Martes 29 de octubre de 2013 | Publicado en edición impresa
En la nota, Carrió aclaró que la enviaba "en el marco de la Carta Democrática Interamericana", para completar otro comunicado anterior en el que había solicitado "asistencia para el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática".
Además, Carrió les envió otras dos notas al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y a la jueza Elena Highton de Nolasco para solicitarles información sobre la veracidad de aquellas gestiones de Zannini con los ministros supremos.
La diputada recuerda que, durante las últimas semanas, distintos medios de comunicación -incluso los más afines al Gobierno- dieron cuenta de varias reuniones reservadas entre Highton, Lorenzetti y Zannini, un funcionario de estrecha confianza de la Presidenta que habría abogado abiertamente en favor de un fallo que declare la constitucionalidad de los cuatro artículos de la ley 26.522.
La causa sobre la ley de medios se inició con una demanda del Grupo Clarín en 2009.
Los artículos que cuestiona la empresa restringen la acumulación de licencias de aire y de cable, desconocen los derechos adquiridos y obligan al Grupo Clarín a desprenderse inmediatamente de sus licencias, antes del vencimiento del plazo para las que fueron otorgadas.
El juez Horacio Alfonso dictaminó que los cuatro artículos impugnados por el Grupo Clarín son válidos, pero la Cámara Federal Civil y Comercial decidió que dos de esas normas son inconstitucionales. Ahora, el Gobierno tiene cifradas todas sus expectativas en la Corte.
El Gobierno sueña con un fallo que declare la validez de toda la norma, porque le permitiría ganar en una de las más importantes batallas de la gestión kirchnerista: desguazar el Grupo Clarín.
Mediante sendas cartas a Lorenzetti y a Highton, que llevan fecha del 18 de octubre, Carrió, invocando su carácter de integrante de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, pidió que le "informen sobre la veracidad" de dichas reuniones, "por la gravedad que implican".
La diputada descuenta que su carta no será respondida, pero parece interesada en entreabrir a los jueces una puerta de escape a esas presiones.
La tensión que existe en la Corte es palpable y crece día a día, a tal punto que ayer, apenas conocidos los resultados electorales y sin que exista ningún motivo para tal apuro, varios de los jueces del tribunal -sobre todo los más allegados al Gobierno- trataban de ajustar los detalles de los borradores del fallo.
A esta altura, nada es seguro. Los jueces guardan el secreto de su decisión con un recelo inusual.
Tampoco está claro por qué la Corte debería dictar el fallo esta semana en lugar de hacerlo dentro de dos o tres semanas.
El Ejecutivo especula que un fallo favorable podría devolverle al relato político un aire que el resultado de las elecciones de anteayer le sacó. Y, además, sabe que la Corte no se animaría a darle una mala noticia a la Presidenta mientras está ausente de la vida política luego de su operación.
Pero la premura del Gobierno también tiene otro nombre: los realineamientos. Posiblemente el tribunal tema que la Corte busque amparo en los nuevos líderes y comience a desoír, sin tapujos, las necesidades del kirchnerismo.
De todas formas, en la Casa Rosada saben que la sentencia podría tener un alto costo político para la imagen de la Corte. Por eso, el Ejecutivo estaría dispuesto a tolerar que el tribunal dicte un fallo adverso al Gobierno en cualquier otro tema secundario, para que la Corte pueda mantener en pie su imagen de independencia..
Ley de medios: sería inminente el fallo de la Corte
Política
El caso sobre la ley de medios está en tiempo de descuento: mientras en las últimas horas el Gobierno volvió a formular a la Corte Suprema un fuerte -aunque disimulado- reclamo para que, hoy mismo, declare la validez de la controvertida norma, Elisa Carrió alertó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre esas gestiones, que la diputada calificó de "graves".
