La calidad de nuestra democracia en picada"
La llamada "democratización de la Justicia" impulsada por la presidente e impuesta en el Congreso Nacional por el oficialismo, en especial las modificaciones en el Consejo de la Magistratura, implica una reforma constitucional enmascarada para propiciar un cambio de régimen y garantizar la impunidad de los funcionarios y empresarios cercanos al Gobierno. Los cambios introducidos en las declaraciones juradas que deben presentar los funcionarios en estas mismas leyes nos confirman que están buscando todos los artilugios para consagrar la impunidad de la corrupción generada durante la última década. La UCR se planta en defensa de la Constitución y de todos los hombres y mujeres de bien que creemos que una Argentina con valores es posible.
Días pasados en Buenos Ares, la Unión Cívica Radical y la Fundación Leandro N. Alem reunieron a los especialistas más destacados del país en una Jornada de reflexión pública, para analizar con detenimiento la reforma judicial y poder escuchar las voces de quienes más saben sobre el tema y cuentan con una vasta experiencia, más allá de las ideologías políticas. Los expertos ofrecieron argumentos y detalles sobre lo que está ocurriendo con la justicia por estos días, en los que desde la UCR y otras fuerzas de la oposición, preparamos las presentaciones que se realizarán en las instancias correspondientes, por la inconstitucionalidad de varios ítems de las leyes aprobadas, recientemente promulgadas.
Esto es algo que pareciera muchas veces alejado de la vida cotidiana de la gente, pero no lo es en absoluto. Los argentinos estamos siendo testigos de cómo los derechos que tanto nos costaron conseguir se van perdiendo, y toda nuestra vida se deteriora, las relaciones económicas, las relaciones sociales, las familiares. No se trata solamente la reforma judicial que de por sí es escandalosa, es el blanqueo de capitales a la medida del lavado de dinero y la corrupción, es la exhibición obscena de la riqueza que no pueden justificar, son las presiones que reciben los medios para no publicar las cosas que ya no se pueden tapar, es la ineficacia de los funcionarios que terminan en hechos como el de la Tragedia de Once.
Daniel Sabsay, uno de los más destacados constitucionalistas argentinos, nos explicó en este Jornada que "la Presidenta, cuando abrió las sesiones del Congreso, dijo que iba a tratar de democratizar a la Justicia. Es sumamente equivoco, porque la Justicia es independiente y democrática cuando sus miembros tienen capacidad de independencia de criterio y cuando están al resguardo de las presiones que pueden hacer sobre ellos los demás poderes. Hablar de democratización de la Justicia a través de medidas que tienden a precisamente poner cada vez más peso en los poderes políticos, es el sentido contrario de lo que implica la Justicia como árbitro en la resolución de los conflictos que aquejan a la sociedad".
Félix Loñ, otro de los más destacados en materia constitucional de nuestro país, alertó sobre la gravedad al querer cambiar la conformación del Consejo de la Magistratura, órgano fundamental ya que es el encargado de designar y remover a los jueces federales, contrariando a la Constitución Nacional. Si el equilibrio se rompe, como propone el gobierno al aumentar sus miembros, estamos a merced de los intereses más oscuros y los ciudadanos nos encontraremos indefensos. Además, "del texto constitucional surge que los únicos representantes provenientes de la voluntad popular son los legisladores y el miembro del Poder Ejecutivo. Para los restantes no se hace ninguna mención de la vía electiva. Por consiguiente, los jueces y los abogados deben ser elegidos por los propios magistrados y los profesionales. Los académicos y científicos, por las universidades". El Poder Ejecutivo propone que los representantes de los jueces, abogados y académicos surjan del voto popular, desnaturalizándose el precepto constitucional que no prevé que la composición del cuerpo sea por vía electoral.
Esto se agrava, explicó Loñ, porque "se pretende que los candidatos sean propuestos por los partidos políticos. Esto significará acabar, lisa y llanamente, con la independencia de quienes vayan a ser jueces. Entre ellos y los representantes de los partidos políticos que integran el Consejo de la Magistratura se generará una identificación que quebrará la imparcialidad que deben mantener los magistrados. Serán las agrupaciones políticas las que correrán con los gastos de la campaña electoral. Es un momento dramático de la vida republicana" advirtió Loñ.
Como si todo esto fuera poco, en medio de los artículos de la reforma, se introdujeron una serie de cambios que parecen ínfimos pero traicioneramente esconden una trampa grave: las declaraciones juradas de los funcionarios no serán igualmente accesibles, ni se podrán cotejar con anteriores ni incluirán a los familiares directos, otro aspecto de la calidad y transparencia institucional en el que retrocedemos. Hoy en día, la Oficina Anticorrupción es la encargada de recopilar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios del Poder Ejecutivo, intima a quien no cumpla con esa presentación e investiga posibles irregularidades en la evolución patrimonial de, entre otros, la Presidenta y sus ministros. Cualquier ciudadano puede requerir esos documentos con un trámite sencillo, de manera personal.
