El gobernador peronista al que derrocó su jefe de Policía
En febrero de 1974, mientras la Argentina comenzaba a hundirse en la violencia política, el coronel Antonio Domingo Navarro, jefe de la Policía de Córdoba, se amotinó contra el gobernador Ricardo Obregón Cano, un veterano dirigente peronista de buenos vínculos con Montoneros, de cuya cúpula luego pasó a ser parte. Testigos reconstruyen las horas de incertidumbre que se vivieron hasta que, ante la ambigüedad del presidente Juan Domingo Perón, el golpe se consumó.
Por Marcelo Zavála
Resonancia. Obregón Cano y su vicegobernador, Atilio López, referente de la izquierda peronista, fueron destituidos pese a la resistencia de diferentes sectores.
Esa noche, el gobernador Ricardo Obregón Cano, su vice, Atilio López y una docena de funcionarios fueron privados de su libertad y obligados a permanecer en silencio con las manos en la nuca una hora, hasta ser trasladados al Comando Radioeléctrico.
En Buenos Aires, el presidente Juan Domingo Perón se mantuvo prescindente de la situación y se limitó a observar cómo los cordobeses se “cocinaban en su propia salsa”.
El viejo apotegma peronista: “El que gana conduce y el que pierde acompaña” fue dejado de lado no bien Obregón Cano juró como gobernador el 25 de mayo de 1973.
Su gobierno sufrió todo tipo de embates provenientes de la ortodoxia peronista derrotada en las elecciones internas.
El 27 de febrero, Obregón Cano se reunió temprano con el ministro de Gobierno, Erio Bonetto, y con el fiscal de Estado, Juan Carlos Bruera. Les comunicó que en la reunión sindical que se realizaría en la ciudad de Alta Gracia, la CGT regional quedaría normalizada y, además, que pretendía la renuncia del Jefe de Policía.
Acusaciones por manejos irregulares y un confuso episodio, en el que fueron acribillados cinco cooperativistas, motivaron su pedido.
Era frecuente en esa época que los militares llegaran a cargos jerárquicos “detrás de la onda peronista”, dice el diputado nacional Juan Carlos Dante Gullo. Navarro no fue la excepción. Llegó de la mano de los jóvenes de la Tendencia Revolucionaria Peronista y avalado por el comandante en jefe del Ejército, teniente general Jorge Raúl Calcagno.
Obregón Cano nunca imaginó que su jefe de Policía lo traicionaría, cuando ese mediodía Bonetto citó a Navarro para pedirle la dimisión.
El jefe policial escuchó atentamente y solicitó unas horas para reflexionar. Pero no pensó, actuó: acuarteló policías, copó radios y organizó a decenas de civiles armados.
Luego de ello, retornó al ministerio y comunicó al ministro su decisión de no renunciar. Por temor a quedar detenido, le advirtió a Bonetto, “que si en el plazo de cinco minutos no salía de esa oficina, en la puerta lo aguardaba un camión con treinta policías armados que entrarían a rescatarlo a sangre y fuego”. Luego, se marchó victorioso.
Bonetto notificó al gobernador las novedades. Obregón Cano no dudó. Firmó un decreto que exoneraba a Navarro de la Policía y nombró un nuevo jefe policial.
Todo fue inútil. Esa noche, la custodia de la Casa de Gobierno apagó las luces exteriores y se retiró de los puestos de vigilancia. Una hora después, cincuenta policías armados y vestidos de combate irrumpieron a los gritos en el despacho del gobernador. Obregón Cano, Atilio López, ministros, legisladores, secretarios y el fiscal de Estado fueron requisados y amenazados.
Nadie se resistió. Obregón Cano preguntó quién estaba al mando: lo mandaron a callar.
El ex fiscal de Estado Juan Carlos Bruera, fallecido en México hace un año, reveló a PERFIL durante su última visita al país que “la idea de un fusilamiento so pretexto de alguna resistencia armada rondaba por la cabeza de los presentes”.
Los detenidos fueron conducidos en fila india hasta tres colectivos que los trasladaron al Comando Radioeléctrico.
Los más optimistas creían que todo era cuestión de horas. Que cuando Perón se enterase de lo que pasaba, enviaría fuerzas federales para sofocar la rebelión. Los pesimistas sospechaban que Navarro tenía cómplices en el gobierno nacional y que por eso, la noche sería muy larga.
El 28 de febrero, Córdoba amaneció sitiada. Cientos de policías y civiles armados impedían circular por la zona céntrica y las radios tomadas por seguidores de Navarro “invitaban al pueblo a acompañar al jefe” e informaban, que Obregón Cano y Atilio López, “habían sido detenidos mientras proveían armas a grupos de reconocida militancia marxista”.