En efecto, Carrió, que acaba de ser reelegida diputada por el frente UNEN, el 17 de octubre pasado le envió una nota al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en la que hizo alusión a las reuniones que habrían mantenido la presidenta Cristina Kirchner y el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, con distintos jueces del alto tribunal para pedirles a los ministros que apuren esa sentencia.En la nota, Carrió aclaró que la enviaba "en el marco de la Carta Democrática Interamericana", para completar otro comunicado anterior en el que había solicitado "asistencia para el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática".
Además, Carrió les envió otras dos notas al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y a la jueza Elena Highton de Nolasco para solicitarles información sobre la veracidad de aquellas gestiones de Zannini con los ministros supremos.
La diputada recuerda que, durante las últimas semanas, distintos medios de comunicación -incluso los más afines al Gobierno- dieron cuenta de varias reuniones reservadas entre Highton, Lorenzetti y Zannini, un funcionario de estrecha confianza de la Presidenta que habría abogado abiertamente en favor de un fallo que declare la constitucionalidad de los cuatro artículos de la ley 26.522.
La causa sobre la ley de medios se inició con una demanda del Grupo Clarín en 2009.
Los artículos que cuestiona la empresa restringen la acumulación de licencias de aire y de cable, desconocen los derechos adquiridos y obligan al Grupo Clarín a desprenderse inmediatamente de sus licencias, antes del vencimiento del plazo para las que fueron otorgadas.
El juez Horacio Alfonso dictaminó que los cuatro artículos impugnados por el Grupo Clarín son válidos, pero la Cámara Federal Civil y Comercial decidió que dos de esas normas son inconstitucionales. Ahora, el Gobierno tiene cifradas todas sus expectativas en la Corte.
El Gobierno sueña con un fallo que declare la validez de toda la norma, porque le permitiría ganar en una de las más importantes batallas de la gestión kirchnerista: desguazar el Grupo Clarín.
Mediante sendas cartas a Lorenzetti y a Highton, que llevan fecha del 18 de octubre, Carrió, invocando su carácter de integrante de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, pidió que le "informen sobre la veracidad" de dichas reuniones, "por la gravedad que implican".
La diputada descuenta que su carta no será respondida, pero parece interesada en entreabrir a los jueces una puerta de escape a esas presiones.
Gestiones
Desde fines del año pasado, las gestiones del Gobierno sobre la Corte fueron cada vez más frecuentes. Y, en las últimas horas, Zannini se habría vuelto a comunicar con varios de los jueces para pedirles que hoy mismo, apenas 48 horas después de la mayor derrota electoral del Gobierno, el máximo tribunal dicte una sentencia que, en alguna medida, legitime una de las leyes más cuestionadas del kirchnerismo.La tensión que existe en la Corte es palpable y crece día a día, a tal punto que ayer, apenas conocidos los resultados electorales y sin que exista ningún motivo para tal apuro, varios de los jueces del tribunal -sobre todo los más allegados al Gobierno- trataban de ajustar los detalles de los borradores del fallo.
A esta altura, nada es seguro. Los jueces guardan el secreto de su decisión con un recelo inusual.
Tampoco está claro por qué la Corte debería dictar el fallo esta semana en lugar de hacerlo dentro de dos o tres semanas.
El Ejecutivo especula que un fallo favorable podría devolverle al relato político un aire que el resultado de las elecciones de anteayer le sacó. Y, además, sabe que la Corte no se animaría a darle una mala noticia a la Presidenta mientras está ausente de la vida política luego de su operación.
Pero la premura del Gobierno también tiene otro nombre: los realineamientos. Posiblemente el tribunal tema que la Corte busque amparo en los nuevos líderes y comience a desoír, sin tapujos, las necesidades del kirchnerismo.
De todas formas, en la Casa Rosada saben que la sentencia podría tener un alto costo político para la imagen de la Corte. Por eso, el Ejecutivo estaría dispuesto a tolerar que el tribunal dicte un fallo adverso al Gobierno en cualquier otro tema secundario, para que la Corte pueda mantener en pie su imagen de independencia..
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