el gobierno contra clarin
Lorenzetti, forzado a desempatar en una Corte partida en dos por la Ley de Medios
El tribunal deberá definir sobre la constitucionalidad de los artículos que obligan al Grupo a desprenderse de algunas de sus empresas. Tres jueces se inclinarían a favor de la postura del Gobierno y otros tres, en contra. Esfuerzos para mantener la unidad.
Comensales. Elena Highton de Nolasco (centro) y Carmen Argibay (izquierda) comparten mesa el jueves con el camarista Ricardo Recondo. Notas Relacionadas
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En los pasillos de Tribunales, muchos interpretan que Lorenzetti va a tomar una decisión más política que técnica. Y creen que finalmente se inclinará por la constitucionalidad de los artículos cuestionados.
Antes de la definición, la causa deberá pasar primero la instancia de apelación ante la Cámara Civil y Comercial. Allí se espera un fallo contrario a los intereses del Gobierno, que se verá obligado a apelar ante la Corte Suprema (ver página 3). Recién en ese momento los ministros supremos deberán desentrañar el cuadro político y legal que provocó la Ley de Medios, y que generó que la relación entre el Gobierno y la Justicia viva su momento más tenso.
El viernes pasado, el juez Horacio Alfonso falló a favor de la constitucionalidad de los artículos que resiste el Grupo Clarín. La decisión devolvió el entusiasmo al Gobierno, que había sufrido la caída del 7D por la decisión de la Cámara que ahora deberá tomar la causa.
Paridad. Según pudo averiguar PERFIL, las posturas de los jueces de la Corte respecto a la constitucionalidad de los artículos en disputa muestra una paridad, que deberá desempatar Lorenzetti.
Por un lado, están Carmen Argibay, Enrique Petracchi y Carlos Fayt, que accederían al reclamo del Grupo Clarín.
Según explica una fuente judicial, los jueces fundamentarán su posición en las “arbitrariedades manifiestas, las pruebas ofrecidas en la causa, las pericias oficiales que detallan el perjuicio a la sociedad respecto la calidad de la comunicación audiovisual y vía Internet, como también la cantidad de puestos laborales que se perderán”. Esos son los argumentos que el Grupo Clarín presentó ante el juzgado de Alfonso y que fueron desestimados.
En tanto, por la constitucionalidad de la Ley de Medios y en coincidencia con el Gobierno, denominados en la jerga tribunalicia como “cristinistas”, se encuentran Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Eugenio Zaffaroni.
Maqueda fue senador y ministro de Educación de Córdoba, su provincia natal. Mantiene lazos con el gobernador de la provincia, José Manuel de la Sota. También integra este grupo la ministra Elena Highton de Nolasco, quien mantiene una cercana relación con el Gobierno al avalar la política de los derechos humanos, como también lo hace el ministro Eugenio Zaffaroni. Así la escena, el que tendrá la decisión final será Ricardo Lorenzetti, y hoy su péndulo se encuentra hacia el Gobierno.
Malestar. Si bien Highton de Nolasco no ha desconocido su simpatía por el kirchnerismo, las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de “fierros judiciales, para tumbar a un gobierno”, enojaron sobremanera a la jueza, quien decidió junto a su par Carmen Argibay llevar adelante el Comunicado de la Comisión de Independencia judicial que presiden ambas y que fue emitida junto a la Junta Federal de Cortes, Asociación de Magistrados y Federación Argentina de la Magistratura el 6 de diciembre y en que alertaron sobre la preocupación ante la situación que se vive alrededor de la causa de la Ley de Medios.
Este escrito habría sido redactado por el ministro Juan Carlos Maqueda, quien también mostró su enojo ante los dichos presidenciales “porque ya no estaba en juego la causa Clarín sino la democracia”, señaló un colaborador del ministro.
La pregunta es hasta qué punto el malestar generado por las declaraciones de la Presidenta afectará la decisión final sobre la Ley de Medios. La fecha en que la controversia llegará al Máximo Tribunal también es determinante para la suerte del Gobierno y del Grupo Clarín.
En el horizonte aparecen las elecciones legislativas de octubre del año próximo. El Gobierno quiere llegar a esa instancia con la ley aplicada en plenitud, es decir, con el Grupo Clarín con 220 licencias de cable menos. La empresa espera que la disputa judicial se extienda hasta después de las elecciones.
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