problema más grande que teníamos –y todavía tenemos– es el que se conoce como semana desplazada, que consiste en correr los días francos para no pagar horas extras durante los fines de semana.”
Los roces entre los trabajadores y la patronal fueron en aumento. En 2003 hubo una huelga por despidos, y al año siguiente, la implementación de cámaras de seguridad, el cacheo en la entrada –que, según los delegados, permanecen hasta el día de hoy– y la imposibilidad de discutir incrementos salariales recrudeció la pelea. “Incluso si alguno de los nuevos trabajadores se pone a conversar con los delegados es fotografiado –asegura Luis Siri–. Después, lo conducen a la oficina de personal, lo interrogan y le dan una visión sesgada sobre quiénes somos nosotros y qué les va a pasar si apoyan alguna medida sindical.”
Bajo ese esquema de coacción, cuentan los delegados, el 80 por ciento de los empleados firmó un petitorio reciente en contra de la comisión interna, con un telegrama de despido redactado y presente en cada escritorio. Un accionar que no sorprende dentro de una empresa que, hacia finales de enero, manipuló un informe de la organización internacional Human Rights Watch referido a la nueva Ley de Medios y el caso de Papel Prensa, para denunciar “interferencias en la Justicia” en lugar de reproducir el texto original en el que se objeta “el reiterado cuestionamiento oficial a decisiones adoptadas por la Justicia”.
Sin embargo, Nicolás Rivero afirma que no pudieron doblegarlos: “El temor se termina en la calle, donde los trabajadores se animan a hablar con nosotros. Por eso, la empresa tuvo que armar una lista alternativa de candidatos a delegados, que presentó fuera de término. A todos los candidatos les ofrecieron cifras que van desde los 25 mil hasta los 200 mil pesos, el ascenso a distintas jefaturas y la posibilidad de hacer horas extras. Además, el día de la elección también contrataron a treinta personas a las que llevaron a votar y licenciaron a otros tantos, pero que sabíamos que iban a elegirnos a nosotros. Ni siquiera con todas esas movidas pudieron ganarnos”.
La misma lógica funcionó para poder concretar la elección. Como Clarín se negaba a autorizar la votación, los representantes gremiales encontraron la fórmula para sortear el escollo: con el aval del Sindicato de Gráficos y del Ministerio de Trabajo, instalaron el cuarto oscuro en un trailer, en la vereda de la compañía. “Aun así, nos mandaron a la Policía Federal, supuestamente por prevención”, comenta Siri. Y agrega: “Había alrededor de sesenta guardias de infantería, con equipo y carro hidrante. Pero no tuvieron necesidad de intervenir porque logramos llevar adelante el proceso sin incidentes, desde las nueve de la mañana hasta la medianoche. Nos preguntamos por qué fueron convocados si sólo se trataba de una práctica laboral, absolutamente legal”.
Pero la Justicia, parece, no conmueve a Magnetto. Tras los despidos injustificados de un grupo de empleados en 2004, diversos magistrados interpusieron medidas cautelares a favor de los trabajadores, determinando su reincorporación, pero una y otra vez la empresa desconoció los fallos.
Rivero considera que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reemplazó a la norma heredada de la dictadura, contribuyó a que se fortaleciera el conflicto. “Y, sobre todo, puso en evidencia la debilidad de Clarín –explica–. Porque no sólo se pudo comprobar cómo actuaron con nosotros sino que está el tema de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, que serían hijos de desaparecidos, y lo de Papel Prensa, que fue una apropiación. El grupo dice que apela al estado de derecho pero lo cierto es que lo vulnera constantemente.”
La lucha de los empleados se hizo más visible cuando, en diciembre último, se encadenaron una semana a las rejas de entrada de la planta, huelga de hambre mediante. El fin de semana siguiente, 19 de diciembre, la revista dominical Viva no salió a la calle. Fue un hecho inédito, minimizado por los medios hegemónicos. Dos días después, cinco delegados fueron despedidos junto con dos operarios que se solidarizaron con la causa. Al mes siguiente, todos acamparon junto a sus familiares en las puertas del diario.
Tras las elecciones, el lunes 21 de febrero el Grupo Clarín decidió discrecionalmente reincorporar a seis delegados. Los cuatro restantes tienen el ingreso prohibido, con personal de seguridad y dos efectivos policiales que funcionan como valla humana. Clarín paga una multa de 300 pesos diarios por cada delegado que no deja entrar.