La nueva ley introduce una modificación clave que es el cambio de formulario de la declaración jurada. Ya no se presentará el detallado informe que requería la Oficina Anticorrupción, sino que, según el texto del proyecto, los informes "serán iguales a aquellos que se presentan ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)". Con estos formularios, por ejemplo, no nos podríamos enterar del préstamo de 8 millones y medio que Lázaro Báez le hizo al ex presidente Néstor Kirchner. "En el formulario de la AFIP no figuran los trabajos anteriores o actuales, con lo cual no se pueden analizar incompatibilidades o conflictos de intereses. De los bienes inmuebles, se sabrá el valor fiscal, pero no el origen del dinero con el que se adquirió ese bien. En el caso de las sociedades, tampoco se conocerán el porcentaje de acciones que tienen, ni cuál es el valor de esa participación. Tampoco estarán los datos de los cónyuges, ni de los hijos no emancipados. Los funcionarios podrían poner todos los bienes a nombre de sus parejas e imposibilitar controlar la evolución patrimonial" explicó un experto.
Como lo venimos señalando, esta reforma judicial sumada al blanqueo de capitales es un combo ideado para que ningún funcionario, ningún amigo del poder, vaya preso o deba dar explicaciones a la justicia. La UCR, como primera fuerza opositora a nivel nacional y legislativo, asumió ya hace tiempo el compromiso de conducir todas las tareas para defender a todos los ciudadanos de estos atropellos. Hoy nos pueden encontrar en el Congreso, en las calles y en cada uno de los 24 distritos del país para garantizar una verdadera democracia.
Por estos días estamos atravesando la semana de mayo, que nos retrotrae necesariamente a ese momento fundacional de la patria, en la que los argentinos elegimos cómo queríamos vivir. Los ideales de justicia e igualdad guiaron a esos hombres que cambiaron la historia, y anidaron en el pueblo argentino, que con educación y trabajo forjó una Nación. Necesitamos recuperar la memoria de quiénes fuimos para poder avanzar hacia el futuro. Todos los hombres y las mujeres de bien de este país y de esta provincia de Santa Fe nos merecemos un país con valores; donde se respete al ciudadano, donde la educación y la cultura del trabajo sean las herramientas para el progreso personal y social, en el que los funcionarios sean honestos y se vayan con lo puesto al dejar el Estado, en el que los jueces puedan ser independientes y ecuánimes.
Y por eso nos plantamos y decimos basta. Basta de corrupción, basta de abusos de poder, de blanqueo de los evasores, de inoperancia y negligencia frente a los problemas reales del país. Este gobierno ha intentado dinamitar los valores que hicieron grande a la Argentina, ha ignorado la Constitución y ha saqueado las arcas del Estado. Ahora quieren garantizar la impunidad de todo lo realizado. Nadie podrá decir que no fue avisado.
Fue la reflexión del ex intendente de la ciudad y actual presidente de la Unión Cívica Radical, Mario Barletta.
Mario Barletta, titular de la UCR.
Días pasados en Buenos Ares, la Unión Cívica Radical y la Fundación Leandro N. Alem reunieron a los especialistas más destacados del país en una Jornada de reflexión pública, para analizar con detenimiento la reforma judicial y poder escuchar las voces de quienes más saben sobre el tema y cuentan con una vasta experiencia, más allá de las ideologías políticas. Los expertos ofrecieron argumentos y detalles sobre lo que está ocurriendo con la justicia por estos días, en los que desde la UCR y otras fuerzas de la oposición, preparamos las presentaciones que se realizarán en las instancias correspondientes, por la inconstitucionalidad de varios ítems de las leyes aprobadas, recientemente promulgadas.
Esto es algo que pareciera muchas veces alejado de la vida cotidiana de la gente, pero no lo es en absoluto. Los argentinos estamos siendo testigos de cómo los derechos que tanto nos costaron conseguir se van perdiendo, y toda nuestra vida se deteriora, las relaciones económicas, las relaciones sociales, las familiares. No se trata solamente la reforma judicial que de por sí es escandalosa, es el blanqueo de capitales a la medida del lavado de dinero y la corrupción, es la exhibición obscena de la riqueza que no pueden justificar, son las presiones que reciben los medios para no publicar las cosas que ya no se pueden tapar, es la ineficacia de los funcionarios que terminan en hechos como el de la Tragedia de Once.
Daniel Sabsay, uno de los más destacados constitucionalistas argentinos, nos explicó en este Jornada que "la Presidenta, cuando abrió las sesiones del Congreso, dijo que iba a tratar de democratizar a la Justicia. Es sumamente equivoco, porque la Justicia es independiente y democrática cuando sus miembros tienen capacidad de independencia de criterio y cuando están al resguardo de las presiones que pueden hacer sobre ellos los demás poderes. Hablar de democratización de la Justicia a través de medidas que tienden a precisamente poner cada vez más peso en los poderes políticos, es el sentido contrario de lo que implica la Justicia como árbitro en la resolución de los conflictos que aquejan a la sociedad".
