El derecho entre lo formal y lo real
Adepa marca lo que la Corte “ignora”
Advierte que el fallo de los jueces apela a la “formalidad” del derecho cuando en los hechos existen medios públicos al servicio de intereses gubernamentales o manipulación de pautas publicitarias que “desvirtúan el sentido de la ley”.
De la redacción de El Litoral
politica@ellitoral.com
DyN
“La Corte se debate entre lo formal y lo real”. Así tituló la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas el comunicado con su posición sobre el fallo de la Ley de Medios. La entidad planteó esos dos términos de comparación y se preguntó si los jueces “ignoran” lo que sucede en los medios audiovisuales.
“Lo formal, como queda demostrado, se da de bruces con lo real, por cuanto todo lo que la Corte advierte que desvirtuaría el sentido de la ley, ya venía sucediendo antes del dictado de la sentencia”.
La entidad que reúne a los editores periodísticos del país señaló que los jueces “no podrían ni deberían desconocer en manos de quiénes están hoy las licencias de los principales canales de televisión de Capital Federal, ni a quiénes se les han concedido licencias de medios audiovisuales desde la sanción de la ley a partir de 2009 hasta la fecha”.
En lo formal -dice Adepa- la Corte reconoce que “si los medios públicos en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de información de todos los sectores de la sociedad, se convierten en espacios al servicio de los intereses gubernamentales”, también queda desvirtuada la función de garante de la libertad de expresión que le corresponde al Estado. En lo real, “esto ya está ocurriendo”, sentencia.
“En lo formal, el máximo tribunal señala que no resulta admisible que sólo una importante economía de escala garantice a un medio periodístico la independencia suficiente como para constituir una voz crítica. Agrega que hay numerosos medios pequeños o medianos que ejercen esa función crítica. En lo real, a raíz de su relativamente acotada área de influencia, los medios pequeños o medianos pueden llevar adelante un periodismo crítico sin mayores contratiempos, en virtud de que ese alcance limitado lleva a no generarle preocupación al gobierno nacional”.
Expone Adepa que “en lo formal, hay libertades de prensa y de expresión en la Argentina, ya que hasta ahora se puede escribir y decir lo que se piensa. En lo real, ello se puede hacer pero a riesgo de sufrir el escarnio que baja desde la más alta magistratura, hasta la persecución administrativa a través de organismos recaudadores o fiscalizadores que desvirtúan su función.
“A esto -concluye-, se suma el intento de controlar el abastecimiento de papel a los medios gráficos y, ahora, la convalidación de la llamada Ley de Medios por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Rentabilidad y sustentabilidad
La institución que preside Carlos Jornet (La Voz del Interior de Córdoba) señala que “la importancia de la sustentabilidad y de la rentabilidad económica de los medios fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los considerandos de un fallo por el cual se sostuvo la inaplicabilidad del congelamiento del precio de tapa de las publicaciones periodísticas dispuesto en 1985.
“Sostuvo entonces la Corte que sin una prensa económicamente sólida e independiente existiría una democracia desmedrada y puramente nominal. En lo formal, ahora la Corte dice que la libertad de expresión es, entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, una de las que posee mayor entidad, al extremo que sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia nominal.
“Es decir -añade- que el fallo actual recoge considerandos de hace casi treinta años. En lo real, el fallo ahora conocido va en detrimento de la sustentabilidad y de la necesaria rentabilidad empresaria, imprescindibles para la existencia de vigorosos medios independientes a través de los cuales se puedan escuchar otras voces que no sean las del gobierno de turno, hoy amplificadas por una enorme red de medios gráficos y audiovisuales afines al gobierno, sostenidos económicamente por los impuestos que gravan a todos los argentinos, y que conforman los recursos públicos de los que se nutre la pauta oficial”.
¿Para todos?