“Como nosotros fuimos despedidos en 2004, por parar varios días, la compañía tiene más conflicto con nosotros –cuenta Siri–. En aquel momento nos iniciaron un juicio acusándonos de amenazas, privación ilegal de la libertad y daños. Todo por hacer una huelga. Pero como nunca pudieron probar esos delitos, fuimos absueltos de manera firme el año pasado. Y ahora no nos quieren porque dicen que somos malos. Al principio no discutimos porque queríamos que reinstalaran a algunos delegados. En nuestro caso, hay temas económicos y judiciales pendientes.”
Para Lucas Pereyra, que fue reincorporado, la situación sigue tensa: “Voy a trabajar pero no me asignan tareas ni tengo herramientas. En el taller ningún jefe dice nada pero lo cierto es que los compañeros nos felicitan y lo que logró la comisión interna puede ser tomado como un ejemplo”. Pablo Lima es más optimista. “Ahora podemos dormir tranquilos –asegura–. Es muy feo llegar a tu casa después de un día de lucha y tumbarse, muerto de cansancio y de nervios. Y la gente siente lo mismo: ya no están presionados ni amenazados.”
–¿Después de tanto tiempo, sienten que ya ganaron?
Quiroz: –Sentimos que triunfamos, que le ganamos al aparato que metió la empresa, apelando a cualquier recurso. Y que abrimos la puerta para que este mismo fenómeno se repita en otras empresas del grupo.
Siri: – Mostramos el camino sobre cómo hay que pelearle a una forma injusta de entender las relaciones laborales. Cuando todos entiendan que podemos ganarles a los Magnetto, los Aranda, los López Matheu, el triunfo será completo.
Javier Alfonzo: –Logramos una situación histórica que es la reincorporación de delegados.
No hubo presiones ni amenazas que pudieran surtir efecto. Como en otras ocasiones, la patronal intentó amedrentar a los trabajadores pero ellos, organizados, a fuerza de tenacidad y perseverancia, entraron al cuarto oscuro y decidieron qué representante sindical les parecía mejor. Fue el pasado 18 de febrero cuando, en los talleres de Artes Gráficas Rioplatenses –la imprenta del Grupo Clarín–, más de 200 empleados ingresaron a un trailer estacionado en la puerta de la compañía y con su voto le torcieron el brazo al poder. O sea: le ganaron a Héctor Magnetto.
Después de tres intentos fallidos –que tuvieron lugar el año pasado–, diez delegados, que habían sido despedidos por Clarín, fueron reelectos tras ganarles a los integrantes de una lista alternativa armada por la empresa. Al cierre de esta edición, seis habían sido reincorporados –Víctor López, Lucas Pereyra, Pablo Lima, Matías Luna, Fernando Delgado y Sebastián Agüero– y los otros cuatro –Luis Siri, Cristian Quiroz, Nicolás Rivero y Javier Alfonzo– esperaban que se cumpliera el mismo destino. Todo un desafío para una compañía que dice defender la libertad de expresión pero impide la misma condición en cuestiones sindicales.
La lucha de los trabajadores de Clarín comenzó hace más de diez años. “Yo fui el primer delegado de la camada, en el 2000, cuando comenzaron los momentos más difíciles –recuerda Cristian Quiroz–. Hasta entonces, las patronales integraban las comisiones internas y nadie hablaba de reivindicaciones o derechos laborales. En aquella época, además, descubrimos diversas irregularidades, como la mala liquidación de las vacaciones, y con el tiempo las peleas se fueron agudizando. El problema más grande que teníamos –y todavía tenemos– es el que se conoce como semana desplazada, que consiste en correr los días francos para no pagar horas extras durante los fines de semana.”
Los roces entre los trabajadores y la patronal fueron en aumento. En 2003 hubo una huelga por despidos, y al año siguiente, la implementación de cámaras de seguridad, el cacheo en la entrada –que, según los delegados, permanecen hasta el día de hoy– y la imposibilidad de discutir incrementos salariales recrudeció la pelea. “Incluso si alguno de los nuevos trabajadores se pone a conversar con los delegados es fotografiado –asegura Luis Siri–. Después, lo conducen a la oficina de personal, lo interrogan y le dan una visión sesgada sobre quiénes somos nosotros y qué les va a pasar si apoyan alguna medida sindical.”
Bajo ese esquema de coacción, cuentan los delegados, el 80 por ciento de los empleados firmó un petitorio reciente en contra de la comisión interna, con un telegrama de despido redactado y presente en cada escritorio. Un accionar que no sorprende dentro de una empresa que, hacia finales de enero, manipuló un informe de la organización internacional Human Rights Watch referido a la nueva Ley de Medios y el caso de Papel Prensa, para denunciar “interferencias en la Justicia” en lugar de reproducir el texto original en el que se objeta “el reiterado cuestionamiento oficial a decisiones adoptadas por la Justicia”.