Félix Loñ, otro de los más destacados en materia constitucional de nuestro país, alertó sobre la gravedad al querer cambiar la conformación del Consejo de la Magistratura, órgano fundamental ya que es el encargado de designar y remover a los jueces federales, contrariando a la Constitución Nacional. Si el equilibrio se rompe, como propone el gobierno al aumentar sus miembros, estamos a merced de los intereses más oscuros y los ciudadanos nos encontraremos indefensos. Además, "del texto constitucional surge que los únicos representantes provenientes de la voluntad popular son los legisladores y el miembro del Poder Ejecutivo. Para los restantes no se hace ninguna mención de la vía electiva. Por consiguiente, los jueces y los abogados deben ser elegidos por los propios magistrados y los profesionales. Los académicos y científicos, por las universidades". El Poder Ejecutivo propone que los representantes de los jueces, abogados y académicos surjan del voto popular, desnaturalizándose el precepto constitucional que no prevé que la composición del cuerpo sea por vía electoral.
Esto se agrava, explicó Loñ, porque "se pretende que los candidatos sean propuestos por los partidos políticos. Esto significará acabar, lisa y llanamente, con la independencia de quienes vayan a ser jueces. Entre ellos y los representantes de los partidos políticos que integran el Consejo de la Magistratura se generará una identificación que quebrará la imparcialidad que deben mantener los magistrados. Serán las agrupaciones políticas las que correrán con los gastos de la campaña electoral. Es un momento dramático de la vida republicana" advirtió Loñ.
Como si todo esto fuera poco, en medio de los artículos de la reforma, se introdujeron una serie de cambios que parecen ínfimos pero traicioneramente esconden una trampa grave: las declaraciones juradas de los funcionarios no serán igualmente accesibles, ni se podrán cotejar con anteriores ni incluirán a los familiares directos, otro aspecto de la calidad y transparencia institucional en el que retrocedemos. Hoy en día, la Oficina Anticorrupción es la encargada de recopilar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios del Poder Ejecutivo, intima a quien no cumpla con esa presentación e investiga posibles irregularidades en la evolución patrimonial de, entre otros, la Presidenta y sus ministros. Cualquier ciudadano puede requerir esos documentos con un trámite sencillo, de manera personal.
La nueva ley introduce una modificación clave que es el cambio de formulario de la declaración jurada. Ya no se presentará el detallado informe que requería la Oficina Anticorrupción, sino que, según el texto del proyecto, los informes "serán iguales a aquellos que se presentan ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)". Con estos formularios, por ejemplo, no nos podríamos enterar del préstamo de 8 millones y medio que Lázaro Báez le hizo al ex presidente Néstor Kirchner. "En el formulario de la AFIP no figuran los trabajos anteriores o actuales, con lo cual no se pueden analizar incompatibilidades o conflictos de intereses. De los bienes inmuebles, se sabrá el valor fiscal, pero no el origen del dinero con el que se adquirió ese bien. En el caso de las sociedades, tampoco se conocerán el porcentaje de acciones que tienen, ni cuál es el valor de esa participación. Tampoco estarán los datos de los cónyuges, ni de los hijos no emancipados. Los funcionarios podrían poner todos los bienes a nombre de sus parejas e imposibilitar controlar la evolución patrimonial" explicó un experto.
Como lo venimos señalando, esta reforma judicial sumada al blanqueo de capitales es un combo ideado para que ningún funcionario, ningún amigo del poder, vaya preso o deba dar explicaciones a la justicia. La UCR, como primera fuerza opositora a nivel nacional y legislativo, asumió ya hace tiempo el compromiso de conducir todas las tareas para defender a todos los ciudadanos de estos atropellos. Hoy nos pueden encontrar en el Congreso, en las calles y en cada uno de los 24 distritos del país para garantizar una verdadera democracia.
Por estos días estamos atravesando la semana de mayo, que nos retrotrae necesariamente a ese momento fundacional de la patria, en la que los argentinos elegimos cómo queríamos vivir. Los ideales de justicia e igualdad guiaron a esos hombres que cambiaron la historia, y anidaron en el pueblo argentino, que con educación y trabajo forjó una Nación. Necesitamos recuperar la memoria de quiénes fuimos para poder avanzar hacia el futuro. Todos los hombres y las mujeres de bien de este país y de esta provincia de Santa Fe nos merecemos un país con valores; donde se respete al ciudadano, donde la educación y la cultura del trabajo sean las herramientas para el progreso personal y social, en el que los funcionarios sean honestos y se vayan con lo puesto al dejar el Estado, en el que los jueces puedan ser independientes y ecuánimes.
Y por eso nos plantamos y decimos basta. Basta de corrupción, basta de abusos de poder, de blanqueo de los evasores, de inoperancia y negligencia frente a los problemas reales del país. Este gobierno ha intentado dinamitar los valores que hicieron grande a la Argentina, ha ignorado la Constitución y ha saqueado las arcas del Estado. Ahora quieren garantizar la impunidad de todo lo realizado. Nadie podrá decir que no fue avisado.
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