Esa misma noche, el presidente de la Cámara de Diputados, Dante Agodino, juró como gobernador ante miembros del Tribunal Supremo, el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, el rector de la Universidad Católica y un Navarro exultante.
No bien terminada la ceremonia, Agodino fue al Comando Radioeléctrico y se entrevistó con Obregón Cano y Atilio López. Justificó su asunción en pos de salvar el orden constitucional y les prometió que cuando estuvieran dadas las condiciones, ellos “podrían reasumir sus funciones”.
Pero a esa altura, muy pocos apostaban a que las autoridades serían repuestas. Mucho menos después de conocer el decreto (686/74-1 de marzo) en el que Perón incluyó en las sesiones extraordinarias el tratamiento de la situación institucional cordobesa y posteriormente su intervención.
El 12 de marzo, Duilio Antonio Rafael Brunello reemplazó a Dante Agodino. Al asumir, manifestó que llegaba “para restaurar la paz y la seguridad de los habitantes”.
Sin embargo, no lo logró. Córdoba ingresó en una espiral de violencia con persecuciones, listas negras y desapariciones forzadas.
Finalmente, Obregón Cano fue liberado y cumplió con la formalidad de su renuncia ante la Legislatura provincial en la que auguró “horas graves para el futuro de la República”. Además, responsabilizó directamente a los ministros del interior, Benito Llambí, y de trabajo, Ricardo Otero, por la “conjura instrumentada en su contra”.
Eduardo Angeloz, presidente del radicalismo cordobés en esa época, asegura que el navarrazo “nunca hubiera sucedido sin la anuencia de Perón”.
Dante Gullo sostiene lo contrario. Afirma que el ex presidente no tuvo injerencia en la rebelión de Navarro y que “desgraciadamente, Perón actuó en función de los hechos consumados”.
También, el historiador Norberto Galasso exime de responsabilidad a Perón en el golpe. Sin embargo, admite que desde el punto de vista institucional, “lo que correspondía era reponer a las autoridades”.
Han pasado 37 años y aún nadie pudo explicar como Navarro tuvo tanta libertad de acción sin que ninguna autoridad federal pusiera fin a sus atropellos.
¿Es posible imaginar que a un presidente que no le temblaba el pulso para ejercer su autoridad, ignorara que en Córdoba se iba a producir un golpe de Estado?
La polémica parece no tener fin.
Esa misma noche, el presidente de la Cámara de Diputados, Dante Agodino, juró como gobernador ante miembros del Tribunal Supremo, el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, el rector de la Universidad Católica y un Navarro exultante.
No bien terminada la ceremonia, Agodino fue al Comando Radioeléctrico y se entrevistó con Obregón Cano y Atilio López. Justificó su asunción en pos de salvar el orden constitucional y les prometió que cuando estuvieran dadas las condiciones, ellos “podrían reasumir sus funciones”.
Pero a esa altura, muy pocos apostaban a que las autoridades serían repuestas. Mucho menos después de conocer el decreto (686/74-1 de marzo) en el que Perón incluyó en las sesiones extraordinarias el tratamiento de la situación institucional cordobesa y posteriormente su intervención.
El 12 de marzo, Duilio Antonio Rafael Brunello reemplazó a Dante Agodino. Al asumir, manifestó que llegaba “para restaurar la paz y la seguridad de los habitantes”.
Sin embargo, no lo logró. Córdoba ingresó en una espiral de violencia con persecuciones, listas negras y desapariciones forzadas.
Finalmente, Obregón Cano fue liberado y cumplió con la formalidad de su renuncia ante la Legislatura provincial en la que auguró “horas graves para el futuro de la República”. Además, responsabilizó directamente a los ministros del interior, Benito Llambí, y de trabajo, Ricardo Otero, por la “conjura instrumentada en su contra”.
Eduardo Angeloz, presidente del radicalismo cordobés en esa época, asegura que el navarrazo “nunca hubiera sucedido sin la anuencia de Perón”.
Dante Gullo sostiene lo contrario. Afirma que el ex presidente no tuvo injerencia en la rebelión de Navarro y que “desgraciadamente, Perón actuó en función de los hechos consumados”.
También, el historiador Norberto Galasso exime de responsabilidad a Perón en el golpe. Sin embargo, admite que desde el punto de vista institucional, “lo que correspondía era reponer a las autoridades”.
Han pasado 37 años y aún nadie pudo explicar como Navarro tuvo tanta libertad de acción sin que ninguna autoridad federal pusiera fin a sus atropellos.
¿Es posible imaginar que a un presidente que no le temblaba el pulso para ejercer su autoridad, ignorara que en Córdoba se iba a producir un golpe de Estado?
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