Sin embargo, Nicolás Rivero afirma que no pudieron doblegarlos: “El temor se termina en la calle, donde los trabajadores se animan a hablar con nosotros. Por eso, la empresa tuvo que armar una lista alternativa de candidatos a delegados, que presentó fuera de término. A todos los candidatos les ofrecieron cifras que van desde los 25 mil hasta los 200 mil pesos, el ascenso a distintas jefaturas y la posibilidad de hacer horas extras. Además, el día de la elección también contrataron a treinta personas a las que llevaron a votar y licenciaron a otros tantos, pero que sabíamos que iban a elegirnos a nosotros. Ni siquiera con todas esas movidas pudieron ganarnos”.
La misma lógica funcionó para poder concretar la elección. Como Clarín se negaba a autorizar la votación, los representantes gremiales encontraron la fórmula para sortear el escollo: con el aval del Sindicato de Gráficos y del Ministerio de Trabajo, instalaron el cuarto oscuro en un trailer, en la vereda de la compañía. “Aun así, nos mandaron a la Policía Federal, supuestamente por prevención”, comenta Siri. Y agrega: “Había alrededor de sesenta guardias de infantería, con equipo y carro hidrante. Pero no tuvieron necesidad de intervenir porque logramos llevar adelante el proceso sin incidentes, desde las nueve de la mañana hasta la medianoche. Nos preguntamos por qué fueron convocados si sólo se trataba de una práctica laboral, absolutamente legal”.
Pero la Justicia, parece, no conmueve a Magnetto. Tras los despidos injustificados de un grupo de empleados en 2004, diversos magistrados interpusieron medidas cautelares a favor de los trabajadores, determinando su reincorporación, pero una y otra vez la empresa desconoció los fallos.
Rivero considera que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reemplazó a la norma heredada de la dictadura, contribuyó a que se fortaleciera el conflicto. “Y, sobre todo, puso en evidencia la debilidad de Clarín –explica–. Porque no sólo se pudo comprobar cómo actuaron con nosotros sino que está el tema de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, que serían hijos de desaparecidos, y lo de Papel Prensa, que fue una apropiación. El grupo dice que apela al estado de derecho pero lo cierto es que lo vulnera constantemente.”
La lucha de los empleados se hizo más visible cuando, en diciembre último, se encadenaron una semana a las rejas de entrada de la planta, huelga de hambre mediante. El fin de semana siguiente, 19 de diciembre, la revista dominical Viva no salió a la calle. Fue un hecho inédito, minimizado por los medios hegemónicos. Dos días después, cinco delegados fueron despedidos junto con dos operarios que se solidarizaron con la causa. Al mes siguiente, todos acamparon junto a sus familiares en las puertas del diario.
Tras las elecciones, el lunes 21 de febrero el Grupo Clarín decidió discrecionalmente reincorporar a seis delegados. Los cuatro restantes tienen el ingreso prohibido, con personal de seguridad y dos efectivos policiales que funcionan como valla humana. Clarín paga una multa de 300 pesos diarios por cada delegado que no deja entrar.
“Como nosotros fuimos despedidos en 2004, por parar varios días, la compañía tiene más conflicto con nosotros –cuenta Siri–. En aquel momento nos iniciaron un juicio acusándonos de amenazas, privación ilegal de la libertad y daños. Todo por hacer una huelga. Pero como nunca pudieron probar esos delitos, fuimos absueltos de manera firme el año pasado. Y ahora no nos quieren porque dicen que somos malos. Al principio no discutimos porque queríamos que reinstalaran a algunos delegados. En nuestro caso, hay temas económicos y judiciales pendientes.”
Para Lucas Pereyra, que fue reincorporado, la situación sigue tensa: “Voy a trabajar pero no me asignan tareas ni tengo herramientas. En el taller ningún jefe dice nada pero lo cierto es que los compañeros nos felicitan y lo que logró la comisión interna puede ser tomado como un ejemplo”. Pablo Lima es más optimista. “Ahora podemos dormir tranquilos –asegura–. Es muy feo llegar a tu casa después de un día de lucha y tumbarse, muerto de cansancio y de nervios. Y la gente siente lo mismo: ya no están presionados ni amenazados.”
–¿Después de tanto tiempo, sienten que ya ganaron?
Quiroz: –Sentimos que triunfamos, que le ganamos al aparato que metió la empresa, apelando a cualquier recurso. Y que abrimos la puerta para que este mismo fenómeno se repita en otras empresas del grupo.
Siri: – Mostramos el camino sobre cómo hay que pelearle a una forma injusta de entender las relaciones laborales. Cuando todos entiendan que podemos ganarles a los Magnetto, los Aranda, los López Matheu, el triunfo será completo.
Javier Alfonzo: –Logramos una situación histórica que es la reincorporación de delegados.
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