Adepa no hace nombres, pero no hace falta. Señala que: “En lo formal, la llamada ‘televisión pública’ debiera dar cabida a la más amplia pluralidad de voces de todos los sectores sociales y políticos de la Argentina. En lo real, el ciudadano advierte cotidianamente que el contenido de esta llamada ‘televisión pública’ responde a fines de difusión y propaganda del gobierno nacional”.
politica@ellitoral.com
DyN
“La Corte se debate entre lo formal y lo real”. Así tituló la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas el comunicado con su posición sobre el fallo de la Ley de Medios. La entidad planteó esos dos términos de comparación y se preguntó si los jueces “ignoran” lo que sucede en los medios audiovisuales.
“Lo formal, como queda demostrado, se da de bruces con lo real, por cuanto todo lo que la Corte advierte que desvirtuaría el sentido de la ley, ya venía sucediendo antes del dictado de la sentencia”.
La entidad que reúne a los editores periodísticos del país señaló que los jueces “no podrían ni deberían desconocer en manos de quiénes están hoy las licencias de los principales canales de televisión de Capital Federal, ni a quiénes se les han concedido licencias de medios audiovisuales desde la sanción de la ley a partir de 2009 hasta la fecha”.
En lo formal -dice Adepa- la Corte reconoce que “si los medios públicos en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de información de todos los sectores de la sociedad, se convierten en espacios al servicio de los intereses gubernamentales”, también queda desvirtuada la función de garante de la libertad de expresión que le corresponde al Estado. En lo real, “esto ya está ocurriendo”, sentencia.
“En lo formal, el máximo tribunal señala que no resulta admisible que sólo una importante economía de escala garantice a un medio periodístico la independencia suficiente como para constituir una voz crítica. Agrega que hay numerosos medios pequeños o medianos que ejercen esa función crítica. En lo real, a raíz de su relativamente acotada área de influencia, los medios pequeños o medianos pueden llevar adelante un periodismo crítico sin mayores contratiempos, en virtud de que ese alcance limitado lleva a no generarle preocupación al gobierno nacional”.
Expone Adepa que “en lo formal, hay libertades de prensa y de expresión en la Argentina, ya que hasta ahora se puede escribir y decir lo que se piensa. En lo real, ello se puede hacer pero a riesgo de sufrir el escarnio que baja desde la más alta magistratura, hasta la persecución administrativa a través de organismos recaudadores o fiscalizadores que desvirtúan su función.
“A esto -concluye-, se suma el intento de controlar el abastecimiento de papel a los medios gráficos y, ahora, la convalidación de la llamada Ley de Medios por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Rentabilidad y sustentabilidad
La institución que preside Carlos Jornet (La Voz del Interior de Córdoba) señala que “la importancia de la sustentabilidad y de la rentabilidad económica de los medios fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los considerandos de un fallo por el cual se sostuvo la inaplicabilidad del congelamiento del precio de tapa de las publicaciones periodísticas dispuesto en 1985.
“Sostuvo entonces la Corte que sin una prensa económicamente sólida e independiente existiría una democracia desmedrada y puramente nominal. En lo formal, ahora la Corte dice que la libertad de expresión es, entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, una de las que posee mayor entidad, al extremo que sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia nominal.
“Es decir -añade- que el fallo actual recoge considerandos de hace casi treinta años. En lo real, el fallo ahora conocido va en detrimento de la sustentabilidad y de la necesaria rentabilidad empresaria, imprescindibles para la existencia de vigorosos medios independientes a través de los cuales se puedan escuchar otras voces que no sean las del gobierno de turno, hoy amplificadas por una enorme red de medios gráficos y audiovisuales afines al gobierno, sostenidos económicamente por los impuestos que gravan a todos los argentinos, y que conforman los recursos públicos de los que se nutre la pauta oficial”.
¿Para todos?
Adepa no hace nombres, pero no hace falta. Señala que: “En lo formal, la llamada ‘televisión pública’ debiera dar cabida a la más amplia pluralidad de voces de todos los sectores sociales y políticos de la Argentina. En lo real, el ciudadano advierte cotidianamente que el contenido de esta llamada ‘televisión pública’ responde a fines de difusión y propaganda del gobierno nacional”.
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